Jurisprudencia

Cabecera: TSJ Navarra; 15-09-2021. Anulada una condena por abusos sexuales al no haber declarado la víctima en la vista oral. Según expone la Sala, debe además tenerse presente que la declaración de la denunciante constituye la única prueba personal directa de cargo de los hechos enjuiciados, puesto que las demás son de referencia, en cuanto parten de sus manifestaciones, o tienen por objeto corroborar o desvirtuar la credibilidad y verosimilitud de lo declarado por ella. La relevancia penal de su declaración obliga pues a extremar y reforzar las garantías en la recepción, percepción y valoración de una prueba personal que es nuclear o fundamental en este enjuiciamiento.
Jurisdicción: Penal
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Navarra
Fecha: 14/09/2021
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 27/2021 Número Recurso: 27/2021
Numroj: STSJ NA 415/2021
Ecli: ES:TSJNA:2021:415
Voces sustantivas: Abusos sexuales, Agresión sexual, Abusos sexuales a menores, Circunstancia atenuante, Ius puniendi, Unión europea, Declaración conjunta, Delitos continuados, Domicilio, Edad, Hechos imputados, Inhabilitación especial para el ejercicio, Libertad vigilada, Marcas de garantía, Minoría de edad, Presunciones, Protesto, Dilaciones indebidas, Daños morales, Delitos contra la indemnidad sexual, Derecho a la tutela judicial efectiva, Embargo, Lugar de trabajo, Marcas, Mayoría de edad, Menores de edad, Prohibición de aproximarse a la víctima
Voces procesales: Costas procesales, Declaración de nulidad, Ministerio fiscal, Medios de prueba, Prueba, Principio de contradicción, Recurso de apelación, Avales, Acusación particular, Admisión de prueba, Comparecencia en juicio, Derecho a la presunción de inocencia, Derecho a la tutela judicial efectiva, Derecho de defensa, Diligencias de ordenación, Escritos de calificación, Fase de instrucción, Informe pericial, Inmediación, Juicio oral, Oralidad, Orden de intervención, Prueba documental, Prueba testifical, Presunción de inocencia, Principio de inmediación, Procedimiento probatorio, Proceso con todas las garantías, Prueba en segunda instancia, Prueba preconstituida, Práctica de la prueba, Declaración separada, Efecto negativo, Providencias, Prueba preconstituida, Testigos menores


ENCABEZAMIENTO:


S E N T E N C I A Nº 27
EXCMO. SR. PRESIDENTE:
D. JOAQUIN CRISTOBAL GALVE SAURAS
ILTMOS./A. SRES./A. MAGISTRADOS/A:
D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ URZAINQUI
Dª. CARMEN ARNEDO DIEZ
En Pamplona, a 15 de septiembre del 2021.
Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior Justicia de Navarra, como Sala de lo Penal, el recurso
de apelación registrado en ella con el número 27/2021, contra Sentencia 130/2021 dictada el 31 de mayo de
2021 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra en la causa número 20/2020, dimanante del
Procedimiento sumario ordinario número 433/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de DIRECCION000 por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años ; siendo APELANTES
el acusado don Mauricio , en libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los
Tribunales Dña. Rebeca Maza Alonso y dirigido por el Letrado D. Orlando Merino Moreno y por adhesión, en
recurso supeditado, el MINISTERIO FISCAL y APELADA la acusación particular ejercida por doña. Herminia
, representada en la causa por la Procuradora Dña. Teresa Sarasa Astrain y dirigida por el Letrado D. Luis Mª
Goñi Jiménez.
Ha sido ponente del recurso el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Fernández Urzainqui.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO.- Se aceptan y se dan por reproducidos los de la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Con fecha 31 de mayo de 2021, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra dictó en el citado procedimiento sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Fallo: Se condena al acusado Mauricio , como autor responsable de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años a la pena de 6 años y 1 día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, A tenor de lo dispuesto en el art. 192.1 del Código Penal, se le impone así mismo la medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, con un máximo de duración de 6 años, y a concretar tras el cumplimiento de la misma. A tenor de lo dispuesto en el art. 192.3 del Código Penal, procede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad , por tiempo de 9 años y 1 día. A tenor de lo dispuesto en el art. 57 del Código Penal, se le impone por el tiempo de 11 años y 1 día , la pena de p rohibición de aproximación a menos de 500 metros de distancia de la menor Herminia , así como acercarse a menos de la referida distancia (500 metros), a su domicilio, a su lugar o centro de estudios o trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella, comunicarse con la misma por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, o mantener con la misma contacto escrito, verbal o visual, debiendo cumplirse esta pena de manera simultánea a la pena de prisión solicitada. El acusado indemnizará a Herminia en la cantidad de 30.000 € por los daños morales causados, con los intereses previstos en el art 576 LECivil desde la fecha de la presente resolución, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular".
TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, la representación procesal del acusado don Mauricio interpuso contra ella recurso de apelación, solicitando la estimación del presente recurso, la anulación de la sentencia recurrida y la devolución de los autos a la Ilma. Audiencia Provincial para que se constituya un nuevo Tribunal, distinto del que conoció la causa, con el fin de que se celebre nueva vista donde se practique la prueba solicitada que fue denegada indebidamente en el anterior Juicio. Y subsidiariamente, en el improbable caso de que no se estime la anterior pretensión, tenga a bien admitir la prueba denegada en primera instancia y previos los trámites legales oportunos acuerde revocar la sentencia recurrida, absolviendo a su defendido con todos los pronunciamientos favorables.
CUARTO.- El Ministerio Fiscal se opuso al recurso principal y formuló por su parte recurso adhesivo y supeditado de apelación en el que se opuso a la apreciación de un único delito continuado por la totalidad de los hechos cometidos, al entender ajustada a derecho la separación en dos bloques de las conductas desarrolladas de 2007 a 2013 y en 2017, imponiendo por las primeras, como delito continuado, una pena comprendida entre los cuatro años y los siete años y seis meses de prisión, y por las del segundo bloque una pena comprendida entre los cuatro y los cinco años de prisión con las accesorias ya pedidas en su calificación definitiva. Así mismo impugnó la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, pidiendo su inaplicación.
