Jurisprudencia

Cabecera: TSJCYL; 19-05-2021. Condenada la Consejería de Sanidad a indemnizar con 35.000 euros a los familiares de una paciente atendida en el hospital de El Bierzo (León) por el retraso en el diagnóstico de un cáncer del que terminó falleciendo. Los magistrados entienden que el error médico no causó la muerte de la enferma, pero sí afectó a su calidad de vida durante los cuatro años que sobrevivió a la operación.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid
Fecha: 19/05/2021
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 580/2021 Número Recurso: 262/2019
Numroj: STSJ CL 1823:2021
Ecli: ES:TSJCL:2021:1823
Voces sustantivas: Impuesto sobre el valor añadido, Responsabilidad civil, Responsabilidad patrimonial, Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, Silencio administrativo, Accidente de circulación, Analogía, Contrato de seguro, Daños y perjuicios, Fuerza mayor, Indemnización por daño moral, Lesión, Relación de causalidad, Asistencia sanitaria, Circulación de vehículos a motor, Embargo, Existencia de antijuridicidad, Fuerza mayor, Lex artis, Plazos, Tratamiento quirúrgico
Voces procesales: Prueba, Recurso de casación, Tasación de costas, Informe pericial, Motivos de casación, Notificaciones, Relación de causalidad


ENCABEZAMIENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo Contencioso-administrativo de
Sección Primera
SENTENCIA: 00580/2021
Equipo/usuario: JVA
Modelo: N11600
N.I.G: 47186 33 3 2019 0000246
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000262 /2019
Sobre: RESPONS. PATRIMONIAL DE LA ADMON.
De D. Valeriano, D. Victoriano, D.ª Lucía,
D.ª Salvadora
ABOGADO D. SANTIAGO DIEZ MARTINEZ,
PROCURADOR D. CESAR ALONSO ZAMORANO,
Contra CONSEJERIA DE SANIDAD, MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ABOGADOS: LETRADO DE LA COMUNIDAD, D. JOSE MARIA TEJERINA RODRIGUEZ
PROCURADOR D. JOSE MARIA TEJERINA SANZ DE LA RICA
SENTENCIA N.º 580
DOÑA ANA MARTÍNEZ OLALLA
DOÑA ENCARNACIÓN LUCAS LUCAS
DON FELIPE FRESNEDA PLAZA
DON LUIS MIGUEL BLANCO DOMÍNGUEZ
En Valladolid, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.
Visto por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid el recurso contencioso-administrativo n.º 262/2019, interpuesto por el Procurador Sr. Alonso Zamorano, en representación de Don Valeriano, Don Victoriano, Doña Lucía y Doña Salvadora -en el curso del procedimiento se produjo la sucesión procesal del primero de los demandantes, a causa de su fallecimiento, por los tres enumerados en último lugar, hijos de aquél-, siendo parte demandada la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada por Letrado de sus servicios jurídicos, y codemandada "MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.", representada por el Procurador Sr. Tejerina Sanz De La Rica, impugnándose la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de indemnización por daños y perjuicios por lo que se consideraba una asistencia sanitaria inadecuada, prestada a Doña Casilda, esposa y madre de los actores con fecha 18 de abril de 2018 ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a consecuencia de lo que se considera la existencia de mala praxis en la atención sanitaria recibida, al entender que se le debió haber practicado entre otras actuaciones una colonoscopia tras la asistencia recibida por los facultativos de Atención y Primaria y Aparato Digestivo los días 28 y 30 de octubre de 2013 y habiéndose seguido el procedimiento jurisdiccional ordinario previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO. La representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo contra resolución expresada en el encabezamiento.
