Doctrina

Título: Medidas financieras. Código Penal
Fecha: 29/07/2022
Coordinadores: Domingo Carbajo Vasco
Voces sustantivas: Depósito, Unión europea, Financiacion de las comunidades autonomas, Hecho imponible, Suelos contaminados, Adopción, Marcas, Regímenes transitorios
Voces procesales: Conexión, Conexos


TEXTO:

Ley Orgánica 9/2022 (TOL9.141.413), de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ("Boletín Oficial del Estado" de 29/07/2022).

Como suele suceder entre las últimas novedades legislativas, la lectura de la rúbrica de la norma que comentamos, apenas nos permite entrever la existencia en su interior, en el "corpus" legislativo, de disposiciones de carácter tributario, aunque al afectar a la conocida por el acrónimo de LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, sí podemos darnos cuenta de que esta Ley, cuyo contenido es prácticamente doble: trasposición de una Directiva de la Unión Europea sobre intercambio de información de titularidades financieras, a efectos de un mejor control del lavado de capitales y la financiación del terrorismo y, en segundo orden (el que nos interesa), una modificación del campo de los tributos cedidos por parte del Estado a las Comunidades Autónomas.
Se trata de aclarar uno de los aspectos más confusos del nuevo impuesto sobre depósito y gestión de residuos incorporado al Ordenamiento Tributario español por la Ley 7/2022, nos referimos al Impuesto sobre gestión de residuos.
En ese sentido, la Ley que comentamos realiza las siguientes modificaciones tanto en la precitada LOFCA como en la Ley ordinaria de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas, a saber:

Se introducen tres nuevas Disposiciones finales en la Ley comentada, por las que se modifican la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (LSFA) y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Esta última carece de importancia en el ámbito tributario, respecto de las dos anteriormente citadas, resulta que, en primer lugar, la modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, tiene por objeto articular la cesión a las Comunidades Autónomas del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Este impuesto ha sido creado mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuyas disposiciones transitorias séptima y octava prevén un régimen transitorio de cesión del rendimiento, así como de competencias normativas y de gestión en relación con este impuesto.
Así, se prevé que las Comunidades Autónomas puedan percibir transitoriamente el importe del impuesto correspondiente a los hechos imponibles que se produzcan en su territorio, así como asumir por delegación del Estado las competencias de gestión sobre el mismo, transitoriedad que se mantendrá, en tanto no se produzcan los acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro ordenamiento y las modificaciones normativas necesarias para su configuración y aplicación plena como tributo cedido.
Las modificaciones normativas a que hacen referencia las disposiciones citadas, y que resultan necesarias para la configuración y aplicación plena de este impuesto como tributo cedido, implican también la modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Concretamente, en esta ley Orgánica se procede a incluir el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos en la lista de figuras tributarias que pueden ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas, así como a habilitar la atribución a éstas de competencias normativas sobre los tipos impositivos y la gestión de este impuesto.
En la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se especifican las condiciones de la cesión y el punto de conexión, así como el alcance de las competencias normativas y de aplicación del impuesto que se atribuyen a las Comunidades Autónomas, por ejemplo, pueden modificar el tipo de gravamen.
La efectividad de lo establecido en ambas leyes queda, no obstante, supeditada a la adopción de los acuerdos necesarios en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro ordenamiento, por lo cual, creemos que habrá que esperar un tiempo hasta conocer con exactitud el alcance de esta cesión de la gestión de residuos y su impacto en cuestiones muy relevantes, verbigracia, el posible tráfico de residuos entre Comunidades Autónomas, buscando la menor carga tributaria posible.
DOMINGO CARBAJO VASCO

Madrid, 29 de julio de 2022.