QUINTO.- La acusación particular, evacuando el trámite conferido, solicitó la íntegra desestimación del recurso de apelación interpuesto con imposición de costas al recurrente.
SEXTO.- Recibida la causa en este Tribunal Superior de Justicia, se formó rollo de apelación penal, al que correspondió el número 27/2021, se conformó la Sala y se designó ponente conforme al turno establecido de composición del tribunal y reparto de ponencias. Teniendo en cuenta que el recurso principal de apelación pedía con carácter principal la anulación de la sentencia recurrida y subsidiariamente la revocación y absolución del acusado, previa la admisión y práctica de las pruebas que solicitaba, la Sala, mediante providencia de 2 de septiembre de 2021, señaló para deliberación y votación de la primera pretensión el día 8 de septiembre, supeditando a lo que resulte de ella el pronunciamiento de la sentencia o el señalamiento de vista para la práctica de la prueba si hubiere lugar a su admisión.
II.- HECHOS PROBADOS Se aceptan y se dan por reproducidos los hechos declarados probados de la sentencia apelada, que son del siguiente tenor literal: " A) El procesado Mauricio , nacido el NUM000 de 1983 y sin antecedentes penales, es tío de la menor Herminia , nacida el NUM001 de 2002, al ser aquel esposo de Dña Regina , hermana de la madre de dicha menor.La citada menor Herminia , y sus tres hermanos ( Carlos Francisco , nacido el NUM002 de 1997; Luis Carlos , nacido el NUM003 de 1999; y Luis Enrique , nacido el NUM004 de 2001) llegaron a España en el año 2005, cuando Herminia tenía unos 2 años de edad, pasando a vivir en Pamplona con su madre, Dña. Zaida , la cual ya residía en aquel momento en esta ciudad. A partir del verano del año 2007, Dña Zaida y sus hijos residieron, inicialmente, en un piso en la CALLE000 de Pamplona y, posteriormente, en una vivienda en la CALLE001 de esta ciudad, compartiendo piso con dos hermanas de aquella, entre ellas la citada Dña Regina , la cual mantenía en aquel tiempo una relación sentimental con el procesado D. Mauricio , motivo por el cual este frecuentaba el domicilio de los antedichos. B) Poco después, el procesado y Dña. Regina se fueron a vivir a DIRECCION001 y desde entonces visitaban con frecuencia a sus citados familiares cuando se trasladaban de DIRECCION001 a Pamplona. b1) En fechas sin concretar con precisión, entre los años 2007 a 2009, cuando Herminia contaba con unos 6 años de edad, el procesado, aprovechándose de su relación de parentesco con la menor, y con el ánimo de satisfacer su deseo sexual, durante las visitas que realizaba a la casa en la que vivía Herminia con su familia, accedía al dormitorio donde ésta dormía con su madre, y sabedor de que su citada madre se iba muy temprano a trabajar, se llevaba a la menor a otra habitación donde dormía el hijo del procesado, que era entonces un bebé. Una vez en esa habitación, el procesado tumbaba a la menor Herminia en la cama, le bajaba el pijama y la ropa interior, le abría las piernas y comenzaba a tocar los genitales de la menor con la mano para a continuación "lamerlos"; hechos estos que sucedieron en más de una ocasión. b2) En junio de 2009 volvieron a Bolivia la menor citada y dos de sus hermanos, regresando todos ellos nuevamente a Pamplona a principios de 2010. Tras regresar de Bolivia a Pamplona, la madre de la menor y sus cuatro hijos residieron en una vivienda de la CALLE002 y Herminia y sus hermanos, fundamentalmente Luis Enrique , visitaron en varias ocasiones a sus tíos en DIRECCION001 , los cuales residían en la CALLE003 NUM005 de esa localidad, pernoctando en esa vivienda.En ese momento Herminia contaba con 7 u 8 años. b3) En fecha indeterminada, pero meses después de regresar de Bolivia, cuando la menor iba con sus hermanos a visitar a sus tíos a su casa de DIRECCION001 , mientras Herminia se encontraba sola en el cuarto de uno de los hijos del procesado, el procesado entró en ese cuarto, y con la intención de satisfacer su deseo sexual, se aproximó a ella, se bajó un poco los pantalones, cogió en peso a la menor y comenzó a subirla y a bajarla de tal manera que los genitales de ambos se rozaron, repitiendo dicho movimiento en muchas ocasiones, hasta que uno de los hermanos de la menor, Luis Enrique , que jugaba con los hijos de su tío, entró en la habitación y el procesado la soltó. Su tía Regina en ese momento estaba en la cocina. En esa ocasión, el procesado advirtió a la menor que si llegaba a decir algo de lo que acababa de suceder la castigaría. b4) En otra ocasión, próxima en el tiempo a la anterior, en otra de las visitas de Herminia a sus tíos a DIRECCION001 , ésta se quedó a dormir en una habitación con un primo de corta edad. En un momento determinado, el procesado entró en el cuarto donde estaba durmiendo Herminia durante la noche y comenzó a tocar los genitales de la menor por encima de la sábana, abandonando el cuarto a continuación. b5) Tiempo después, en fecha no determinada, pero en todo caso cuando Herminia no contaba con más de 10 años pero tenía más de 8 (entre los años 2011 a 2013), ésta se encontraba durmiendo en casa de sus tíos en DIRECCION001 con dos de sus hermanos ( Luis Carlos y Luis Enrique ) en el mismo colchón; y aproximándose a ella el procesado de forma sigilosa, le dijo que se levantara y le acompañara a la cocina. Una vez en la cocina, que estaba a oscuras, el procesado le preguntó si quería chocolate, a lo que Herminia respondió que sí. Entonces, el procesado, con la intención de satisfacer su deseo sexual y aprovechándose de la edad de su sobrina y su falta de conocimiento sobre el significado sexual de lo que iba a suceder, sacó un bote de crema de chocolate para untar e introdujo un poco en una bolsa de plástico para, seguidamente, meter su pene en la bolsa para embadurnárselo de crema de chocolate. A continuación, indicó a la menor donde estaba el chocolate. La menor, que no sabía el significado sexual de la conducta que el procesado le propuso, comenzó a lamerle el pene, no constando si llegó o no a introducirse parte del