SEGUNDO. Reclamado el expediente administrativo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998, y una vez que fue remitido este, se dio traslado a la parte recurrente para que formulara la demanda, lo que hizo en término legal, efectuando las alegaciones que se expresan en la fundamentación jurídica de esta resolución, e interesando en el suplico de la demanda lo siguiente:
"tenga por presentado este escrito junto con sus copias y documentos que al mismo se adjuntan, se sirva admitirlo, teniendo por formulada DEMANDA en Recurso Contencioso-Administrativo, y, en sus méritos, dando los oportunos traslados y previa tramitación legal, dicte Sentencia por la que, estimando el Recurso, declare el derecho de mis representados a ser indemnizados por los conceptos antes expuestos, condenando a las demandadas a abonar la cuantía de 307.535'23 € por el fallecimiento de su esposa y madre, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del presente escrito.
A la anterior cantidad serán de aplicación respecto de la Administración los intereses legales desde la fecha de los hechos; siendo aplicable, además, lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro en el caso de la Compañía de Seguros; y con expresa condena en costas a las codemandadas".
TERCERO. La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda, alegando la legalidad del acuerdo recurrido.
CUARTO. Las partes solicitaron el recibimiento del juicio a prueba, habiéndose acordado de conformidad con lo solicitado, y practicado la que consta en las actuaciones.
QUINTO. Se formuló por las partes el escrito de conclusiones previsto en el artículo 62 de la LJCA.
Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Fresneda Plaza.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO. Se plantea en el presente recurso jurisdiccional la impugnación de la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de indemnización por daños y perjuicios por lo que se consideraba una asistencia sanitaria inadecuada, prestada a Doña Casilda, esposa y madre de los actores con fecha 18 de abril de 2018 ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a consecuencia de lo que se considera la existencia de mala praxis en la atención sanitaria recibida, al entender que se le debió haber practicado entre otras actuaciones una colonoscopia tras la asistencia recibida por el facultativo de Atención y Primaria y Aparato Digestivo los días 28 y 30 de octubre de 2013.
Lo que se suscita en el presente procedimiento es la reclamación de responsabilidad patrimonial que es formulada por el esposo -este ya fallecido en el curso del procedimiento- e hijos de la fallecida, de lo que se deduce, en síntesis, según se reputa en la demanda, que ha existido una deficiente asistencia sanitaria prestada a Doña Casilda, en la atención recibida por los facultativos de Atención Primaria y el de Aparato Digestivo del Hospital del Bierzo, los días 28 y 30 de octubre de 2013, respectivamente, en cuanto que dados los síntomas presentes, consistentes básicamente en adelgazamiento, rectorragia ocasional, náuseas y vómitos, se debió practicar tacto rectar, y sobre todo colonoscopia que hubiera permitido un diagnóstico anticipado del cáncer de colon ya presente, y evitado las consecuencias ulteriores en que tuvo una manifestación más virulenta, que determinó que tras acudir al Servicio de Urgencias del Hospital de El Bierzo el día 27 de enero de 2014, y nuevamente el día 29 de enero de 2014, en esta última fecha fuera trasladada en ambulancia al Hospital de la Reina, donde se le practicó intervención, habiéndose manifestado peritonitis fecaloidea, por lo que las consecuencias de la no realización de la referida colonoscopia en la fecha inicial fueron, cuando menos, la agravación del curso de la enfermedad.
SEGUNDO. Al objeto de una precisión de las cuestiones fácticas planteadas comenzamos por transcribir las conclusiones que se refieren en el informe pericial aportada con la demanda en el que se expresa:
" La paciente, Casilda, es atendida el 28/10/2013 por su MAP refiriendo, entre otros síntomas, pérdida significativa de peso, rectorragia y cambio en el hábito intestinal y es enviada a Digestivo para DESPISTAJE de un cáncer colorrectal.
Es atendida por el especialista de Digestivo que no valorando adecuadamente el motivo de su cita (DESPISTAJE), los síntomas tan importantes como el llamativo adelgazamiento y rectorragia que le indica la MAP y, sin realizar el obligado tacto rectal, le solicita una endoscopía baja sin carácter preferente. Se le da cita para realizarla 3 meses y medio después.
