Doctrina

Título: LA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA AL SECTOR PÚBLICO
Fecha: 15/02/2022
Voces sustantivas: Capacidad de obrar, Coacciones, Derecho de la unión europea, Delitos contra la administración pública, Eximentes, Entidades locales, Función pública, Fraudes, Funcionarios públicos, Fundaciones, Mandato, Medio ambiente, Patentes, Personas jurídicas, Procedimiento administrativo, Revelación de secretos, Sociedad civil, Unión europea, Administraciones territoriales, Alimentos, Autonomía local, Buena fe, Competencias municipales, Cultura, Cursos de formación, Daños y perjuicios, Empleados públicos, Empleo público, Entidades de derecho público, Exención de responsabilidad, Funciones públicas, Garantía de indemnidad, Información previa, Información pública, Infracción de las normas, Lesión, Libertad de expresión, Multa coercitiva, Organismos públicos, Persona jurídica, Personal laboral, Personalidad jurídica, Personas físicas, Procedimiento administrativo común, Procedimiento sancionador, Retribuciones complementarias, Régimen jurídico de las administraciones públicas, Régimen sancionador, Tratado de la unión europea, Órganos administrativos competentes, Órganos de gobierno, Órganos directivos, Acto administrativo, Administración general del estado, Adopción, Blanqueo de capitales, Conflictos de intereses, Daños morales, Denominación, Derecho a la tutela judicial efectiva, Impuesto sobre sociedades, Igualdad de trato, Intimidación, Licitadores, Listas negras, Marcas, Medidas de protección, Mercado interior, Ministerio de justicia, Plazos, Prestación de servicios, Principio de intervención mínima, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Sanidad animal, Separación del servicio, Veracidad de la información
Voces procesales: Acción penal, Declaración de nulidad, Medios de investigación, Prueba, Derecho a la tutela judicial efectiva, Notificaciones, Protección de testigos, Órgano competente, Denuncia anónima

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Número epígrafe: 9
Título epígrafe: Capítulo 8. CANALES DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO LOCAL: ALGUNAS DIFICULTADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

TEXTO:

Capítulo 8

CANALES DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO LOCAL: ALGUNAS DIFICULTADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Concepción Campos Acuña

Doctora en Derecho y Codirectora de Red Localis

1. INTRODUCCIÓN: LA NECESARIA REGULACIÓN DE LOS CANALES DE DENUNCIA, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

La aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones de la Unión, ponía, al fin, el contador en tiempo de descuento para la regulación en España de un aspecto fundamental en todo sistema de integridad, siguiendo los sistemas de integridad institucional de la OCDE o mediante la traslación de las técnicas de Compliance , como es la existencia de un mecanismo que facilite la denuncia de irregularidades en el ámbito de la gestión pública, y el establecimiento de un estatuto de protección de las personas denunciantes. El plazo máximo se encuentra fijado en el artículo 26, los Estados miembros disponen hasta el 17 de diciembre de 2021 para la transposición de la Directiva mediante la aprobación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la misma.
Porque desde la aprobación en el año 2013 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, era prácticamente unánime la crítica a la inexistente regulación de esta materia a nivel básico1, sin perjuicio de algunas regulaciones autonómicas2 y experiencias propias en el ámbito local y la necesidad de incorporar una regulación propia con la que cuentan en la actualidad 62 países (Ponce y Villoria, 2021).
La necesidad de contar con canales de denuncia y de dotar de medidas de protección al denunciante en el marco de la administración pública se recogía ya en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, suscrita en el artículos 8.4, cuando señalaba que

Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.
Que debe completarse con lo establecido en los artículos 323 y 33 de la Convención, indicando este último la obligación, para cada Estado Parte de considerar la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a dicha Convención. En idéntico sentido se pronuncian numerosos instrumentos internacionales, como el artículo 9 del Convenio Civil del Consejo de Europa contra la corrupción4 y el artículo 22.a) Convenio Penal del Consejo de Europa contra la Corrupción5, la Resolución 1729/2010 y Recomendación 1916/2010, de protección de los denunciantes, entre otros.
También en el ordenamiento jurídico interno pueden encontrarse ya algunos indicios regulatorios sobre la cuestión, desde esta perspectiva es obligada la cita de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), en cuyo artículo 24, relativo a los sistemas de denuncias internas, concretando en su apartado 5 la aplicación extensiva de los principios recogidos en los apartados precedentes a los canales de denuncias que pudieran crearse en las Administraciones Públicas6. Esta regulación, convertida en una técnica de Compliance en materia de protección de datos personales, encaja con la protección de datos personales, especialmente la identidad de los interesados, en su artículo 18 al señalar que cualquier tratamiento de datos personales deberá cumplir el RGPD7.
No forma parte del objeto de este capítulo realizar un análisis general de los antecedentes en la materia sino abordarlo, desde el prisma de la administración local y cómo sus peculiares características impactan a la hora de dar cumplimiento a las previsiones de la Directiva y, en su caso, las dificultades que puedan surgir en dicho proceso, examinando las posibles soluciones a arbitrar en garantía de la integridad institucional.
2. LA TRASLACIÓN DEL MARCO EUROPEO DE CANALES DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO LOCAL: UNA APROXIMACIÓN GENERAL

En el momento actual se ha incluido en el Plan Anual Normativo para el año 2021, aprobado en Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2021, la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y por la que se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.Según el Plan la finalidad de la Ley es establecer instrumentos adecuados y eficaces para proteger de posibles represalias a todas aquellas personas que denuncien los hechos comprendidos en su ámbito de aplicación. Un ámbito de aplicación que acoge todas las acciones y omisiones mencionadas en la Directiva europea pero también aquellas otras acciones y omisiones que pudieran constituir delitos o infracciones administrativas graves o muy graves siempre que perjudiquen el interés general. Además de los necesarios canales internos de denuncia, el Plan señala que la ley procederá a la implementación de un canal externo cuya gestión corresponde a la nueva Autoridad Independiente de Protección del Denunciante8.
A continuación examinaremos las principales decisiones a adoptar por el legislador español en las labores de transposición y cómo pueden impactar en la eficacia de los canales de denuncia, así como la caracterización del mundo local y su proyección en este mecanismo de integridad.
2.1. Algunas decisiones relevantes de la Directiva en el proceso de consulta

La consulta pública realizada por el Ministerio de Justicia9 planteaba, entre otras cuestiones, los contenidos que el legislador nacional debe abordar, para cumplir con la Directiva y que se concretaban en los siguientes:

- Implementación de canales y mecanismos de denuncia internos y externos.
- Determinación de las autoridades competentes encargadas de atender dichos canales y mecanismos de denuncia.
En particular, la Directiva, por su propia naturaleza dentro de los diferentes instrumentos normativos de derecho de la Unión Europea ofrece a los Estados un cierto margen de maniobra, por lo que la norma de transposición deberá determinar determinados aspectos, tales como:

- Si conviene extender el ámbito de aplicación material (más allá del ámbito previsto en el artículo 2.1 de la Directiva).
- Si conviene extender el ámbito de aplicación subjetivo más allá de lo previsto en la Directiva (determinación de otros sujetos obligados a implementar canales de denuncia tanto en el ámbito público y privado). Para ello plantea como cuestión expresa si debe ampliarse la protección del denunciante a cualquier materia del Derecho nacional más allá de la normativa con origen en el Derecho europeo?, en particular

