Doctrina

Título: Tratamiento procesal y sustantivo de la acumulación jurídica de penas 2ª Edición
Fecha: 02/03/2022
Coordinadores: Alberto Varona Jiménez
Voces sustantivas: Circunstancias modificativas, Concurso de delitos, Consignación, Delitos de terrorismo, Establecimientos penitenciarios, Indulto, Lege ferenda, Mandato, Nomen iuris, Novación, Pena de multa, Prescripción, Principios constitucionales, Patentes, Penas privativas de derechos, Penas privativas de libertad, Reales academias, Régimen penitenciario, Tratamiento penitenciario, Unión europea, Amenazas, Agravante de reincidencia, Analogía, Aplicación de la pena, Aplicación de las penas, Arresto de fin de semana, Cancelación, Cancelación de antecedentes penales, Centros penitenciarios, Cumplimiento de la condena, Cumplimiento de las penas, Cómputo del tiempo, Delitos conexos, Delito masa, Daño moral, Delitos continuados, Derecho a la libertad personal, Derecho a la libertad y a la seguridad, Derecho a la vida, Enseñanza, Eximente incompleta, Extinción de la responsabilidad, Grado de ejecución, Irretroactividad, Libertad condicional, Libertad definitiva, Máximo de cumplimiento de la condena, Máximo de cumplimiento de las penas, Obligaciones profesionales, Principio de humanidad de las penas, Peligrosidad criminal, Pena superior en grado, Perdón del ofendido, Principio de proporcionalidad, Principio de igualdad, Principio de irretroactividad, Principio de legalidad, Privación de libertad, Prolongación de la privación de libertad, Reglas especiales, Regímenes especiales, Resoluciones administrativas, Responsabilidad penal de los menores, Retroactividad, Seguridad jurídica, Suspensión de las penas, Tercer grado, Órganos de gobierno, Asistencia letrada, Alarma social, Antecedentes penales, Arresto mayor, Beneficio penitenciario, Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, Competencia funcional, Cómputo de los plazos de prescripción, Daños morales, Denominación, Derecho a la tutela judicial efectiva, Derecho de asistencia letrada, Determinación de la pena, Embargo, Individualización de la pena, Integridad moral, Interpretación literal, Interpretación teleológica, Intimidación, Legitimación, Marcas, Permiso de salida, Plazos, Reinserción social, Reformatio in peius, Registro administrativo, Regímenes especiales, Salidas programadas, Sentencia de conformidad, Trámite de audiencia, Toxicomanías

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Número epígrafe: 4
Título epígrafe: Capítulo I. EL NOMEN IURIS: ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTO

NOTAS PREVIAS:

AGRADECIMIENTOS

Mis primeras palabras de agradecimiento son para la directora de mi investigación doctoral, la Dra. Carmen Navarro Villanueva. Su sabios consejos fueron decisivos para la elección del tema objeto de investigación. Su paciencia y comprensión, los pilares para poder compatibilizar mis obligaciones profesionales y docentes con la responsabilidad que supone afrontar tan enorme reto. Y su dedicación inestimable y buen hacer, ingredientes imprescindibles para su desarrollo y presentación.
Me gustaría también mostrar mi gratitud a los miembros del Tribunal que evaluaron mi trabajo de investigación doctoral, los Dres. Manuel-Jesús Cachón Cadenas, Elena Larrauri Pijoan y Joan Picó i Junoy, por las sugerencias y consejos ofrecidos. Igualmente quiero dar las gracias al Dr. Antonio del Moral García, por su inagotable fuente de conocimiento y generosidad. En una materia extremadamente compleja, como es esta, sus enseñanzas han ilustrado y enriquecido cada apartado de esta obra.
Quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a Cristina, Marián y Pedro, personal encargado de la Biblioteca de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial con sede en Barcelona, a quienes quiero reconocer personalmente desde estas líneas su incalculable ayuda y, por qué no decirlo, su espartana paciencia.
Por último, merece un capítulo aparte mi familia: mi mujer, que ha soportado estoicamente durante varios años todos los avatares que se derivan de un trabajo de esta naturaleza; mis padres, porque si he llegado hasta aquí es, una vez más, gracias a su esfuerzo y dedicación; y mi hermana, por su valiosa ayuda informática.

TEXTO:

Capítulo I

EL NOMEN IURIS: ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTO

I. EL NOMEN IURIS: ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

1. Una primera aproximación

Nuestro Código Penal establece un sistema de determinación legal relativa de la pena, en el que asocia a cada conducta delictiva un marco penal, con un límite mínimo y un límite máximo. El legislador dota también a los operadores jurídicos de unas reglas generales para su individualización en los arts. 61 a 72 CP. Estas reglas pueden obligar a imponer la pena en la mitad superior o inferior del marco penal, o a rebasar los límites de aquel marco con imposición de la pena superior o inferior de grado como consecuencia del grado de ejecución (art. 62 CP), de participación (arts. 61 y 63 CP), o de la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal --eximentes incompletas, atenuantes y agravantes-- (arts. 66 y 68 CP).
Junto a estas reglas generales, el Código Penal dispone de unas reglas especiales en el caso de concurso de delitos (arts. 73 a 79 CP) y distingue si se trata de un concurso real, ideal o medial, también conocido como ideal impropio. Sabido es que en el concurso real, un mismo autor realiza una pluralidad de acciones que conllevan la comisión de una pluralidad de delitos6. El concurso medial exige la concurrencia de dos hechos, que dan lugar a dos delitos, pero uno de ellos es medio necesario del otro (art. 77.1 y 3 CP). Por el contrario, en el concurso ideal propio un mismo hecho constituye dos o más infracciones penales (art. 77.1 y 2 CP).
En los supuestos de concurso ideal y medial así como en los casos de delito continuado y masa (art. 74 CP), el legislador ha optado por la imposición de una pena única, bien con un sistema de absorción con agravación de la pena, en el que se castiga con la pena correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior7 (como ocurre como regla general en el delito ideal, con el límite de la suma de las penas correspondientes a los delitos cometidos, o en el delito continuado); bien con un sistema de exasperación, en el que se impone también una única pena, pero se rebasa el marco penal de la pena más grave (en el concurso medial y en el delito masa8).
Sin embargo, este sistema de pena única no es la regla general. En los casos del concurso real se imponen tantas penas como delitos haya cometido. Se trata de un sistema de acumulación material para el cumplimiento simultáneo de las penas. En el caso de que no sea posible por razón de su naturaleza o efectos, procederá su ejecución por orden de su gravedad. Ahora bien, no se trata de un sistema de acumulación material absoluto, sino que desde el año 1870 se han arbitrado distintos mecanismos para limitar el tiempo máximo de estancia de una persona en un centro penitenciario.
De esta forma, como recuerda el Tribunal Supremo9, nuestro legislador se aparta de otros ordenamientos europeos como los sistemas alemán, suizo o portugués, que en los supuestos de concurso real dentro de una misma sentencia establecen una pena única, exasperando la pena del delito más grave; y en los casos de condenas sobrevenidas por hechos que se hubiesen podido enjuiciar por razones temporales en una causa precedente, imponen una pena única actualizando la preexistente o una complementaria, atendiendo a las circunstancias concurrentes en los distintos hechos cometidos, a la personalidad del delincuente y a otras varias circunstancias10.
Por consiguiente, en los supuestos de concurso real de delitos, el Código Penal se asienta en tres principios básicos:

El primero de ellos es una regla de acumulación material. Esta regla está recogida en el art. 73 CP cuando dispone que «al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones [...]».
El segundo principio responde a un sistema de cumplimiento simultáneo, y en su defecto, de cumplimiento sucesivo por el orden de su respectiva gravedad. Así lo dispone primero el art. 73 CP cuando añade: «[...] para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas»; y el art. 75 CP cuando precisa que «cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las distintas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible».
El tercer principio consiste en una limitación temporal al cumplimiento sucesivo de las penas. Viene establecido en el art. 76 CP, cuyo apdo. primero comienza diciendo:

«No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido [...] máximo, que no podrá exceder de veinte años».
Acto seguido, el precepto establece unas reglas excepcionales que elevan este máximo a 25, 30 o 40 años en atención a los delitos por los que el penado haya sido condenado. La regulación de esta limitación se completa fundamentalmente con el art. 988 LECrim, que articula el cauce procesal y atribuye la competencia al último Juez o Tribunal sentenciador.
LÓPEZ CERRADA (2008) define esta institución como «una regla penológica, que suponiendo un verdadero beneficio para el condenado, limita la cuantía total de las condenas y la consiguiente reducción efectiva del tiempo a cumplir» (p. 49). DE VICENTE MARTÍNEZ (2017, p. 151) ofrece la siguiente definición: «[...] beneficio legal, aplicable al responsable de dos o más delitos, en virtud del cual se produce una limitación del tiempo de cumplimiento efectivo de las condenas del penado, que termina resultando menor al que le correspondería si cumpliera la suma aritmética de todas las penas que le han sido impuestas»11. Y DÍAZ MARTÍN (2020, p. 281) define la acumulación jurídica como el «proceso judicial contradictorio destinado a aplicar los límites al cumplimiento, previstos en el art. 76.1 CP, de 23 de noviembre, sobre el conjunto de penas privativas de libertad determinadas impuestas al condenado por varios hechos delictivos, ya sean en sentencia, si fueron enjuiciados en el mismo proceso, o posteriormente por medio de auto que produce una nueva pena distinta de las anteriores, que será la que habrá de cumplirse en sustitución de las impuestas en las sentencias firmes».
Nosotros consideramos que, en ausencia de una definición legal, podemos definir el instituto regulado en el art. 76 CP como una limitación legal al cumplimiento sucesivo de las penas impuestas en el mismo o distintos procesos, a través de un conjunto de límites punitivos, con objeto de aminorar los efectos deshumanizadores que provoca el sistema puro de acumulación aritmética y lograr que el penado se reinserte socialmente.
Bautizar con un nombre esta institución, lejos de ser una cuestión pacífica, ha arrojado torrentes de tinta. Conceptos como «refundición» o «acumulación», asociados a los términos «penas» o «condenas», son utilizados de forma alternativa y sinónima por un sector de la doctrina y se suceden indistintamente en las resoluciones de los tribunales, incluidas del propio Tribunal Supremo, ante la ausencia de un nomen iuris por parte del legislador.
El tema no tendría mayor trascendencia si no fuese porque los términos «refundición» o «acumulación» se han empleado y se emplean indistintamente para referirse también a otra institución bien diferente como es la regulada en el art. 193 RP. Este precepto dispone lo siguiente:

«Para el cómputo de las tres cuartas partes o, en su caso, dos terceras partes de la pena, se tendrán en cuenta las siguientes normas [...] 2.ª Cuando el penado sufra dos o más condenas de privación de libertad, la suma de las mismas será considerada como una sola condena a efectos de aplicación de la libertad condicional [...]».
Por ello, aunque tiene razón GIRALT PADILLA (2015, p. 12) cuando sostiene que el modo en que se denomine el incidente del art. 76 CP resulta indiferente y que lo importante es no confundirlo con el instrumento previsto en la legislación penitenciaria, deberíamos matizar que eso es así siempre que exista un consenso en la forma de denominar a una y otra institución. Esta eterna imprecisión terminológica, en la que se usan indistintamente los términos «acumulación» y «refundición» para referirnos a una u otra institución, no ayuda especialmente a evitar aquella confusión.
Así las cosas, entendemos que, antes de adentrarnos en cuál debe ser el nombre de cada una de estas dos instituciones independientes, hay que establecer como punto de partida la diferencias entre una y otra institución con objeto de no confundirlas, evitando utilizar otra identificación previa que la derivada de los artículos que las regulan.
2. Diferencias entre las instituciones reguladas en los arts. 76 CP y 193.2.ª RP

Siguiendo una sistemática propia y coherente con la estructura de esta tesis, podemos analizar las diferencias entre ambas instituciones desde un punto de vista procesal y desde un punto de vista material. En congruencia con lo expuesto en el sub-apartado anterior, omitiremos cualquier mención a las palabras «acumulación» o «refundición»12.
Expongamos a continuación los dos planos que hemos mencionado y desarrollemos cada una de las diferencias que los integran:

2.1. Plano material

A) Objeto

En consonancia con la función que tiene el incidente previsto en el art. 193.2.ª RP en el cálculo de los beneficios penitenciarios, su aplicación se circunscribe a las penas privativas de libertad cuyo cumplimiento se haya acordado en un centro penitenciario y materializado mediante el ingreso del penado, y que no hayan sido objeto de licenciamiento definitivo13; en el caso del art. 76 CP, el objeto es más amplio: en primer lugar, porque son susceptibles de ser computadas las penas privativas de libertad ya extinguidas por cumplimiento efectivo; en segundo lugar, porque, aunque es una cuestión que ha sido controvertida, actualmente no es necesario para que la pena pueda ser acumulada que se haya iniciado su ejecución en un centro penitenciario. Desde la firmeza de la sentencia y hasta la remisión del mandamiento de penado al centro penitenciario, una vez que el penado ha ingresado voluntariamente o en virtud de una requisitoria, se producen distintas incidencias procesales como es el beneficio de la suspensión de la condena regulado en los arts. 80 y ss. CP. Con arreglo al Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018, las penas suspendidas también son acumulables; y en tercer lugar, porque entendemos que este instituto es aplicable también a penas de distinta naturaleza cuyo cumplimiento simultáneo no sea posible: por ejemplo, las llamadas penas de alejamiento del art. 48 CP14.
B) Fundamento

El art. 76 CP constituye una limitación al cumplimiento sucesivo de las penas para salvaguardar el principio de proporcionalidad, evitar tratos inhumanos o degradantes que prohíbe el art. 15 CE y satisfacer los fines de reinserción social a los que deben estar orientadas las penas privativas de libertad, tal como preceptúa el art. 25.2 CE. Estos mandatos quedarían vacíos de contenido en los supuestos en los que una persona fuese obligada a cumplir el total de su condena cuando, por ejemplo, la misma excediese de la presumible duración de la vida de esa persona. No obstante, la configuración de esta institución no es ajena a razones de política criminal en el sentido de exigir que se evite dotar a los penados de un patrimonio punitivo, patrimonio del que se haría acreedor el penado que conociese que no cumpliría condena por los delitos que cometiese en el futuro al haber alcanzado el tiempo máximo de cumplimiento. El equilibrio entre aquella finalidad resocializadora y estas razones de política criminal es una de las cuestiones controvertidas que vamos a analizar en este trabajo de investigación15.
Por el contrario, la figura penitenciaria del art. 193.2.ª RP consiste en un simple enlace de las penas a través de su suma aritmética a los efectos de calcular la libertad condicional. En definitiva, esta institución responde a criterios de utilidad jurídica y penitenciaria (FERNÁNDEZ APARICIO, 2017a, p. 4). VIVANCOS GIL (2015) desarrolla este fundamento cuando afirma que la figura del art. 193.2.ª RP «viene exigida por el sistema de individualización científica (art. 72 LOGP), diseñado para intervenir sobre la persona del interno, teniendo en cuenta sus peculiaridades personales y penales [...]» (p. 1). Y acto seguido, este mismo autor explica que el montante penológico del interno es uno de los condicionantes en orden a determinar la clasificación del penado en primero, segundo o tercer grado, y marcará asimismo la obtención de los distintos beneficios penitenciarios y las fechas de repercusión penitenciaria. Por ello, a efectos penitenciarios, resulta imprescindible trabajar con la ficción de que todas las penas pendientes constituyen una unidad de ejecución, lo que se consigue mediante la suma de todas penas pendientes de cumplimiento. A nuestro entender, en el fondo, junto a este fundamento expuesto coexiste la finalidad de reinserción social a la que está dirigida la clasificación y el régimen penitenciario.
C) Requisitos

Mientras que la figura del art. 193.2.ª RP no precisa de ningún tipo de requisito más allá de la existencia de un pluralidad de condenas a penas privativas de libertad cuyo cumplimiento se haya acordado y materializado mediante el ingreso del penado en un centro penitenciario, el instituto del art. 76 CP requiere que estas condenas tengan una relación de conexidad, exigencia que, como analizaremos, no presenta un significado procesal sino un sentido temporal, consistente en que haya sido posible su enjuiciamiento conjunto16.
D) Consecuencias

La institución regulada en el art. 76 CP constituye una limitación al cumplimiento sucesivo de las penas de la misma especie cuyo cumplimiento simultáneo no sea posible en el caso de concurso real de delitos; por el contrario, el art. 193.2.ª RP no constituye ninguna limitación. Se trata de un simple enlace de las penas a través de suma aritmética a los efectos de calcular la libertad condicional17.
Otros autores como LÓPEZ CERRADA (2004, p. 13) y FERNÁNDEZ APARICIO (2017a p. 4) incluyen también como diferencia la fase de procedimiento en que se produce la aplicación de estas instituciones. A su juicio, la acumulación se ubica dentro de la fase de determinación e individualización de la pena mientras la refundición en la fase de ejecución. Nos encontramos ante la formulación del problema relativo a la naturaleza jurídica de la limitación de cumplimiento del art. 76 CP, del que nos ocuparemos monográficamente en un apartado posterior18. Sin duda, uno de los grandes desafíos que ha tenido la doctrina. Ya adelantamos que a nuestro entender, la aplicación del art. 76 constituye una mera facultad de ejecución y no un acto de individualización judicial de la pena.
2.2. Plano Procesal

En el plano procesal abordaremos sucesivamente la competencia, las formas de incoación, la postulación, la tramitación y el régimen de recursos.
A) Competencia

La competencia para conocer del incidente del art. 76 CP viene establecida en el art. 988 LECrim, que preceptúa que «[...] el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia [...] procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal»19; por el contrario, la aplicación del art. 193.2.ª RP es competencia de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria con arreglo al art. 76.2 LOGP, cuando dispone que «corresponde especialmente al Juez de Vigilancia: [...] b) Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan».
B) Formas de incoación

Las formas de incoar el incidente del art. 76 CP son tres: a) de oficio por el Juez o Tribunal sentenciador, b) a instancia del penado y c) por solicitud del Ministerio Fiscal20. Así resulta del tenor literal del art. 988 LECrim cuando dispone que «[...] el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento...». Por el contrario, como señala FERNÁNDEZ APARICIO (2017a, p. 4), la figura penitenciaria prevista en el art. 193.2.ª RP se puede iniciar de oficio por el centro penitenciario o a través de queja del interno, quejas que se pueden interponer al amparo del art. 53 RP21.
C) Postulación procesal

A pesar del silencio legal, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional22 y del Tribunal Supremo23 la necesidad de asistencia letrada y representación de procurador durante la tramitación del incidente del art. 76 CP al estar afectado un derecho fundamental como es el derecho a la libertad personal del art. 17.1 CE24. Como precisa LÓPEZ CERRADA (2004, p. 14), tal exigencia no existe en los casos del art. 193.2.ª RP, excepción hecha de la interposición del correspondiente recurso de reforma, apelación o queja, tal como resulta del apdo. 9.º de la DA 5.ª LOPJ en relación con el art. 221 LECrim, cuando dispone que «los recursos de reforma, apelación y queja se interpondrán siempre en escrito, autorizado con firma de Letrado».
D) Tramitación