El especialista de Digestivo, el Jefe de Sección de Digestivo, la Inspección Médica y la perito de PROMEDE, dicen que la prioridad es a ritmo normal, pero, en el listado oficial del Hospital del Bierzo de INFORMES SIN EPISODIO ASOCIADO (DOC 33-2), se constata que estaba citada para DESPISTAJE. Es obvio que este concepto significa despistar algo que en el caso que nos ocupa es un cáncer colorrectal.
Este concepto es omitido, evidentemente por interés propio, en todo sus informes.
Como también se afirma en el informe pericial de PROMEDE, tres meses y medio de espera para realizarse una colonoscopia es excesivo incluso si no se sospechara un cáncer, y no digamos cuando los síntomas que presentaba la paciente, reflejados en todos los informes, hacían sospechar un cáncer.
Durante la excesiva espera para realizar la endoscopia sufre una peritonitis fecaloidea por perforación de un cáncer de recto superior con un shock séptico (que conlleva una altísima mortalidad), teniendo que ser operada de urgencia. Esta urgencia obligó a realizar una técnica quirúrgica paliativa dejándose una colostomía Si no hubiera necesitado ser operada de urgencia por peritonitis fecaloidea, el tratamiento quirúrgico hubiera sido completamente distinto: en un solo tiempo quirúrgico y la colostomía se hubiera evitado.
En el informe que se le pide al facultativo de Digestivo, se omite claramente la sintomatología del MAP e incluso se permite anotar que hay un párrafo ilegible (ADELGAZAMIENTO) que se lee igual que el resto. Es evidente que se trata de ocultar este síntoma tan importante.
El informe del Inspector Médico de SACYL es contradictorio e incompleto. Incompleto porque también omite la significativa pérdida de peso de la paciente y contradictorio porque los síntomas que él constata que hacen sospechar un cáncer son los que tenía la paciente.
El peritaje de PROMEDE tiene escaso valor profesional, en el caso que nos ocupa, ya que ha sido realizado por una especialista en Medicina Interna y en Neurología.
Probablemente por el hecho de no ser especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, haya realizado un peritaje muy limitado, erróneo y contradictorio. Confunde conceptos, síntomas, pronóstico y tratamientos quirúrgicos del cáncer colorrectal como que el tratamiento no hubiera cambiado si no se hubiera operado de urgencia. De haberse operado con diagnóstico precoz mediante endoscopia de despistaje, la técnica quirúrgica hubiera sido totalmente diferente; en un solo tiempo y evitado el estoma y el resto de complicaciones físicas y psicológicas.
Entre otras cosas, también falla este peritaje es achacar la imposibilidad de reconstruir el tránsito por pelvis congelada en la segunda intervención a la radioterapia y no al importante síndrome adherencial que se puede producir tras una peritonitis fecaloidea difusa. La causa principal de "pelvis congelada", como se describe en la bibliografía, es la peritonitis y no la radioterapia que solo contribuye en un % bajísimo hasta tal punto que no se reseña en la bibliografía existente al respecto.
7. CONCLUSIÓN FINAL
Los síntomas que presentaba la paciente claramente eran sugestivos de la presencia de un cáncer colorrectal (como se describe en la bibliografía y que incluso son manifestados en los informes del Inspector Médico de SACYIL y de PROMEDE), y la cita en la consulta de Digestivo para DESPISTAJE, no fueron valorados adecuadamente por el Digestólogo ya que todo ello obligaba a solicitar los estudios necesarios de forma preferente. Esta deficiente, nada profesional e incluso negligente actuación, ha llevado a la paciente a presentar un retraso injustificado en su diagnóstico y tratamiento, presentando, por ello, una perforación de colon, una peritonitis fecaloidea con shock séptico (que conlleva una gran mortalidad), y a ser intervenida de urgencia teniendo que realizarle un tratamiento quirúrgico, a vida o muerte, paliativo y no definitivo. Si se hubiera actuado de forma precoz, como era obligado y como se indica en a bibliografía médica, se hubiera diagnosticado y tratado su cáncer en tiempo y forma, evitado una segunda intervención quirúrgica, el estoma permanente, la eventración de pared abdominal y su cuadro ansioso-depresivo.