mismo en la boca, hasta que se acabó el chocolate. Al terminar, el procesado le preguntó si quería repetir, y la menor le contestó que sí, volviendo el procesado a embadurnar su pene con chocolate y Herminia comenzó nuevamente a lamérselo, no constando si llegó o no a introducirse parte del mismo en la boca. Desde ese momento, la menor comenzó a negarse a ir a DIRECCION001 a pesar de la insistencia de su tío para que fueran a visitarles a dicha localidad ella y sus hermanos. C) En fecha no determinada entre Semana Santa y el mes de mayo de 2017, aproximadamente, teniendo la menor 14 años, se encontraba dibujando en su cuarto, en su domicilio en Pamplona, cuando el procesado entró con la excusa de hacerle cosquillas y, tras tumbarse en la cama y con la intención de satisfacer su deseo sexual, comenzó a rozar su pene contra la menor y a tocarle distintas partes del cuerpo. Herminia , al darse cuenta de las intenciones de su tío, lo apartó de encima con ambos brazos, a lo que el procesado le dijo que no se enfadara. En torno al mes de junio y julio de 2017 (sanfermines), un día el procesado se personó muy temprano en el domicilio de Herminia y su familia en Pamplona, sito entonces en la CALLE004 nº NUM006 . Sabedor de que la madre de Herminia se había ido muy temprano a trabajar, y tras abrirle la puerta uno de sus sobrinos, se dirigió al cuarto donde Herminia dormía y, con la intención de satisfacer su deseo sexual, comenzó a tocarle los genitales y los glúteos a la menor por encima de la sábana. El procesado estuvo realizándole estos tocamientos a la menor hasta que ésta le dijo que estaba despierta y que esto le estaba molestando, pidiéndole con insistencia que parase y saliese de la habitación. D) Herminia se encuentra afectada por estos hechos que se han sucedido a lo largo de su niñez y comienzo de su adolescencia, especialmente en el área de la sexualidad. Estos hechos vividos también han tenido repercusión en su propia imagen y en la relación con sus iguales, complicando su desarrollo en la etapa adolescente en la que se encuentra, apreciándose la persistencia de estos síntomas en estas áreas a día de hoy, lo que ha afectado a su carácter introvertido y a su capacidad de relación social.
E) El presente procedimiento se incoó como consecuencia de denuncia formulada con fecha 27 de julio de 2017, habiéndose procedido a la celebración del acto del juicio con fechas 24 y 25 de mayo de 2021, habiendo durado, por consiguiente, 3 años y cerca de diez meses la tramitación del procedimiento desde su incoación y hasta la fecha del acto del juicio".

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- La sentencia recurrida en apelación y los recursos interpuestos contra ella.
La sentencia 130/2021, dictada el 31 de mayo de 2021 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, en la causa registrada bajo el núm. 20/2020, dimanante del procedimiento de sumario ordinario número 43/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de DIRECCION000 , condena al acusado don Mauricio como autor responsable de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de seis años y un día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y para el ejercicio de profesión que conlleve contacto regular con menores por tiempo de nueve años y un día, y a la pena de la prohibición de aproximarse a la víctima y a su domicilio o lugar de trabajo a distancia inferior a 500 metros, así como la de comunicarse por cualquier medio con ella simultánea a la prisión; le impone la medida de libertad vigilada con un máximo de duración de seis años, y le condena al pago de las costas procesales y a indemnizar a la víctima en la cantidad de 30.000 euros por los daños morales causados con el interés legal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Al resolver con carácter preliminar las cuestiones previas planteadas por la defensa del acusado en el juicio oral, la sentencia recurrida, insistiendo en las razones ya expuestas de forma oral al inicio de la sesión, mantuvo la improcedencia de la declaración personal de la denunciante Herminia en el plenario, que el tribunal ya había denegado en el auto de admisión de pruebas de 16 de octubre de 2020. Con reproducción de doctrina jurisprudencial contenida en las SSTS 178/2018, de 12 abril, 337/2021, de 22 abril y 369/2021, de 4 mayo (págs. 11 a 18), la Sala razonó, en síntesis: a) que, aunque era mayor de edad en la fecha de celebración del juicio, era menor de 13 y 16 años en los períodos en que tuvieron lugar los hechos imputados, y tenía 14 años cuando los denunció, por lo que la mayoría de edad alcanzada por el devenir del proceso es un dato insuficiente para modificar los criterios aplicados en el auto de admisión de pruebas; b) que en la fase de instrucción se entendió adecuada la prestación de aquella declaración como prueba preconstituida y se llevó a cabo ésta con asistencia del acusado y su letrado, y con intervención del mismo, en condiciones de efectiva contradicción e igualdad; c) que, pedida por la defensa del acusado la comparecencia personal de la denunciante en el juicio oral, la Audiencia Provincial, tras el informe psicológico emitido al respecto, consideró en el auto referido que desde el punto de vista de la protección de la víctima, que entonces contaba 17 años de edad, no era aquella solicitud procedente, y d) que, más allá de la mayoría de edad, ninguna circunstancia justificaba un cambio de criterio sobre dicha improcedencia y la suficiencia de la prueba preconstituida en relación a los hechos.
Asimismo reiteró en ese trámite preliminar la improcedencia de la prueba documental aportada (salvo la relativa al informe psicológico, que ya fue admitida) por su irrelevancia en el enjuiciamiento de los hechos, y razonó la legalidad procesal del orden de intervenciones fijado para el juicio oral (pág. 18); habiendo tomado en consideración los informes que por separado emitieron el perito psiquiatra señor Doroteo y, conjuntamente, las peritos psicólogas del INML, señoras Milagrosa y Mónica (págs. 27 a 29).