La tramitación procesal del instituto del art. 76 CP está regulada en el art. 988 LECrim, que dispone que «el Secretario Judicial25 reclamará la hoja histórico-penal del Registro Central de Penados y Rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio Fiscal, cuando no sea el solicitante, el Juez o Tribunal dictará auto (...)». Por el contrario, en el caso del art. 193.2.ª RP, como explica FERNÁNDEZ AREVALO (2013, p. 92), la Oficina de Gestión del centro penitenciario correspondiente elabora un proyecto de refundición. Dicho proyecto se eleva al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que resulte competente para su aprobación, junto a los correlativos mandamientos de penados, los testimonios de sentencias y las liquidaciones judiciales de condena. Previo informe del Ministerio Fiscal, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria aprobará, en su caso, el proyecto de refundición en virtud de auto motivado y remitirá los correspondientes testimonios a la Dirección del centro penitenciario y a los correspondientes Juzgados y Tribunales sentenciadores para su constancia e incorporación a sus ejecutorias.
E) Régimen de recursos

El auto que resuelve el incidente del art. 76 CP es recurrible ante el Tribunal Supremo a través del recurso de casación por infracción de ley, tal como dispone el art. 988 LECrim26; por el contrario, frente al auto del art. 193.2.ª RP, cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y recursos de apelación y queja ante el Tribunal sentenciador, tal como se desprende de los apdos. 1.º y 3.º de la DA 5.ª LOPJ27.
3. Confusión terminológica

Una vez concretadas las diferencias entre una y otra institución, el siguiente paso es reflexionar sobre el uso que se realiza de los términos «acumulación» y «refundición». En este punto vamos a seguir la acertada sistemática utilizada por DÍAZ GÓMEZ (2012, pp. 311-323), quien analiza el uso de estos términos desde diferentes puntos de vista: normativo, jurisprudencial, penitenciario, Fiscalía General del Estado y doctrinal. Ya anticipamos que la primera conclusión es clara: la confusión es la nota predominante como vamos a ver.
3.1. Plano Normativo

Desde el punto de vista normativo, ni el Código Penal de 1995 ni ninguno de los códigos que le han precedido, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el incidente desde el punto de vista procesal, ni la Ley Orgánica General Penitenciaria ni el Reglamento Penitenciario que la desarrolla, ponen nombre a ninguna de estas dos instituciones28. Solamente el art. 76.2 CP 1995 utiliza el término «acumulación» cuando establece la exigencia de la conexidad temporal, al señalar:

«La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación --la negrita es nuestra--, lo hubieran sido en primer lugar».
3.2. Plano Jurisprudencial

Desde el punto de vista jurisprudencial, en las SSTS 1003/2005, de 15 de septiembre y 197/2006, de 28 de febrero, el Tribunal Supremo se preocupó de desterrar el término «refundición» del instituto regulado en el art. 76 CP, circunscribiendo aquel concepto a la figura penitenciaria prevista en el art. 193.2.ª RP. En la primera de aquellas resoluciones, la Sala de lo Penal consideró que el auto recurrido en casación no resolvía «[...] una acumulación jurídica ex arts. 988 LECrim. y 76 CP, sino una refundición de condenas, esto es, la suma aritmética de las mismas, conforme a lo preceptuado en el art. 193.2 del Reglamento Penitenciario [...]» La resolución justificó el porqué de la aplicación del instituto del artículo 193.2.ª RP, al afirmar que se trataba del cumplimiento de dos condenas, cuya suma aritmética no excedía de 20 años, pero no explicó los motivos para usar una u otra denominación. Sí lo hizo la segunda de aquellas resoluciones.
La STS, Pleno, 197/2006, de 28 de febrero justificó la exclusión de la expresión «refundición de condenas» al calificar este término como «enormemente equívoco e inapropiado»; y ello por cuanto, en el caso del art. 76 CP, «[...] nada se refunde para compendiar todo en uno, sino para limitar el cumplimiento de varias penas hasta un máximo resultante de tal operación jurídica»29.
La delimitación ha vuelto a aparecer en algunas sentencias posteriores. Así por ejemplo la STS 885/2016, de 24 de noviembre utiliza el concepto de «acumulación jurídica» para referirse al art. 76.1 CP y el de «refundición de penas» para aludir al art. 193.2 RP. O la STS 685/2020, de 11 de diciembre, en la que insiste en la terminología al señalar que «la acumulación jurídica de condenas» está disciplinada en el art. 988 LECrim mientras que «la refundición por enlace» está regulada en el art. 193.2 RP, que supone un proyecto para alcanzar la libertad condicional y obtener los beneficios penitenciarios como si se tratara de una sola condena (y no varias).
Sin embargo, como acertadamente apunta FERNÁNDEZ APARICIO (2017a, pp. 3-4), a pesar de la proscripción de la utilización del término «refundición de condena», la confusión perdura en el propio Tribunal Supremo. Efectivamente, basta examinar las bases de datos jurisprudenciales para comprobar que las resoluciones de los distintos órganos judiciales, incluidas las de la propia Sala Segunda del Alto Tribunal, siguen utilizando indistintamente los vocablos «refundición» y «acumulación» para referirse al instituto regulado en el art. 76 CP30.
3.3. La Fiscalía General del Estado

El uso impreciso de estos términos tampoco es ajeno a la Fiscalía General del Estado. En las numerosas ocasiones en las que se ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta materia, no solo no ha abordado la cuestión terminológica sino que como regla general ha utilizado los términos «acumulación» y «refundición» de forma indistinta31.
Un fiel reflejo de ello es la Circular 1/2014, de 5 de diciembre, donde se abordó monográficamente esta materia bajo el título sobre la acumulación de condenas. A lo largo del contenido de la Circular se alternan los términos «acumulación de condenas», «acumulación jurídica», «acumulación de penas» o, por abreviar, simplemente el de «acumulación». Sin embargo, hasta en diez ocasiones la Fiscalía General del Estado utilizó el término «refundición» para referirse también a la fijación del límite máximo de cumplimiento.
No obstante, también encontramos excepciones a esta regla general, en los que existe un uso preciso de los términos «acumulación» y «refundición»32.
3.4. Ámbito Penitenciario

El examen de los criterios de actuación, conclusiones y acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en sus reuniones anuales a partir del año 1981 permite observar que han utilizado la palabra «refundición» o la expresión «refundición de condenas» para referirse al art. 193.2.ª RP y los términos «acumulación jurídica de condenas», «acumulación de penas» o simplemente el de «acumulación» para aludir a la institución regulada en el art. 76 CP; sin embargo, no han acometido el debate sobre esta cuestión terminológica33.
En el ámbito administrativo, la Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 1/2005, de 21 de febrero, sobre actualización de la Instrucción 19/96, relativa a las oficinas de régimen, cumplimiento de condenas y régimen penitenciario, reservó el concepto de «refundición de condenas» para la institución regulada en el art. 193.2 RP y utilizó el término «acumulación de condenas» para referirse al art. 76 CP34.
3.5. Perspectiva doctrinal

La mayor parte de la doctrina suele emplear el nombre de «acumulación jurídica» para identificar la figura regulada en el art. 76 CP y el término «acumulación material» para denominar el sistema de cumplimiento sucesivo de las penas establecido en los arts. 73 y 75 CP35.
Sin embargo, el panorama se ensombrece cuando hablamos de la utilización del vocablo «refundición». Son pocos los autores que reservan esta palabra para la aplicación del art. 193.2ª RP --la mayoría de la obras generalísimas omite su empleo-- y menos todavía los que se adentran en justificar y reflexionar sobre el uso de uno u otro término. Incluso existen algunos autores que los emplean indistintamente, como sinónimos.
En atención al empleo que hace la doctrina de la palabra «refundición», DÍAZ GÓMEZ (2012, pp. 316-317) propone una interesante clasificación en tres grupos: i) un primer y amplio grupo de autores utiliza indistintamente los términos «refundición» y «acumulación» para referirse al instituto del artículo 76 CP; ii) un segundo grupo de autores emplea exclusivamente la expresión «acumulación» para referirse a la limitación al cumplimiento sucesivo de las penas en el caso de concurso real, pero no alude a la figura penitenciaria del art. 193.2.ª RP; y iii) un tercer bloque de autores diferencia expresamente los dos vocablos y reserva principalmente la palabra «refundición» para la aplicación del art. 193.2.ª RP36. Dentro de este grupo nosotros distinguiríamos un subgrupo que son aquellos autores que han reflexionado sobre el uso de uno u otro término, reflexión de la que nos vamos a ocupar en el sub-apartado siguiente.
4. Análisis semántico: opiniones doctrinales

Expuestas las diferencias entre ambas instituciones y analizado el uso que de estos dos términos se realiza en los distintos foros, es el momento de precisar el significado de uno u otro vocablo en el Diccionario de la Lengua Española (DLE, 2014).
El término «acumular» procede del latín accumulāre y presenta cuatro acepciones: i) «Juntar sin orden gran número de cosas. Acumular libros»; ii) «Reunir una cantidad notable de algo. Acumular dinero, experiencia, energía»; iii) «Unir unos procedimientos a otros para que sean resueltos por una sola sentencia o resolución»; y iv) «Imputar algún delito o culpa». Por el contrario, la palabra «refundir» deriva del término latino refundĕre y tiene siete significados, de los cuales únicamente nos interesan los tres primeros: i) «Volver a fundir o liquidar los metales»; ii) «Comprender»; y iii) «Dar nueva forma y disposición a una obra de ingenio, como una comedia, un discurso, etc., con el fin de mejorarla o modernizarla».
Uno de los primeros en analizar estos términos desde el punto de vista semántico fue LÓPEZ CERRADA (2008, pp. 47-58). A su juicio, gramaticalmente no se establece una diferencia clara y determinante por cuanto ambos términos encajan en las dos instituciones: en el caso de la palabra «refundición», puesto que se forma una pena nueva, ficticia eso sí en los casos del art. 193.2.ª RP; y en el caso del término «acumulación», puesto que las condenas de ambas instituciones se unen y suman, aunque reconoce que la acumulación jurídica tiene el matiz de que las penas también se transforman en una nueva37.
Por el contrario, DÍAZ GÓMEZ (2012, p. 316) considera que semánticamente ni el término «refundición» ni la palabra «acumulación» encajan correctamente en el art. 76 CP: en el caso del vocablo «refundición», porque las penas no han estado unidas antes como para necesitar que sean vueltas a refundir y ello aunque se entendiera que el límite máximo de cumplimiento constituye una novación de la pena38; y en el caso del término «acumulación», estima mucho más correcto su uso con la llamada acumulación material del art. 75 CP.
Otro de los autores que ha reflexionado también sobre este punto es FERNÁNDEZ AREVALO (2013, p. 94), quien se muestra más tajante en el rechazo del uso de ambos términos: en el caso del término «acumulación jurídica», porque el pronunciamiento final no acumula penas como erróneamente suele afirmarse en la práctica forense sino que fija, determina o establece el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable; y en el caso de la refundición, porque «refundir quiere decir volver a fundir, esto es, reconvertir en unidad una pluralidad de entes que originariamente fueron unidad», y lo cierto, sigue explicando este autor, es que esta unidad nunca preexistió puesto que ni las penas originarias son de origen una sola ni el máximo de cumplimiento las transmuta en una pena única, invocando a tal efecto la doctrina Parot. Por todo ello, este autor prefiere hablar de «determinación del máximo de cumplimiento».
Finalmente, MUÑOZ RUIZ (2017, pp. 9-10) comparte el criterio de que el término «acumular» se acerca más en su definición a la acumulación material como suma aritmética de las penas «en cuanto se amontonan»; sin embargo, considera que el término «refundir» en su acepción de «dar nueva forma y disposición a una obra» se podría adaptar a la institución del art. 76 CP, porque se trata de la fijación del límite máximo de cumplimiento.
5. ¿Refundición o acumulación? A modo de conclusión

En nuestra opinión, la solución no puede venir dada de un punto de vista exclusivamente semántico. Aun reconociendo los problemas de compatibilidad léxica que plantea el término «acumulación», existe un dato objetivo que no podemos olvidar. El legislador usa esta palabra en el propio art. 76 CP cuando prescribe que «la limitación se aplicará [...] cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar». Partiendo de este apoyo normativo, comoquiera que constituye una limitación a la acumulación material, matemática o aritmética de las penas, a nuestro parecer cobra pleno sentido desde un punto de vista teleológico y sistemático hablar de «acumulación jurídica».
La controversia no termina aquí: ¿es más correcto utilizar la expresión «acumulación jurídica de penas» o «acumulación jurídica de condenas»? Para dar respuesta a esta pregunta, traemos a colación la distinción que efectúa SÁEZ MALCEÑIDO (2017) de los términos «condena» y «pena», distinción que ya esgrimió la STS, Pleno, 197/2006, de 28 de febrero como argumento a favor de la doctrina Parot39: «pena» es la sanción individual impuesta por el Estado a una persona por un hecho punible mientras que la «condena» hace referencia a la totalidad del castigo que una persona sufre, que abarca distintas penas.
Por consiguiente, en nuestra opinión, dado que una condena puede contener penas que por razón de su naturaleza sean acumulables y penas que no lo sean, lo más correcto sería hablar de «acumulación jurídica de penas». Se trata, en definitiva, de un concepto que, como hemos visto, tiene un arraigo en la doctrina y consideramos que no debe ser eliminado. Por el contrario, entendemos que procede descartar el uso del término «refundición» para referirnos al instituto del art. 76 CP. Es cierto que su empleo podría venir justificado si defendiésemos que el máximo de cumplimiento constituye una nueva pena autónoma y distinta de las penas impuestas originariamente40. En cualquier caso, la solución a tanta confusión sería tan sencilla como utilizar los términos «acumulación» y «refundición» asociados a los arts. 76 CP y 988 LECrim, según los casos, o añadir el adjetivo penitenciaria al vocablo «refundición». No obstante todo lo anterior, con el simple fin de no caer en una redundancia por tratar de ser especialmente estrictos en el uso de la terminología, alternaremos los términos «acumulación», «acumulación jurídica», «acumulación jurídica de penas» o «acumulación de condenas» a lo largo del texto. Eso sí, prescindiremos en todo caso del término «refundición».
II. LA NATURALEZA DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

1. Planteamiento

Una de las cuestiones más controvertidas en esta materia es la naturaleza de la acumulación jurídica de penas. Sin duda, se trata de uno de los grandes interrogantes a los que ha tratado de dar respuesta la doctrina y la jurisprudencia.
La formulación de esta cuestión se puede realizar de forma muy simple desde dos puntos de vista: el primero, más amplio, atiende a la naturaleza de la función de acumular y consiste en dilucidar si la operación de fijar el tiempo máximo de cumplimiento constituye una mera facultad de ejecución de la pena o si, por el contrario, excede de la potestad de ejecución. El segundo, más concreto, fundamento del anterior, afecta a la naturaleza del propio resultado de la acumulación y consiste en determinar si el límite máximo de cumplimiento que establece el art. 76 CP constituye una pena nueva y autónoma o, en su lugar, las penas individualmente que hayan sido acumuladas conservan su sustantividad propia.
La sencillez del planteamiento contrasta con las dificultades que genera su solución y, sobre todo, con las consecuencias prácticas que tiene en materias tan diversas como la competencia, la prescripción, la cancelación de los antecedentes penales o los beneficios penitenciarios. Este carácter transversal es el que justifica su estudio en este capítulo previo al tratamiento procesal y sustantivo de la acumulación de condenas.
El origen de esta controversia se sitúa en la creación de la figura de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria41. Meses después de su puesta en marcha efectiva, estos Jueces reivindicaron por mayoría su competencia para el conocimiento de este instituto al que denominaron «refundición de condenas»42. La reivindicación se fundamentaba, en primer lugar, en el marco competencial diseñado en el art. 76 LOPG, que atribuyó de forma exclusiva a los Jueces de Vigilancia la función de «hacer cumplir la pena impuesta (...)»; y en segundo lugar, en unas pautas, llamadas Prevenciones, que la Presidencia del Tribunal Supremo dirigió a los Jueces de Vigilancia y en las que les instó a asumir toda la ejecución de las penas privativas de libertad.
Es en el marco de esta controversia en la que el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la jurisprudencia menor como la de la entonces Audiencia Territorial de Barcelona y la jurisprudencia del Tribunal Supremo se pronunciaron sobre la naturaleza jurídica de la acumulación de condenas.
2. Análisis de las opciones posibles

2.1. Potestad de enjuiciamiento

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó en su reunión de 5 de marzo de 1987 un informe bajo el título «Informe sobre la competencia judicial para la aplicación del artículo 70, regla 2ª, del Código Penal»43. Tras efectuar una delimitación sintética de cuáles son las competencias que habían quedado atribuidas a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en la Ley Orgánica General Penitenciaria y alcanzada la conclusión de que carecen de potestades declarativas o de enjuiciamiento, el Informe reflexionó sobre la naturaleza jurídica del instituto de la acumulación de condenas. El órgano de gobierno del Poder Judicial concluyó que este instituto excedía de las potestades de ejecución, y ello sobre la base de una serie de argumentos que sistematizamos en estos términos44:

i) El primer argumento respondió al juicio de conexidad: el correlativo art. 70 CP 1973 exigía formular un juicio sobre la conexidad procesal de los hechos que están en la base de las distintas condenas penales para resolver si podían haber sido enjuiciados en un solo proceso; y este juicio de conexidad, según el propio informe, es propio de la potestad de enjuiciamiento y excedía claramente del marco de las funciones ejecutivas de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria45.
ii) El segundo argumento obedeció a razones sistemáticas: el art. 70 CP formaba parte del Capítulo IV del Título III del Libro I del Código Penal de 1973, relativo a «la aplicación de las penas». Por tanto, se ubicaba dentro de un capítulo ordenado a delimitar la sanción penal --lo que es propio de la potestad declarativa--, distinto y diferenciado del Capítulo V relativo a su ejecución.
iii) El tercer argumento se centró en la ausencia de modificación del tenor literal del art. 988 LECrim, que atribuye la competencia para su conocimiento a los órganos sentenciadores.
iv) El cuarto argumento vino determinado por las funciones atribuidas a los Jueces de Vigilancia en el art. 76.1 LOGP. Entre ellas, es cierto que se encuentra la competencia para resolver recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar la pena impuesta; pero esta competencia hay que circunscribirla como parte de la potestad de ejecución a los recursos presentados contra el ejercicio de las facultades de modificación de la situación penitenciaria por parte de la Administración. La lectura de las funciones enumeradas en el art. 76.2 LOGP aboga por esta interpretación. En otras palabras, se trata de controlar las modificaciones en el régimen de cumplimiento de la pena, no de acordar modificaciones de la pena misma. Así el art. 76.2 LOGP se refiere a funciones estrictamente de ejecución de dichas penas; y más concretamente el 76.2 g) LOGP, a peticiones de los internos sobre derechos y beneficios penitenciarios. Es decir, no trasciende del marco al que expresamente se refiere, esto es, al penitenciario, en el que ejerce funciones de amparo y control46.
La Fiscalía General del Estado se pronunció también sobre esta cuestión en la Consulta 3/1989, de 12 de mayo, relativa al órgano judicial competente para fijar el límite de cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas por delito conexos enjuiciados en distintos procesos. En esta Consulta, el Ministerio Público se posicionó igualmente a favor de la competencia de los Tribunales sentenciadores, entre otras razones, por considerar que el incidente de acumulación de condenas no es una medida de ejecución sino de determinación o pronunciamiento sobre la pena, y ello, puntualizó la Fiscalía General del Estado, cualquiera que sea el momento procesal en que nos situemos. La Consulta consideró que quien aplique la regla segunda del art. 70 CP 1973 está realizando la función de juzgar.
Tras esgrimir el Informe precedente del Consejo General del Poder Judicial, la Consulta precisó que el análisis sobre la concurrencia de alguna de las causas de conexidad procesal «no es algo automático, sino que está en función de la forma de ejecución delictiva, de la peculiar naturaleza de los hechos o del carácter del bien jurídico violado [...]». Y añadió que a tal reflexión le sigue un pronunciamiento sobre la pena que es derivado de la aplicación de una norma sustantiva y de indudable repercusión sobre aquella. Con este segundo argumento, la Fiscalía General del Estado anticipó otro problema con sustantividad propia relativo a la naturaleza del límite máximo de cumplimiento, que tuvo su eclosión con la doctrina Parot47.
En esta idea sobre la naturaleza del resultado de la acumulación incidió también la Consulta 3/1993 bis, de 9 de diciembre, sobre criterio interpretativo del límite de los treinta años al que se refiere la regla 2.ª del artículo 70 del código penal, cuando afirmó que «cuando las penas se refunden [sic] en aplicación del artículo 70 del Código Penal se produce no sólo un cambio cuantitativo sino una modificación cualitativa, una novación de las penas singulares asignadas por la Ley»48. Y tras invocar la doctrina alemana sobre el principio de pena unitaria, la propia Consulta define la unidad de ejecución como «la consideración conjunta de la condena, que tiene como horizonte normativo el artículo 70 del Código Penal» y sobre la que operan la clasificación y el tratamiento penitenciario.
2.2. Potestad de ejecución

El Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, de fecha 20 de mayo de 1988, resolvió una cuestión de competencia negativa para el conocimiento de una acumulación de penas y atribuyó la competencia al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria49. La resolución puso en duda que la aplicación del art. 70.2 CP 1973 se encontrase dentro de las llamadas «potestades declarativas» o exclusivas del Juez o Tribunal que juzga.
En su opinión, si el art. 70.2 CP estuviere referido exclusivamente a la aplicación de la pena, en sentido estricto, como parecería apuntar su ubicación en el Código Penal, era difícil entender que pudiera aplicarse fuera de la sentencia condenatoria cuando los delitos, siendo conexos, no hubieran sido acumulados en un único proceso. Los Magistrados esgrimieron que tampoco tiene sentido que se prive de ella a los Jueces y Tribunales sentenciadores en favor de uno de ellos, el que dictó la última sentencia. Y consideraron que la valoración de los hechos probados en orden a determinar la existencia o no de conexidad puede ser llevada a cabo por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, en tanto que carece de relevancia sobre el propio hecho probado y se limita a verificar si existe una condición impuesta por la ley. Así lo demuestra, siguieron razonando, que los Jueces de Vigilancia Penitenciaria entren a valorar la naturaleza de los hechos y la duración de las penas para incidir en las modalidades de cumplimiento, tales como los permisos, las redenciones, las clasificaciones o la libertad condicional50.
3. Posición de la Jurisprudencia

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo podemos distinguir un antes y un después de la STS, Pleno, 197/2006, de 28 de febrero. Con anterioridad, con motivo de la resolución de distintas cuestiones de competencia entre Tribunales Sentenciadores y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, la Sala de lo Penal había considerado que la acumulación de condenas no era un mero acto de ejecución sino que formaba parte de la potestad de enjuiciamiento. La Sala Segunda había fundamentado tal afirmación en dos argumentos:

i) Un primer argumento consistente en la naturaleza valorativa del juicio de conexidad procesal. En este sentido, el ATS de fecha 14 de octubre de 1989 explicó que el juicio de conexidad exige sopesar «[...] las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes dentro de una actividad declarativa o de enjuiciamiento [...]»51.
ii) Un segundo argumento, relativo a la consideración del límite máximo de cumplimiento como una pena nueva. Esta justificación apareció en el ATS 776/1990, de 5 de marzo52. No se trataba ya solo de analizar la concurrencia del juicio de conexidad procesal sino de fijar una nueva pena, lo que forma parte de la individualización judicial. La Sala Segunda argumentó que existen dos exigencias procesales y constitucionales demostrativas de aquella vinculación especial del art. 70.2 CP 1973 con la individualización de la pena: la primera, consistente en la imposibilidad de interponer recurso de casación contra el auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria que resuelve el incidente de acumulación, lo que infringiría el art. 988 LECrim y lesionaría el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)53; y la segunda, que de acuerdo con la STC 11/1987, de 30 de enero, el art. 988 LECrim debe ser interpretado a la luz de los principios que surgen del art. 24 CE y ello supone que el penado deberá ser oído y contar con asistencia letrada54.
Este doble fundamento --juicio de conexidad y pena nueva-- se consolidó en resoluciones posteriores como el ATS 1865/1990, de 25 de mayo, que mantuvo esta misma postura al defender que la acumulación no es un acto de ejecución de pena sino un acto de valoración de la conexidad y un acto de individualización judicial55. En relación con este segundo argumento, transcribimos por su importancia el razonamiento literal de la resolución:

«[...] entraña un pronunciamiento sobre la determinación última de la pena, en aplicación de una norma sustantiva que surte sus efectos en el seno del juicio penal, al tiempo del pronunciamiento de la sentencia, y, excepcionalmente, ex post, en méritos al instituto de acumulación arbitrado por el párrafo tercero del art. 988 de la Ley Procesal Penal. Tan es así que dicho art. 988 establece que contra el Auto dictado por el Juez o Tribunal acordando la aplicación del art. 70.2.° del Código Penal y determinando el máximo de cumplimiento de las penas, podrán el Ministerio Fiscal y el condenado interponer recurso de casación por infracción de ley. Y es que esta labor liquidadora por causa de la acumulación de las penas forma parte de la individualización judicial de la pena y, por lo tanto, es materia conceptualmente diversa de la simple ejecución de la misma, debiendo corresponder la competencia a los Tribunales que aplicaron la pena»56.
La consideración del resultado de la acumulación como una pena nueva se hizo más explícita en la STS 820/1994, de 8 de marzo, que lo definió como una «pena nueva, resultante y autónoma»57. Conviene aclarar que esta resolución resolvió un recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, que había acordado que los beneficios penitenciarios se calculasen sobre el total de la condena y no sobre el tiempo máximo de cumplimiento de 30 años. La Sala Segunda rechazó esta interpretación por considerarla contra reo y porque chocaba frontalmente con el art. 25.2 CE. Y añadió que «[...] el art. 59 del Reglamento Penitenciario no parece apoyar la interpretación de la Sala de instancia, pues se refiere a la pena impuesta y que la suma penimétrica es considerada como una nueva sanción»58.
En esta misma época es importante destacar que encontramos otras resoluciones como las SSTS de 29 de septiembre de 1992 y 819/1994, de 8 de marzo, que eludieron un pronunciamiento expreso y se limitaron a incidir en la necesidad de que se respete principio de unidad de ejecución, esto es, que el tratamiento penitenciario no opere sobre penas individuales sino sobre la totalidad de las penas reduciéndolas a una unidad de cumplimiento59. Eso sí, acto seguido afirmaban que «a tales fines, coadyuva, sin duda, una interpretación de los preceptos penales en materia de duración máxima de las penas privativas de libertad más extensas, contenidos en el artículo 70 del Código Penal»60.
En la STS 1003/2005, de 15 de septiembre, la Sala de lo Penal siguió manteniendo aquel criterio interpretativo de considerar el límite máximo de la condena como una nueva pena, con entidad propia y autónoma, que era ejecutada en sustitución de todas las demás y sobre la que se aplicarían tanto las redenciones de penas61 como todos los beneficios penitenciarios, tales como la libertad condicional, los permisos de salida, y las concesiones del tercer grado penitenciario62. Y en el mismo sentido se expresó la STS 1223/2005, de 14 de octubre. En definitiva, esta forma de computar las redenciones por trabajos implicaba que el cumplimiento de la pena impuesta quedaba muy por debajo del límite máximo legalmente previsto.
Ahora bien, como acertadamente precisa VIVANCOS GIL (2015, p. 6), a los meros efectos procesales --con la excepción de la competencia, precisaríamos nosotros--, el Tribunal Supremo consideraba que no se había producido una novación de la pena. Así la STS 543/2001, de 29 de marzo establecía que «[...] cada una de las penas impuestas acumuladas conserva su individualidad, fijando el precepto un máximo de cumplimiento que no afecta al régimen de prescripción de cada una de las acumuladas [...]». Y acto seguido la propia resolución justificaba tal posición al afirmar que el sentido del límite máximo es favorecer al reo. Computar el límite máximo como una pena «supondría un perjuicio, por alargar el plazo prescriptivo, como si de un delito más grave se tratara» Igualmente, el ATS de 14 de noviembre de 2002 se pronunció en similares términos a la hora de valorar la existencia de antecedentes penales con motivo de aplicar los beneficios de suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad63. Por consiguiente, aquel argumento de considerar el tiempo máximo de cumplimiento como una nueva pena quedaba reducido en la práctica al ámbito penitenciario con objeto de calcular los beneficios correspondientes64.
Sin embargo, en este ámbito penitenciario se había producido una novedad legislativa importante. El nuevo Código había eliminado la redención de penas por trabajos65 y había introducido en su art. 78 CP un cambio sustancial en la política penitenciaria al posibilitar que el computo del tiempo para el acceso a la libertad condicional se realizase sobre la totalidad de las penas impuestas atendiendo a la pena a cumplir producto del art. 76 CP66. La reforma operada por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, hizo extensiva aquella posibilidad a los permisos de salida y al acceso tercer grado, e impuso su carácter preceptivo en aquellos supuestos de criminalidad grave, hasta el punto de establecer importantes restricciones para retornar al régimen general en los casos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales67.
En este contexto sobrevino la STS, Pleno, 197/2006, de 28 de febrero68. Esta sentencia modificó el criterio existente desde una perspectiva penitenciaria y consideró que aquel límite fijado en el auto de acumulación no se convertía en una pena nueva y distinta de las sucesivamente impuestas sino que representaba el máximo de cumplimiento penitenciario69. Como consecuencia de ello, el Tribunal Supremo decidió que las redenciones de pena por trabajos concedidas a los internos penados debían aplicarse a cada una de las penas a las que habían sido condenados y ya no al límite máximo de cumplimiento establecido en el auto de acumulación. Ello suponía que el penado cumpliría siempre el máximo de cumplimiento fijado en el auto de acumulación70. Es lo que se conoce como la doctrina Parot71.
Para sentar tal doctrina, el Pleno de la Sala Segunda utilizó, en primer lugar, una interpretación literal y gramatical de las reglas primera y segunda del art. 70 CP 1973. La sentencia esgrimió que el legislador se refiere al tiempo máximo de cumplimiento con el término «condena» y no con el de «pena», condena que se cumple a partir de la ejecución sucesiva de las distintas penas hasta que, alcanzado aquel limite, el resto de penas se dejarán de cumplir. Así lo justifica también el hecho de que el propio art. 988 LECrim determina con claridad que esta operación fija el «límite de cumplimiento de las penas impuestas»; y en segundo lugar, una interpretación teleológica, al afirmar que carecería de cualquier lógica igualar injustificadamente al autor de un solo delito que al condenado a una multitud de ellos72. Al hilo de este segundo argumento, la Sala defendió que si se solicitase la gracia del indulto, solamente podría ser sobre una o varias de las penas impuestas. La Sala consideró que el anterior pronunciamiento de la STS 820/1994, de 8 de marzo era un fallo aislado y que no había sido aplicado de forma constante73; pero en cualquier caso el principio de igualdad ante la ley del art. 14 CE no impedía cambios jurisprudenciales que estuvieran suficientemente motivados y el principio de irretroactividad de la ley penal del art. 9.3 CE no tenía vocación de aplicarse a la jurisprudencia74.
Una de las afectadas por esta doctrina fue la terrorista Inés del Río Prada, quien en agosto de 2009, tras agotar la vía judicial interna75, presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En esta demanda esgrimió que la decisión de la Audiencia Nacional de computar las redenciones de pena conforme a la doctrina Parot suponía aplicar de forma retroactiva un cambio jurisprudencial que implicaba una prolongación de casi nueve años de su privación de libertad, lo que vulneraba las exigencias del derecho a la libertad del art. 5.1 CEDH y del derecho a la legalidad penal del art. 7 CEDH76.
Pendiente la resolución de esta demanda, el Tribunal Supremo confirmó la doctrina Parot en diversas sentencias posteriores77. Esta doctrina recibió el respaldo del Pleno del Tribunal Constitucional, que en fecha 29 de marzo de 2012 dictó veinticinco Sentencias en las que desestimó el amparo solicitado por otros tantos reclusos con motivo de aplicación de esta doctrina78:

i) Rechazó que se hubiese vulnerado el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) porque el cambio jurisprudencial había sido justificado razonadamente, «sin voluntarismo selectivo ni apartamiento inmotivado del criterio aplicativo consolidado y mantenido hasta entonces por el órgano jurisdiccional [...]».
ii) Desestimó igualmente que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot hubiese infringido el principio de legalidad reconocido en los arts. 7.1 CEDH y 25.1 CE en su vertiente de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. El Tribunal Constitucional consideró que esta doctrina no suponía la aplicación retroactiva del art. 78 CP 199579 sino de la normativa vigente en el momento de la comisión de los hechos (70.2 y 100 CP 1973), eso sí, con la interpretación que acoge el criterio del cómputo de las redenciones consagrado en el aquel precepto80. Esta nueva interpretación del cálculo de las redenciones aplicada a condenas precedentes no vulneraba el principio de legalidad, y ello sobre la base de una doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos a tenor de la cual las cuestiones relativas a la ejecución de la pena, en la medida que no impliquen que la pena impuesta sea más grave que la prevista por la ley, no afectan al derecho a la legalidad penal, reservado a la interpretación y aplicación de los tipos penales y a la imposición de la pena81. El Tribunal Constitucional concluyó que la redención de penas por el trabajo era una cuestión relativa a la ejecución de las penas privativas de libertad, que no implicaba un cumplimiento de una pena mayor que la prevista en los tipos penales ni la superación de los límites punitivos máximos de cumplimiento, por lo que no queda afectado el derecho a la legalidad penal. Por todo ello, entendió que tampoco se había vulnerado el derecho a la libertad personal del art. 17.1 CE.
Apenas unos meses después llegó el pronunciamiento de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que dictó sentencia el 10 de julio de 2012 y consideró que la resolución de la Audiencia Nacional había vulnerado el principio de legalidad y el derecho a la libertad de Inés del Río Prada. El Tribunal Europeo razonó que la nueva interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre la forma de aplicar la redención de penas y aplicada de forma retroactiva afectaba al alcance de la propia pena en tanto que había ampliado el tiempo de prisión de la demandante en casi nueve años, privándole de los efectos propios de aquel beneficio. Esta interpretación carecía de sustento en la jurisprudencia y era contraria a la práctica de los tribunales, por lo que no era razonablemente previsible en el momento de comisión de los delitos y en el de adoptarse la acumulación de las penas. Y sobre esa base, la Sentencia consideró que el mantenimiento de la prisión no era regular y vulneraba el derecho a la libertad. El Gobierno solicitó que el asunto fuese remitido a la Gran Sala, que dictó Sentencia el 21 de octubre de 2013 y declaró haber lugar también a la infracción de los arts. 5 y 7 CEDH, tras realizar un análisis del contenido de ambos preceptos:

i) El art. 7.1 CEDH consagra el principio de legalidad cuando dispone que «nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida».
El principio de legalidad conlleva varias garantías, entre las cuales se encuentra la prohibición de aplicar retroactivamente las normas penales que perjudiquen al reo. Sin embargo, tal prohibición queda reservada a las normas que tipifican los delitos e imponen las penas. Cuando hablamos de normas hay que interpretar este concepto en un sentido amplio, comprensivo no solo de las leyes emanadas del poder legislativo que deben definir con claridad los delitos y las penas sino también de la jurisprudencia, cuyas modificaciones vulnerarán el principio de legalidad cuando no fuesen razonablemente previsibles para el ciudadano en el momento procesalmente relevante. En principio, quedarían fuera de la aplicación de esta prohibición retroactiva las normas relativas a la ejecución de las penas, salvo cuando realmente afecten al alcance de las penas impuestas. Para ello, tal como se estableció en la sentencia de 12 de febrero de 2008, caso Kafkaris contra Chipre, habrá que tener en cuenta la ley interna en su conjunto y la forma en que se aplicó en tal momento.
Partiendo de esta doctrina, la Gran Sala consideró por una mayoría de quince votos a dos que la decisión de la Audiencia Nacional había infringido el art. 7 CEDH, y ello sobre la base de la argumentación que contenía la resolución de la Sección Tercera de 201282. La doctrina Parot constituía un cambio jurisprudencial que no podía considerarse como una medida que afectase únicamente a la ejecución de la pena impuesta, sino también al alcance propiamente punitivo por cuanto aquel beneficio relativo a la redención de penas por trabajos perdía cualquier efecto útil. La Sentencia explicó que este cambio no era razonable esperarlo o preverlo cuando la recurrente cometió los delitos y cuando se acordó la acumulación de las condenas, en la que existía una práctica de las autoridades penitenciarias y los Tribunales españoles de tratar el tiempo máximo legal de condena como una pena nueva sobre la que aplicar los beneficios penitenciarios. Las consideraciones de política criminal no pueden justificar semejante giro jurisprudencial, sin que se pueda aplicar vía jurisprudencial y de forma retroactiva una modificación legislativa que afectaba al alcance de la pena impuesta y que respondía a una nueva política criminal.
ii) El art. 5.1 CEDH reconoce el derecho a la libertad cuando dispone que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: a) Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente (...)».
Las medidas relacionadas con la ejecución de una sentencia pueden afectar al derecho a la libertad porque la duración efectiva de la privación de libertad depende de la aplicación de aquellas medidas, como era el caso de cómputo de la redención por trabajos. En este caso, la Gran Sala consideró por unanimidad que se había producido una infracción del derecho a la libertad, porque la recurrente había cumplido un periodo superior al que habría debido cumplir de acuerdo con la legislación en vigor en el momento de su condena.
La Sentencia de la Gran Sala fijó una indemnización de 30.000 Euros en concepto de daños morales, al entender que el daño moral no podía ser compensado exclusivamente por la mera declaración de las infracciones; y acordó que España debía garantizar que la recurrente debía ser puesta en libertad en el plazo más breve de tiempo al estimar excepcionalmente que no cabía otra medida posible para remediar la infracción en atención a la naturaleza de la infracción declarada. Aunque las Sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tienen carácter declarativo y no ejecutivo, son vinculantes para los Estados firmantes del Convenio que sean parte del litigio conforme con el artículo 46 CEDH. Por ello, tras el dictado de aquella sentencia, algunos tribunales acordaron la excarcelación de algunos condenados.
El día 12 de noviembre de 2013, el Pleno de la Sala de lo Penal, reunido en Sala General de carácter no Jurisdiccional, avaló estas excarcelaciones y dictó el siguiente acuerdo:

«Tras la STEDH de 21 de octubre de 2013, Caso Del Río Prada c. España, y en relación con las condenas que se estén ejecutando con arreglo al CP derogado de 1973, se acuerda lo siguiente:

1. En los casos de sentencias condenatorias en ejecución, dictadas con anterioridad al día 28 de febrero de 2006, en las que se aplique el CP derogado de 1973, por no resultar más favorable el CP de 1995, las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán efectivas sobre el límite máximo de cumplimiento establecido conforme al artículo 70 del referido Código de 1973, en la forma en que se venía haciendo con anterioridad a la sentencia de esta Sala nº 197/2006, de 28 de febrero.
2. Las resoluciones relativas a las acumulaciones y liquidaciones de condena que resulten procedentes con arreglo al punto anterior, se acordarán en cada caso por el Tribunal sentenciador, oyendo a las partes, siendo susceptibles de recurso de casación ante esta Sala.
3. El Tribunal considera necesario que el Poder legislativo regule con la necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en relación con la efectividad de las resoluciones del TEDH».
Con posterioridad a aquella sentencia, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre esta materia a partir de demandas interpuestas contra la denegación de acumular las penas ya cumplidas en Francia83. En la mayoría de los casos, el Tribunal Europeo no se ha pronunciado expresamente sobre la naturaleza de la institución y se ha limitado a determinar nuevamente que las resoluciones por las que se denegaron aquellas peticiones no son resoluciones exclusivamente propias de ejecución sino que son medidas destinadas a determinar la pena impuesta y se refieren al alcance de la misma. Sin embargo, en la Sentencia de 23 de octubre de 2018, caso Arrózpide Sarasola y otros contra España, el Tribunal fue más allá y realizó un pronunciamiento expreso sobre la naturaleza de esta institución:

«Conforme al derecho español, la pena a cumplir resultante de dicho plazo máximo de permanencia en prisión y de las decisiones de acumulación o de adaptación al límite máximo estaba concebida como una pena nueva y autónoma (ver, en este sentido, Del Río Prada, antes citada, apdos. 97-99). Por otro lado, era sobre dicha pena sobre la que debían ser computados los beneficios penitenciarios, como podían ser la remisión de pena (apartados 14, 41, 59 anteriores; ver también Del Río Prada, antes citada, apdo. 99) o los periodos de prisión provisional» (apdo. 122)84.
A nivel nacional son varias las sentencias que contienen pronunciamientos recientes sobre la naturaleza de la institución. Así la STS 606/2018, de 28 de noviembre se mostró favorable al carácter declarativo de esta institución, y ello sobre la base de los siguientes argumentos: i) es una decisión que podría incluirse en la sentencia pero que por razones de pura operatividad procesal se posterga a la fase de ejecución, ii) supone aplicar derecho penal sustantivo al concretar unas reglas penológicas previstas para el concurso real de delitos, y iii) es una decisión recurrible en casación. En el mismo sentido, las SSTS 597/2020, de 12 de noviembre o 549/2021, de 23 de junio, como argumento para considerar que los autos de acumulación no son inamovibles si sobreviene una nueva condena, disponen que «ni puede considerarse el resultado del auto de acumulación como si fuera una condena, novando las verdaderas condenas. No es su naturaleza, que es solo señalar un límite temporal que la ejecución de las distintas condenas no puede superar».
4. Posiciones doctrinales

LÓPEZ CERRADA (2008, pp. 109-111) analiza las distintas posiciones doctrinales respecto a la naturaleza del límite de la acumulación y concluye que la doctrina se muestra dividida. Partidario de que la acumulación constituye una pena nueva se encuentra, por ejemplo, LAMO RUBIO (1997, pp. 340-342), que se fundamenta en la ya reseñada Consulta 3/1993 bis, de 9 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado85, y en las SSTS de 29 de septiembre de 1992 y 819/1994, de 8 de marzo, que acogen el principio de unidad de ejecución86. En el lado opuesto, a favor de la consideración de que se trata de un mero límite temporal y que no constituye una pena nueva encontramos a GONZÁLEZ RUS (1999, p. 970), CALDERÓN CEREZO Y CHOCLÁN MONTALVO (2005, p. 148), que sostienen que resultaría forzado entender que se produce un cambio cualitativo de las penas singulares, y MARTÍNEZ DE LA CONCHA ÁLVAREZ DEL VAYO (1996, pp. 132-135). Este último autor llega a esta conclusión, en primer lugar, tras analizar gramaticalmente la fórmula del art. 70.2.ª CP 1973 --«[...] dejando de extinguir las penas que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximum de tiempo predicho»--; y en segundo lugar, tras relativizar el argumento relativo a la unidad de ejecución, porque este principio obliga a considerar todas las penas, hayan sido o no acumuladas, como una sola a efectos de la aplicación del tratamiento penitenciario. A partir de estas premisas, analiza los efectos prácticos de este límite y llega a la determinación, siguiendo las conclusiones de una Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 1993 que transcribe, que este límite temporal debe ser tratado como unidad a los exclusivos efectos del tratamiento penitenciario y de la aplicación y cómputo de los beneficios; por el contrario, en instituciones ajenas, como el indulto o el perdón del ofendido, se computará sobre las penas individuales.
El propio LÓPEZ CERRADA (2008, pp. 111 y 113), que asume el análisis de MARTÍNEZ DE LA CONCHA ALVÁREZ DEL VAYO, considera que el cambio de redacción del art. 76 CP 1995 en relación con su homólogo del Código Penal de 1973 --«[...] declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo»-- parece estar orientado a considerar que nos encontramos ante una pena nueva; sin embargo, la nueva figura del art. 78 CP conduce a considerar que se trata de un mero límite al cumplimiento al establecer un régimen especial de cómputo de los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de las penas.
VIVANCOS GIL (2015, p. 7) defiende que en la Sentencia del Caso Del Río Prada el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no declaró de forma clara y terminante que el límite máximo de cumplimiento tenga la consideración de una pena nueva, con entidad jurídica propia, desvinculada de la penas acumuladas. Esta es una idea importante que justifica que a efectos procesales, como es el caso de la prescripción, aquel límite no haya operado como una pena nueva y se compute sobre la duración de cada una de las penas. A tal efecto, cita varios argumentos a favor de esta posición: i) la postura del Tribunal Supremo en materia de prescripción, que atiende al plazo de duración de cada una de ellas; ii) el régimen de cumplimiento especial del art. 78 CP de aplicar los beneficios penitenciarios a cada una de las penas individualizadas; y iii) el criterio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en su instrucción 2/2005, al considerar que la posibilidad de exigir haber cumplido la mitad de la condena para acceder al tercer grado cuando la pena de prisión impuesta exceda de 5 años no será de aplicación cuando la pena acumulada exceda de 5 años si individualmente las penas acumuladas no exceden individualmente de dicha duración. Concretamente, dice la Instrucción que «para la aplicación del periodo de seguridad, establecido en el art. 36.2 del C.P, se tendrá en cuenta la pena o penas impuestas consideradas de manera individual; es decir, que en los supuestos en los que el penado cumpla varias que sumadas aritméticamente o refundidas excedan de 5 años, pero que individualmente consideradas no excedan de este límite, no le será de aplicación el periodo de seguridad».
No comparte aquella observación SÁNCHEZ TOMÁS (2019), quien considera que «puede afirmarse que hoy es jurisprudencia pacífica del TEDH que los procedimientos de acumulación de condenas en los que se fija un máximo temporal de cumplimiento tienen la consideración de genuinos procedimientos relativos a la determinación de la pena distintos y autónomos de los procedimientos en que se decide la condena por cada uno de los delitos individualmente considerados y que, por tanto, la fijación de ese máximo temporal de cumplimiento es una decisión equiparable a la imposición de una pena nueva».
Por su parte, FERNÁNDEZ APARICIO (2017a, pp. 18-21) distingue tres fases: una primera hasta la STS 197/2006, de 28 de febrero, en la que cita la STS 820/1994, de 8 de marzo; una segunda fase hasta la STEDH de 21 de octubre de 2013 y una posterior. Este autor afirma que en materia de cancelación de antecedentes penales, el Tribunal Supremo sigue en la fase dos y por tanto rechaza que estemos ante una nueva pena.
5. Nuestra posición dentro de la doctrina

Nosotros abogamos por considerar que la acumulación jurídica de penas no constituye una potestad de enjuiciamiento sino que se trata de una mera facultad de ejecución de las penas por varias razones:

En primer lugar, el tradicional razonamiento sobre el carácter valorativo del juicio de conexidad procesal ha perdido actualmente su virtualidad. En aras a alcanzar el mandato constitucional del art. 25.2 CE, en virtud del cual las penas privativas de libertad estén orientadas a la reinserción social, la jurisprudencia del Tribunal Supremo evolucionó de una exigencia de conexidad procesal propia del art. 17 LECrim hacia una conexidad temporal, evolución que se plasmó normativamente de forma definitiva en la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo87.
En segundo lugar, es cierto que es una decisión que se puede incluir en la sentencia, pero lo mismo ocurre con la resolución del beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad y no por eso se discute que estamos ante una medida de ejecución. La ubicación sistemática del art. 76 CP dentro de un capítulo ordenado a delimitar la sanción penal y la posibilidad de poder recurrir en casación son argumentos que no podemos soslayar, pero chocan con una realidad cual es que el tenor literal de los arts. 988 LECrim y 76 CP, tanto en sus redacciones originales como en las posteriores reformas habidas, no permiten sostener la sustantividad propia del límite máximo de cumplimiento. Al contrario, el art. 988 LECrim establece claramente que el objeto del auto es determinar el tiempo máximo de cumplimiento.
En tercer lugar, más allá del aislado pronunciamiento contenido en la Sentencia del Caso Arrózpide Sarasola y Otros contra España, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se ha limitado a afirmar que la denegación de la acumulación de condenas impuestas por Tribunales extranjeros no es una materia exclusivamente de ejecución sino que se refiere a la determinación de la pena y puede afectar al alcance de la pena impuesta en orden a poder aplicar el principio de irretroactividad propio de las normas penales.
En definitiva, en nuestra opinión, la consideración de este resultado como una pena nueva o como una mera limitación depende del campo sobre el que se proyecten sus efectos: a efectos procesales, se considera que las penas acumuladas mantienen su sustantividad propia; por el contrario, en el ámbito penitenciario, como regla general se parte de que nos encontramos ante una pena nueva, con un régimen especial cuando el resultado de la acumulación sea inferior a la mitad de la suma de las condenas impuestas.
¿Cuál es la razón de ser de esta dualidad? Encontramos la respuesta acudiendo a una interpretación teleológica. La acumulación jurídica de penas constituye, en todo caso, un beneficio para el reo. Esta es la razón por la cual el cómputo de los plazos de prescripción o de cancelación de los antecedentes penales debe realizarse sobre cada una de las penas acumuladas y no sobre el tiempo máximo de cumplimiento. Debemos recordar que la forma de realizar aquel cómputo tendrá una trascendencia práctica sobre la apreciación de la agravante de reincidencia del art. 22.8 CP o la concesión del beneficio de la suspensión del art. 80 CP. Lo mismo ocurre a efectos penitenciarios a la hora de calcular los distintos beneficios. En este caso, la solución viene dada en el propio Código Penal de 1995. El art. 78.1 CP establece la facultad del órgano sentenciador de acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se calculen sobre el total de la condena en un único supuesto: cuando a consecuencia de los límites punitivos establecidos en el art. 76.1 CP, la pena cumplir sea inferior a la mitad de la suma total de las penas impuestas. Por consiguiente, en los restantes casos, en beneficio del reo, el cálculo se realizará sobre el tiempo máximo de cumplimiento fijado con arreglo al art. 76. 1 CP88. Consideramos que esta forma de calcular los beneficios penitenciarios no altera la naturaleza del auto de acumulación, propia de la fase de ejecución penal.
III. FUNDAMENTO DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS: LUCES Y SOMBRAS

De la misma forma que no es posible comprender las consecuencias y alcance de la acumulación sin analizar previamente la naturaleza de esta institución, no podemos adentrarnos en los criterios para resolver el incidente ni en la propia conexidad sin antes entender el fundamento de la acumulación jurídica de penas.
El punto de arranque en este caso es el sistema elegido por el legislador para castigar los supuestos de concurso real de delitos. A diferencia de otros ordenamientos que han optado por imponer una sola pena exasperando la correspondiente al delito más grave, nuestro Código Penal ha partido de un modelo de acumulación matemática de las penas previsto en los arts. 73 y 75 CP, de manera que al penado se impondrán tantas penas como delitos haya cometido en situación de concurso real. En los casos de penas privativas de libertad, teóricamente este sistema habilitaría para imponer penas cuya suma total podría ser superior a la duración de la vida humana. Tal posibilidad, amén de un desprestigio para la justicia, transmitiría un devastador mensaje dirigido al delincuente, que se vería despojado de cualquier esperanza de reinserción social. En otros casos, este modelo podría llegar a castigar más grave una sucesión de delitos de menor entidad que un único delito de mayor entidad, lo que sería un contrasentido y vulneraría el principio de proporcionalidad89. Como señala muy gráficamente FERNÁNDEZ APARICIO (2017b), «el preso debe tener esperanza y no convertirse la cárcel en su ataúd»

La necesidad de arbitrar una fórmula jurídica que modere estos inaceptables efectos está detrás del origen de los distintos preceptos que, desde el Código Penal de 1870 y a través de esta institución, han introducido límites al sistema de mera acumulación cuantitativa y cumplimiento sucesivo de las penas privativas de libertad. En este mismo sentido, MUÑOZ RUIZ (2017, p. 4) afirma que esta regla penológica constituye un sistema que, inspirado en el principio pro reo de aplicación de la ley más favorable y en razones humanitarias o de política criminal, viene a corregir los excesos punitivos que pudieran resultar del modelo de acumulación matemática y del sistema de cumplimiento sucesivo.
En el mismo sentido BOLDOVA PASAMAR (2016, p. 132) considera que la acumulación de condenas es un factor de corrección del principio de acumulación absoluta de las penas, que tendría como único fin retribuir los delitos cometidos y que no resulta conciliable con los límites temporales de la vida humana y la reinserción y resocialización del delincuente. GIRALT PADILLA (2015) también se expresa en similares términos cuando sostiene que el principio de proporcionalidad y humanidad de las penas debe inspirar su ejecución de forma que se evite que el penado carezca de expectativa de una vida futura en libertad; y acto seguido concluye diciendo que «una excesiva y prolongada situación de privación de libertad puede impedir la socialización futura del penado, incrementando su marginación social» (p. 12). Por su parte, SÁNCHEZ MELGAR (2016) afirma que «trata de castigar con arreglo al principio de proporcionalidad y de humanidad a los infractores de una secuencia de delitos, normalmente comprendidos en una época vital [...]» (p. 579).
Aquella necesidad cobró aún más vigencia tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. El art. 15 CE reconoce que «todos tiene derecho a la vida y a la integridad moral (...)». Acto seguido, como precisa PÉREZ MANZANO (2010, p. 138), el mismo precepto consagra el principio de humanidad de las penas, como concreción de las exigencias derivadas del respeto a la dignidad humana, cuando añade que «en ningún caso, puedan ser sometidos a penas o tratos inhumanos o degradantes». Por su parte, el art. 25.2 CE establece un mandato dirigido al legislador y a los aplicadores del derecho: «las penas privativas de libertad [...] estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social». La necesidad de interpretar las normas de la acumulación jurídica a la luz de estas normas constitucionales es una máxima puesta de manifiesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo90. Además, como resalta la STS 139/2016, de 25 de febrero, el art. 10.2 CE obliga a la interpretación del precepto conforme a los tratados y acuerdos internacionales y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dicho de otra forma, en palabras de la STS 791/2016, de 20 de octubre, los límites que establece el art. 76 CP «[...] tienen un fundamento constitucional ya que responden a la necesidad de evitar que una excesiva prolongación de la privación de libertad pueda producir un efecto contrario a la reeducación y reinserción social prevenidos en el artículo 25.2 de la Constitución como finalidad esencial a la que están orientadas las penas privativas de libertad»91.
Ahora bien, la fórmula jurídica de corrección arbitrada por nuestro legislador no es ilimitada ni está exenta de requisitos. Desde que en el año 1967 se admitió la posibilidad de acumular penas impuestas en distintos procesos, la legalidad ordinaria ha exigido que las distintas penas a acumular lo fuesen por hechos que hubiesen podido enjuiciarse en la misma causa; enjuiciamiento conjunto que inicialmente obedecía a razones procesales y que posteriormente se convirtió exclusivamente en una exigencia de carácter temporal, como tendremos ocasión de analizar con detalle92. Con ello se ha tratado de evitar dotar al penado de un patrimonio punitivo que incitase a cometer nuevos delitos, lo que ocurriría cuando el penado hubiese alcanzado los límites legalmente previstos y delinquiera a sabiendas de que no habría de cumplir las penas que de aquellos se derivasen93. Difícilmente se puede hablar de vocación de resocialización si se genera un sentimiento de impunidad. Por consiguiente, la finalidad de resocialización del delincuente debe compatibilizarse con otras finalidades de las penas como son las de prevención general y especial en orden a evitar situaciones de impunidad94.
A título de ejemplo podemos reproducir las palabras de la STS 511/2016, de 10 de junio, cuyo ponente fue el Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín95. En esta resolución, la Sala explicó que la previsión legal de la acumulación se sitúa dentro de un marco de inspiración humanitaria del sistema penal, pero justificó la necesidad de restringir la acumulación a aquellas condenas que por razones cronológicas hubiesen podido enjuiciarse conjuntamente. La importancia del razonamiento justifica su transcripción literal:

«Tal solución de restringir las posibilidades de la acumulación al menos al dato cronológico de la posibilidad teórica de enjuiciamiento conjunto de los diferentes hechos sancionados, se asienta no sólo en la propia exigencia expresa contenida en el artículo 76 del Código Penal, sino, también, en el hecho evidente de que, de no hacerse así, siempre serían posibles sucesivas acumulaciones de condenas a otras precedentes, prolongándose la acumulación "ad infinitum", de modo que quien ya hubiere alcanzado la primera de ellas dispondría de la impunidad de sus ulteriores conductas infractoras, cuyo castigo quedaría englobado en aquella, sin otra repercusión alguna, especialmente cuando la pena ulteriormente impuesta fuere igual o inferior a la que ya sirvió de base para fijar el límite del resultado de la acumulación. Y más aún, si se hubiera alcanzado el límite máximo de los veinte, treinta o, en la actualidad, incluso cuarenta años, en cuyo caso, cualquier delito posterior, por grave que fuere, carecería de toda repercusión sancionadora, anulándose así los fines de prevención propios de la norma penal»96.
Actualmente, no es objeto de controversia en la jurisprudencia que este modelo de acumulación jurídica, en el que es necesario cumplir una exigencia de conexidad temporal orientada a cumplir las finalidades de prevención general y especial, no merece ninguna tacha de constitucionalidad. El propio Tribunal Constitucional, en STC 167/2003, de 29 de septiembre, ha precisado que una sanción penal que no responda exclusivamente a la finalidad de reinserción social no es inconstitucional:

«De otra parte, hemos de reiterar que el artículo 25.2 de la Constitución no contiene un derecho fundamental, sino un mandato al legislador para orientar la política penal y penitenciaria; ya que lo que pretende es que en la dimensión penitenciaria de la pena privativa de libertad se siga una orientación encaminada a esos objetivos, sin que éstos sean su única finalidad (AATC 15/1984, de 11 de enero, 486/1985, de 10 de julio, 303/1986, de 9 de abril, y 780/1986, de 15 de octubre, y SSTC 2/1987, de 21 de enero, y 28/1988, de 23 de febrero) [...]».
En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo. A tal efecto podemos traer a colación las palabras del ATS 753/2016, de 28 de abril, que por su relevancia también merecen ser reproducidas:

«[...] la rehabilitación y la resocialización del delincuente, en consonancia con lo manifestado al respecto por el Tribunal Constitucional, no constituyen el único fin lícito de las penas privativas de libertad pues ni tales fines son los únicos objetivos admisibles, sino que existen otros como la prevención ni, por lo mismo, puede considerarse contraria a la Constitución la aplicación de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicho punto de vista (v. por todas, SSTC 19/1998 Y 150/1991), sin que la improcedencia de la acumulación solicitada, cuestión de mera legalidad ordinaria, suponga infracción de ningún derecho constitucional del condenado»97.
Por ello, la STS 791/2016, 20 de octubre matizó que el objetivo imprescindible de la resocialización del delincuente en la ejecución de las penas es «compatible con la prevención general y especial como finalidades perseguidas con la imposición de la pena». En consecuencia, la interpretación de los límites punitivos del art. 76 CP debe hacerse de forma preordenada al efectivo cumplimiento de los diversos fines de la pena y ello con el doble objetivo de favorecer la reinserción del penado en la sociedad al tiempo que se evita generar «situaciones de impunidad o actuaciones criminógenos respecto de posibles delitos futuros». Como consecuencia de esta doctrina, como precisaron las SSTS 47/2012, de 2 de febrero, 147/2012, de 1 de marzo y 385/2017, de 29 de mayo, «la duración total de la privación de libertad puede prolongarse más allá de los límites generales del art. 76 CP ante la imposibilidad de proceder a la acumulación con las demás penas impuestas a la misma persona por hechos cometidos en distintos periodos temporales»98. En la práctica esto quiere decir que formados varios bloques de condenas, cada uno de ellos actúa de forma autónoma, con su propia sustantividad.
Sin embargo, no siempre ha sido así. En la década de los noventa, en plena evolución de la conexidad procesal hacia una conexidad temporal, hubo una corriente jurisprudencial del Tribunal Supremo, que consideró que aquel mandato constitucional se entendía vulnerado cuando la condena excediese del límite absoluto punitivo existente, que en aquel momento era de 30 años, de manera que en estos casos debía primar la legalidad constitucional y prescindirse del requisito de la conexidad temporal99. A esta línea pertenece la STS de 20 de octubre de 1994, que resolvió un recurso de casación interpuesto contra un auto de acumulación en el que se habían excluido dos condenas al considerar que en razón a la distancia temporal no concurría la analogía o relación exigida por el antiguo art. 17.5 LECrim. El Tribunal Supremo explicó que el legislador ha concebido el límite de los treinta años como tiempo máximo de cumplimiento; sin embargo, la estricta aplicación de las condiciones que imponía la regla segunda del art. 70 CP 1973 podrían producir como consecuencia la aplicación de una suma de penas que rebasaría ampliamente ese límite. Esta suma pudiera merecer la calificación de pena inhumana y sería imposible o muy difícil la consecución de los fines de reeducación y reinserción social, como previenen los arts. 15 y 25.2 CE100. Por ello, la resolución consideró que en estos casos la legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria: «Todo cuando contradiga y se enfrente con semejante faro orientador (25.2), empañando o adulterando el fin último de la pena, comportará una tacha desde el punto de vista constitucional, tornando vulnerable el acuerdo judicial a la luz de los derechos fundamentales»101.
En esta misma dirección, la STS 3788/1994, de 27 de diciembre resolvió un recurso de casación presentado contra un auto de un Juzgado de lo Penal que había denegado incluir en una acumulación previa todas las condenas pendientes de cumplimiento del penado por falta de conexidad. El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación al precisar que la Constitución supera las viejas doctrinas respecto al fin de las penas que ponían el acento en la retribución y en la prevención general y especial, al tiempo que proscribe el principio de perpetuidad en su cumplimiento, de manera «que los mentados principios constitucionales han de prevalecer sobre las normas de la legislación ordinaria cuando la estricta o rigurosamente gramatical interpretación de las mismas produzca como consecuencia el que se pueda rebasar el límite temporal de los treinta años».
Especialmente relevante es la STS 353/1998, de 14 de marzo. Esta resolución consideró también que el límite punitivo de 30 años que establecía el art. 70 CP 1973 era infranqueable en un supuesto en el que el penado tenía dos grupos de condenas acumuladas separadas en el tiempo de 15 y 24 años. Lo importante de esta sentencia es que profundiza en los motivos por los cuales la legalidad constitucional debe primar sobre la exigencia de la conexidad temporal. La sentencia reconoció que, frente al fundamento de la exigencia de la conexidad temporal sostenido en algunas resoluciones102, existen dos argumentos que deben primar y abonan la postura contraria:

En primer lugar, deberían tenerse en cuenta razones de carácter constitucional, en particular, el fin resocializador que impone el art. 25 CE. Una pena de prisión de 39 años, razonó la sentencia, es una pena de prisión casi perpetua, en la que la pena no cumple ya ninguna función preventiva ni tiene virtualidad para producir efectos reeducadores. Por consiguiente, desde el punto de vista jurídico y humano debe primar el principio de proporcionalidad, que exige un tope al cumplimiento de las penas privativas de libertad.
En segundo lugar, habría que tener presente razones penitenciarias al facilitar un mejor desarrollo de la unidad de ejecución. Desde esta perspectiva, ligado con el tratamiento penitenciario, la sentencia añadió otra reflexión interesante:

«[...] el hecho de que la existencia de una pena anterior de considerable extensión (en el caso que nos ocupa de quince años) que no ha conseguido efectos resocializadores y reeducadores supone un fracaso del sistema, que no debe pesar exclusivamente sobre el responsable penal, sino que de alguna manera tiene que ser asumido por los órganos encargados de la aplicación del derecho punitivo y de velar por el cumplimiento de las penas».
Lo cierto es que esta antigua tesis no se consolidó. Con la salvedad de aquellos pronunciamientos, el Tribunal Supremo ha entendido y entiende que la superación de los límites establecidos en el art. 76 CP no es incompatible con los fines de resocialización previstos en el art. 25 CE, al tiempo que se sostiene que la finalidad de reinserción social no es la única finalidad que debe perseguir la pena, siendo aquella compatible con otros tendentes a evitar dotar al penado de un patrimonio punitivo.
Así resulta de los numerosos recursos de casación resueltos por el Tribunal Supremo en los que los recurrentes alegan que la cronología procesal en ocasiones resulta arbitraria y caprichosa, por lo que, a juicio de los recurrentes, habrían de prevalecer las orientaciones enunciadas en el art. 25 CE. Un ejemplo es la STS 625/2017, de 20 de septiembre. En esta sentencia, el Tribunal Supremo reconoció que efectivamente puede existir una cierta aleatoriedad en las fechas en que van recayendo las resoluciones y que obedecen a motivos que normalmente son ajenos a la voluntad del penado tales como el descubrimiento tardío, la complejidad de la investigación, la carga de trabajo de cada juzgado, los cambios de titulares, u otras vicisitudes imprevisibles, que repercuten de una u otra forma en la cronología procesal. Sin embargo, la Sala dejó patente que esa aleatoriedad no es incompatible con la exigencia de la conexidad temporal, y ello por cuanto el acto de delinquir después del dictado de una sentencia no es algo aleatorio ni atribuible a circunstancias ajenas sino que depende de la voluntad del penado. Es más, la propia sentencia desarrolló un argumento muy hábil que evidencia que esa aleatoriedad acaba beneficiando al reo. Por su claridad, lo transcribimos:

«El dictado de la sentencia a los pocos días de la comisión del hecho blinda la condena impidiendo agrupaciones de penas por hechos posteriores que habrán de cumplirse por separado. Los retrasos en el enjuiciamiento abren el marco temporal que permite abrazar condenas derivadas de hechos distintos y consiguientemente abre la posibilidad de reducir el tiempo de cumplimiento».
En otras ocasiones, los recurrentes han argumentado que la no acumulación de las penas supone una exacerbación de las mismas, que impide atender a la finalidad a la que deben responder las penas privativas de libertad. Es el caso resuelto por el ATS 4/2017, de 10 de noviembre de 2016, que insistió en que el art. 25.2 CE no confiere un derecho fundamental al ciudadano que pudiera hacerse valer a través del recurso de casación o de amparo constitucional: «El planteamiento de esta cuestión, por tanto, incide en cuestiones de política criminal relativas a las finalidades que debe cumplir la pena y a los instrumentos legales para alcanzarlas, lo que excede del ámbito del recurso de casación».
En otros casos, los recurrentes han esgrimido la toxicomanía del reo como elemento conector entre diversos delitos de distinta naturaleza y cometidos en momentos temporales distintos, sobre la base de la finalidad de resocialización de las penas. Este es el caso analizado por el ATS 1169/2016, de 30 de junio. En esta resolución, la Sala rechazó el argumento con cita de la STS 195/2010, de 24 de febrero y sobre la base de la doctrina del Tribunal Constitucional:

«Como indica la sentencia de esta Sala nº 195/2010, entre otras muchas: "Son muchas las sentencias del Tribunal Constitucional que nos dicen que la finalidad de reinserción social del art. 25.2 CE no constituyen derecho fundamental alguno en la persona de quien cumple pena de prisión, sino simplemente un mandato constitucional dirigido al legislador (Sentencias 28/1988 y 204/1999 entre otras muchas). Incluso como mandato al legislador, se trata solo de la consignación de una de las finalidades de las penas privativas de libertad, la principal sin duda por ser la única reconocida en nuestra Ley Fundamental; pero no la única: una sanción penal que no responda exclusivamente a esta finalidad no es inconstitucional (STC 167/2003)».
Ahora bien, en aras de ajustar la respuesta punitiva a módulos temporales aceptables que permitan compatibilizar ambos fines, se ha producido una paulatina evolución en la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

i) En primer lugar, fue el abandono de una exigencia de conexidad procesal en beneficio de una conexidad cronológica. Aquella obligaba a analizar los hechos probados objeto de las distintas sentencias en orden a determinar si las circunstancias objetivas y subjetivas propias de cada uno de ellos podían ser subsumibles en alguna de las modalidades de los delitos conexos del art. 17 LECrim, lo que hubiese permitido su enjuiciamiento conjunto. La nueva conexidad cronológica únicamente atiende a un criterio meramente temporal, de manera que serán acumulables aquellas penas que obedezcan a hechos pertenecientes a una misma época y que no estén separados por una sentencia103.
ii) En segundo término, se admitió la posibilidad de reutilizar aquellas condenas cuya acumulación, aun cumpliendo la exigencia de la conexidad temporal, no fuese favorable para el reo, al ser la suma aritmética de las penas impuestas en aquellas inferior al límite punitivo aplicable, según lo dispuesto en el art. 76 CP; posibilidad que se introdujo en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016.
iii) En tercer lugar, la posibilidad de realizar las llamadas combinaciones. Ya no se trata solo de reutilizar aquellas condenas que no hayan podido ser acumuladas por razones cronológicas o aritméticas, sino que es posible formar otras combinaciones en búsqueda del resultado más favorable. Para ello, podremos elegir la sentencia más antigua a partir de la cual comenzar la acumulación. Eso sí, prescindiremos de las condenas anteriores cuyo cumplimiento se producirá de forma individualizada. El resultado total comparado de las distintas combinaciones permitirá elegir cuál de las diferentes posibilidades es la más favorable para el reo. Se trata de una novedad que se abrió paso a partir de la STS 139/2016, de 25 de febrero.
iv) Finalmente, en el reciente Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018, se ha introducido la posibilidad de seleccionar la última sentencia que conforme un bloque de condenas, rompiendo de esta forma la tradicional exigencia del requisito de continuidad104.
IV. CINCO CONCLUSIONES A MODO DE RECAPITULACIÓN

PRIMERA. UN SISTEMA DE ACUMULACIÓN MATERIAL FRENTE A UN SISTEMA DE PENA ÚNICA

A diferencia de otros ordenamientos europeos como los sistemas alemán, suizo o portugués, que establecen una pena única, exasperando la pena del delito más grave, nuestro legislador ha optado por resolver el concurso real de delitos con un sistema de acumulación material (arts. 73), en el que se imponen tantas penas como infracciones haya cometido. Cuando por su naturaleza o efectos no sea posible su ejecución simultánea, se procederá a su cumplimiento sucesivo (art. 75 CP), con las limitaciones temporales establecidas en el art. 76 CP.
SEGUNDA. PROPUESTA DE DEFINICIÓN:

En ausencia de una definición legal, podemos definir el instituto regulado en el art. 76 CP como una limitación legal al cumplimiento sucesivo de las penas impuestas en el mismo o distintos procesos, a través de un conjunto de límites punitivos, con objeto de aminorar los efectos deshumanizadores que provoca el sistema de acumulación aritmética puro y lograr que el penado se reinserte socialmente.
TERCERA. EL NOMEN IURIS: ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

Ante la ausencia de un nomen iuris por parte del legislador, el intento de bautizar con un nombre esta institución, lejos de ser una cuestión pacífica, ha arrojado torrentes de tinta. El tema no tendría mayor trascendencia si no fuese porque los términos «refundición» o «acumulación» se han empleado indistintamente también para referirse a otra institución como es la regulada en el art. 193.2 RP, que no constituye una limitación al cumplimiento sino un mero enlace de las penas a través de la suma aritmética a los efectos de calcular la libertad condicional, y que presenta grandes diferencias con aquella tanto a nivel procesal como material.
Nosotros abogamos por utilizar la expresión «acumulación jurídica». Nos apoyamos en el tenor literal del art. 76 CP, que utiliza el término «acumulación», y en una interpretación teleológica y sistemática de la norma. Es cierto que la limitación que constituye la acumulación no tiene pleno encaje en ninguna de las acepciones semánticas del término «acumulación»; pero tampoco el término refundición ofrece una mejor solución desde el momento en que defendemos que el máximo de cumplimiento no constituye necesariamente una pena nueva y distinta de las penas originariamente impuestas. Dado que una condena puede contener penas que por razón de su naturaleza o efectos sean acumulables y penas que no lo sean, lo más correcto es hablar de «acumulación jurídica de penas». En cualquier caso, la solución a tanta confusión sería tan sencilla como utilizar los términos acumulación y refundición asociados a los arts. 76 CP y 988 LECrim.
CUARTA. LA NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN

La consideración de si la operación de fijar el tiempo máximo de cumplimiento constituye una potestad de enjuiciamiento o una mera facultad de ejecución de la pena, es una de las cuestiones más controvertidas que han analizado distintos operadores jurídicos y la propia jurisprudencia, sobre todo en el marco de la discusión generada tras la creación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en el año 1979 sobre el tipo de órgano que debía ser competente para conocer del incidente de acumulación. La doctrina Parot creada en la STS Pleno 197/2006, de 28 de febrero reavivó el debate sobre la naturaleza de esta institución en el marco del cómputo de la redención de penas por trabajos, doctrina que fue derogada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en la Sentencia de 21 de octubre de 2013 (caso Del Rio Prada contra España), sin entrar, no obstante, a valorar la naturaleza de la acumulación.
La elección de uno u otro criterio conlleva importantes consecuencias prácticas en cuestiones tan diversas como la competencia, la prescripción, la cancelación de los antecedentes penales o los beneficios penitenciarios. En nuestra opinión, la acumulación jurídica de penas no constituye una potestad de enjuiciamiento. El tradicional argumento sobre el carácter valorativo del juicio de conexidad procesal ha perdido actualmente su virtualidad al ser sustituida aquella por una conexidad cronológica, sustitución cristalizada normativamente de forma definitiva en la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo. Es cierto que es una decisión que puede incluirse en la sentencia, pero lo mismo ocurre con la resolución de los beneficios de la suspensión de las penas privativas de libertad y no por eso se discute que estamos ante una medida de ejecución. También se esgrime que el art. 76 CP se ubica sistemáticamente dentro de un capítulo ordenado a delimitar la sanción penal y que es una decisión recurrible en casación, pero el tenor literal de los arts. 988 LECrim y 76 CP no permiten sostener la sustantividad propia del límite máximo de cumplimiento.
En la práctica, el tiempo máximo de cumplimiento no constituye necesariamente una pena autónoma, que sustituye a las individualmente impuestas; y fiel reflejo de ello es el hecho que, desde el punto de vista procesal, el Tribunal Supremo ha venido considerando que las distintas penas acumuladas mantienen su propia individualidad. Realmente, la consideración de aquel resultado como una pena nueva o como una mera limitación depende del campo sobre el que se proyecten sus efectos desde la perspectiva de que la acumulación jurídica de penas constituye, en todo caso, un beneficio para el reo. Por esa razón, a efectos penitenciarios, como regla general se considera que se trata de una pena nueva, con un régimen especial cuando el resultado de la acumulación sea inferior a la mitad de la suma total de las penas impuestas.
QUINTA. LA LIMITACIÓN AL CUMPLIMIENTO SUCESIVO DE LAS PENAS COMO SOLUCIÓN AL SISTEMA PURO DE ACUMULACIÓN MATERIAL

De la misma forma que no es posible comprender las consecuencias y alcance de la acumulación, sin analizar previamente la naturaleza de esta institución, tampoco podemos adentrarnos en los criterios para resolver el incidente ni en la propia conexidad, sin antes entender el fundamento de la acumulación jurídica de penas.
En los casos de penas privativas de libertad, el sistema de acumulación material teóricamente habilitaría para imponer penas cuya suma total podría ser superior a la duración de la vida humana. Tal posibilidad, amén de un desprestigio para la justicia y ser contraria al fin rehabilitador de la pena privativa de libertad, transmitiría un devastador mensaje dirigido al delincuente, que se vería despojado de cualquier esperanza de reinserción social. En otros casos, este modelo podría llegar a castigar más grave una sucesión de delitos de menor entidad que un único delito de mayor entidad, lo que sería un contrasentido y vulneraría el principio de proporcionalidad.
La necesidad de arbitrar una fórmula jurídica que modere aquellos inaceptables efectos está detrás del origen de los distintos preceptos que, desde el Código Penal de 1870 y a través de esta institución, han introducido límites al sistema de mera acumulación cuantitativa y cumplimiento sucesivo de las penas privativas de libertad. Aquella necesidad cobró aún más vigencia tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, que consagra el principio de humanidad de las penas (15 CE) y la reinserción social en el cumplimiento de las penas privativas de libertad (art. 25.2 CE).

