Doctrina

Título: La formación de un mercado laboral tecnificado
Fecha: 29/06/2021
Voces sustantivas: Derechos del trabajador, Legítima, Medio ambiente, Negociación colectiva, Patentes, Relaciones laborales, Seguridad social, Sociedad civil, Unión europea, Asamblea general, Asociaciones, Cultura, Desarrollo sostenible, Edad, Equidad, Formación profesional, Marcas internacionales, Organización internacional del trabajo, Per capita, Tiempo parcial, Valores superiores del ordenamiento jurídico, Balance, Desregulación, Dumping, Embargo, Esclavitud, Igualdad de trato, Marcas, Medidas de protección, Microempresas, Ministerio de trabajo, Política de empleo, Puestos de trabajo, Remuneración, Salario, Trabajadores migrantes

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Número epígrafe: 2
Título epígrafe: II. La imprecdindible puesta en relación de la industria 4.0 con los objetivos de desarrollo sostenible y el trabajo decente

TEXTO:

Antes de avanzar hacia cuestiones más específicas, merece la pena sacar a la palestra y profundizar sobre la estrecha ligazón existente entre el tema central de este estudio y uno de los asuntos contemporáneos que, al menos hasta el tsunami provocado por la tristemente famosa COVID-19, recibía una superior atención por parte de los especialistas (incluidos los iuslaboralistas).
En la actualidad, lograr un desarrollo sostenible, que combine los «principios fundamentales» (López, Arriaga y Pardo, 2018, p. 29) o «pilares» (García García, 2018, p. 311) del progreso económico, la preservación del entorno natural y el crecimiento inclusivo de la sociedad (FMI, 2018, p. 5), ha alcanzado el estatus de fin apremiante e irrenunciable en las agendas políticas nacionales e internacionales. No se trata, desde luego, de una novedosa aspiración. Muestra de ello resulta, por ejemplo, su dilatada trayectoria en el ideario de la Unión Europea, tanto en los grandes Tratados como en los programas sectoriales e iniciativas particulares (Eurostat, 2019b, p. 19). Tal es así que la Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea, 2010b) ya presentó con solemnidad las tres siguientes líneas directrices, que se refuerzan mutuamente: 1) el «crecimiento inteligente», a través de una economía basada en el conocimiento, la investigación y la innovación; el «crecimiento sostenible», mediante la promoción de mercados de recursos eficientes, verdes y competitivos; y el «crecimiento inclusivo», articulado sobre políticas dirigidas a fomentar la creación de empleo y la reducción de la pobreza (Eurostat, 2019c, pp. 15 y ss.).
Sin embargo, el más enérgico impulso a dichos postulados ha de atribuirse a la archiconocida resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,33 cuyo contenido, adoptado dentro de un marco de consenso global y en un escenario de grandes retos a afrontar por la humanidad, ha de servir de pauta «para la preparación de un futuro que asegure la estabilidad, un planeta saludable, unas sociedades justas, inclusivas y resilientes, y unas economías prósperas» (Comisión Europea, 2018, p. 1).
Paradójicamente, este notable protagonismo de la figura choca con su condición de concepto en plena fase de maduración, por cuanto «continúa siendo debatido, refutado y reinterpretado en la literatura» (Pineda, 2014, p. 105), lo cual se traduce en «múltiples definiciones [...] en función del contexto en el que se enmarque y el momento temporal en que se formule» (García, Sánchez y Fernández, 2007, pp. 4 y ss.), quizás fruto de su maleabilidad y «por proponer una visión integral e integradora del bienestar de las sociedades» (López et al., 2018, p. 28).
Sea como fuere, el término (o, en expresiones también ampliamente extendidas, la «sostenibilidad» o el «desarrollo sustentable») encuentra su origen más reconocido en el célebre Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1987, Nuestro Futuro Común (usualmente denominado como Informe Brundtland), donde fue definido como «el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas». Como se desprende, un elemento central en este discurso obedece a que los recursos económicos, socioculturales y ambientales han de perdurar en el tiempo (Boarini, Kolev y McGregor, 2014, p. 33).