Que hay una clara relación entre causa y efecto y una evidente pérdida de oportunidad
La actitud profesional de los facultativos de Digestivo implicados en este proceso no ha sido adecuada a lex artis".
De este relato fáctico, lo que se ha de concretar, a tenor de la prueba practicada es si era posible la detección del cáncer de colon en las fechas de la asistencia sanitaria previamente prestada, esto es, los días 28 y 30 de octubre de 2013, y si esta detección en tales fechas hubiera podido evitar o paliar las dolencias posteriormente existentes, si no el propio fallecimiento de Doña Casilda. Sobre esta cuestión ha de entenderse que a tenor de los síntomas que presentaba la paciente, como eran adelgazamiento, rectorragia ocasional, náuseas y vómitos, ello debió alertar a los servicios sanitarios y proceder a la práctica de colonoscopia, en la consulta del Servicio de Aparato Digestivo, lo que hubiera llevado al diagnóstico del cáncer de colon existente. Ahora bien, por el grado de la evolución del tumor, se ha de entender a tenor de la prueba practicada que este tumor ya hubiera seguido su curso y habría finalmente producido la muerte de la paciente -en esto se discrepa de la valoración de la prueba de la parte actora, analizando el conjunto de la prueba practicada y dando en este aspecto relevancia al resto de los informes médicos y periciales existentes-, como finalmente ocurrió cuatro años después, si bien se habría podido paliar la peritonitis fecaloide, objeto de la intervención de 29 de enero de 2014, y tener la enfermedad un curso más benigno, que hubiera permitido a dicha paciente llevar una vida de más calidad.
TERCERO. Efectuado el precedente planteamiento se han de analizar, con carácter general, los presupuestos para que se entienda que concurre la responsabilidad patrimonial, que derivan de la normativa vigente al momento de la solicitud en la vía administrativa, constituida por el art. 106.2 de la Constitución Española y 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Con arreglo a lo establecido en los preceptos citados en el apartado precedente la doctrina y jurisprudencia han establecido como requisitos necesarios para que proceda el derecho a indemnización a consecuencia de responsabilidad de la Administración los siguientes:
a) Realidad objetiva del daño que ha de ser evaluado económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
b) El daño debe ser antijurídico o lo que es lo mismo, la persona que lo sufre no debe estar obligada jurídicamente a soportarlo.
c) Que la lesión sea imputable a la Administración a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
d) Relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público, sea ésta normal o anormal, en relación directa inmediata y exclusiva de causa o efecto, sin intervención de circunstancias extrañas que pudieran alterar el nexo causal.
e) Ausencia de fuerza mayor.
En el presente caso al tratarse de una asistencia sanitaria, para la existencia de antijuridicidad del daño, que conllevaría a que el mismo no debiera ser soportado por los damnificados, debería concurrir una la falta de diligencia de la actuación de los servicios sanitarios, de no haberse llevado a cabo los cuidados que derivan de la aplicación de la "lex artis ad hoc".
CUARTO. En el presente caso se ha de tener en cuenta también la doctrina de la pérdida de oportunidad, a la cual se alude en la demanda. Dicha doctrina se concreta en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo, 11 de junio, 9 de octubre y 21 de diciembre de 2012, para las cuales <<la "pérdida de oportunidad", como señala la STS de 19 de octubre de 2011 , «se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o mejorado el deficiente estado de salud del paciente, con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de dos elementos o sumandos de difícil concreción, como son el grado de probabilidad de que dicha actuación hubiera producido el efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste mismo».
Así pues ( STS de 3 de diciembre de 2012 ), en la fijación de la indemnización a conceder, en su caso, la doctrina de la pérdida de oportunidad parte de que sea posible afirmar que la actuación médica privó de determinadas expectativas de curación o de supervivencia, que deben ser indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente. La STS de 27 de noviembre del 2012 , con cita de la de 19 de junio de 2012 , reitera dicha doctrina sobre que la información acerca de las posibilidades reales de curación constituye un elemento sustancial en la doctrina denominada "pérdida de oportunidad" por lo que, en su caso, la suma indemnizatoria debe atemperarse a su existencia o no.">>.