- Posibilidad de admitir las denuncias anónimas en su sistema (tema sobre el que volveremos en otro apartado).
- Determinación del alcance de las medidas de protección de los denunciantes a nivel interno (una cuestión de especial relevancia en el ámbito local por la propia dimensión de la planta local).
Y, en particular, en lo que afectaría de un modo más claro a las entidades que integran la administración local si España debería exonerar a las entidades públicas de menos de 50 trabajadores de la obligación de establecer canales y/o mecanismos de denuncia internos y si debe crearse una autoridad administrativa independiente encargada de recibir, dar respuesta y seguir las denuncias que se presenten por canales externos o si deben encomendarse las funciones a una autoridad ya existente

2.2. Dimensionamiento del mundo local: la proximidad como dificultad a la imparcialidad y generadora de conflictos de intereses

El establecimiento de un canal interno de denuncias y la dotación de un sistema de protección a los denunciantes adquiere características muy distintas en función de la dimensión de la organización en la que deba desplegar sus efectos, como deja patente la propia Directiva, cuando tras establecer la obligación de disponer de un canal interno de denuncias para el conjunto de entidades del sector público, puntualiza en su artículo 8, apartado 9, la posibilidad de que los Estados miembros puedan eximir de la obligación prevista en el apartado 1 a los municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores, u otras entidades mencionadas en el párrafo primero de dicho apartado con menos de 50 trabajadores.
Si bien la base argumental de la escasez de medios y recursos de las entidades de menor tamaño pudiera ser suficiente para justificar dicha exclusión, en sentido contrario, los riesgos son evidentes, pues si se quieren combatir determinadas prácticas irregulares, eximir de esta obligación a las empresas o entidades públicas en esos casos, como se verá en el caso de España a la gran mayoría de ayuntamientos, no parece lo más adecuado, en particular, dado el impacto disuasorio que tendrán las redes de proximidad en estos casos, como, por ejemplo, en el caso de los conflictos de intereses (Jiménez, 2020).
Para contextualizar adecuadamente este tema debemos asomarnos a la realidad municipal en España que dibuja el Instituto Nacional de Estadística (INE), conforme al cual la planta municipal de España está conformada por 8.131 municipios, de los cuales, 7.372 cuentan con menos de 10.000 habitantes.


Fuente: INE 2021

Es decir, el 90,67 % son pequeñas y medianas entidades locales en las que residen 9.535.294 personas, el 20,10 % de la población de nuestro país, de tal modo que con la posibilidad de exclusión que contempla la Directiva a decisión del legislador de cada Estado miembro, podría suponer que el 90'67 % de los municipios de España careciera de la herramienta que permitiría facilitar información de infracciones que se produjesen al interno de las administraciones públicas, lo que supondría un grave riesgo de dejar sin efecto las previsiones de la Directiva en el ámbito local (Moreno, 2021).
En el marco de este razonamiento habría que plantearse que posibles soluciones alternativas que permitan optimizar los medios destinados a tal fin, y para ello la Directiva contempla la posibilidad de que los Estados miembros prevean que varios municipios puedan compartir los canales de denuncia interna o bien, que éstos sean gestionados por autoridades municipales conjuntas de conformidad con el Derecho nacional, con una salvedad, que los canales de denuncia interna compartidos estén diferenciados y sean autónomos respecto de los correspondientes canales de denuncia externa. En dicho sentido, también podría valorarse la gestión externa de los canales de denuncia, contemplada por la Directiva, y que se lleve a cabo a través de los órganos de prevención y lucha contra la corrupción que se han ido creando a nivel autonómico, como órganos neutrales, independientes y especializados en la materia, que permitiera la real y efectiva protección de los denunciantes de infracciones de irregularidades cometidas por las entidades locales de menor tamaño10.
Si, con carácter general, la experiencia práctica nos enseña que los empleados públicos que tienen información, más o menos cabal o indiciaria, sobre las irregularidades en el desarrollo de la gestión pública no son proclives a su denuncia, sino que tan sólo la revelan, en su caso, cuando ya ha estallado un escándalo o hay una investigación en marcha, particularmente judicial, probablemente por temor a las consecuencias que su denuncia pudiera tener sobre su carrera o situación en la Administración 11, esta situación se ve agravada en el ámbito de la administración local dada la relación de cercanía y proximidad existente entre los propios empleados y responsables políticos e incluso con la propia ciudadanía, que aumentan el temor a una posible represalia en el caso de formularse denuncia.
Por otra parte, esa dimensión y la cercanía son un factor proclive a generar potenciales (o reales) conflictos de intereses12, que deben ser detectados para evitar mayores irregularidades, tanto de orden penal como administrativo, en la gestión pública local, y las denuncias se han demostrado como uno de los mecanismos más eficaces para su detección.
2.3. Ámbitos materiales de actividad municipal objeto de denuncia

Las entidades locales juegan un importante papel en la vertebración de los servicios públicos a la ciudadanía y en la garantía y protección de sus derechos, pues a la prestación de servicios municipales de carácter básico, conforme a lo establecido en el artículo 26 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), debemos añadir los nuevos escenarios derivados de la introducción de nuevas tecnologías, no sólo la administración electrónica, sino también el open data, el big data o el blockchain, y nuevos modelos de gestión demandados por una sociedad cada vez más activa y conocedora de sus derechos. Un simple vistazo a los que el artículo 26 LRBRL define como servicios municipales básicos en función de la escala poblacional es suficiente para calibrar la diferente dimensión, y en consecuencia, coste que tienen en la actualidad, así como las capacidades que debe contar el personal al que corresponde su prestación, en el marco de las amplias competencias conferidas a las entidades locales vía artículo 25 LRBRL, y, sin perjuicio de lo que establezca la normativa autonómica dictada en la materia.
Para evaluar adecuadamente esta cuestión debemos acudir al ámbito de las infracciones de la Directiva, que recoge en su artículo 2 el tipo de infracciones que pueden ser, con carácter de mínimos, objeto de denuncia, señalando expresamente que serán:

a) infracciones que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el anexo relativas a los ámbitos siguientes:

i) contratación pública,

ii) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

iii) seguridad de los productos y conformidad,

iv) seguridad del transporte,

v) protección del medio ambiente,

vi) protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear,

vii) seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales,

viii) salud pública,

ix) protección de los consumidores,

x) protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información;

b) infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión tal como se contemplan en el artículo 325 del TFUE y tal como se concretan en las correspondientes medidas de la Unión;

c) infracciones relativas al mercado interior, tal como se contemplan en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades.
Todo ello sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros para ampliar la protección en su Derecho nacional a otros ámbitos o actos no previstos en el apartado 1 del artículo 2.
De la relación de materias expuesta puede concluirse claramente que se trata de ámbitos de competencia municipal, tanto de modo directo como indirecto, haciendo especial hincapié en lo relativo a la contratación pública, tanto por la intensa actividad contractual desarrollada por las entidades locales, como por los riesgos de irregularidades que demuestra dicha actividad y que se manifiesta en la propia regulación interna a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en cuyo artículo 64, relativo a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, contempla específicamente que los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores y un deber genérico, pero de carácter básico para el conjunto de entidades del sector público, de denuncia, disponiendo que aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación. En este caso, el Considerando 52 de la Directiva, señala que, a fin de garantizar, en particular, el respeto de las normas de contratación pública en el sector público, la obligación de establecer canales de denuncia interna debe aplicarse a todas las autoridades contratantes y entidades contratantes a nivel local, regional y nacional, pero de forma que guarde proporción con su tamaño.
3. ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE ESPECIAL
RELEVANCIA EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA
EN EL ÁMBITO LOCAL

A la espera de conocer el texto legal que se apruebe por el Estado español, el texto de la Directiva apunta ya algunos puntos críticos que deben ser analizados desde la óptica de las características de la planta local española para evitar que se convierta en "papel mojado", por temor a las represalias y a la escasa dimensión de la misma, que dificultará extraordinariamente la garantía de indemnidad.
3.1. Carácter anónimo de la denuncia y su impacto en el ámbito del empleo público local