NOTAS:

6 Si estas dos o más acciones se valoran como una sola unidad delictiva estaremos ante un delito continuado (art. 74 CP), un delito masa (art. 74.2 CP) o un delito habitual.
7 El art. 77.2 CP (concurso ideal) preceptúa que «[...] se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado». Por su parte, el art. 74.1 CP (delito continuado) dispone que «[...] será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado».
8 El art. 77.3 CP (concurso medial) dispone que «[...] se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior». Por su parte, el art. 74.2 (delito masa) prescribe: «Si se tratare de infracciones contra el patrimonio [...] el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas».
9 Así lo recuerdan las SSTS 360/2016, de 27 de abril, 791/2016, de 20 de octubre y 737/2017, de 16 de noviembre.
10 MANZANARES SAMANIEGO (2016b) realiza un breve análisis de derecho comparado sobre los sistemas punitivos de algunos países europeos. Así, el Código Penal Alemán de 1871 castiga la pluralidad de hechos enjuiciados en la misma o distinta sentencia con una pena global, resultado de elevar la pena más grave atendiendo a la personalidad del autor y las particularidades de los hechos punibles. Esta pena global no puede exceder de la suma de las penas impuestas por separado y tiene un límite insuperable de 15 años para la prisión temporal (§§ 53-55). En similares términos encontramos los arts. 77 y 78 del Código Penal Portugués de 1995, que en los casos de pluralidad de infracciones condena a una pena única, que no podrá superar la suma de las penas previstas por separado y que en este caso no podrá exceder de los 25 años de prisión. Por su parte, el art. 49 del Código Penal Suizo de 1937 establece también una pena única cuando una persona sea condenada a una pluralidad de delitos en la misma sentencia que conlleven varias penas de la misma clase. Esta pena única se podrá elevar hasta la mitad del límite máximo del delito más grave, sin exceder el límite legal máximo que en el caso de las penas de prisión es de 20 años. Cuando se trata de penas impuestas en distintas resoluciones por hechos cometidos antes haber sido condenado, se prevé la imposición de una pena complementaria (Zusatzstrafe).
11 Esta autora utiliza el nombre de «acumulación de condenas».
12 En este punto son interesantes los análisis realizados por LÓPEZ CERRADA (2004, pp. 12-14) y, sobre su base, FERNÁNDEZ APARICIO (2016, pp. 37-38; 2017a, pp. 4-5). Ambos enumeran una serie de diferencias en términos similares a las que exponemos a continuación, pero lo hacen utilizando el término «acumulación» para identificar la institución prevista en el art. 76 CP; y el término «refundición» para aludir a la figura regulada en el art. 193.2.ª RP; y sin rotular ni distinguir los planos sustantivo y procesal.
El análisis de LÓPEZ CERRADA se encuentra también incorporado en un trabajo de investigación precedente, presentado en el año 2008, con el título «Acumulación jurídica y fines de las penas». Consta de seis capítulos con la siguiente estructura: capítulo I, consideraciones generales sobre los concursos de delitos; capítulo II, regulación material de la acumulación jurídica de penas; capítulo III, artículo 78 CP; capítulo IV, el procedimiento de acumulación jurídica de penas; capítulo V, acumulación jurídica y fines de las penas; capítulo VI, conclusiones generales.
LÓPEZ CERRADA analiza los conceptos de acumulación y refundición desde un punto de vista gramatical y jurídico, así como las diferencias existentes entre ambas instituciones, abogando por que la figura del art. 76 CP sea conocida con el nombre de «acumulación jurídica de las penas» y así se recoja normativamente. Vid. pp. 51 y ss.
13 Recordemos que el inciso inicial del propio art. 193 RP reza así: «Para el cómputo de las tres cuartas partes o, en su caso, dos terceras partes de la pena (...)».
14 Sobre esta cuestión, vid. pp. 119 y ss.
15 Vid. pp. 75 y ss.
16 Vid. pp. 176 y ss.
17 Como señala VIVANCOS GIL (2015), «la refundición penitenciaria» --en alusión al instituto regulado en el art. 193.2.ª RP--, a diferencia del art. 76 CP, «no tiene un contenido material, es decir no afecta al cumplimiento efectivo de cada una de sus penas poniéndole un límite, sino que se trata de un mero enlace, encadenamiento o adicción aritmética de cada una de las penas y la fijación de una fecha inicial y final de todo el conjunto punitivo». Y acto seguido precisa: «El resultado es que todas las penas así refundidas pasan a considerarse una sola pena a efectos penitenciarios [...], aunque no procesales, pues tras la refundición, para cada Juzgado continúan manteniendo su individualidad jurídica cada pena» (p. 2).
18 Vid. pp. 53 y ss.
19 Vid. pp. 295 y ss.
20 Vid. pp. 345 y ss.
21 Art. 53.1 RP: «Todo interno tiene derecho a formular, verbalmente o por escrito, peticiones y quejas sobre materias que sean competencia de la Administración Penitenciaria, pudiendo presentarlas, si así lo prefiere el interesado, en sobre cerrado, que se entregará bajo recibo».
22 SSTC 11/1987, de 30 de enero, 13/2000, de 17 de enero y 191/2002, de 28 de octubre.
23 SSTS 473/2013, de 29 de mayo, 861/2016, de 16 de noviembre y 176/2017, de 21 de marzo.
24 Vid. pp. 358 y ss.
25 A raíz de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, operada por la LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 174, de 22 de julio de 2015), los Secretarios Judiciales pasaron a denominarse «Letrados de la Administración de Justicia».
26 En el mismo sentido, el apdo. 7.º de la DA 5.ª LOPJ determina lo siguiente: «Contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento o se deniegue su fijación, cabrá recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal». El apdo. 3.º de la misma disposición aclara que «conocerá de la apelación o de la queja la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su determinación el establecimiento penitenciario».
27 DA 5.ª LOPJ: «1. El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria [...] 3. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en lo referente al régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el apartado anterior serán recurribles en apelación o queja siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa. Conocerá de la apelación o de la queja la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario». Y el apdo. 8 añade: «Contra los autos de las Audiencias Provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación, que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el letrado del penado, recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html) para el recurso de casación ordinario, con las particularidades que de su finalidad se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada».
28 El malogrado Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 regulaba la acumulación de condenas en el art. 738 de su articulado bajo la rúbrica «Fijación del límite máximo de cumplimiento». Por su parte, el Anteproyecto de Código Procesal Penal de 2013 disciplinaba la acumulación de condenas en su art. 666 bajo el nombre de «Fijación del límite máximo de cumplimiento de condena». En similares términos el actual Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento de 2020 habla de «fijación del tiempo máximo de cumplimiento». (art. 904), aunque el artículo 882, cuando regula el derecho a la traducción e interpretación, usa el término «acumulación jurídica de penas».
29 La STS, Pleno, 197/2006, de 28 de febrero fue la creadora de la doctrina Parot. La pena de 30 años no se convertía en una pena nueva, distinta de las sucesivamente impuestas sino que tal límite constituía el máximo de cumplimiento de un penado en un centro penitenciario, de forma que los beneficios penitenciarios en general y la redención por trabajos en particular debían ser aplicados sobre cada una de las penas acumuladas, lo que conducía al cumplimiento íntegro de los límites establecidos en el art. 76 CP; y ello como señala RODRÍGUEZ MONTAÑES (2014, p. 140), sobre la base de una serie de razones gramaticales y sistemáticas, así como de consideraciones de índole político-criminal, que sin duda tienen un enorme peso en el giro jurisprudencial. Sobre esta cuestión, vid. pp. 64 y ss.
30 A título de ejemplo, entre otras muchas, SSTS 344/2016, de 21 de abril, 791/2016, de 20 de octubre, 150/2017, de 9 de marzo, 451/2021, de 27 de mayo.
31 En este sentido podemos mencionar la Circular de 25 de abril de 1967, sobre la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 8 de abril de 1967; la Consulta de 23 de febrero de 1968, sobre aplicación del art. 988 de la LECrim en relación con la regla segunda del art. 70 del Código Penal; Consulta 3/1989, de 12 de mayo, sobre órgano judicial competente para fijar el límite de cumplimiento a las penas privativas de libertad impuestas por delitos conexos enjuiciados en distintos procesos (artículos 70.2 del Código Penal y 988, párrafo tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); y la Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que aborda la acumulación de la pena de localización permanente con la pena de prisión.
32 Existe un uso preciso de estas palabras en los siguientes documentos i) la Consulta 1/1998, de 31 de marzo, sobre la ejecución continua del arresto de fines de semana, en la que se distingue expresamente entre la «acumulación jurídica» del art. 76 CP y la «refundición de condenas» del art. 193.2.ª RP; ii) la Consulta 3/1993 bis, de 9 de diciembre, sobre criterio interpretativo del límite de los treinta años al que se refiere la regla 2.ª del artículo 70 del Código Penal, en la que, al analizar la imputación de los beneficios penitenciarios, se utilizó el término «acumulación jurídica de condenas»; iii) la Circular 1/2003, 7 de abril de 2003, sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, donde se empleó el término «refundición» en un sentido penitenciario; y iv) en las conclusiones adoptadas por los Fiscales de Vigilancia Penitenciaria en las jornadas de especialistas comprendidas entre los años 2011 y 2017, se usó el término «refundición» exclusivamente para referirse al art. 193.2.ª RP (FGE, 2017b).
33 Excepcionalmente, la expresión «acumulación material de condenas» ha sido empleada también para aludir a la figura penitenciaria del art. 193.2.ª RP. En este sentido, en el texto refundido de los criterios de actuación, conclusiones y acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, en sus XIX reuniones celebradas entre 1981 y 2010, se decía lo siguiente: «Por otra parte, siendo requisito imprescindible para la acumulación material de condenas del artículo 193.2 del Reglamento Penitenciario que las mismas no estén licenciadas, esto es, que se estén cumpliendo, sólo cabe refundir una causa en que ya se ha aprobado la libertad definitiva si dicha aprobación se deja sin efecto de forma previa para posibilitar la ulterior refundición» (UCELAY, 2014). Igualmente en el texto refundido actualizado tras la reunión celebrada en A Coruña los días 28 a 31 de mayo de 2018 (CGPJ, 2018), dentro de la motivación del acuerdo alcanzado para determinar el juzgado competente para conocer de la ampliación de una refundición, se dice expresamente: «Es verdad que, si aprueba la ampliación de la refundición un Juez de Vigilancia Penitenciaria distinto del que aprobó la refundición inicial, resulta que la resolución de un Juez de Vigilancia Penitenciaria deja sin efecto la dictada anteriormente por otro, pero ese hecho no atenta al principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes porque la acumulación material de condenas es, por su propia naturaleza, esencialmente variable».
34 La Instrucción presenta el siguiente tenor literal: «La refundición de condenas a los únicos efectos de una posible y futura aplicación de la libertad condicional (artículo 193.2 del Reglamento Penitenciario) se llevará a cabo con independencia del grado de clasificación en que se encuentre el interno y tan pronto la/s nueva/s condena/s vayan produciéndose».
35 En el mismo sentido se expresa FERNÁNDEZ-GALLARDO FERNÁNDEZ-GALLARDO (2016, p. 33), cuando precisa que el término «acumulación» es utilizado generalmente en un sentido amplio y abarca tanto el cumplimiento simultáneo o sucesivo de las penas establecido en los arts. 73 y 75 CP --que constituiría la vertiente aritmética y que se conocería con el nombre de «acumulación material»,-- como la limitación a aquel cumplimiento sucesivo en los términos previstos en el art. 76 CP, que se identificaría con el nombre de «acumulación jurídica». Utilizan estas expresiones, entre otros autores, GONZÁLEZ RUS (1999, p. 949 y ss.), LANDECHO VELASCO Y MOLINA VÁZQUEZ (2017, pp. 524-525), MAQUEDA ABREU (2002, p. 892), MIR PUIG (2015, p. 680), MUÑOZ CONDE Y GARCÍA ARÁN (2015, pp. 588-589), QUINTERO OLIVARES (2016, p. 561 y ss.) y SUÁREZ GONZÁLEZ (1997, pp. 266-269).
36 A título de ejemplo, podemos ubicar en el primer grupo a RODRÍGUEZ DE MIGUEL RAMOS (2017, pp. 578-594). En el segundo grupo a MAQUEDA ABREU (2002, p. 867), que habla de «acumulación jurídica» y «acumulación material»; y GONZÁLEZ RUS (1999, pp. 949 y ss.), que utiliza los términos «acumulación material de penas» y «acumulación jurídica» (1999, p 949 y ss.). CUERDA RIEZU (1993, pp. 301 y 305) habla también de limitación al sistema de acumulación y de acumulación de penas y limitaciones a la acumulación; pero en un libro anterior prefiere hablar de «acumulación mitigada» para evitar los equívocos que a su juicio puede provocar aquella denominación (1992, p. 60). Y en el tercer y último grupo a FERNÁNDEZ AREVALO (2013, pp. 91-92), quien utiliza el término «refundición material de penas o de condenas», para referirse a la institución regulada en el art. 193.2.ª RP; FERNÁNDEZ APARICIO (2017a) cuando sostiene que «la refundición no es más que un mero enlace entre cada una de las condenas que pesa sobre el penado» (p. 5); GARCÍA ALBERO (2004, p. 58), que los distingue expresamente cuando afirma «[...] la refundición propiamente dicha (a no confundir con la acumulación ex art. 76 del Código Penal); LÓPEZ CERRADA (2004, pp. 12-16), que habla de «refundición de condenas» o simplemente de «refundición»; y RÍOS MARTÍN, ETXEBARRÍA ZARRABEITIA y PASCUAL RODRÍGUEZ (2018, p. 722). Para más detalle, puede examinarse la clasificación realizada en cada uno de los grupos por DÍAZ GÓMEZ (2012, notas al pie núms. 11, 12 y 13).
37 Este autor tras analizar las diferencias entre ambas instituciones y estudiar el concepto jurídico contenido en el Diccionario Jurídico Aranzadi, concluye que la denominación «acumulación jurídica de penas» debe ser la forma habitual de referirse a la figura, denominación que debería recogerse normativamente (2008, pp. 47-52, 135 y 282).
38 DÍAZ GÓMEZ (2012) está conforme en que no parece claro que con la aplicación del art. 193.2.ª RP se refunda realmente algo: «sólo se suman las penas para considerarlas --ficticiamente-- como una sola [...]» (p. 320).
39 Vid. pp. 58 y ss.
40 La naturaleza jurídica del resultado de la acumulación es una cuestión que no es pacífica. Al respecto vid. pp. 53 y ss.
41 Concretamente, el 5 de octubre de 1979 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Amén de instaurar una regulación completa del tratamiento penitenciario basado en un sistema de individualización científica del cumplimiento de la pena, creó la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria, al que dedica el Título V denominado Del Juez de Vigilancia, que comprende los arts. 76 a 78.
42 Los Jueces de Vigilancia se reunieron en Madrid los días 26 y 27 de abril de 1982 para el establecimiento de criterios y pautas de actuación. Uno de los criterios alcanzados fue el siguiente: «En materia de refundición de condenas (art. 70 del Código penal), parece procedente que la lleven a cabo los Jueces de Vigilancia [...]» (criterio A5). No obstante, el acuerdo no fue adoptado por unanimidad sino por mayoría, porque dos jueces estimaron que la refundición debía practicarse por el último Tribunal sentenciador como consecuencia de la falta de medios humanos y la necesidad de compatibilizar el cargo con otras funciones (CGPJ, 1982, p. 48).
43 El Informe dio respuesta a la consulta que el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Toledo, con sede en Ocaña, elevó al Consejo General del Poder Judicial sobre qué órgano era el competente para la aplicación de la limitación contemplada en el art. 70.2 CP 1973. El Juez de Vigilancia sostenía su competencia sobre la base de los arts. 76.1 y 2. a) y g) LOGP. Se trataba del caso de un interno respecto del cual el Juez de Vigilancia había acordado no haber lugar a la aplicación de la regla segunda del art. 70 CP 1973 al tiempo que, en un auto contemporáneo, el Tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Madrid, acordaba la procedencia de la limitación del cumplimiento de las penas prevista en dicho precepto (CGPJ, 1987, pp. 14-20).
44 Estos cuatro argumentos resultan plenamente vigentes con la salvedad del primero relativo al juicio de conexidad. Actualmente, el juicio de conexidad se ha convertido en un mero análisis temporal, consistente en verificar si los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un mismo procedimiento por razón de la fecha de los hechos y de las sentencias que los enjuició. A nuestro entender, este análisis no implica ningún juicio de tipo declarativo.
45 El Informe dice literalmente lo siguiente: «La regulación de los supuestos de conexidad en el artículo 17 de la LECrim implica, a la hora de apreciar su concurrencia, la necesidad de valorar circunstancias directamente afectantes a aspectos objetivos y subjetivos de los hechos en cuestión, como pueden ser su finalidad en relación con otros distintos, el previo concierto para la comisión de hechos delictivos o la simple relación entre unos hechos y otros».
46 El art. 76 LOGP reza así: «1. El Juez de Vigilancia tendrá atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. 2. Corresponde especialmente al Juez de Vigilancia: a) Adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los Jueces y Tribunales sentenciadores [...]. g) Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos».
47 Sobre la naturaleza de la pena acumulada, vid. pp. 53 y ss.
48 MARTÍNEZ DE LA CONCHA Y ÁLVAREZ DEL VAYO (1996, p. 135) alude a una Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo del mismo año, 1993, sin mayor concreción en cuanto a la fecha --documento que infructuosamente hemos intentado localizar en la propia biblioteca del Tribunal Supremo--, que mantuvo un criterio distinto: se trata de un mero límite temporal al cumplimiento de distintas penas, sin perjuicio de su consideración como unidad de ejecución a los efectos penitenciarios. Haremos referencia a esta unidad de ejecución al analizar la posición de la jurisprudencia y de la doctrina: vid. pp. 58 y ss.
49 Ante los intentos también infructuosos de localizar este documento en el archivo histórico del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, su contenido puede extraerse de autores como SALCEDO VELASCO (1994, p. 244) y sobre todo de la Consulta 3/1989, de 12 de mayo, sobre el órgano judicial competente para fijar el límite de cumplimiento a las penas privativas de libertad impuestas por delitos conexos enjuiciados en distintos procesos (arts. 70 2.ª CP 1973 y 988, párr. tercero, LECrim). Esta resolución resolvió una cuestión de competencia negativa entre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lérida y el Juzgado de Instrucción núm. 9 de Barcelona, promovida por el primero y sometida a la consideración del Pleno por el Presidente de la Audiencia Territorial. El Pleno acordó que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lérida era el competente para el conocimiento del expediente de acumulación que preveían los arts. 70.2 CP 1973 y 988, párr. 3.º, LECrim.
50 El Fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Lérida discrepó de la solución dada por la Audiencia Territorial de Barcelona y elevó una consulta a la Fiscalía General del Estado, sosteniendo que si bien de lege ferenda podría estimarse la conveniencia de atribuir a los Jueces de Vigilancia la competencia para aplicar la regla del art. 70.2 CP en los casos previstos en el art. 988 LECrim, la actual regulación legal impedía aceptar tal competencia sin grave detrimento de la seguridad jurídica y de los derechos de los penados a la defensa y al Juez predeterminado por la Ley. La respuesta la encontramos en la Consulta 3/1989, de 12 de mayo que hemos analizado en el sub-apartado precedente.
51 Esta resolución dilucidó una cuestión de competencia negativa entre la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cádiz, y otorgó la competencia al Tribunal sentenciador.
52 La cuestión de competencia negativa se suscitó en este caso entre dos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. La Sala no otorgó la competencia a ninguno de estos dos Juzgados sino al Juez o Tribunal que había dictado la última sentencia condenatoria contra el mismo. Para ello efectuó el siguiente argumento: «la regla 2.a del art. 70 citado, en el trámite de refundición promovido, exige un juicio sobre la conexidad de los hechos que han servido de base a las distintas condenas penales, sopesando, en los términos del art. 17 de la LECrim, las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes dentro de una actividad declarativa o de enjuiciamiento, no la de ejecución que compete a tales Juzgados»