La defensa del acusado interpuso contra la expresada sentencia recurso de apelación en el que solicitó, con carácter principal, la anulación de la sentencia recurrida con devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial para que, por un tribunal con distinta composición, se celebrara nueva vista en la que se practicara la prueba solicitada que indebidamente se le denegó y, subsidiariamente, la revocación de dicha sentencia y la absolución del acusado; interesando, en este segundo supuesto, la práctica de prueba en segunda instancia con la presencia y declaración de Herminia , la admisión de los documentos acompañados al escrito de recurso y la declaración conjunta del perito psiquiatra de la defensa y las psicólogas forenses intervinientes o, subsidiariamente, la declaración separada de estas dos últimas.
Encabezando el primero de sus motivos denuncia el recurso de apelación el quebrantamiento por la sentencia recurrida de las normas y garantías procesales, con vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, por la denegación de la práctica de pruebas pertinentes solicitadas por la parte apelante, que fue ya en su momento objeto de protesta formal; alegando la infracción de los artículos 9 y 24 de la CE y 6 del CEDH, en relación con el artículo 790 de la LECrim. En su justificación argumental se aduce, en síntesis: a) que la petición de declaración personal de Herminia en el juicio no se fundó sólo en su mayoría de edad, sino en la jurisprudencia sobre la materia ( STS 321/2020) y en el rechazo en la prueba preconstituida de preguntas que considera pertinentes y útiles y le impidió una efectiva contradicción que equilibrara su posición en el proceso; b) que los documentos que pretendió aportar contienen información médica y docente de los hijos del acusado, fotografías de la madre de Herminia con otras personas y capturas de pantalla de una serie manga del gusto de esta última, y c) que el perito psiquiatra sr. Doroteo debió haber declarado junto con las peritos psicólogas forenses o, en otro caso, también estas últimas debieron haber declarado en su interrogatorio por separado.
El Ministerio Fiscal formuló por su parte, en trámite de impugnación, recurso adhesivo de apelación en el que, oponiéndose a la continuidad delictiva apreciada en la sentencia recurrida y a la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, solicitó la punición separada de los hechos realizados entre los años 2013 a 2017 y los ejecutados en 2017, y la inaplicación de la citada circunstancia atenuante, con las consecuencias penológicas que en su adhesión impugnativa se detallaban.
SEGUNDO.- La declaración de la presunta víctima mediante comparecencia en el juicio o por reproducción en él de la prueba preconstituida.
Alega en primer término el recurso el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, con vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y de defensa, por la denegación de la declaración personal en juicio de la presunta víctima, ya mayor de edad, que la defensa del acusado solicitó en el escrito de calificación y reiteró como prueba a practicar en el plenario, al haberse visto privada por tal denegación del derecho a interrogarla y poderle formular preguntas -a su juicio pertinentes- que en la prueba preconstituida le fueron rechazadas.
1. La regla general de la declaración presencial de testigos en el juicio oral.
El derecho a un " proceso equitativo" del artículo 6 del Convenio europeo de 1950 o a un " proceso con garantías" de los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y 24.2 de la Constitución Española exigen, como regla general, que todos los medios de prueba con validez e idoneidad para desvirtuar la presunción de inocencia se practiquen en el juicio oral, con sujeción a las garantías de inmediación del tribunal juzgador, contradicción, oralidad y publicidad ( SSTEDH 20 diciembre 2001, 2 julio 2002 y 2 noviembre 2010; SSTC 31/1981, de 28 julio; 217/1989, de 21 diciembre y 174/2011, de 7 noviembre, y SSTS 96/2009, de 10 marzo y 598/2015, de 14 octubre). En tal consideración se ha dicho que " únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar precisamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes" ( SSTC 174/2003, de 29 septiembre y 9/2004, de 9 febrero).
Esta exigencia resulta si cabe más acusada en relación a la prueba testifical (cfr. arts. 702 y 446 LECrim), de la que se ha dicho repetidamente que su " verdadera fuerza o valor... descansa en el hecho de que se produzca ante la presencia inmediata del tribunal, pues la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial" ( SSTS 392/2018, de 26 julio y 374/2019, de 23 julio). Y la necesidad de su observancia cobra particular relieve para enervar la presunción de inocencia, cuando -como aquí sucede y es común en delitos contra la indemnidad sexual ejecutados en un contexto de clandestinidad- la declaración de la presunta víctima constituye la única o fundamental prueba directa de cargo, no pocas veces con escasos elementos de corroboración, y resulta decisiva la apreciación inmediata de su credibilidad, verosimilitud y persistencia para la adecuada formación de la convicción del tribunal (cfr.
STS 1251/2009, de 10 diciembre).
Esta regla general es en principio de aplicación también a las declaraciones de menores. Como recuerda la STS 88/2021, de 3 febrero, la mera condición del testigo menor de edad no basta para " excepcionar, partiendo de una suerte de generalizada presunción de inconveniencia en tales casos de que comparezca al plenario, la regla general de que la prueba ha de ser practicada en el acto del juicio oral". En palabras de la STS 632/2014, de 14 octubre, " no se puede, ni se debe, sustituir la regla general de la presencia del testigo en el acto del juicio oral por la regla general contraria cuando se trate de menores". Y es que, como dice la STS 19/2013, de 9 enero, " nuestra jurisprudencia no avala el desplazamiento caprichoso del principio de contradicción ni del derecho de defensa por el simple hecho de que la víctima sea un menor de edad".
Por más que en la prueba preconstituida se garantice la contradicción, se trata de una contradicción limitada y no equivalente a la propia del plenario. Como advierte la STS 579/2019, de 26 noviembre, " la plena contradicción sólo es posible en el juicio oral, pues sólo en ese momento se dispone de la hipótesis acusatoria formalizada y se conoce el contenido de los elementos investigativos empleados para construirla, así como el listado de los medios de prueba propuestos para verificarla".
