Jurisprudencia

Cabecera: Juzg. Cont-advo; 21-07-2021. Un Juzgado revoca una multa por saltarse el confinamiento tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional. El Estado, según la sentencia, solicitó la suspensión del proceso por desconocer el contenido detallado de la sentencia del Tribunal Constitucional, a la espera de que se publique en el BOE. El magistrado, sin embargo, entiende que no es necesaria esa espera por la sencilla razón de que en el recurso de inconstitucionalidad ha sido parte el Poder Ejecutivo, representado y defendido por el abogado del Estado, quien ha recibido ya la notificación del contenido íntegro de la sentencia, que se ha publicado completa hace ya unos días en la web oficial.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Fecha: 21/07/2021
Tipo resolución: Sentencia
Número Sentencia: 126/2001
Voces sustantivas: Mandato, Procedimiento administrativo, Resistencia a la autoridad, Sanciones administrativas, Seguridad ciudadana, Domicilio, Expediente sancionador, Guardia civil, Libertad de circulación, Principio de legalidad, Procedimiento administrativo común, Administración general del estado, Agentes de la autoridad, Desobediencia a la autoridad, Embargo, Infracciones graves, Pronto pago
Voces procesales: Declaración de nulidad, Recurso de inconstitucionalidad, Notificaciones, Principio de legalidad, Suspensión del proceso


RESUMEN:

Materia: Sanciones administrativas. Restricciones de circulación durante el primer estado de alarma de la pandemia de Covid-19. Desobediencia a la autoridad.
Cuantía: 300,50 euros

ENCABEZAMIENTO:

SENTENCIA

Número: 185/2021

Pontevedra, 21 de julio de 2021

Visto por D. Francisco de Cominges Cáceres, magistrado del Juzgado Contencioso- Administrativo Núm. 1 de Pontevedra, el PROCEDIMIENTO ABREVIADO 126/2021 promovido por D. XXXX, representado y defendido por D. David Alonso Alonso (sustituido en el acto del juicio por Dª Ana Fernández Alonso); contra la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA), representada y asistida por el Letrado sustituto del Abogado del Estado D. Miguel Ángel Lorenzo Toledo.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1º.- D. XXX interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra que le impuso una sanción de multa de 601 euros (reducida a 300,50 euros) por la comisión de la infracción grave de desobediencia a la autoridad tipificada en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana el día 31 de marzo de 2020 en el término municipal de Tui (expte. 7062/2020).
En el "suplico" final de su Demanda solicitó se dicte sentencia en la que anule la sanción impugnada, con expresa condena a la Administración demandada a reintegrarle los 300,50 euros con intereses, más las costas del proceso.
2º.- El día 21 de julio de 2021 se celebró la vista del juicio. El actor se ratificó en su demanda. La Administración demandada formuló su contestación a la demanda interesando en primer lugar la suspensión del proceso o subsidiariamente la íntegra desestimación del recurso.
Se recibió el proceso a prueba, practicándose documental. Se realizó a continuación trámite de conclusiones, quedando el pleito visto para sentencia.
3º.- La cuantía del litigio es de 300,50 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- Objeto del proceso.

Constituye el objeto de este litigio la multa de 601 euros (minorada a 300,50 euros por pronto pago), que la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra le impuso a D. XXX por la comisión de la infracción grave de desobediencia a la autoridad tipificada en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana -LOPSC- (expte. 7062/2020).
Concretamente por incumplir lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarativo del estado de alarma, al: <<Encontrarse en la vía pública, en Paseo Parque Infantil en la localidad de Tui (Pontevedra), a las 18:40 horas del día 31/03/2020, sin hallarse comprendido en ningún supuesto de los permitidos por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19 (en adelante RD 463/2020). Encontrarse el denunciado en el parque infantil y el paseo con su hija menor, sin justificación, alegando que salieron porque se agobiaban>>.
Mediante resolución de fecha 9 de octubre de 2020 suscrita por la Subdelegada del Gobierno de Pontevedra se incoó un expediente sancionador frente al actor. Tras su notificación, éste procedió al pago de la multa propuesta, acogiéndose a la reducción del 50% de su importe regulada en el artículo 54 LOPSC, lo que conllevó la inmediata finalización del procedimiento administrativo sancionador.
II.- Argumentos de las partes.