Uno de los grandes ejes del debate sobre la configuración de los canales de denuncias es la posibilidad de que sean anónimas o no, una posibilidad, la del anonimato, que se admitía sin problemas por la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF), ha quedado desdibujada por la Directiva que, en su artículo 6.2, deja a criterio de los Estados miembros, en sus labores de transposición la posibilidad de la admisión de dicho formato o no, intensificándose los riesgos en el ámbito local13.
A tal fin, puede realizarse la siguiente clasificación

- Denuncias anónimas, la figura del denunciante es completamente desconocida para el órgano de gestión del canal y, por supuesto, para las partes en el expediente.
- Denuncias confidenciales, únicamente el órgano de gestión del canal de denuncias conoce la identidad del denunciante, pero el denunciante, alertador o «whistleblower», reclama el derecho a preservar su identidad de las partes personadas.
- Denuncias de identidad pública tendrán lugar cuando el denunciante no tiene ningún reparo en que se conozca su identidad, siendo éste el único modelo elegido por el legislador en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicsa (LPAC).
Porque en el ordenamiento interno debemos subrayar lo dispuesto en relación con esta cuestión en el 62.2 LPAC cuando señala que "Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables". Así lo apuntaba ya BAUZÁ MARTORELL (2015), poniendo de relieve cómo la jurisprudencia contenciosa ya se ha pronunciado sobre la denuncia anónima, admitiéndola sobre la base no tanto del contenido de la misma, sino del resultado de la investigación realizada en la información previa.
Respecto al posible carácter anónimo de las denuncias, se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2.ª, se ha pronunciado en el Fundamento de Derecho Décimo de la Sentencia 252/2018, de 3 abril de 2018, indicando que la interpretación adecuada del art. 62.2 de la LPAC, exige recordar que este precepto lleva por título «inicio del procedimiento por denuncia», que el mandato contenido en su párrafo segundo, exigiendo la identidad de la persona o personas denunciantes, debe entenderse como requisito para que el órgano administrativo competente pueda acordar de oficio el inicio del procedimiento como consecuencia de una denuncia. Es decir, que una denuncia anónima en ningún caso será fundamento suficiente para que el órgano administrativo competente acuerde el inicio de un procedimiento administrativo, ahora bien, nada impide que determinados hechos sean llevados al conocimiento de la Administración de forma anónima. La presentación de una denuncia anónima no genera así la puesta en marcha de la maquinaria procedimental administrativa. Pero nada impide que, cuando la denuncia presente ciertos signos de veracidad y credibilidad, la Administración pueda realizar una cierta investigación mediante la realización de determinadas actuaciones previas tendente a verificar, los hechos irregulares puestos en su conocimiento y, en su caso, proceder a la incoación del correspondiente procedimiento (Garrido, 2019).
3.2. La (in) dependencia orgánica de los canales internos de denuncias

El artículo 7.2. de la Directiva señala expresamente que los Estados miembros promoverán la comunicación a través de canales de denuncia interna antes que la comunicación a través de canales de denuncia externa, siempre que se pueda tratar la infracción internamente de manera efectiva y siempre que el denunciante considere que no hay riesgo de represalias, lo que exige plantearse la disquisición entre la conveniencia y oportunidad entre un órgano interno o un órgano externo, máxime en el caso de las entidades locales, dada la afectación del principio de proximidad.
Sobre las posibilidades que ofrece el encuadre orgánico de los cuerpos de inspección y control, cuerpos precursores en la prevención, control y lucha contra la corrupción, y su relación con los canales internos de denuncias, CASTILLO (2021) ha puesto de manifiesto su desconfianza a la vista de situaciones pretéritas en las que las que en unos casos, sus advertencias pueden ser desoídas (Caso ERE), o que sufren presiones para que modifiquen el sentido de sus actuaciones (Caso de la Agencia Invercaria), o por la existencia de un cierto temor a sufrir represalias (caso de los Cursos de Formación), que lleva a la conclusión de que su encuadre orgánico en la misma Administración no parece que se trate de una buena idea. La traslación de dicho razonamiento argumental a las entidades que integran la administración local, a la vista de las dimensiones expuestas de su planta, parece absolutamente mimética.
A pesar de lo yo apuntado sobre la inexistencia de una regulación estatal básica ad hoc sobre esta materia no significa que no podamos encontrar en el ordenamiento jurídico español elementos suficientes que permitan la articulación de un canal de denuncias. La propia LTBG en su artículo 26, recoge la obligación para los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación de poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento, aunque su formulación a modo de principio dificulta su eficacia práctica para articular un canal de denuncias.
Por su parte, el código de conducta de los empleados públicos, recogido en el artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), contempla en su apartado 3 como principio de conducta la obediencia de las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes14.
La traslación de este principio de conducta en el ámbito local, donde la LRBRL, en su artículo 21, atribuye a la persona titular de la Alcaldía la competencia de desempeñar de la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre, así como, por ejemplo, otras de carácter económico, como la distribución de las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas, presenta ya de partida fuertes condicionantes de partida para que los respectivos denunciantes puedan encontrar suficiente la motivación ética de hacer lo correcto frente al evidente riesgo de represalia que asumen en un ámbito tan cercano.
4. EL CANAL DE DENUNCIAS COMO PARTE DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE: LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

De un modo exploratorio entre el ordenamiento jurídico, la doctrina más reconocida y las posibilidades que el contexto social ofrece en la actualidad, podemos avanzar en la traslación de los programas de Compliance al sector público y, en particular, como uno de sus pilares, el canal de denuncias, a pesar de que la exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31. quinquies de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código penal, dificulta el establecimiento de incentivos en dicho sector, frente al potencial de la posible eximente penal para el sector privado.
4.1. Técnicas de compliance público y la integración del canal de denuncias

Desde el punto de vista preventivo, no puede funcionar un sistema de denuncias si previamente no se inserta en un sistema de integridad y se articula junto a unos valores y normas de conducta, aplicados por órganos de garantía dotados de autonomía funcional o, incluso, independencia orgánica. Como recuerda JIMÉNEZ (2021) "(...) lo más importante es que tales canales internos de denuncia deberían tener como función principal aportar valor institucional y generar infraestructuras éticas o cultura de integridad en la respectiva entidad pública". Articular un "buzón ético de denuncias", cuando no hay previamente definidos unos valores y normas de conducta, es una apuesta incompleta y centrada en la sanción, carente de toda dimensión preventiva. Tal y como señala "El papel positivo de la figura del denunciante debe enmarcarse, por tanto, en el reforzamiento de esa cultura de integridad, como una pieza más de la política de compliance o de integridad de la institución".
En el ámbito de la empresa privada, sí es común la existencia de cauces y mecanismos para facilitar la formulación de estas posibles denuncias, reforzados en este caso con la introducción de las técnicas de Compliance vía Código Penal, en relación con lo expuesto sobre el artículo 31 bis, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ya expuesta. La ISO 19600:2014-Directrices para los Sistemas de Gestión de Compliance, considera el canal de denuncias como una herramienta de comunicación básica (vid, cláusula 9.1.3. "Fuentes de opinión sobre el desempeño del Compliance" y cláusula 10.1.2 "Escalado de información") y la UNE 19601 en su punto 8.7 bajo el epígrafe: "Comunicación de incumplimientos e irregularidades" exige, como requisito del sistema de gestión de Compliance (cuya adopción, implementación, mantenimiento y mejora continua corresponde al órgano de gobierno), que "la organización implemente procedimientos adecuados para facilitar canales de comunicación que permitan, tanto a los miembros de la organización como a terceros, comunicar de buena fe y, sobre la base de indicios razonables, aquellas circunstancias que puedan suponer la materialización de un riesgo penal para la organización, así como incumplimientos o debilidades del sistema de gestión de compliance penal".
La relevancia de disponer este tipo de mecanismos se advierte en las acciones de los organismos internacionales, como en la Recomendación sobre integridad pública de la OCDE que reconoce como herramientas para favorecer una cultura organizativa de la transparencia dentro del sector público las siguientes actuaciones:

- Proporcionar normas y procedimientos claros para la denuncia de sospechas relativas a infracciones de normas de integridad, y garantizando, de acuerdo con los principios fundamentales del derecho interno, la protección legal y en la práctica contra todo tipo de trato injustificado derivado de denuncias realizadas de buena fe y razonablemente motivadas;

- Ofrecer canales alternativos para la denuncia de sospechas de infracciones de normas de integridad, incluyéndose aquí, cuando proceda, la posibilidad de presentar denuncias a título confidencial ante un organismo facultado para llevar a cabo una investigación independiente.
De este modo, el diseño de un programa de Public Compliance se articularía sobre los siguientes pilares:

a) Mapa de riesgos en la actividad pública y su gestión

b) Procedimientos para la toma de decisiones íntegras

c) Canales de denuncia y protección del denunciante

d) Establecimiento de un sistema disciplinario frente al incumplimiento

e) Verificación periódica del modelo y su eventual modificación

4.2. El diseño del sistema de denuncias en el marco del sistema de Compliance

¿Cómo debe diseñarse el sistema de denuncias? Según el artículo 9 de la Directiva, relativo a los procedimientos de denuncia interna y seguimiento, los procedimientos de denuncia interna y seguimiento a que se refiere el artículo 8 incluirán lo siguiente:

a) canales para recibir denuncias que estén diseñados, establecidos y gestionados de una forma segura que garantice que la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia esté protegida, e impida el acceso a ella al personal no autorizado;

b) un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo de siete días a partir de la recepción;

c) la designación de una persona o departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias, que podrá ser la misma persona o departamento que recibe las denuncias y que mantendrá la comunicación con el denunciante y, en caso necesario, solicitará a este información adicional y le dará respuesta;

d) el seguimiento diligente por la persona o el departamento designados a que se refiere la letra c);

e) el seguimiento diligente cuando así lo establezca el Derecho nacional en lo que respecta a las denuncias anónimas;

f) un plazo razonable para dar respuesta, que no será superior a tres meses a partir del acuse de recibo o, si no se remitió un acuse de recibo al denunciante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de hacerse la denuncia;

g) información clara y fácilmente accesible sobre los procedimientos de denuncia externa ante las autoridades competentes de conformidad con el artículo 10 y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
En todo caso, los canales permitirán denunciar por escrito o verbalmente, o de ambos modos. La denuncia verbal será posible por vía telefónica o a través de otros sistemas de mensajería de voz y, previa solicitud del denunciante, por medio de una reunión presencial dentro de un plazo razonable.
Debemos recordar que, en la actualidad, las relaciones con la administración pública son multicanal, presencial, telefónica, electrónica, llegando a contemplarse, incluso, interacciones a través de las redes sociales, y es precisamente la utilización de las nuevas tecnologías la que puede facilitar la tramitación de estas denuncias, por lo que la implementación de sistemas electrónicos de alerta, mecanismos de inteligencia artificial o técnicas de open data son una línea de futuro que debe ser explorada.
Para los casos en los que la entidad afectada adopta represalias contra el denunciante, la jurisprudencia reciente, recuerda la abundante doctrina de la Sala de lo Social del TS sobre la garantía de indemnidad en el ámbito laboral y su aplicación en el ámbito funcionarial. Y es que «tal garantía protege al empleado que, en ejercicio de sus derechos laborales, promueve acciones judiciales o reclamaciones de cualquier otro tipo frente al empleador y hace que sean nulos aquellos actos bien sancionadores o, en general, de represalia por parte del empleador por el ejercicio de esas acciones judiciales». En el caso analizado y reportado por ALIAGA (2021) la Administración había cesado como Director de Hacienda, Transportes y Movilidad a una persona que venía ocupando el puesto por libre designación como eventual bajo la motivación de pérdida de confianza, pero el TSJ confirmaba la sentencia del juzgado, concluye que el manifiesto incumplimiento por el Ayuntamiento de la carga probatoria que le incumbe, al haberse limitado, a sustentar su decisión de cese en su plena y absoluta libertad para llevarla a cabo, sin ofrecer argumentación alguna verosímil que permita explicarlo por razones ajenas a la voluntad de represaliar la conducta de cesado ante los tribunales, conduce a la conclusión alcanzada por la sentencia apelada15.
5. ANÁLISIS DE ALGUNAS EXPERIENCIAS REGULATORIAS
Y OPERATIVAS A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Como hemos señalado, algunas CCAA han ido aprobando normativa propia en la que se ocupan de esta materia, por tratarse de una norma aprobada con posterioridad a la Directiva resulta de especial interés la Ley 2/20221, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, que incluye en su ámbito subjetivo de aplicación a las entidades locales.
Desde el punto de vista operativo, algunas entidades locales han procedido, a implementar sus propios canales de denuncias, examinando a continuación los puestos en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid.
5.1. Los canales de denuncia en la Ley 2/20221, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante

La Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección denunciante presenta un gran interés por su carácter de regulación posterior a la Directiva y por resultar de aplicación a las entidades que integran la administración local, resulta de especial interés el recurso a la norma, que parte de la creación de un órgano ad hoc, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción16 y recoge la regulación del procedimiento a seguir por la misma para la investigación e inspección de los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros, así como el establecimiento de un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, respecto de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros, en los términos descritos en el Título II de dicha norma.
Contempla específicamente su aplicación a las entidades integrantes de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía y organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las mismas, y la Oficina se adscribe al Parlamento de Andalucía y se le asignan, entre otras funciones, la de tramitar las denuncias que le sean presentadas respecto de los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros.
Desde el punto de vista subjetivo la norma se aplica a las personas que presten servicios en las entidades integrantes de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía y organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las mismas, sin perjuicio de que se aplica, con carácter general, a las personas denunciantes, considerándose como tales a los efectos de la Ley a las personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que formulen una denuncia ante la Oficina, sobre hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de interés o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros.
En su artículo 10 se contemplan las funciones en el ámbito de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto a las que la Oficina ejercerá las funciones previstas en el artículo 9, apartado 1, párrafos a), d), e), f), l), m) y ñ), desde el máximo respeto al principio de autonomía local. Cuando la Oficina tuviera conocimiento, por alguno de los medios previstos en el artículo 20, de la existencia de actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros en el ámbito de las entidades integrantes de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía y organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las mismas, la persona titular de la Dirección de la Oficina deberá dictar resolución motivada, en el plazo máximo de quince días desde el conocimiento de la existencia de los actos u omisiones descritos, acordando el traslado de las actuaciones al órgano competente de la Administración local para que éste, en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, investigue e inspeccione los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses e informe a la Oficina de los resultados de las actuaciones de investigación e inspección realizadas, en un plazo máximo de seis meses desde el traslado de las actuaciones y resolución motivada17. Es decir, encomienda las funciones de investigación a la respectiva entidad local, sin perjuicio de que el Director de la Oficina Antifraude pueda establecer convenios, protocolos, planes y programas conjuntos de actuación en materia de prevención y lucha contra la corrupción con los poderes, instituciones y organismos públicos de carácter local.
En cuanto a la identidad del denunciante, en su artículo 20, relativo al inicio del procedimiento de investigación e inspección dispone que el denunciante podrá solicitar de la Oficina que se guarde la confidencialidad sobre su identidad, así como respecto de cualquier otra información de la que se pueda deducir, directa o indirectamente, su identidad, estando el personal de la Oficina obligado a mantenerla, aun cuando la persona denunciada solicite conocer la identidad de la denunciante. En los supuestos en los que la persona denunciada solicite conocer la identidad de la denunciante y ésta no hubiera solicitado la confidencialidad sobre su identidad, la Oficina le dará audiencia, por un plazo de diez días, a fin de que comunique si desea que su identidad sea o no revelada. Si, tras la audiencia, la persona denunciante decide que su identidad no sea revelada, el personal de la Oficina estará obligado, de igual forma, a mantener la confidencialidad.
En el supuesto de actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros en el ámbito de las entidades integrantes de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía y organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las mismas, la persona titular de la Dirección de la Oficina, en el plazo máximo de treinta días desde la apertura del periodo de información o actuaciones previas, deberá dictar resolución motivada de archivo o, por el contrario, resolución motivada acordando el traslado de las actuaciones al órgano competente de la Administración local para que, en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, investigue e inspeccione los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o de cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros e informe a la Oficina de los resultados de las actuaciones de investigación e inspección realizadas, en un plazo máximo de seis meses desde el traslado de las actuaciones y resolución motivada. No obstante, este periodo máximo de resolución podrá ser ampliado en tres meses más, siempre y cuando exista una resolución motivada para aquellos casos de especial complejidad. El plazo máximo para resolver no podrá exceder de nueve meses.
5.2. Análisis de casos ya implantados: la experiencia de los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid

A continuación y sin perjuicio de los avances que otras entidades locales han ido realizando, sin perjuicio de que el 0iento general se producirá de la mano de la aprobación de la regulación interna transposición, examinaremos el caso de los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid, con el sesgo derivado de su dimensión que les aproximaría más a una Comunidad Autónoma que a la mayoría de los ayuntamientos españoles, a la luz de la densidad demográfica expuesta en el correspondiente apartado.
- Buzón ético y de buen gobierno del Ayuntamiento de Barcelona

El buzón ético y de buen gobierno del Ayuntamiento de Barcelona se ha consolidado como el paradigma de los canales de denuncia en el ámbito local, en particular, por su dimensión electrónica y el recurso a las técnicas digitales para preservar tanto la denuncia como, en su caso, la respectiva investigación.
El Buzón Ético y de Buen Gobierno se presenta como un canal seguro de participación electrónica que nace de la conveniencia de ofrecer un espacio que permita tener conocimiento de cualquier acción u omisión contraria a los principios de buen gobierno, como una manera de reforzar la gestión pública. Incluye mecanismos para garantizar la confidencialidad de todas las informaciones y ofrece un espacio de comunicación seguro que permite el anonimato para mantener el contacto con el órgano gestor y saber el estado de tramitación. Se quiere favorecer, de este modo, que cualquier persona o servidor público pueda facilitar información libremente, sin sufrir represalias. Se trata, así, de un medio de prevención y resolución de conflictos que preserva la identidad de la persona que hace la comunicación y también incorpora herramientas para garantizar los derechos de las personas a las que se atribuye una conducta que no se ajusta a las reglas éticas.
El Buzón Ético y de Buen Gobierno es el canal prioritario de admisión de comunicaciones relacionadas con malas prácticas en el Ayuntamiento de Barcelona y sus entes dependientes, sin perjuicio de admitir las comunicaciones por otros canales o de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana (OAC), aunque, en estos casos no se puede garantizar el anonimato y la confidencialidad de las comunicaciones (Gómez, 2021).
En cuanto a su dinámica de funcionamiento, una vez presentada la comunicación mediante el buzón, las personas obtienen en la aplicación un acuse de recibo del envío que incorpora un código alfanumérico de acceso a un canal de comunicación de carácter confidencial.El código es el único modo de acceder a este canal, y es responsabilidad del comunicador conservarlo. Este canal seguro de comunicación electrónica, que garantiza la confidencialidad de las comunicaciones y ofrece la posibilidad de preservar el anonimato, permite mantener la colaboración con el órgano gestor del buzón en la comprobación de los hechos y conocer el estado de tramitación de la comunicación.
El buzón garantiza, en todo momento, la confidencialidad de las comunicaciones y la indemnidad del comunicador, si bien se pueden facilitar los datos identificativos y de contacto, si se prefiere, también puede hacerse la comunicación de forma anónima. Tiene dos opciones para hacer la comunicación de forma anónima:

- Utilizando su propio navegador, pero sin facilitar los datos identificativos y de contacto. En este caso, queda rastro de la dirección IP desde la que se hace la comunicación.
- Garantizando totalmente el anonimato de la comunicación en el entorno digital (también de la dirección IP, que puede identificar a quien navega por internet), utilizando una red de anonimización18.
- Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid

Otro de los casos a examinar en el ámbito local es el relativo a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción19 y la articulación del sistema de denuncias, conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico20.
En este caso, las denuncias ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción podrán ser anónimas, con identificación del denunciante o con reserva de identidad. Puede denunciar cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá presentar en el Registro de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción denuncias en las que se describan los hechos que se consideran irregulares por las vías recogidas en la norma reglamentaria.
En cuanto al ámbito objetivo, puede ser objeto de denuncia cualquier actuación que implique una mala administración intencionada en el ejercicio de poderes públicos, en beneficio particular de personas físicas o jurídicas y en perjuicio de los intereses generales y, por consiguiente, las actuaciones desarrolladas por autoridades, directivos o empleados municipales que pudieran ser constitutivas de fraude o corrupción21. Asimismo se pueden denunciar todas las conductas que impliquen incumplimiento de las reglas relativas al conflicto de intereses.
6. CONCLUSIONES E IDEAS CLAVE

Como hemos visto España carece de toda regulación básica sobre el establecimiento de los canales de denuncia y la protección del denunciante que resulten de apliación al sector público, en general, y al sector público local, en particular, , a diferencia de algunos de los países de su entorno, como es el caso de Francia, donde se promulgó la Ley nº 2016-1691, del 9 de diciembre, relativa a la transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica ("Loi Sapin II"); o, por ejemplo, Italia donde en 2017 se aprobABA una nueva normativa ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato").
Habrá que esperar a conocer la posición definitiva que adopta el legislador español, y en ese plano debemos recordar que el considerando 104 de la Directiva dicta que "La presente Directiva establece normas mínimas y debe ser posible para los Estados miembros introducir o mantener disposiciones que sean más favorables", por lo que nada impide que sea un sistema más garantista, pegado a la realidad y que aborde de un modo claro y diáfano las cuestiones aplicativas clave, entre las que se encuentra la especialidad de la planta local y las dificultades que deben superar a la hora de diseñar e implementar el canal de denuncias y de dotar de un sistema de protección eficaz a los eventuales denunciantes.
A lo largo del presente trabajo se han identificado algunas de las dificultades que la traslación de la Directiva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones de la Unión puede suponer en el ordenamiento jurídico español, con carácter general, y de un modo particular, en su aplicación a las entidades que integran la administración, básicamente por la caracterización de la planta local y el infradimensionamiento de la misma, con la consiguiente escasez de medios y recursos personales y materiales para asumir las nuevas obligaciones.
Por ello, siguiendo la exposición del mismo se enuncian a continuación algunas de las ideas clave con carácter propositivo para facilitar el proceso de implantación de los canales de denuncia en el ámbito local y el establecimiento de un estatuto de protección del denunciante eficaz y orientado a la garnatía de la integridad institucinal y a la prevención de la corrupción :

1. Establecer canales de denuncia externos a través de los órganos independientes y neutrales, con competencias en materia de prevención y lucha contra la corrupción, abiertos al conjunto de la ciudadanía.
2. Formación en valores y refuerzo de la ética pública a los empleados públicos locales.
3. Capacitación en integridad pública y códigos de valores a los responsables políticos y órganos directivos.
4. Dotación de un sistema de prevención, detección, gestión y sanción de los conflictos de intereses.
5. Aprobación de sistemas de integridad institucional de carácter general y transversales al conjunto de la organización, siguiendo técnicas de Compliance.
6. Implementación de líneas de colaboración y participación en el sistema de integridad con la sociedad civil, alienados con el gobierno abierto.