2. La excepción aplicable a menores de edad o personas con discapacidad.
La necesidad de proteger la estabilidad emocional y el normal desarrollo de la personalidad de las víctimas menores de edad -especialmente en delitos de la naturaleza del aquí enjuiciado- evitando los riesgos de victimización secundaria, en consonancia con las directrices y orientaciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño de 1990, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra el abuso sexual de 2007, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 2001/220/JAI, la Directiva de Parlamento Europeo y Consejo 2012/29/UE y la doctrina del TEDH y del TC, ha conducido sin embargo a la jurisprudencia a moderar o modular las exigencias de aquella regla general, ampliando o extendiendo la excepción legal derivada de la imposibilidad o extrema dificultad de la comparecencia en juicio de ciertos testigos, que habilitaba la preconstitución de prueba mediante la anticipación de su práctica en la fase de instrucción (cfr. arts. 448 y 777 LECrim), a las declaraciones de menores víctimas de delitos sexuales, que por su edad, inmadurez y vulnerabilidad pudieran sufrir daños psicológicos con la reiteración de su testimonio en el plenario ( SSTS 96/2009, de 10 marzo; 71/2015, de 4 febrero; 840/2016, de 7 noviembre y 742/2017 de 16 noviembre).
En el estatuto de la víctima del delito, la Ley 4/2015, de 27 abril, dispuso ya en su artículo 26.1.a), " para menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección" que las declaraciones recibidas durante la fase de investigación fueran grabadas por medios audiovisuales y pudieran ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la LECrim. Y, modificando los artículos 433, 448, 707 y 730 de esta última Ley, estableció para " los testigos menores de edad o con capacidad judicialmente modificada" la posibilidad de que, en la fase de instrucción, se les tomara declaración, evitando la confrontación visual con el inculpado, mediante la intervención de expertos, la del Ministerio Fiscal y la de las partes, y dispuso que la declaración sería grabada por medios audiovisuales, de forma que pudiera ser reproducida en el juicio oral, a instancia de cualquiera de las partes.
La reciente reforma de la LECrim por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 junio -que todavía no estaba en vigor cuando se celebró el juicio-, reiterando en su Preámbulo que " la prueba preconstituida es un instrumento adecuado para evitar la victimización secundaria, particularmente eficaz cuando las víctimas son personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de una especial protección", refiere hoy la obligatoriedad de instrumentar como prueba preconstituida la declaración a las personas " menores de catorce años o con discapacidad necesitada de especial protección" que deban intervenir en condición de testigo en alguno de los procedimientos que cita (arts. 449 ter y 777.3). Asignando carácter excepcional a su intervención personal en el acto del juicio oral, la actual regulación legal declara que la autoridad judicial sólo podrá acordarla, a solicitud de parte, cuando la considere necesaria en resolución motivada o la prueba preconstituida no reúna los requisitos legales y cause indefensión (art. 703 bis); porque, fuera de tales supuestos, será la declaración practicada como prueba preconstituida la que, a instancia de cualquiera de las partes, habrá de incorporarse, para su valoración como prueba en la sentencia, mediante la reproducción de la grabación audiovisual en la vista o juicio oral, sin que sea necesaria la presencia del testigo en el acto (arts. 703 bis y 777.3).
No puede sin embargo olvidarse que la declaración presencial de las presuntas víctimas en el juicio oral constituye, por las garantías que rodean su interrogatorio en él, la regla general, y que la exclusión de su comparecencia directa y su sustitución por el visionado de la grabación audiovisual realizada en prueba preconstituida -justificadas por la protección de su estabilidad psíquica y la eliminación del riesgo de victimización secundaria- representa una excepción que, como tal, sólo es de aplicación a las personas comprendidas en su ámbito tutelar, esto es, a las menores de edad -hoy, con carácter obligatorio, sólo a las menores de 14 años- y a las personas con discapacidad necesitada de especial protección.
3. La reiteración presencial en el juicio de la declaración prestada en prueba preconstituida: reevaluación de los riesgos.
Doctrina y jurisprudencia han referido comúnmente esta medida (la sustitución de la presencia por la reproducción de la prueba preconstituida) a menores inmaduros, de corta edad o especialmente vulnerables, porque en ellos cabe temer con fundamento que la intervención en el juicio oral pueda generarles daños psicológicos; pero, para acordarla, denegando la comparecencia y declaración solicitada como prueba en él ha exigido, en especial tratándose de menores maduros, que el riesgo de su padecimiento sea explícitamente apreciado y resulte suficientemente justificado o corroborado por los informes psicológicos obtenidos o las circunstancias constatadas ( SSTS 71/2015, de 4 febrero; 663/2018, de 17 diciembre; 579/2019, de 26 noviembre; 290/2020, de 10 junio y 88/2021, de 3 febrero).
A ello ha de añadirse que para la exclusión de la presencia o comparecencia personal de la víctima en el juicio oral ha de estarse no a la edad y situación que tuviera al tiempo de producirse los hechos enjuiciados, ni a la fecha de su denuncia o a la de la exploración o declaración prestada en la fase instructora del proceso, sino a la edad, madurez, grado de desarrollo y demás circunstancias concurrentes " al momento de la celebración del juicio oral" en que su testimonio es requerido (cfr. STS 321/2020, de 17 junio). La existencia de una prueba preconstituida no confiere a la persona cuya minoridad y vulnerabilidad determinó en la instrucción su práctica una indefinida dispensa de comparecer en el plenario y ser interrogada en él. Siendo cierto que se debe evitar la revictimización de los menores, no es menos cierto, que -como apunta la STS 579/2019, de 26 noviembre- " no puede existir un permanente derecho de no comparecer en el plenario cuando su interrogatorio ha sido propuesto por la defensa, ya que ese derecho de no comparecer existe y puede aplicarse cuando se acredite la afectación a los menores, pero este extremo no puede presumirse". Como dice la STS 290/2020, de 10 junio, con cita de la 579/2019, de 26 noviembre, aunque se haya conformado la prueba preconstituida en la instrucción, la petición de su declaración en el plenario obliga a valorar las circunstancias concretas " y la edad de la menor al momento de declarar en el juicio para decidir su comparecencia o incomparecencia, pero resolviendo de forma motivada y con parámetros objetivables sobre la decisión de posible victimización". La necesaria preservación de todos los derechos convergentes en el enjuiciamiento exige pues que esta afectación resulte debidamente justificada y que las razones que fundan la exclusión de la comparecencia en el juicio, generalmente respaldadas por un informe acreditativo del riesgo de daños psicológicos, aparezcan suficientemente explicitadas ( SSTS 366/2016, de 28 abril y 468/2017, de 22 junio, del Tribunal Supremo).