53 Se trata de un argumento que ya había sido esgrimido con anterioridad (ATS 7 de abril de 1989) para justificar la atribución de la competencia al órgano sentenciador.
54 En los mismos términos se expresó el ATS de 2 de julio de 1990, que resolvió una cuestión de competencia negativa entre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cádiz y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona.
55 En esta resolución, el Tribunal Supremo resolvió una cuestión de competencia negativa entre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cádiz y la Audiencia Provincial de Barcelona, otorgando la competencia al Tribunal sentenciador con arreglo al tenor literal del artículo 988.1 de la LECrim. Respecto al juicio de conexidad, la Sala estableció que «cuando se trata de llevar a efecto la refundición de penas conforme a las previsiones de la regla 2ª del artículo 70 del Código Penal, indefectiblemente se impone el ejercicio de una función valorativa, apreciación de los vínculos de conexión que pudieran darse entre los plurales hechos objeto de procedimientos diversos, siempre a la vista de las reglas y conceptos contenidos en el artículo 17 de la Ley Procesal Penal, circunstancias subjetivas y objetivas cuya estimación no se halla desprovista de una carga de enjuiciamiento y declaración».
56 Sin embargo, este segundo argumento fue omitido en un auto posterior, el ATS de 8 de septiembre de 1990, que utilizó únicamente el análisis valorativo de las circunstancias subjetivas y objetivas, propio del juicio de conexidad para declarar la competencia del último Tribunal sentenciador, y ello sobre la base de que este análisis es ubicable dentro de una actividad declarativa o de enjuiciamiento. Por tanto, consideró que nos encontramos ante una valoración, a efectos penales, de los hechos motivadores de las condenas, que excede de la función de ejecución.
57 Contemporáneamente, en la Consulta 3/1993 bis, de 9 de diciembre, la Fiscalía General del Estado se mostró tajante a favor de la novación de la pena (vid. pp. 57). Sin embargo, MARTÍNEZ DE LA CONCHA Y ÁLVAREZ DEL VAYO (1996, p. 135) alude a una Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo del mismo año, que estimó que se trata de un mero límite temporal al cumplimiento de distintas penas, sin perjuicio de su consideración como unidad de ejecución a los efectos penitenciarios.
58 Dice literalmente el Tribunal Supremo que «se olvida por el Tribunal de instancia que la pena señalada en el art. 70,2.ª del CP, el limite de 30 años en este caso, opera ya como una pena nueva, resultante y autónoma y a ella deben referirse los beneficios otorgados por la ley, como son la libertad condicional y la redención de penas. Se trata de una interpretación realizada por el órgano a quo contra reo y que por ello debe proscribirse. El art. 59 del Reglamento Penitenciario no parece apoyar la interpretación de la Sala de instancia, pues se refiere a la pena impuesta y que la suma penimétrica es considerada como una nueva sanción. Sobre la pena resultante, que podría ser el triplo de la más grave de las sanciones o bien el límite de treinta años, cuando aquel exceda de ese límite, es donde deben operar los beneficios penitenciarios y no distinguir, donde la Ley no distingue y contra reo y con choque frontal a lo señalado en el art. 25,2 del texto constitucional».
59 En el mismo sentido, la STS de 24 de junio de 1994.
60 La STS 197/2006 consideró que estas sentencias «no han interpretado que el límite de cumplimiento constituya una pena total que reemplaza a las individualmente impuestas en los casos de concurso real, sino que se han referido a un problema distinto, el de la unidad penitenciaria de ejecución de las penas sucesivas, cuestión que se relaciona a las necesidades del tratamiento penitenciario, que en nada afecta a la consecuencia jurídica del concurso real». Opinión distinta a la de LAMO RUBIO (1997, pp. 341), que cita estas sentencias al defender la postura de que estamos ante una pena única.
61 El art. 100 CP 1973, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/1983, disponía que «podrán redimir su pena con el trabajo, desde que sea firme la sentencia respectiva los reclusos condenados a penas de reclusión, prisión y arresto mayor. Al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación del Juez de Vigilancia, un día por cada dos de trabajo y el tiempo así redimido se le contará, también para la concesión de la libertad condicional. El mismo beneficio se aplicará, a efectos, de liquidación de su condena, a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad». Este derecho estaba regulado también en los arts. 65 a 73 del Reglamento relativo a la Administración Penitenciaria del 2 de febrero de 1956.
62 Permisos de salida (art. 47.2 LOGP y art. 154.1 RP), las salidas programadas (art. 114 RP), libertad condicional (arts. 192 y 205 RP)

63 Dice el auto que «luego, aunque se llevase a efecto la refundición de condenas solicitada, no tendríamos una pena única, sino varias penas refundidas, pues el art. 76, declara extinguidas las penas que procedan, desde que las ya impuestas cubran uno de los dos límites máximos antes indicados, pero no unifica todas las pena en una sola, como equivocadamente alega el recurrente, por lo que, las penas no extinguidas seguirían afectando a la concurrencia de circunstancias modificativas específicas, como la existencia de antecedentes penales, y éstas circunstancias deberán de ser tenidas en cuenta por el Tribunal sentenciador a la hora de aplicar los beneficios de suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad impuestas al penado».
64 Vid. nota al pie núm. 62

65 Vid. pp. 262-263.
66 El art. 78 CP 1995, en su redacción original, rezaba así: «Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal, atendida la peligrosidad criminal del penado, podrá acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, sin perjuicio de lo que, a la vista del tratamiento, pueda resultar procedente. En este último caso, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo, la evolución del tratamiento reeducador y el pronóstico de reinserción social, podrá acordar razonadamente, oído el Ministerio Fiscal, la aplicación del régimen general de cumplimiento».
Por poner un ejemplo: supongamos que el penado había sido condenado a diez penas de cinco años (total 50 años) y el límite de cumplimiento producto del art. 76 CP fuese 15 años (el triple de 5 años). En este caso, comoquiera que la pena a cumplir (15 años) era inferior a la mitad de la suma total de las condenas (50/2=25), el Tribunal sentenciador podría acordar que el computo de tiempo para acceder a la libertad condicional se calculase no sobre los 15 años sino sobre el total de la condena (50 años).
Sobre el origen y evolución de este precepto puede verse el estudio realizado por LÓPEZ CERRADA (2008, pp. 138-177). Este autor precisa que con este nuevo precepto desaparece el concepto de pena única propio del Código anterior en cuanto a la aplicación de los beneficios penitenciarios de manera que las penas acumuladas no desaparecen sino que mantienen su vigencia a efectos penitenciarios.
67 Tras la reforma de 2003, el art. 78 CP presentaba el siguiente tenor literal: «1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias. 2. Dicho acuerdo será preceptivo en los supuestos previstos en los párrafos a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 76 de este Código, siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas. 3. En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento. Si se tratase de delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable: a) Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena. b) A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena [la negrita es nuestra para facilitar la visualización de los cambios]».
Sobre el alcance de esta reforma, LÓPEZ CERRADA (2008, pp. 283-284) consideró adecuadas la aplicación preceptiva para los casos de criminalidad más graves y la ampliación del régimen especial a otros beneficios penitenciarios, como respuesta a una alarma social justificada ante situaciones que podían hacer pensar en una cierta impunidad, por la falta de proporcionalidad entre las penas impuestas en las sentencias y el tiempo efectivamente cumplido; pero al mismo tiempo consideró excesivas las restricciones de acceso al tercer grado y libertad condicional para delitos de terrorismo y cometidos en el seno de organizaciones criminales.
68 Esta sentencia resolvió un recurso de casación contra un auto de acumulación dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que el recurrente era el terrorista de ETA Henry Parot.
69 El fundamento jurídico cuarto anticipó esta conclusión: «[...] una interpretación conjunta de las reglas primera y segunda del mencionado art. 70 del Código penal, texto refundido de 1973 [...] nos lleva a considerar que el límite de treinta años no se convierte en una nueva pena, distinta de las sucesivamente impuestas al reo, ni por consiguiente, en otra resultante de todas las anteriores, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario».
70 La sentencia explicó la mecánica con claridad y precisión quirúrgica: «De tal modo, que la forma de cumplimiento de la condena total, será de la manera siguiente: se principiará por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 del Código penal de 1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante. Por ejemplo, consideremos a un condenado a 3 penas, 1 de 30 años, otra de 15 años y otra de 10 años. La regla 2ª del art. 70 del Código penal de 1973, que sería el aplicable en el ejemplo, determina que el tope de cumplimiento efectivo es el límite que represente o bien el triplo de la más grave, o el máximum de treinta años. En el ejemplo, sería el máximo de 30 años de cumplimiento efectivo. El cumplimiento sucesivo de las penas (de la condena total) comienza con la primera, que es la pena más grave (la de 30 años de prisión). Si hubiera redimido (por los conceptos que sean), 10 años, tendría cumplida la pena a los 20 años de estancia en prisión, declarándosele extinguida; a continuación, pasaría a cumplir la siguiente pena por el orden de su respectiva gravedad (esto es, la de 15 años), si de ésta redime 5 años, la tendría cumplida en 10 años. 20+10=30. Ya no podría cumplir más penas, dejando de extinguir las que procedan, como literalmente dice el Código penal aplicado, desde que las ya impuestas cubrieren el máximum de tiempo predicho que no podrá exceder de treinta años».
71 Pongamos nosotros otro ejemplo con tres premisas: i) un penado ha sido castigado a penas de prisión de 9, 8, 7 y 6 años; ii) como consecuencia de la redención por trabajos, el penado tiene derecho a reducir la condena más grave en 2 meses; y iii) todas las condenas son acumulables y el límite máximo de cumplimiento es de 20 años. Partiendo de este supuesto, el beneficio de la redención por trabajos que hemos estipulado en 2 meses no se descontará del límite de los 20 años sino de cada una de las penas individualmente consideradas. Siguiendo el orden de gravedad de las penas, el penado deberá cumplir primero la pena de 9 años de prisión. Como consecuencia del beneficio penitenciario adquirido, la pena se extinguirá cuando el penado cumpla 8 años y 10 meses. Este tiempo de cumplimiento efectivo de 8 años y 10 meses será el computable a efectos del alcanzar el límite máximo de cumplimiento. Extinguida esta primera pena, el penado habrá de cumplir la pena de 8 años de prisión y así hasta que alcance el límite máximo de cumplimiento de los 20 años, momento en el que se producirá la extinción de todas las restantes penas en el estado en que ese momento se encuentren.
72 FARRÉ DÍAZ (2013, p. 126) explica estos argumentos al afirmar que se estableció «una distinción entre la «pena» (que integra las varias penas impuestas consideradas de manera aislada, sobre las que se debían computar las redenciones de pena) y la «condena» (que comprende el límite máximo de encarcelamiento)». Asimismo, por razones de política criminal, carece de sentido otorgar el mismo tratamiento punitivo al condenado a una multitud de delitos que al autor de amplio historial delictivo.
73 LÓPEZ CERRADA (2008, pp. 124 y ss.) considera que no se puede obviar que, tanto en la actividad judicial de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria al aprobar los beneficios penitenciarios como en la realizada por los Tribunales sentenciadores, al aprobar los licenciamientos definitivos con aplicación de beneficios penitenciarios de redención, se consideraba una pena única. Y esta también era «la postura, con más amplio seguimiento, del Tribunal Supremo» al aplicar los beneficios penitenciarios.
74 Frente a esta posición mayoritaria, tres Magistrados disintieron y firmaron un voto particular en que declararon que las penas sucesivamente impuestas se transformaban en una pena de cumplimiento distinta sobre la que se descontarían las redenciones de penas por trabajo. A su juicio, la Sentencia realizaba una interpretación contraria la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la práctica de los órganos jurisdicciones españoles. Por consiguiente, se trataba de una aplicación retroactiva contra reo e implícita del art. 78 CP 1995.
75 La pena interpuso recurso de amparo en el que invocó vulneración de los derechos de igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE), de libertad (art. 17 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24) y del principio de legalidad (art. 25 CE). Mediante auto de 17 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso al no haberse justificado la trascendencia constitucional de sus quejas. Agotada la vía interna, el 3 de agosto de 2009 la recurrente presentó la demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
76 El art. 5.1 CEDH reconoce el derecho a la libertad cuando dispone que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: a) Si ha sido privado de libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente [...]». Por su parte, el art. 7.1 CEDH consagra el principio de legalidad cuando dispone que «nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida».
77 SSTS 898/2008, de 11 de diciembre, 195/2010, de 24 de febrero, 343/2011, de 3 de mayo, 1042/2012, de 27 de diciembre y 1079/2012, de 3 de enero de 2013.
78 Sentencias núm. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68 y 69/2012. En la misma fecha, el Tribunal Constitucional resolvió otros tres recursos en los que estimó el amparo porque se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE en su vertiente del principio de intangibilidad de las decisiones judiciales firmes (SSTC 39/2012, 57/2012, 62/2012, de 29 de marzo). Se trataba de tres casos en los que la aplicación de la doctrina Parot había afectado a resoluciones judiciales firmes de la Audiencia Nacional, resoluciones en las que se había explicitado la manera de aplicar las redenciones de la pena por trabajos sobre el límite de 30 años establecido en el art. 70.2 CP 1973, para determinar que el Código Penal de 1973 era más favorable en el juicio comparativo con las disposiciones de 1995.
79 Como ya hemos expuesto con anterioridad, este precepto determinó un cambio sustancial en la política penitenciaria al dificultar el acceso a los beneficios penitenciarios atendiendo a la cuantía total de las penas impuestas, las limitaciones aplicables producto del art. 76 CP y la naturaleza de los delitos por los que hubiese sido condenado. Vid. pp. 62-63.
80 Las resoluciones del Tribunal Constitucional suscitaron distintos votos particulares. Así, en la STC 39/2012, el Magistrado Excmo. Sr. Pérez Tremps consideró que se había vulnerado el derecho a la libertad al tratarse de una desviación repentina e imprevisible de la jurisprudencia en perjuicio del reo. Por su parte, en la STC 40/2012, la Magistrada Excma. Sra. Asua Batarrita estimó que la interpretación del Tribunal Supremo conculcó el principio de legalidad, el derecho a la libertad y el derecho a la tutela judicial efectiva. La Magistrada valoró que las reducciones de penas por trabajos eran obligatorias, que el principio de legalidad debía aplicarse no solo a los delitos sino a las consecuencias punitivas derivadas de su comisión, que la distinción entre pena y condena carecía de base alguna en el Código Penal, y que la doctrina había sometido la aplicación del límite punitivo a una nueva condición, como es el cumplimiento efectivo en un centro penitenciario. En similares términos, en la STC 41/2012, el Magistrado Excmo. Sr. Gay Montalvo concluyó que se habían vulnerado los principios de legalidad penal y a la libertad debido a la prórroga injustificada del tiempo de reclusión del interesado.
81 SSTEDH de 10 de julio de 2003, Caso Grava contra Italia; y de 15 de diciembre de 2009, Caso Gurguchiani contra España.
82 Los Jueces Sres. Paul Mahoney y Faris Vehabovic consideraron que el cambio en la forma de calcular las reducciones de pena por trabajos realizados en prisión afectaba a cómo y cuándo podía obtenerse la puesta en libertad anticipada pero no a la pena en sí misma. La pena sigue siendo la de 30 años de prisión.
83 Las últimas sentencias han sido las SSTEDH de 20 de octubre de 2020, caso Martínez Ahedo y otros contra España; 26 de noviembre de 2019, caso Berasategui Escudero y Arriaga Arruabarrena contra España; y 23 de octubre de 2018, caso Arrózpide Sarasola y otros contra España. Además, el Tribunal también ha dictado algunas decisiones al analizar la admisibilidad de varias demandas. Nos estamos refiriendo a las Decisiones de 9 de julio de 2019, en la demanda Juan Aguirre Lete y otros contra España, y 26 de marzo de 2019, en la demanda Pedro José Picabea Ugalde contra España.
84 Sobre el contenido de esta resolución, vid. p. 156.
85 Hemos hecho referencia a esta Consulta en p. 57.
86 La segunda de estas Sentencias dice literalmente: «Así las cosas, conviene poner de relieve que la moderna doctrina penitenciaria propugna la llamada "unidad de ejecución», en cuanto el tratamiento penitenciario se inspira en la conveniencia de operar, no sobre penas individualizadas, sino sobre la totalidad de las impuestas en las sentencias o condenas pendientes de ejecución, reduciéndolas a una "unidad de cumplimiento» --vid arts. 66 y 72 de la Ley Orgánica 819 General Penitenciaria--, habiendo llegado a decirse que el "sistema de individualización científica», a que se refiere el último de los preceptos citados, "debe girar sobre el binomio personalidad criminal-duración de la pena». Preciso es destacar, en fin, que los principios del tratamiento del interno en la legislación penitenciaria española, se han inspirado en las Reglas Mínimas de Estrasburgo, a cuyos objetivos coadyuva, sin duda, una interpretación del art. 70 del Código Penal inspirada en el humanismo penal (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1992)».
87 Sobre esta cuestión, vid. pp. 166 y ss.
88 Analizaremos cada una de estas instituciones en las pp. 241 y ss. al estudiar las consecuencias jurídicas de la acumulación. El tema de la competencia funcional lo trataremos de forma específica en el cap. III: pp. 287 y ss.
89 En este sentido, SSTS 338/2016, de 21 de abril, 579/2016, de 30 de junio, 740/2016, de 6 de octubre, 227/2017, de 31 de marzo, 576/2017, de 22 de junio y 650/2017, de 3 de octubre, entre otras. La STS 791/2016, de 20 de octubre incidió en este argumento al defender que un sistema de acumulación matemática «puede conducir en caso de multiplicidad de condenas a la vulneración del principio de proporcionalidad, alcanzando la suma de todas las penas legalmente correspondientes a los delitos cometidos, aun cuando fuesen delitos menores o menos graves, cantidades desorbitadas, reñidas en su cumplimiento total y sucesivo con el principio constitucional de rehabilitación de las penas e incluso con la duración de la vida del penado». En palabras de la STS 319/2016, de 15 de abril se «trata de evitar que quien solamente ha cometido delitos menores pueda sufrir, como consecuencia de la aplicación draconiana del sistema de acumulación matemática, una pena desproporcionada, que le mantenga en prisión durante un período tan prolongado de su vida que impida definitivamente su eventual rehabilitación. Y, al mismo tiempo, se trata de evitar que la acumulación de numerosos delitos menores acabe determinando el cumplimiento de una pena superior a la eventual comisión de delitos de mayor entidad, por ejemplo contra la vida humana». En el campo doctrinal, FERNÁNDEZ APARICIO (2016) nos dice que «la acumulación de condenas se basa en el principio de proporcionalidad y de resocialización que se desprende de nuestro marco constitucional y penitenciario. No admitir esta figura dejaría sin efectos tales principios» (p. 41).
90 La STS 766/2016, de 14 de octubre recordaba la jurisprudencia consolidada de la Sala (por todas, STS 1684/2000, de 17 de octubre) sobre los principios, criterios y orientaciones de la acumulación de las penas impuestas en distintos procesos en el sentido de que «las reglas sobre acumulación deberán interpretarse en conexión con las normas constitucionales prohibitivas de penas inhumanas y degradantes (art. 15 de la CE) y que fijan como fines de las penas la reeducación y reinserción social (art. 25.2 de la CE) y en general atendiendo al favorecimiento al reo».
91 NISTAL BURÓN (2010) define la reinserción social como «la oferta al sentenciado de los medios necesarios para transformarse en una persona capaz de respetar la ley penal, mediante la superación de los aspectos carenciales de su personalidad [...]» (p. 115).
92 A mediados de la década de los 90 desde el punto de vista jurisprudencial y a partir del año 2015 desde el punto de vista legal. Sobre esta cuestión, vid. pp. 166 y ss.
93 La expresión patrimonio punitivo es acuñada por el propio Tribunal Supremo en la STS 385/2017, de 29 de mayo. Dice esta Sentencia: «[...] De lo contrario existirá lo que esta Sala ha denominado "patrimonio punitivo" a favor del condenado, de forma que las nuevas penas impuestas serían incluidas autonómicamente en el límite señalado con anterioridad disponiendo del correspondiente margen hasta alcanzarlo, lo cual no es posible».
94 Sobre estos fines, su relación con la acumulación y los efectos que produjo la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio reflexiona LÓPEZ CERRADA (2008, cap. V).
Como es sabido, la pena tiene distintos fines: i) retribución: predominante en el momento de dictar la sentencia y que consiste en infligir al delincuente un castigo proporcional al mal causado por el delito; ii) prevención general positiva: existente también en el momento de aplicar el derecho, consiste en fortalecer la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico; iii) prevención general negativa, propia de la fase de tipificación de las conductas delictivas, consiste en evitar que los ciudadanos delincan a través de la amenaza que supone la imposición de las penas para el caso que cometan un delito; iv) prevención especial negativa, propia de la fase de ejecución, incide en la persona del condenado para evitar que vuelva a delinquir a través de la intimidación o inocuización que supone el cumplimiento de la pena; y v) prevención especial positiva, propia también de la fase de ejecución, trata de evitar que el penado vuelva a delinquir a través de su corrección o resocialización.
95 A quien rendimos desde estas líneas un merecido homenaje a su extraordinaria calidad jurídica y humana.
96 Se ha pronunciado en este mismo sentido la STS 587/2018, de 23 de noviembre.
97 En el mismo sentido, los AATS 1169/2016, de 30 de junio y 1474/2016, de 22 de septiembre, con cita de la STS195/2010, de 24 de febrero, dispone lo siguiente: «Son muchas las sentencias del Tribunal Constitucional que nos dicen que la finalidad de reinserción social del art. 25.2 CE no constituyen derecho fundamental alguno en la persona de quien cumple pena de prisión, sino simplemente un mandato constitucional dirigido al legislador (Sentencias 28/1998 y 204/1999 entre otras muchas). Incluso como mandato al legislador, se trata solo de la consignación de una de las finalidades de las penas privativas de libertad, la principal sin duda por ser la única reconocida en nuestra Ley Fundamental; pero no la única: una sanción penal que no responda exclusivamente a esta finalidad no es inconstitucional (STC 167/2003)».
98 Doctrina reiterada que aparece en resoluciones posteriores como la STS 252/2019, de 17 de mayo.
99 SSTS de 7 de julio de 1993, 20 de octubre de 1994, 4 de noviembre de 1994, 27 de diciembre de 1994, 27 de enero de 1995 y 14 de marzo de 1998.
100 La sentencia explicó que «superada la vieja teoría retributiva de la pena, correspondiente a la arraigada convicción de que al mal debe corresponde el congruo y merecido castigo, la alternativa de la prevención del delito como razón legitimadora de la pena se fue enseñorando en las concepciones doctrinales y legislativas, ya merced a la prevención general, efecto intimidatorio sobre eventuales delincuentes --función pedagógica de la pena-- ya por mor de la prevención especial, incidencia de la pena en el sujeto infractor para que no vuelva a delinquir advertencia al delincuente ocasional para orientar su comportamiento de futuro. Las modernas orientaciones sociales superponen a tales finalidades otras en las que se potencia la consideración individual del sujeto, acercando el Derecho Penal a la realidad humana...se alzapriman y reclaman un primer puesto atencional otros fines de resocialización del individuo [...]».
101 En el mismo sentido, encontramos la STS 101/1998, de 30 de enero, que resolvió un supuesto en el que la Audiencia Provincial de Madrid había acordado excluir, por razones temporales, dos condenas de un bloque de condenas cuyo tiempo máximo de cumplimiento era ya de 30 años.
102 Concretamente, la sentencia habla de «la peligrosa sensación de impunidad en el sujeto que sabría que nunca podría rebasar el limite máximo señalado por el Código, que no es otro que el de treinta años con el sistema del Código anterior o del marcado en el artículo 76.1 del nuevo Código Penal, en los tres supuestos que contempla (veinte, veinticinco o treinta años)».
103 Vid. pp. 166 y ss.
104 Vid. pp. 225 y ss.