Y aun cuando en un principio las tres dimensiones de la noción (económica, social y medioambiental) fueron concebidas como compartimentos estancos, de cuya conjunción surgiría la ansiada sostenibilidad general, hoy nadie duda de su estrecha interdependencia (Prieto-Sandoval, Jaca y Ormazábal, 2017, p. 86). En consecuencia, «una correcta administración de los recursos [...] [ha de tomar] en consideración las limitaciones de los bienes y servicios, no solo en términos ambientales, sino también económicos y socio-culturales» (Pineda, 2014, p. 106). Por imperativo, las tres facetas deben ir de la mano, sin que, dicho sea de paso, ninguna pueda prevalecer sobre las restantes (Fernández de Gatta, 2011, pp. 168 y 169). Y ello por más que, tradicionalmente --al menos hasta la llegada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), primero, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), después--, la relativa al cuidado del entorno natural fuera receptora de una superior atención, en detrimento de la económica y, relegada a un último y más débil eslabón, la social.
1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Breves apuntes en torno a su génesis, evolución y significado

Siquiera sea en una apretada síntesis, pues las circunstancias lo demandan, deviene pertinente efectuar una sucinta revisión acerca de los antecedentes y del desenvolvimiento más inmediato de tan cualificado instrumento.
Conforme seguro es conocido, los ODS, como tales, lejos están de suponer una genuina innovación; en cambio, constituyen una evolución natural de sus precursores, los previos ODM, presentados al mundo a través de la declaración suscrita el 8 de septiembre de 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.34 En este texto, «insistiendo en la misma línea que la Declaración Universal de los Derechos Humanos» del año 1948 (Solanes, 2018, p. 27), se fijaron como valores capitales para las relaciones internacionales del siglo XXI los principios de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la naturaleza y responsabilidad común (Declaración 6), escoltados por compañeros de viaje tan inapelables, al menos por cuanto aquí interesa, como el de «elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo» (Declaración 20).
De este modo, ven la luz los 8 ODM, moldeados a su vez por 18 metas específicas a cumplir, en un exceso de optimismo demostrado, en el año 2015. Y es que, llegado el momento de hacer balance, a pesar de que «pudieron constatarse algunos resultados positivos, aunque parciales» (Cardesa-Salzmann y Pigrau, 2017, p. 280), congruentes con su naturaleza de «importante marco internacional para el desarrollo de los países [...] [ideado para superar] la tradicional vinculación del desarrollo a la dimensión estrictamente económica [...] [y capaz de conectar] más estrechamente con los derechos humanos» (Solanes, 2018, p. 30), los modestos progresos al final alcanzados no consiguieron «desempeñar un papel importante en la planificación del desarrollo» (Verdiales, 2018, p. 80) y adolecieron de defectos tales como «muchos vacíos [...] logros desiguales y [...] deficiencias en muchas áreas» (Lousada y Ron, 2018, p. 16).
Con seguridad, a ello contribuyeron un cúmulo de notables circunstancias adversas, como «su excesivo nivel tecnocrático [...] [germen para] ciertas barreras sociales y políticas» (Verdiales, 2018, pp. 80 y 81); la ausencia de referentes específicos y mensurables, detonante «para que en los años posteriores no se aprobaran políticas reales y objetivas dirigidas a hacer realidad dicha propuesta» (Morán, 2017, p. 219); o un enfoque «parcial y unidireccional [...] [del tipo] donante-receptor, en el que los compromisos mutuos eran limitados» (Montalbán, Gassó, Garro y Sallé, 2018, p. 78). Cuanto menos, sí sirvieron «como diagnóstico en la lucha contra la desigualdad y [...] [situaron] el punto de interés mundial en aquellos factores que profundizan relaciones dispares en las relaciones internacionales» (Valdivia y González, 2017, p. 151).