La necesidad de protección de la presunta víctima y los mecanismos adecuados a su aseguramiento pueden evolucionar, y normalmente lo hacen, con el paso del tiempo en el curso del proceso. La edad, la madurez, la experiencia, el conocimiento de la sexualidad, y la capacidad de razonar y expresarse pueden haber experimentado, entre la primera fase del proceso en que se preconstituyó la prueba personal y la fecha de celebración del juicio oral, cambios sensibles que hagan a la víctima menos vulnerable al interrogatorio judicial.
Como señala la STS 88/2021, de 3 febrero " la evolución del proceso, y la mutabilidad de las circunstancias que justifican las especialidades en la práctica de la prueba... comporta que los escenarios inicialmente apreciados puedan desaparecer, eliminando con ello la justificación de las medidas contempladas" o, como apunta la STS 44/2020, de 11 febrero, puedan asimismo transformarse, justificando su sustitución por otras más acordes a las nuevas circunstancias y menos restrictivas del derecho de defensa. El que la maduración personal de un testigo menor sea debida a la " demora en la tramitación de la causa" no excluye la procedencia final de su comparecencia e intervención en el plenario (cfr. STS 44/2020, de 11 febrero, FD 2º) 4. El riesgo de empobrecimiento o contaminación del testimonio reiterado.
Es cierto que el recurso a la preconstitución probatoria de las declaraciones de menores prestadas en la fase procesal instructora no responde sólo a consideraciones victimológicas, de defensa de la salud psíquica y la estabilidad emocional de menores y discapaces, ante el riesgo de revictimización, sino también a otras de orden epistémico que lo aconsejan, con el fin de eludir el riesgo de empobrecimiento o contaminación del testimonio por el transcurso del tiempo o la interacción de terceros ( SSTS 19/2013, de 9 enero; 44/2020, de 11 febrero y 88/2021, de 3 febrero). Pero este riesgo puede ser neutralizado o conjurado mediante la confrontación de la declaración en juicio con la prestada y grabada en la instrucción a la hora de valorar críticamente la credibilidad y verosimilitud del último testimonio vertido en el plenario. La declaración en la vista del juicio oral no anula, ni sustrae a la valoración probatoria, la prestada ante el Juzgado con todas las garantías e incorporada al plenario mediante la lectura o el visionado de su grabación, ya que -en palabras de la STS 568/2017, de 17 julio-, " como cualquier otra declaración sumarial, es valorable como prueba, junto con el resto del material probatorio, especialmente a los efectos de determinar, contrastándola con la declaración del plenario, cual es la versión más fiable en el caso de que existan contradicciones, discrepancias o incongruencias entre las manifestaciones".
TERCERO.- La denegación de la declaración en juicio de la víctima, mayor de edad que, siendo menor, declaró ante el Juzgado en prueba preconstituida.
La resolución de la pretensión anulatoria deducida con carácter principal en el recurso y la respuesta al motivo primero de apelación que la sustenta pasan por el examen de los antecedentes y circunstancias de la petición de comparecencia al juicio denegada por la Sala juzgadora a la luz de las razones y consideraciones de derecho que acaban de exponerse.
1. Los antecedentes de la resolución sustitutoria de la declaración personal por el visionado de la grabación.
Aun referidos los hechos denunciados a periodos de tiempo en que Herminia no había alcanzado los 10 años (hasta 2013) o contaba con 14 años de edad (2017), era ésta (14 años) la edad que tenía cuando en 2017 se formuló la denuncia penal motora de este proceso (27-6-2017) y se le tomó declaración judicial a la menor (4-8-2017), por medio de psicóloga del INML, con los requerimientos propios de la " prueba preconstituida" y la intervención de Ministerio Fiscal, acusado y letrado defensor, a quien en ese acto le fueron rechazadas por impertinentes algunas de las preguntas formuladas y reseñadas en el acta, motivando la oportuna protesta.
En el informe pericial emitido ese mismo año (29-8-2017) la perito psicóloga interviniente en la prueba preconstituida (sra. Milagrosa ) apostilló que no consideraba " conveniente la declaración de la menor en el acto del juicio oral. La repetición del relato de las conductas abusivas sexuales obliga a la menor a revivir y reexperimentar las emociones negativas asociadas, lo que dificulta la resolución no traumática de dicha experiencia. Además es necesario tener en cuenta que Herminia presenta un carácter introvertido y afectación en su capacidad de relación social. Todo ello supone una victimización secundaria, con efectos negativos en la estabilidad psicológica de la menor".
En las conclusiones provisionales formuladas en 2020, cuando Herminia contaba ya 17 años y medio, las acusaciones pública y particular pidieron como prueba su testimonio, aunque solicitando, con carácter principal, la sustitución de su declaración personal en el juicio oral por el visionado de la grabación realizada en la instrucción como prueba preconstituida; mientras que la defensa interesó su comparecencia personal en el plenario con las más amplias garantías de oralidad, inmediación y contradicción.
Con carácter previo a la decisión sobre la práctica de esta prueba, la Audiencia Provincial acordó, mediante providencia de 17 julio 2020, recabar informe psicológico actualizado " en el que se concretaran con precisión los posibles daños que podrían derivarse para la menor en caso de realizar su declaración en el juicio oral".
Evacuando este trámite, la psicóloga forense, señora Clemencia , emitió ese mismo mes informe en el que hacía constar que " la repetición del relato de la conducta abusiva sexual fuerza a la menor Herminia ... a tener que revivir y reexperimentar las emociones negativas asociadas, y esto dificulta la resolución no traumática de dicha experiencia. Además, el tener que repetir su declaración ante otros profesionales desconocidos supone de por sí una fuente de estrés . Todo ello supone una victimización secundaria con efectos negativos en la estabilidad psíquica de la menor".