NOTAS:

1 Durante este período han ido surgiendo distintas iniciativas que han pretendido introducir la regulación de esta materia en el ordenamiento jurídico español, como la "Proposición de Ley de protección integral de los alertadores" o la "Proposición de Ley de medidas de lucha contra la corrupción", pero que no han cristalizado.
2 Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes; Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas; LEY 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana; Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears; Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra o la reciente Ley Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante

3 El art. 32, relativo a la Protección de testigos, peritos y víctimas, contempla que: 1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas. 2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en: a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad y paradero; b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo, aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros medios adecuados.
4 Artículo 9. Protección de los empleados. Cada Parte establecerá en su derecho interno medidas de protección adecuadas contra toda sanción injustificada a los empleados que tengan motivos fundados de sospecha de corrupción y que denuncien de buena fe sus sospechas a las personas o autoridades responsables.
5 Artículo 22. Protección de los colaboradores de la justicia y de los testigos. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar una protección efectiva y apropiada: a) a las personas que proporcionen información relativa a los delitos tipificados de conformidad con los artículos 2 a 14 o que colaboren de otro modo con las autoridades encargadas de la investigación o de la persecución; b) a los testigos que presten testimonio en relación con esos delitos.
6 Principios que pueden extraerse del mismo: 1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información. 2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a quienes, incardinados o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su caso, procedan. Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y control de recursos humanos. 3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado. 4. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica. Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos podrán seguir siendo tratados, por el órgano al que corresponda, conforme al apartado 2 de este artículo, la investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de información de denuncias internas.
7 Se exige a los Estados miembros disponer de los procedimientos adecuados para el tratamiento de las denuncias de infracciones y para la protección de los datos personales de quienes sean mencionados en la denuncia (Casas, 2020).
8 En todo caso, debemos recordar que el incumplimiento del deber de transposición es duramente sancionado por la Comisión Europea, tal y como recientemente se ha tenido ocasión de comprobar (Sentencia de 25 de febrero de 2021, asunto C-658/19, Comisión Europea contra España). En la sentencia el Tribunal de Justicia condena a España por el incumplimiento de un deber semejante, sanción consistente en el pago a tanto alzado de 15 millones euros, así como multa coercitiva diaria de ochenta y nueve mil euros, hasta que se produzca el cumplimiento del deber de transposición (Piñar, 2021).
9 En aplicación del procedimiento de consulta pública previa establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
10 En esta línea podrían situarse la Oficina Antifraude de Cataluña, creada por la Ley 14/2008, de 5 de noviembre; la Agencia Valenciana Antifraude, creada por la Ley 11/2016, de 28 de noviembre; la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Illes Balears,creada por la Ley 16/2016, de 9 de diciembre; el Consello de Contas de Galicia o la Auditoría de Cuentas de Canarias, por ejemplo, o la recién creada Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Así está sucediendo ya en la práctica, tal y como desvelan los datos de las memorias de dichos órganos, por ejemplo, en el caso de Illes Balears, donde la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción, recogió, en el año 2019, 16 denuncias por presuntas irregularidades de Ayuntamientos, y en el 2020, 23 hasta el mes de noviembre (Far, 2021).
11 GENERALITAT VALENCIANA (2016), Informe para la modificación de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. Valencia.
12 Sobre cuya regulación se ha planteado también consulta pública previa, en la actualidad, pendiente de la evolución del proceso normativo

13 Ya la Real Orden Circular de 27 de enero de 1924 ya señalaba que «las denuncias anónimas no deben ser atendidas por las Autoridades, y menos dar lugar a actuación alguna respecto del denunciado sin previa comprobación de hechos cuando parezcan muy fundados».
14 En Reino Unido, el Civil Service Code contempla que si los empleados públicos advierten que un superior les pide algo inapropiado, o bien observan una mala gestión o actuación que deba ser denunciada conforme a su código de conducta y no encuentran amparo en el departamento afectado pueden acudir al Civil Service Commissioners (Meseguer, 2020).
15 La de apreciar la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, en la vertiente de garantía de indemnidad, con la consiguiente declaración de nulidad del acto administrativo recurrido y la estimación parcial de la pretensión indemnizatoria por daños morales ejercitada por la parte actora

16 Se crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (en adelante, la Oficina) como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
17 No obstante, este periodo máximo de resolución podrá ser ampliado en tres meses más, siempre y cuando exista una resolución motivada para aquellos casos de especial complejidad. El plazo máximo para resolver no podrá exceder de nueve meses.
18 En este caso recomienda la utilización de la herramienta TOR

19 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oficina-Municipal-contra-el-Fraude-y-la-Corrupcion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=00369bbb53158610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

20 https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=a081587e79599510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

21 Por fraude se entiende el perjuicio intencionado a los fondos públicos y por corrupción, además de las condiciones señaladas en el fraude, la existencia de un beneficio privado.

BIBLIOGRAFÍA:

7. BIBLIOGRAFÍA

ALIAGA RODRÍGUEZ, RAFAEL. «La «denuncia anónima» en la lucha contra la corrupción. Especial referencia a la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante», Diario La Ley, 2021

BAUZÁ MARTORELL, F. J. (2015): «Habeas denuncia. Identidad del denunciante en el procedimiento sancionador», en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 40., 2015

CASAS AVILÉS, ÁLVARO. «Privacidad tras el RGPD: la obligación legal de trasladar las técnicas de Compliance al sector público en materia de protección de datos», en CAMPOS ACUÑA, Mª CONCEPCIÓN Guía práctica de Compliance en el Sector Público, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2020

CASTILLO BLANCO, FEDERICO. «Corrupción y protección del denunciante», en blog ACAL. Fecha de consulta:

https://www.acalsl.com/blog/2021/05/corrupcion-y-proteccion-del-denunciante

FAR JIMÉNEZ, JAUME. «La protección de los denunciantes de corrupción en España: dificultades y propuestas. Buenas prácticas», en Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021

GARRIDO JUNCAL, ANDREA. «La protección del denunciante: regulación autonómica actual y propuestas de futuro», en REALA, núm 12, 2019.
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/download/10731/11619?inline=1

GENERALITAT VALENCIANA. « Informe para la modificación de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana Valencia», 2016

JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL. «Estatuto del denunciante, canales internos de denuncia e integridad institucional», en blog La mirada institucional, Fecha de consulta.
https://rafaeljimenezasensio.com/2020/02/24/estatuto-del-denunciante-canales-internos-de-denuncia-e-integridad-institucional/

MESEGUER YEBRA, JOAQUÍN. «Sistema de denuncias y protección del denunciante en el sector público» en CAMPOS ACUÑA, Mª CONCEPCIÓN Guía práctica de Compliance en el Sector Público, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2020

MORENO GARCÍA, PILAR «Consulta pública, canales de denuncia y PYMEL´s» en blog A golpe de tweet, Fecha de consulta:

https://agolpedetweetpilarmorgar.wordpress.com/2021/04/29/consulta-publica-canales-de-denuncias-y-pymels/

PIÑAR MAÑAS, JOSÉ LUIS. «La transposición de la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión», en Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021