Ante el escenario descrito, y mereciendo ser valorado como uno de los escasos resultados reseñables de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en Río de Janeiro en junio del año 2012, los Estados firmantes de los compromisos allí adquiridos acordaron acometer sin demora los retos que los ODM dejaron pendientes (o que ni tan siquiera tuvieron presentes). A tal fin, ampliaron «significativamente su enfoque, desde el planteamiento tradicional de desarrollo hacia el desarrollo sostenible» (Cardesa-Salzmann y Pigrau, 2017, p. 280). Esta apertura condujo, precisamente, a los 17 ODS y sus definitorias 179 metas, adoptados el 25 de septiembre de 2015 y en vigor desde el 1 de enero siguiente. Sobre este particular, merece la pena subrayar la decisiva labor desempeñada en su formulación por la Unión Europea, acorde con la manera en la cual el principio del desarrollo sostenible impregna las políticas y las iniciativas comunitarias modernas (Comisión Europea, 2016c, p. 20; o 2020, pp. 2 y ss.).
Por eso, dentro de las características más reseñables de los ODS se distingue esa naturaleza integrada e indivisible de la que hacen gala, imprescindible para conjugar, en y con ellos, el trío de dimensiones imbricadas del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. El progreso armónico en estos tres ámbitos encarna el «punto culminante» de todo el proceso (Messenger, 2017, p. 272), al erigirse aquellos, gracias primordialmente a «una Agenda cotidiana de desarrollo constitucional en cada país», definitoria de «una especie de Pilar Universal de los Derechos Sociales que propende a la mundialización de la democracia social» (Jimena, 2019, pp. 15 y 44), en «los hitos que deben guiar el trabajo de Naciones Unidas hasta el año 2030» (Espín, 2018, p. 104) y que propiciarán, en resumidas cuentas, «hacer realidad los derechos humanos de todas las personas» (García Sedano, 2018, pp. 15 y 16).
Desde otra perspectiva, si bien entre las resoluciones de los años 2000 y 2015 «las continuidades [...] son evidentes, al punto de que [...] se construyen sobre la misma idea central de un desarrollo económico y social sostenible de ámbito mundial» (Lousada y Ron, 2018, p. 17), al confrontarlas se atisban sin dificultad marcados rasgos distintivos entre ambas. Y no solo en cuestiones de índole formal, como lo atinente al respectivo procedimiento de definición y aprobación,35 sus concepciones generales, los contenidos elementales o las previsiones acerca de su efectividad. En realidad, las distancias son mayores de pasar al fondo. No en vano, los ODS, mucho más ambiciosos en sus planteamientos (Conferencia Internacional del Trabajo, 2016, p. 1), están basados claramente en los «principios de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e inviolabilidad; así como [en] su carácter interdependiente y participativo» (Verdiales, 2018, p. 87), se encuentran «alineados específicamente con los derechos humanos» (Solanes, 2018, p. 32)36 y contemplan «una evaluación política global de los avances que puedan alcanzarse hasta la consecución del desarrollo sostenible» (Cardesa-Salzmann y Pigrau, 2017, p. 285), pero sin por ello olvidar que las acciones particulares a emprender han de ser las «adecuadas a la realidad de cada país [...] [aunque, en todo caso,] evitando las regulaciones en compartimentos estancos» (Sierra Hernáiz, 2018, p. 39).