ABREVIATURAS:

ABREVIATURAS

AAN Auto de la Audiencia Nacional

AAP Auto de la Audiencia Provincial

AATS Autos del Tribunal Supremo

AN Audiencia Nacional

AP Audiencia Provincial

apdo. (apdos.) apartado (s)

APNJ Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional

AATS Autos del Tribunal Supremo

art. (arts.) artículo (s)

ATC Auto del Tribunal Constitucional

ATS Auto del Tribunal Supremo

BOE Boletín Oficial del Estado

cap. capítulo

CC Código Civil

CDFUE Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

CE Constitución Española

CEDH Convenio Europeo de los Derechos Humanos

CENDOJ Centro de Documentación Judicial

CGPJ Consejo General del Poder Judicial

coord. (coords.) coordinador (coordinadores)

coord.ª coordinadora

CP Código Penal

dir. (dirs.) director (directores)

DGIIPP Dirección General de Instituciones Penitenciarias

DA Disposición adicional

DF Disposición final

DM Decisión Marco

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea

DT Disposición transitoria

DLE Diccionario de la Lengua Española

ed. Edición

et al. y otros

FGE Fiscalía General del Estado

JVP Jueces de Vigilancia Penitenciaria

LEC Ley de Enjuiciamiento Civil

LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal

LEV Ley del Estatuto de la Víctima

LO Ley Orgánica

LOGP Ley Orgánica General Penitenciaria

LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial

LORPM Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores

LOTC Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

MF Ministerio Fiscal

núm. (núms.) número (s)

p. (pp.) página (s)

párr. (párrs.) párrafo (s)

RAE Real Academia Española de la Lengua

res. resolución

RP Reglamento Penitenciario

SAN Sentencia de la Audiencia Nacional

SAP Sentencia de Audiencia Provincial

SIRAJ Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

STSJ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

s. f. sin fecha

s. p. sin paginar (revista electrónica)

ss. siguientes

SSTC Sentencias del Tribunal Constitucional

SSTEDH Sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

SSTS Sentencias del Tribunal Supremo

STC Sentencia del Tribunal Constitucional

STEDH Sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

STS Sentencia del Tribunal Supremo

t. tomo

TSJ Tribunal Superior de Justicia

vid. véase

vol. volumen

§§ parágrafos

ÍNDICE:

NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTO

I. EL NOMEN IURIS: ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

1. Una primera aproximación

2. Diferencias entre las instituciones reguladas en los arts. 76 CP y 193.2.ª RP

2.1. Plano material

A) Objeto

B) Fundamento

C) Requisitos

D) Consecuencias

2.2. Plano Procesal

A) Competencia

B) Formas de incoación

C) Postulación procesal

D) Tramitación

E) Régimen de recursos

3. Confusión terminológica

3.1. Plano Normativo

3.2. Plano Jurisprudencial

3.3. La Fiscalía General del Estado

3.4. Ámbito Penitenciario

3.5. Perspectiva doctrinal

4. Análisis semántico: opiniones doctrinales

5. ¿Refundición o acumulación? A modo de conclusión

II. LA NATURALEZA DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

1. Planteamiento

2. Análisis de las opciones posibles

2.1. Potestad de enjuiciamiento

2.2. Potestad de ejecución

3. Posición de la Jurisprudencia

4. Posiciones doctrinales

5. Nuestra posición dentro de la doctrina

III. FUNDAMENTO DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS: LUCES Y SOMBRAS

IV. CINCO CONCLUSIONES A MODO DE RECAPITULACIÓN

Capítulo II

EL TRATAMIENTO SUSTANTIVO
DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS


I. INTRODUCCIÓN

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1. Códigos Históricos

2. Código Penal de 1995

III. PENAS ACUMULABLES

1. Introducción

2. Posible acumulación de la pena de localización permanente

3. Arresto de fin de semana

4. Penas de multa y de responsabilidad personal subsidiaria

4.1. Regulación y contenido

4.2. Análisis de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y de la doctrina sobre el carácter no acumulable de la pena de multa

4.3. Análisis sobre el alcance acumulable de la pena de responsabilidad personal subsidiaria

A) Prueba de la transformación de la pena de multa en responsabilidad personal subsidiaria

B) Acumulación de la responsabilidad personal subsidiaria cumplida en forma de localización permanente

5. Penas privativas de derechos

6. Penas privativas de libertad extinguidas

7. Penas suspendidas o en trámite de suspensión

7.1. Suspensión de las penas privativas de libertad del art. 80 CP

7.2. Suspensión de la condena del art. 56.2 LOTC

7.3. Suspensión de la condena art. 4.4 CP

7.4. Suspensión de la pena de prisión por libertad condicional (art. 90 CP)

8. Penas sustituidas

8.1. Penas sustituidas conforme al antiguo art. 88 CP.

8.2. Sustitución del art. 71.2 CP

8.3. Sustitución por expulsión del art. 89 CP

9. Condenas dictadas por tribunales extranjeros

9.1. Posibilidades existentes a día de la fecha

A) Sentencias dictadas por tribunales de países que no pertenezcan a la Unión Europea

B) Sentencias dictadas por tribunales de países que pertenezcan a la Unión Europea

9.2. Evolución normativa y jurisprudencial

9.3. Posiciones doctrinales

10. Penas a futuro

11. Penas del Código Penal de 1973

IV. LA CONEXIDAD

1. Conexidad procesal

2. Conexidad cronológica: después de la STS 1804/1992, de 30 de mayo

V. LA CONEXIDAD TEMPORAL

1. Concepto y fundamento

2. Parámetro cronológico: fecha de celebración del juicio, fecha de la primera sentencia o fecha de la firmeza

2.1. Planteamiento

2.2. Situación antes del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 29 de noviembre de 2005

2.3. Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 29 de noviembre de 2005

2.4. Situación tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo

2.5. Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 3 de febrero de 2016

2.6. Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018

2.7. Reflexión

3. Aplicación del criterio de conexidad temporal

3.1. Sentencia que determina la acumulación

3.2. Análisis de las reglas de la conexidad temporal

VI. LÍMITES PUNITIVOS A LA ACUMULACIÓN

1. Límite relativo

2. Límites absolutos de 20, 25, 30 y 40 años

3. Límites derivados de la imposición de la pena de prisión permanente revisable

VII. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL AUTO DE ACUMULACIÓN

1. Enumeración ordenada de las sentencias

2. Elección de la sentencia que determina la acumulación

3. Análisis de la conexidad temporal

4. Análisis de los límites punitivos

5. Análisis de las restantes condenas no acumuladas: formación de otros bloques y, en su caso, reutilización de condenas

6. Posibilidades combinatorias: aplicación práctica. Limitaciones y sentencia estorbo

6.1. Introducción

6.2. Limitaciones (I): requisito cronológico

6.3. Limitaciones (II): requisito de la continuidad

VIII. COMBINACIONES: EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL, RAZONES DE SU ADMISIBILIDAD Y POSICIONES DOCTRINALES

1. Evolución de la jurisprudencia

2. Posición de la doctrina

3. Una reflexión sobre las combinaciones

IX. CONSECUENCIAS DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

1. El tiempo máximo de cumplimiento

2. Cosa Juzgada

3. Retroactividad del nuevo cambio jurisprudencial

4. Extinción de la responsabilidad penal: agravante de reincidencia, cancelación de antecedentes penales y orden de cumplimiento de las penas

4.1. Determinación de la fecha de extinción de las penas acumuladas:

A) Regla general: momento de su cumplimiento individual

B) Excepciones: momento del alcanzar el tiempo máximo de cumplimiento y firmeza de la sentencia

4.2. Orden de cumplimiento de las penas

5. Prescripción

6. Periodo de seguridad

7. Libertad condicional

8. Redención de penas por el trabajo

9. Abono del tiempo privado provisionalmente de libertad

X. LA REINSERCIÓN SOCIAL Y SU RELACIÓN CON LA CONEXIDAD TEMPORAL: CRÍTICAS DOCTRINALES Y SOLUCIONES DE LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA

1. Planteamiento del tema

2. Críticas doctrinales

3. Soluciones jurisprudenciales a la problemática planteada

4. Soluciones doctrinales

XI. A MODO DE CONCLUSIÓN ACERCA DEL TRATAMIENTO SUSTANTIVO DE LA ACUMULACIÓN

Capítulo III

EL TRATAMIENTO PROCESAL DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

I. BREVE INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO Y, EN ESPECIAL, A SUS DISTINTAS DENOMINACIONES

II. REGULACIÓN: ORIGEN Y EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

III. REGLAS DE COMPETENCIA

1. Planteamiento

2. ¿Es competente el órgano sentenciador o los Jueces de Vigilancia Penitenciaria?

2.1. Origen de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

2.2. Posición de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria

2.3. Posición del Consejo General del Poder Judicial

2.4. Auto del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona de 20 de mayo de 1988

2.5. Posición de la Fiscalía General del Estado

2.6. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

2.7. Posición de la doctrina

2.8. La ausencia de motivos dogmáticos como prólogo de una nueva regla competencial

3. Determinación de los órganos competentes para conocer del incidente de acumulación: breve repaso a las reglas de determinación de la competencia

4. ¿Todos los Juzgados o Tribunales sentenciadores pueden ser competentes para conocer del incidente de acumulación?

4.1. ¿Puede ser competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

4.2. ¿Pueden ser competentes los Juzgados de Instrucción que hayan dictado una sentencia por delito leve?

4.3. Eventual competencia de los Juzgados de Paz en el incidente de acumulación de condenas

4.4. Supuestos en los que el Juez que ejecuta la sentencia no es el mismo que la dicta: Juzgados de Instrucción en funciones de guardia y Juzgados de ejecutorias

A) Sentencias de conformidad dictadas por los Juzgados de Instrucción en sede de diligencias urgentes

B) Sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción en los procesos por aceptación de decreto

C) Los Juzgados de ejecutorias

5. Otros problemas prácticos derivados de la interpretación de la expresión «el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia»

5.1. ¿Es competente el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia o el Juez o Tribunal que hubiere dictado la última sentencia que sea acumulable?

5.2. ¿Es competente el Juez o Tribunal que hubiere dictado la última sentencia atendiendo a la fecha en que haya devenido firme o el Juez o Tribunal que hubiere dictado la última sentencia en primera o única instancia?

5.3. ¿Es competente el Juez o Tribunal que hubiese dictado la última sentencia condenatoria o el Juez o Tribunal que hubiese dictado la última sentencia, fuese absolutoria o condenatoria?

5.4. ¿Es competente el Juez o Tribunal que hubiese dictado la última sentencia condenatoria o el Juez o Tribunal que hubiese dictado la última sentencia condenatoria no extinguida?

5.5. En caso de acumulación previa, ¿es competente el último Juez o Tribunal sentenciador o el Juez o Tribunal que hubiese dictado aquel auto de acumulación previo?

5.6. Supuesto de sentencia condenatoria firme sobrevenida cuando un Juez o Tribunal sentenciador esté tramitando la pieza de acumulación de condenas

IV. INCIDENTE DE ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS

1. Incoación

1.1. Incoación de oficio

1.2. Incoación a solicitud del condenado

2. Tramitación del incidente: trámites procesales preceptivos

2.1. La Hoja Histórico-Penal

2.2. Testimonio de las sentencias condenatorias

2.3. Dictamen del Ministerio Fiscal

2.4. Trámite de audiencia al penado asistido de letrado

3. Otros trámites

3.1. Ficha de situación procesal penal

3.2. Información a la/s víctima/s

4. Resolución

4.1. Hechos

4.2. Razonamientos jurídicos

4.3. Parte dispositiva

A) Decisión strictu sensu

B) Notificaciones y comunicaciones

5. Recurso de casación por infracción de ley

5.1. Regulación y motivos de casación

5.2. Legitimación, preparación e interposición del recurso

5.3. Sustanciación y resolución del recurso: la reformatio in peius

6. Nulidad de la resolución

6.1. Omisión del derecho de asistencia letrada

6.2. Omisión o existencia de errores en los datos fácticos

6.3. Falta de motivación

V. ACUMULACIÓN DE PENAS IMPUESTAS EN LA MISMA SENTENCIA

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN ACERCA DEL TRATAMIENTO PROCESAL DE LA ACUMULACIÓN

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

Sentencias y resoluciones

Apéndice. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL AUTO DE ACUMULACIÓN