PONCE SOLÉ, JULI y VILLORIA MENDIETA, MANUEL. Estudio introductorio a la edición de 2020 del Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSA Mª. «El Buzón Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación», en Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2021

ABREVIATURAS:

ABREVIATURAS

CE Constitución Española

CP Código Penal

DOCE Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea

EBEP Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
LPACAP Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
LOPDGDD Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
TCE/Tratado CE Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

TCEEA Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TUE Tratado de la Unión Europea

UE Unión Europea

ÍNDICE:

Índice

ABREVIATURAS

PROLOGO, José Luis Piñar Mañas

Capítulo 1

LA FIGURA DEL WHISTLEBLOWER

Beatriz García-Moreno

1. INTRODUCCIÓN

2. EL PAPEL DEL WHISTLEBLOWER EN LA LUCHA CONTRA LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

3. WHISTLEBLOWING EXTERNO Y WHISTLEBLOWING INTERNO

4. EVOLUCIÓN

4.1. El whistleblowing remunerado: de las acciones qui tam a la False Claims Act

4.2. El whistleblower ético y la necesidad de protección

4.3. El impulso del whistleblowing interno a través de los programas de cumplimiento

5. EL NOMEN: LA BÚSQUEDA DE UNA DENOMINACIÓN ADECUADA

6. LOS ASPECTOS ESENCIALES DEL WHISTLEBLOWER

6.1. Relación profesional con la organización

6.2. Elevado riesgo de victimización. Necesidad de protección

6.3. Información sobre infracciones cometidas en el seno de una organización

6.4. Su participación en el proceso: Nueva figura jurídico-procesal. Medio de investigación (y no de prueba)

6.5. Buena fe y veracidad de la información

7. IDEAS CLAVE

8. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 2

MARCO NORMATIVO DEL WHISTLEBLOWING

Beatriz García-Moreno

1. INTRODUCCIÓN

2. EL WHISTLEBLOWING EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

2.1. Convenciones internacionales contra la corrupción

2.2. El papel del soft law en la regulación del whistleblowing

3. LA REGULACIÓN EUROPEA DEL WHISTLEBLOWER

3.1. Los instrumentos anticorrupción del Consejo de Europa

3.2. La jurisprudencia del TEDH sobre libertad de expresión

3.3. La protección sectorial del whistleblower

4. LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES DE INFRACCIONES AL DERECHO DE LA UNIÓN

5. LA REGULACIÓN DEL WHISTLEBLOWING EN ESPAÑA

5.1. Ámbito estatal

5.2. La regulación autonómica

6. IDEAS CLAVE

7. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 3

LAS NORMAS UNE-ISO Y SU REFERENCIA A LOS CANALES DE DENUNCIA

María Gutierrez Rodríguez

1. INTRODUCCIÓN

2. NATURALEZA DE LAS NORMAS UNE-ISO. REFERENCIA A LAS NORMAS UNE RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LOS CANALES INTERNOS DE DENUNCIA

3. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y LOS CANALES INTERNOS DE DENUNCIA EN LA NORMA UNE-ISO 37301

4. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO Y LOS CANALES INTERNOS DE DENUNCIA EN LAS NORMAS UNE 19601 Y UNE-ISO 37001

5. LA RECIENTE UNE-ISO 37002 SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES (WHISTLEBLOWING MANAGEMENT SYSTEMS-GUIDELINES)

5.1. Conceptos básicos

5.2. Planificación para la implantación del sistema de gestión de denuncias

5.3. Requisitos básicos del sistema y de la política de gestión de denuncias

5.4. Comunicación y formación del personal de la organización

5.5. Función gestora del sistema de gestión de denuncias

5.6. Documentación generada como consecuencia del uso del sistema de gestión de denuncias

5.7. Diversas fases de operación del sistema de gestión de denuncias

5.8. Evaluación del rendimiento e introducción de mejoras

6. RESUMEN

7. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

Capítulo 4

MARCOS DE INTEGRIDAD Y LOS CANALES DE DENUNCIA. EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN

Belen López Donaire

1. LOS MARCOS DE INTEGRIDAD

2. LA "I-ADMINISTRACIÓN". HACIA UN SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA. UNA REFLEXIÓN SOBRE EL ARTÍCULO 103 CE

3. EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DEL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN LOS CANALES DE DENUNCIA

5. IDEAS CLAVES

6. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 5

LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 23 DE OCTUBRE RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN

Pedro García Iniesta
Carlos-Mª Rodríguez Sánchez

1. ANTECEDENTES

2. ÁMBITO OBJETIVO

2.1. Delimitación

2.2. Exclusiones

3. ÁMBITO SUBJETIVO

3.1. Aplicación directa: El Denunciante

3.2. Aplicación mediata: Los sujetos del Artículo 4.4 Directiva.

4. CANALES DE DENUNCIA INTERNA. LA GESTIÓN DEL SISTEMA

4.1. La obligación de establecer canales de denuncia y sus excepciones en la Directiva

4.2. La gestión del sistema del canal interno de denuncias: registro de denuncias, procedimientos de denuncia interna y seguimiento

4.3. La eficacia del canal de denuncias

5. CANALES DE DENUNCIA EXTERNA. LA AUTORIDAD COMPETENTE

5.1. Obligación de establecer canales de denuncia externa y comunicación a través de estos canales

5.2. La autoridad competente en la gestión de los canales externos: modelos de implantación

5.3. Diseño del canal externo de denuncias

6. IDEAS CLAVE

7. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 6

REFERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Mª Eugenia Andrés Plumed

1. TRANSPOSICIÓN POR EL ESTADO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: EL ARTÍCULO 149.1.18º CE COMO TÍTULO COMPETENCIAL EXCLUSIVO DEL ESTADO; BASES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO DE SUS FUNCIONARIOS. IMPLICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LAS RESTANTES ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.

2. CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. LA EXTENSIÓN AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A EFECTOS DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937.

3. ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

4. LAS INNOVACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A RAÍZ DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937

5. IDEAS FUNDAMENTALES

6. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 7

REFERENCIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Patricia Iglesias Rey

1. PANORAMA NORMATIVO PREVIO A LA PUBLICACIÓN DE LA DIRECTIVA WHISTLEBLOWING

2. EL PAPEL DE LAS CCAA EN LA LUCHA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

3. UNAS PINCELADAS SOBRE EL PAPEL DEL CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

4. IDEAS FUERZA

5. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 8

CANALES DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO LOCAL: ALGUNAS DIFICULTADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Concepción Campos Acuña

1. INTRODUCCIÓN: LA NECESARIA REGULACIÓN DE LOS CANALES DE DENUNCIA, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

2. LA TRASLACIÓN DEL MARCO EUROPEO DE CANALES DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE EN EL ÁMBITO LOCAL: UNA APROXIMACIÓN GENERAL

2.1. Algunas decisiones relevantes de la Directiva en el proceso de consulta

2.2. Dimensionamiento del mundo local: la proximidad como dificultad a la imparcialidad y generadora de conflictos de intereses

2.3. Ámbitos materiales de actividad municipal objeto de denuncia

3. ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE ESPECIAL RELEVANCIA EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EN EL ÁMBITO LOCAL

3.1. Carácter anónimo de la denuncia y su impacto en el ámbito del empleo público local

3.2. La (in) dependencia orgánica de los canales internos de denuncias

4. EL CANAL DE DENUNCIAS COMO PARTE DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE: LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

4.1. Técnicas de compliance público y la integración del canal de denuncias

4.2. El diseño del sistema de denuncias en el marco del sistema de Compliance

5. ANÁLISIS DE ALGUNAS EXPERIENCIAS REGULATORIAS Y OPERATIVAS A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

5.1. Los canales de denuncia en la Ley 2/20221, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante

5.2. Análisis de casos ya implantados: la experiencia de los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid

6. CONCLUSIONES E IDEAS CLAVE

7. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 9

CANALES DE DENUNCIA EN LOS ÓRGANOS DE CONTROL

Patricia Iglesias Rey

1. ¿CUÁL ERA EL CONTEXTO PREVIO ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2019/1937 RESPECTO A LOS CANALES DE DENUNCIAS?