En la hipótesis que contemplamos se ha de entender que dicha doctrina no es de aplicación por cuanto, aun cuando la misma es procedente en los supuestos de existencia de cierta incertidumbre en el desarrollo de la enfermedad y el propio perito de la actora en el informe pericial cataloga la praxis asistencial existente como de una pérdida de oportunidad, lo cierto es que desde la consideración de que ante los síntomas existentes ya en la consulta del Servicio de Digestivo del día 30 de octubre de 2013 se debió prescribir la práctica de una colonoscopia, nos hemos de inclinar porque existió una vulneración de la lex artis. La realización de esta colonoscopia sin duda hubiera permitido descubrir la existencia del tumor de colon -no así el tacto rectal que por la altura del tumor según ha puesto de relieve la prueba era indetectable por la altura a que estaba localizado-. Ello hubiera paliado las consecuencias que posteriormente tuvieron lugar ante la existencia de peritonitis fecaloide, que obligó a la realización de una intervención e impidió ya al momento en que tuvo lugar la reconstrucción del tubo digestivo ante la existencia de lo que se conoce como "pelvis congelada".
Sin embargo, esta vulneración de la "lex artis", no está acreditado que tuviera incidencia en la muerte de Dña. Casilda ya que el tumor tenía un gran desarrollo al momento en el que se diagnosticó, solo tres meses después de las consultas antes referidas, con un nivel T4, en el cual el cáncer se ha diseminado afectando a órganos alejados del colon o recto. Por ello el error diagnóstico solo afecta a la calidad de vida de la afectada, durante los 4 años que sobrevivió a la intervención quirúrgica afectada. Por ello se ha de reducir la indemnización sopesando exclusivamente la incidencia que tuvo dicho error en la calidad de vida de la paciente en forma análoga a una indemnización por daño moral, en la forma que se expresara seguidamente.
QUINTO. En atención a las consideraciones precedentes ha de entenderse que se dan los presupuestos necesarios para la existencia de responsabilidad patrimonial.
En orden a la fijación de la cantidad indemnizatoria procedente se ha de entender de aplicación la libertad ponderativa de la Sala en este orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal y como se ha recogido en la reciente sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 2020, recurso 1061/2018, y ello aunque se deba recordar que ciertamente la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, prevé un sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación a través de una serie de tablas comprendidas en su Anexo. Sistema habitualmente conocido en la práctica forense como "el baremo".
Ahora bien, ese baremo no es aplicable, ni aun por analogía, en el ámbito del orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Al efecto debemos traer a colación la sentencia de la Sala Tercera, Sección Quinta, del Tribunal Supremo, de 14 de octubre de 2016 que declara : "en relación con la posible aplicación del baremo al ámbito de la responsabilidad patrimonial, éste tiene un carácter meramente orientativo, no vinculante, ni obligatorio, con la única finalidad de introducir criterios de objetividad en la determinación del "quantum" indemnizatorio, pero no puede citarse como de obligado, exacto y puntual cumplimiento, sin que limite las facultades de la Sala en orden a la concreción de la indemnización que estime procedente para procurar la indemnidad del perjudicado en atención a las concretas circunstancias que concurran".