Tras la audiencia sobre el resultado de este informe a las partes, que reiteraron sus iniciales posiciones sobre la prueba, la Sala Juzgadora dictó el 16 octubre 2020 auto admitiendo las pruebas propuestas para su práctica en el juicio oral, con la excepción relativa a la " declaración de la menor" que, a la vista del informe psicológico forense (cuyo tenor reproducía), y teniendo en cuenta la prolongada duración de la declaración prestada como prueba preconstituida, así como la irrelevancia de las preguntas que en su desarrollo le fueron rechazadas a la defensa, acordó se efectuara -conforme a lo pedido por las acusaciones pública y particular- mediante el visionado de la grabación que se llevó a cabo de aquella declaración.
El 11 diciembre 2020, pendiente el señalamiento del juicio oral, Herminia alcanzó la mayoría de edad con el cumplimiento de los 18 años.
Mediante diligencia de ordenación de 17 febrero 2021, se señaló para la celebración del juicio los días 24, 25 y 26 mayo 2021. En el trámite de cuestiones previas la defensa del acusado, junto al planteamiento de otras, reiteró la solicitud de declaración de Herminia , ya mayor de edad, mediante comparecencia personal en el juicio, con las medidas que impidieran el contacto visual con el procesado, citando en apoyo de su petición la doctrina sentada por la STS 321/2020, de 17 julio (00:01:15). El Ministerio Fiscal, aun reconociendo la mayoría de edad de la testigo por la duración del proceso, estimó procedente el visionado de la declaración prestada en la instrucción a fin de evitar el impacto que la comparecencia podría producirle, solicitando, si no se entendiera así, que Herminia fuera previamente objeto de examen psicológico sobre su estado actual (00:09:40). El Letrado de la acusación particular, tras advertir que Herminia no estaba presente porque no había sido citada al acto, al haberse denegado por la Sala su comparecencia en virtud del informe forense emitido, manifestó que, en cualquier caso, dada su edad, si se juzgara necesaria su declaración, no pasaría nada (00:12:30).
La Sala juzgadora, en respuesta oral a la referida cuestión, volvió a desestimar la recepción del testimonio de la víctima mediante su comparecencia personal en juicio y mantuvo la procedencia de su sustitución por el visionado en él de la grabación que contenía la prueba preconstituida (00:13:35), lo que dio lugar a la oportuna protesta de la defensa del acusado (00:15:20); y en la sentencia recurrida, motivó más detalladamente tal resolución con las consideraciones ya expuestas en el fundamento jurídico primero de la presente sentencia.
2. La procedencia de la comparecencia en juicio de la presunta víctima mayor de edad.
Como recuerda la STS 293/2020 de 10 junio, " el derecho a la presunción de inocencia no conoce modulaciones en su vigencia en función de la naturaleza del hecho que está siendo objeto de investigación y enjuiciamiento.
Quien se enfrenta al ius puniendi del Estado como hipotético responsable de una agresión sexual tiene necesariamente que gozar del mismo marco de garantías con el que cuenta cualquier otro ciudadano que, para responder de otros delitos, se convierte en destinatario de una acusación penal". Y si -en palabras de la STS 369/2021, de 4 mayo- " las garantías que disciplinan el ejercicio del 'ius puniendi' del Estado no pueden arrinconarse cuando la víctima del delito es un menor de edad", menos aún podrán desdeñarse cuando la víctima ha alcanzado la mayoría de edad.
El transcurso de cuatro años desde la declaración en prueba preconstituida de la menor, cuando tenía catorce años y medio, no sólo determinó a la fecha del plenario, en que aquella contaba dieciocho años y cinco meses, su salida de la minoría de edad a que se contrae la repetida protección legal, sino que también hubo de incidir sensiblemente en la situación psicológica y emocional que en la instrucción motivó la recepción de su declaración como prueba preconstituida, ante la eventualidad previsible de un juicio oral más próximo que el que finalmente se celebró cuatro años después.
Como ya se ha dicho, ni la edad (catorce años y medio) que tenía Herminia cuando se formuló la denuncia y prestó declaración en el Juzgado, ni la conformación de esta declaración como prueba preconstituida, le conferían una dispensa absoluta, indefinida e incondicional de comparecer en el juicio oral, si su presencia e intervención personal en el plenario eran pedidas, sino sólo la posibilidad de eludirla sustituyendo la declaración presencial por la reproducción de la grabada si, llegado el momento del plenario, su minoridad hacía de su interrogatorio en él una forma de victimización secundaria con fundados riesgos de perturbación de su desarrollo personal y su estabilidad psíquica y emocional.
Pero, si al tiempo de señalarse y celebrarse el juicio oral la presunta víctima, por su mayoría de edad, no estaba ya comprendida en el ámbito subjetivo de la protección legal referido a las víctimas menores edad, sin hallarse afectada por discapacidad alguna, tampoco puede estimarse que el informe psicológico recabado del INML sobre los daños que podrían derivarse de su comparecencia en el juicio a Herminia -que ya en ese momento contaba con diecisiete años y medio- llegara a alertar de riesgos concretos y tan acusados para la salud de la testigo que desaconsejaran su comparecencia en el plenario, al punto de justificar la limitación del derecho de la defensa a interrogar en él a la única testigo directa de cargo, bajo los principios de inmediación y contradicción. El informe se refiere a la reexperimentación de emociones negativas, al estrés derivado de la repetición de su declaración ante profesionales desconocidos y a los efectos propios de la victimización secundaria; efectos que son comunes a la generalidad de las víctimas de esta clase de delitos, pero no de tal intensidad que justifiquen la limitación del derecho de defensa que la excepción a la declaración en el plenario representa, teniendo además en cuenta las posibilidades que actualmente ofrece la legislación procesal para minimizar el impacto psicológico y emocional derivado de la práctica de esta prueba. No es ocioso advertir que el letrado que actúa por Herminia en ejercicio de la acusación particular no planteó mayores objeciones o inconvenientes a su comparecencia personal en el juicio si finalmente ésta se estimara necesaria.
Debe además tenerse presente que la declaración de Herminia constituye la única prueba personal directa de cargo de los hechos enjuiciados, puesto que las demás son de referencia, en cuanto parten de sus manifestaciones, o tienen por objeto corroborar o desvirtuar la credibilidad y verosimilitud de lo declarado por ella. La relevancia penal de su declaración obliga pues a extremar y reforzar las garantías en la recepción, percepción y valoración de una prueba personal que es nuclear o fundamental en este enjuiciamiento.