2. LOS CANALES DE DENUNCIA EXISTENTES ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA DIRECTIVA

2.1. La gestión de los canales de denuncias por las agencias anticorrupción existentes en España

2.2. Canales de denuncia existentes en la legislación sectorial

2.3. Ideas fuerza de la regulación de los canales de denuncias en la Directiva

2.4. Clases de denuncias.

3. IDEAS FUERZA

4. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 10

LOS CANALES DE DENUNCIA EN LOS ÓRGANOS DE CONTROL: LA EXPERIENCIA DE LA CNMC

María Ortiz Aguilar

1. INTRODUCCIÓN

2 MARCO NORMATIVO DE LA CNMC

3. CUMPLIMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA CNMC

3.1. Impulso desde arriba (tone from the top)

3.2. Canal de Denuncias Interno (CADI)

3.3. Relaciones con terceros: el Registro de grupos de interés de la CNMC

4. CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO EXTERNO POR PARTE DE LOS OPERADORES SUPERVISADOS POR LA CNMC

4.1. Canales de colaboración externos

4.2. La Guía de Compliance de la CNMC

Capítulo 11

DERECHOS DEL DENUNCIANTE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Fernando Riaguas López
María Guillén Molina

1. INTRODUCCIÓN

2. LA GESTIÓN POR LA COMISIÓN EUROPEA DE SUS RELACIONES CON LOS DENUNCIANTES

3. PROPUESTA PARA COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES

4. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN. EL EFECTO O EFICACIA DIRECTA DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937

5. IDEAS CLAVE

6. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 12

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA AFECTADA. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTATUTO DEL DENUNCIADO

Pablo de la Cruz López

1. INTRODUCCIÓN

2. LA PERSONA AFECTADA EN LOS CONSIDERANDOS DE LA DIRECTIVA

2.1. Previo

2.2. Considerandos

3. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS: EL ARTÍCULO 22 DE LA DIRECTIVA

3.1. El artículo 22 de la Directiva

3.2. Ámbito de aplicación: especialidades del sector público

3.3. Principales aspectos a tener en cuenta en los procedimientos derivados de la denuncia

4. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 13

PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE Y GARANTÍAS PROCESALES

Jordi Gimeno Beviá

1. WHISTLEBLOWING Y PROCESO PENAL: ASPECTOS GENERALES Y PROBLEMAS DE MODELO

2. LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DEL ALERTADOR

3. ALERTAS ANÓNIMAS Y PROCESO PENAL

3.1. Teoría y práctica de las denuncias anónimas

3.2. La STS 272/2020 como excepción a la regla en el contexto empresarial

4. LAS TENDENCIAS HACIA LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS

4.1. La denuncia anónima en la LOPDGDD

4.2. La denuncia anónima en la directiva de protección al alertador

4.3. La Denuncia anónima en el Sector Público: Especial Referencia a las Agencias Antifraude

5. GARANTÍAS PROCESALES

6. CONCLUSIONES

7. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 14

LA PROTECCIÓN PENAL DEL DENUNCIANTE

Cristina Coto del Valle

1. INTRODUCCIÓN

2. ACCIONES PENALES QUE PUEDE EJERCITAR EL DENUNCIANTE QUE SUFRA REPRESALIAS

2.1. Coacciones, intimidaciones o acosos

2.2. Discriminaciones

2.3. Daños reputacionales en especial en los medios sociales

2.4. Pérdidas económicas, incluida la pérdida de negocio o ingresos

2.5. Inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no vaya a encontrar empleo en dicho sector

2.6. Referencias médicas o siquiátricas

2.7. Terminación anticipada o anulación de un contrato de bienes o servicios

3. RECLAMACIÓN POR EL DENUNCIANTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR LAS REPRESALIAS CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE UNA ACCIÓN PENAL A SU FAVOR, SI MEDIARE COMISIÓN DE UN DELITO EN LA REPRESALIA

4. GARANTÍAS QUE OFRECE LA DIRECTIVA AL DENUNCIANTE

4.1. Garantías procesales

4.2. Exención de responsabilidad a consecuencia de la información revelada

5. LÍMITES A LA PROTECCIÓN PENAL DEL DENUNCIANTE

5.1. Límites generales y ámbito de aplicación de la Directiva

5.2. Límites a la protección del denunciante cuando, con su comunicación, cometa alguno de los delitos previstos en nuestro C.P sobre la revelación de secretos o infidelidad en la custodia de documentación en sentido amplio

5.3. Otros límites a la protección penal del denunciante

6. CONCEPTOS PROPIOS DEL DERECHO PENAL A TENER EN CUENTA

6.1. Concepto de funcionario público a efectos penales

6.2. Principio de intervención mínima en el derecho penal

7. DENUNCIAS ANÓNIMAS E IDENTIFICACIÓN POSTERIOR: CONSECUENCIAS Y DIFERENTES SUPUESTOS

8. PROTECCIÓN PENAL AL DENUNCIANTE EN OTRAS NORMAS DE DERECHO NACIONAL

Capítulo 15

PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES Y PROTECCIÓN DE DATOS

Miquel Fortuny Cendra
Olga Vilà Caselles

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS

2. DIRECTRICES BÁSICAS EN LA CONFIGURACIÓN DE UN CANAL DE DENUNCIAS QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES

2.1. Proporcionalidad

2.2. Confidencialidad

2.3. Seguimiento diligente de las denuncias

2.4. Protección al denunciante

3. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS CANALES DE DENUNCIAS

4. IDEAS CLAVE

Capítulo 16

LA FORMACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS

Eduardo Navarro Villaverde

1. INTRODUCCIÓN

2. LA INFORMACIÓN COMO FORMACIÓN

2.1. Procedimientos

2.2.Comunicación

2.3. Sensibilización

2.4. Formación:

3. LA FORMACIÓN SEGÚN LA FUNCIÓN

3.1. Identificación de los intervinientes

4. LA FORMACIÓN EN EL PROCESO

5. IDEAS CLAVE

Capítulo 17

LOS CODIGOS DE CONDUCTA EN EL MARCO DE INTEGRIDAD

Belén López Donaire

1. EL CÓDIGO DE CONDUCTA: HERRAMIENTA DE UN MARCO DE INTEGRIDAD

2. EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

3. MECANISMOS DE GARANTÍA

3.1. Órgano encargado de su cumplimiento

3.2. Canales de denuncia

3.3. El régimen sancionador

4. DIFUSIÓN, FORMACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO O DE CONDUCTA

5. REPOSITORIO DE EVIDENCIAS EN LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA

5.1. Requisitos de un repositorio de evidencias

6. IDEAS FUERZA

7. BIBLIOGRAFÍA

Capítulo 18

AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTING DE CANAL DE DENUNCIAS

Patricia Iglesias Rey

1 EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS CANALES DE DENUNCIAS INTERNOS

2. EL AUTODIAGNÓSTICO COMO PRIMER PELDAÑO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CANAL INTERNO DE DENUNCIAS

3. CLAVES DE LA REGULACIÓN DE LAS DENUNCIAS INTERNAS EN LA DIRECTIVA DE WHISTLEBLOWING

4. ¿CÓMO SE DEBEN ARTICULAR LOS CANALES INTERNOS DE DENUNCIAS? EL NECESARIO REPORTING DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS

5. IDEAS FUERZA

6. BIBLIOGRAFÍA