También sentencia de la Sala Tercera, Sección Sexta, del Tribunal Supremo, de 8 de marzo de 2016: "En segundo lugar, conforme a lo que antes delimitamos, debe señalarse que, sin perjuicio de que, insistimos, la sentencia no se refiere al baremo ni examina su aplicación al caso de autos, aun cuando sí a las circunstancias y condiciones de las secuelas padecidas por el recurrente, es lo cierto que la jurisprudencia viene declarando, en relación con la aplicación del mencionado baremo al ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que "... ese sistema de valoración del daño que reputa infringido tiene carácter meramente orientativo, no vinculante para los tribunales de este orden jurisdiccional a la hora de calcular la indemnización debida por título de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, regida por el principio de indemnidad plena o de reparación integral." ( sentencia de 3 de mayo de 2012, dictada en el recurso de casación 2441/2010 ) Porque "el referido baremo de la Ley de Seguros Privados no tiene más valor que el puramente orientativo, con la finalidad de introducir criterios de objetividad en la determinación del "quantum" indemnizatorio, pero sin que pueda invocarse como de obligado y exacto cumplimiento, por lo que no puede alegarse su infracción o inaplicación como fundamento de un motivo de casación".
Sentencia de la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2012: "merece reiterar que esta Sala tiene declarado (así Sentencias de 17 de noviembre de 2009, recurso 2543/2005 , 24 de noviembre de 2009, recurso 1593/2008 , 22 de diciembre de 2009, recurso 4109/2006 , 9 de febrero de 2010, recurso 858/2007 y 23 de marzo de 2010, recurso 4925/2005 ) que el referido baremo no tiene más valor que el puramente orientativo, con la finalidad de introducir criterios de objetividad en la determinación del "quantum" indemnizatorio, pero sin que pueda invocarse como de obligado y exacto cumplimiento, por lo que no puede alegarse su infracción o inaplicación como fundamento de un motivo de casación."
En aplicación de esta doctrina, una vez que los daños personales sufridos por un curso de la enfermedad más grave que el que hubiera tenido lugar de detectarse el tumor en fecha anterior a la que se hizo, se considera que se ha de moderar la indemnización solicitada en cuanto que la muerte no ha sido causada por la asistencia sanitaria prestada, si bien está fue deficiente y tuvo una incidencia en el curso de la enfermedad, las dolencias superiores y la calidad de vida de la paciente. Y ello en la cuantía que a continuación se expresa.
Por ello se fija como cifra indemnizatoria actualizada al momento actual la de 20.000 euros en favor de Don Valeriano, que al haber fallecido será percibida, "iure hereditatis", por sus hijos también demandantes, los cuales, a su vez, percibirán cada uno de ellos como indemnización a su favor la cifra de 5.000 euros.
No procede, por contra, la pretensión del incremento de los intereses del artículo 20 de la L.C.S. a cargo de la compañía aseguradora de la Administración que ha incurrido en responsabilidad patrimonial, siguiendo el criterio expresado en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2009, entre otras, hemos de señalar que dicho incremento no procede "mientras ha estado pendiente una situación de incertidumbre sobre la existencia del derecho pretendido", pero que desaparecida esa incertidumbre con la presente sentencia, deberá regir el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, conforme a cuyo apartado 3 la compañía la aseguradora incurrirá en mora si trascurre el plazo de tres meses desde su notificación sin que se haya abonado la indemnización.
SEXTO. En cuanto a las costas, previene el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción aplicable a este procedimiento que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". Y en el presente caso aun estimado parcialmente el recurso, en atención al hecho, de que la resolución recurrida fue adoptada inicialmente por silencio administrativo, sin poder conocer en la vía administrativa por la parte demandante las razones de la administración para la desestimación de su solicitud, es procedente su imposición, por mitad, a las partes demandadas.
En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente realizada en el procedimiento, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 2.000 euros.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de la parte actora, contra el acuerdo expresado en el encabezamiento y primer fundamento de derecho de esta resolución, anulando dicho acuerdo por no ser ajustado a Derecho, y declarando el derecho de los demandantes a la percepción de las cantidades expresadas en el precedente fundamento de derecho quinto, que se da por reproducido, con imposición de costas a las partes demandadas, por mitad, en la cantidad máxima por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, de 2.000 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer el recurso de casación previsto en los artículos 86 y siguientes de la Ley Jurisdiccional 29/1998, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, recurso que, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días contados desde el siguiente a la notificación de la presente sentencia, cumpliendo los requisitos previstos en cada caso en la Ley Jurisdiccional 29/1998.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.