Al denegar la Sala juzgadora de primera instancia la declaración en juicio de la presunta víctima propuesta como prueba por la defensa del acusado y valorar la prestada en la instrucción como prueba preconstituida, vulneró las normas y garantías procesales cuya infracción se denuncia en el recurso. Con su denegación, impidió a la defensa del acusado recurrente interrogar en el juicio, en presencia del tribunal sentenciador y con las garantías de una plena contradicción, a la testigo (mayor de edad) cuya declaración sustenta la fundamental prueba de cargo de la acusación, sin que el tenor del informe técnico psicológico recabado para acordar su sustitución por la reproducción de la prueba preconstituida justifique la limitación del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías que tal sustitución comporta.
La improcedente denegación del interrogatorio presencial propuesto conduce a la anulación del juicio y de la sentencia que le puso fin, determinando la devolución de las actuaciones a la Audiencia Provincial para que - como en los casos resueltos por la SSTS 663/2018, de 17 diciembre y 579/2019, de 26 noviembre- un tribunal, compuesto por distintos magistrados, proceda a la celebración de un nuevo juicio oral, en el que la prueba personal de declaración de Herminia se practique de modo presencial.
Este tribunal de apelación ha considerado la posible subsanación de su incomparecencia en el juicio oral (cfr. art. 790.2, párr. segundo LECrim), admitiendo su interrogatorio en la segunda instancia, como subsidiariamente a la anulación se pedía en el recurso; pero, finalmente, ha estimado que su práctica no corregía suficiente o satisfactoriamente la indefensión -limitación del derecho de defensa- que la denegación de la declaración presencial había causado: a) porque, siendo dicho testimonio la prueba fundamental o nuclear de cargo, su resultado tiene un incuestionable valor orientativo de las preguntas que puedan formularse en los interrogatorios que sucesivamente se practiquen con las restantes pruebas personales, de cargo y de descargo, que, por ello, deberían también reproducirse en esta segunda instancia, y b) porque si la Sala de apelación hubiera de valorar la declaración prestada ante ella por la presunta víctima, necesariamente habría de confrontar o contrastar sus manifestaciones con las de testigos y peritos que no presenció ni pudo intervenir, por lo que, sin su reproducción en la alzada, esta Sala tampoco podría realizar con las garantías de rigor una nueva valoración contrastada de ese conjunto probatorio que el principio de inmediación reserva al tribunal ante el que se desarrolló.
La admisión y práctica de la declaración presencial en el plenario, no priva de valor a la grabada como prueba preconstituida, ni impide confrontar con ella la que se practique en el juicio. Esta resolución tampoco prejuzga la admisibilidad y pertinencia de las preguntas que en el curso de la prueba preconstituida fueron rechazadas, debiendo ser la Sala ante la que el nuevo juicio se desarrolle la que aprecie con plena libertad e independencia su necesidad, utilidad y pertinencia.
No considera la Sala en cambio infracción legal que determine la nulidad del juicio las decisiones afectantes al modo de declaración de los peritos informantes en el juicio y a la incorporación de los documentos que fueron inadmitidos. Pero siendo necesaria la celebración de un nuevo juicio, considera esta Sala de apelación inadecuado abundar en consideraciones sobre ambas cuestiones a fin de no constreñir las competencias de la nueva Sala juzgadora en la dirección y ordenación del juicio oral y en la recepción de las pruebas que en el acto puedan proponerse.
CUARTO.- Conclusión y costas.
Las razones y consideraciones expuestas en los precedentes fundamentos de derecho conducen a la estimación parcial del primer motivo de apelación y a la de la pretensión deducida con carácter principal en el recurso, declarando la nulidad del juicio oral y la de la sentencia que le puso fin, con devolución de las actuaciones a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra a fin de que un tribunal compuesto por distintos magistrados celebre el juicio oral con la citación y comparecencia al acto de Herminia , posibilitando su interrogatorio directo y personal en el plenario con plenas garantías de inmediación y contradicción, aunque con las medidas que considere más adecuadas.
No habiendo lugar a examinar la pretensión subsidiaria para la que se proponía prueba en segunda instancia, procede devolver a la parte recurrente los documentos cuya admisión e incorporación se solicitaba.
La declaración de nulidad del juicio y de la sentencia que le puso fin hace también ocioso el examen del recurso adhesivo y supeditado de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal en solicitud de un fallo revocatorio y agravatorio del recurrido.
Al no apreciarse motivos que justifiquen su imposición, procede asimismo declarar de oficio las costas causadas en la sustanciación de la presente apelación.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, actuando como Sala de lo Penal, con la composición que se expresa al margen del encabezamiento ha adoptado el siguiente

FALLO:

1º. Estimar en parte la pretensión formulada con carácter principal en el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Rebeca Maza Alonso, en nombre y representación del acusado don Mauricio.
2º. Declarar la nulidad del juicio oral y la de la sentencia núm. 130/2021 dictada el 31 de mayo de 2021 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra en el rollo de Sala 20/2020 , dimanante del procedimiento de sumario ordinario núm. 433/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de DIRECCION000.
3º. Devolver las actuaciones a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra a fin de que un tribunal compuesto por distintos magistrados celebre el juicio oral, con la citación y comparecencia al acto de la presunta víctima, Herminia , posibilitando el interrogatorio directo en el plenario que se solicita, con plenas garantías de inmediación y contradicción, y con las cautelas y medidas de protección que las circunstancias requieran o aconsejen.
4º. No haber lugar al examen del recurso adhesivo y supeditado de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal en relación al juicio de fondo y su resolución.
5º. Devolver a la parte apelante principal los documentos presentados con la proposición de prueba vinculada a la pretensión subsidiaria deducida en su recurso.
6º. Declarar de oficio las costas causadas por el recurso de apelación.
7º. Notificar esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al hallarse exceptuada de tal recurso por el artículo 847.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.