El recurrente señala en su Demanda y en su alegato en el juicio, en síntesis, que se vio obligado a bajar al parque porque su hija pequeña entró en estado de ansiedad tras varios días de encierro. Cuanto los Agentes de la Guardia Civil le requerieron regresar a su domicilio, cumplieron la orden diligentemente. Insiste en que no desobedeció a la autoridad y en que la sanción impuesta infringe los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad. En la vista del juicio se adscribió a la tesis que se le planteó de oficio acerca de que la sanción ha devenido nula de pleno derecho tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad de lo dispuesto en el artículo 7 del referido RD 463/2020.
La Administración del Estado solicitó en su Contestación, en primer lugar, la suspensión del proceso por desconocer el contenido detallado de la referida sentencia del Tribunal Constitucional, a la espera de que se publique en el BOE. Sobre el fondo del asunto alegó en resumen, que el actor infringió las limitaciones establecidas como "orden de la autoridad" en el artículo 7 del referido Real Decreto 463/2020 declarativo del primer estado de alarma, y en las sucesivas órdenes ministeriales y resoluciones que exigieron su cumplimiento. Dicho incumplimiento se subsume en la infracción grave tipificada en el artículo 36.6 LOPSC, al tratarse de la desobediencia a una orden expresa, concreta y terminante de la "autoridad" competente (en estado de alarma: el Gobierno de la nación o sus ministros delegados) publicada en el BOE y difundida ampliamente en todos los medios de comunicación. Añade que el citado artículo 36.6 LOPSC tipifica como infracción no únicamente la desobediencia a los mandatos concretos y específicos de los agentes de la autoridad, sino también la desobediencia o resistencia a la autoridad.
III.- Inconstitucionalidad de las restricciones de circulación establecidas en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La sanción de multa aquí impugnada se le impuso al actor, única y exclusivamente por haber incumplido, sin causa justificada, la prohibición de circulación por vías o espacios de uso público establecida en el referido artículo 7.1 RD 463/2020.
Pues bien, resulta que dicho precepto acaba de ser declarado nulo por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 de julio de 2021, al concluir (FD 11) que: <<las constricciones extraordinarias de la libertad de circulación por el territorio nacional que impuso el artículo 7 (apartados 1, 3 y 5) del Real Decreto 463/2020, por más que se orienten a la protección de valores e intereses constitucionalmente relevantes, y se ajusten a las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en su documento "Actualización de la estrategia frente a la COVID-19" (14 de abril de 2020), exceden el alcance que al estado de alarma reconocen la Constitución y la Ley Orgánica a la que remite el artículo 116.1 CE (LOAES)>>

En el mismo fundamento 11, apartado "b" la sentencia señala con carácter expreso que esta declaración de nulidad afecta, retroactivamente, a las sanciones administrativas impuestas por incumplir las referidas restricciones circulatorias. Y ello conforme a lo dispuesto en: <<el art. 25.1 CE, pues estando vedada la sanción penal o administrativa por hechos que en el momento de su comisión no constituyan delito, falta o infracción administrativa, el mantenimiento de la sanción penal o administrativa que traiga causa de una disposición declarada nula vulneraría el derecho a la legalidad penal consagrado en el indicado precepto constitucional>>.
Los efectos retroactivos "ex tunc" de la declaración de nulidad de la prohibición de circulación por espacios públicos son ineludibles conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Se positiviza en él el criterio jurisprudencial conforme al cual las modificaciones de las disposiciones sancionatorias se aplican retroactivamente <<en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor (...) incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición>>.
Resta señalar que no es necesario suspender el proceso a la espera de que la mencionada sentencia se publique en el BOE. Por la sencilla razón de que en el recurso de inconstitucionalidad ha sido parte el Poder Ejecutivo (en el que se inserta la Administración General del Estado, autora de la sanción aquí impugnada), representado y defendido por el Abogado del Estado, quien ha recibido ya la notificación del contenido íntegro de la sentencia. Además se ha publicado completa, incluyendo votos particulares, hace ya unos días en la web oficial:

< https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_074/20  20-2054STC.pdf>.
Consecuentemente, por esta sola razón debe declararse nula la resolución sancionatoria en cuestión, al haber incurrido en el vicio de nulidad radical regulado en el artículo 47.1.a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
Se estimará así el recurso, sin perjuicio de que en el supuesto concreto aquí analizado concurriría además otra causa adicional de anulación de la multa, por infringir los principios de legalidad y tipicidad, como vienen señalando todos los Juzgados Contencioso-Administrativos de la Provincia de Pontevedra en multitud de sentencias anteriores sobre casos análogos, al no haber desobedecido el actor a una orden dictada por un agente de la autoridad, sino a los mandatos de una disposición de carácter general [sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Vigo de 09/10/2020 -rec. 170/2020-; núm. 1 de Vigo de 19 y 27/10/2020 -recs. 144/2020 y 160/2020-; núm. 3 de Pontevedra de 11/11/2020 -rec. 167/2020-; núm. 2 de Pontevedra de 15/02/ 2021 -rec. 29/2021-; y de este mismo Juzgado núm. 1 de Pontevedra de 24 de noviembre y 9 de diciembre de 2020 y 12 y 19 de febrero de 2021 (procs. abrevs. 210/2020, 278/2020, 2/2021 y 27/2021)].
IV.- Habrá de condenarse a la Administración del Estado al pago de las costas del proceso, en virtud del princio de vencimiento objetivo reconocido en el artículo 139.1 LJCA. También por su manifiesta temeridad, al haber dictado la resolución sancionadora cuando ya los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Pontevedra habían alcanzado, unánimemente esta misma conclusión en reiteradas sentencias notificadas a la Subdelegación del Gobierno. Criterio además coincidente con el de la Abogada General del Estado. Se limita su importe máximo, por honorarios de letrado, a la cantidad de 100 euros más IVA.

FALLO:

1º.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXX contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra que le impuso una sanción de multa de 601 euros (reducida a 300,50 euros) por la comisión de la infracción grave de desobediencia a la autoridad tipificada en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana el día 31 de marzo de 2020 en el término municipal de Tui (expte. 7062/2020

2º.- Declarar nula y revocar la referida sanción, condenando a la Administración demandada a reintegrarle al recurrente la cantidad abonada en su ejecución.
3º.- Condenar a la Administración del Estado al pago de las costas del litigio, con el límite máximo por honorarios de letrado señalado en el último fundamento.
Notifíquesele esta sentencia a las partes de proceso, con la indicación de que contra ella no cabe interponer recurso de apelación (art. 81.1.a/ LJCA).