No solo eso. Separándose aún más de su precedente, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sí conlleva «un compromiso global y multilateral» (Maquieira, 2019, p. 86), en virtud del cual es articulado un desarrollo mundial asentado sobre «una asociación general revitalizada de los diferentes actores» (Rai, Brown y Ruwanpura, 2019, p. 369), enfocada no exclusivamente a que los países ricos --llamados también a realizar cambios profundos respecto del modo en el que estructuran sus economías, producen, consumen y, en definitiva, viven (Kroll, 2015, pp. 12 y 13)-- ayuden a los más pobres o subdesarrollados --que, en paralelo, dejan de ser el principal o único foco a considerar (Valdivia y González, 2017, p. 151)--. Por el contrario, los Estados, en su conjunto, «asumen obligaciones y [...] están obligados a rendir cuentas» (Montalbán et al., 2018, p. 78), adquiriendo a la par responsabilidades individuales y plurales, dentro de un contexto donde «todas las metas son igual de importantes, de forma que no se puede priorizar ni jerarquizar ninguna sobre el resto» (Martínez Osés, 2016, p. 4). Planteamiento en sintonía con el hecho de que los propósitos formulados «están profundamente interrelacionados y vinculados por numerosos elementos transversales» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015, Declaración 17), en el seno de una estructura no puramente aditiva, sino de refuerzo sinérgico (Pradhan, Costa, Rygski, Lucht y Kropp, 2017, p. 1177), que imposibilita «entender [los retos y las ambiciones] por separado [...] [y encararlos] sin tener en cuenta otros desafíos» (Rodríguez Vindel, 2017, p. 78).
Sin duda, únicamente aunando esfuerzos cabrá afrontar con ciertas garantías los acuciantes problemas sociales, económicos y medioambientales contemporáneos. Si ya tan delicada tarea «va a resultar extremadamente difícil desde un punto de vista técnico [...] [devendrá desde luego] imposible sin la opción moral de empeñarse por ello [...] [y] sin la voluntad firme y perseverante de implicarse y colaborar entre todos» (Pinillos y Fernández-Fernández, 2019, p. 6), desde los gobiernos, pasando por el conjunto de la sociedad civil, hasta, inclusive, las comunidades científica y académica (Quintero, 2017a, p. 139). A la postre, la Agenda mundial 2030 se concibe como «un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad [que] también tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015, p. 1).
Sea como fuere, y no pretendiendo de este modo desmerecer las bondades atesoradas, desde un enfoque crítico y constructivo ha de ser al menos bosquejada su mayor debilidad, a saber, el riesgo latente de que, en última instancia, este poliédrico programa de acción se limite a un mero brindis al sol, que combine «grandes dosis de ideas y valores declarativos con propósito normativo y ético con escasez de medidas políticas concretas y una ausencia de acuerdos vinculantes para ninguno de los actores» (Martínez Osés, 2016, p. 6), y que termine por traducirse en «prácticas gubernamentales ineficientes [...] o sobreactuaciones por parte de empresas y otros agentes económicos que acaben secuestrando el discurso y convirtiéndolo en puro maquillaje, en una versión más del efecto escaparate, sin acabar de llegar al fondo de las cuestiones» (Pinillos y Fernández-Fernández, 2019, p. 4).
Con independencia de lo anterior, ninguna objeción admite que «el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible es esencial para lograr la prosperidad [...] [de ahí la necesidad de] construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las personas, promoviendo en particular [y entre más] [...] el trabajo decente para todos» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015, Declaración 27); factor, este último, merecedor de «un lugar destacado en la Agenda, no solo integrado en los objetivos y las metas, sino también como parte de la filosofía misma en que [aquella] se sustenta» (OIT, 2016a, p. 3).
2. El paradigma del trabajo decente y su recepción en el ODS 8

A pesar de que ya desde su génesis la OIT había venido ensalzando de un modo notorio «la necesidad de luchar por la justicia social y abordar las condiciones de trabajo injustas que padecen millones de seres humanos» (Morán, 2017, p. 218), lo cierto es que, al menos de una manera patente, la primera referencia literal al término «trabajo decente» data del año 1999, en la dinámica de un preocupante panorama mundial «surgido a consecuencia del fenómeno de la globalización» (Lenzi, 2019, p. 295). En concreto, se alude a él dentro de un informe presentado por el, en aquel entonces, Director General de la Confederación Internacional del Trabajo, Juan Somavía, quien buscó sintetizar a través de un «concepto ético-jurídico» (Gil, 2020, p. 143) el mantra, los naturales «cuatro objetivos estratégicos [de esta institución]: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social» (Oficina Internacional del Trabajo, 1999, s./p.).
Gracias a este constructo, «la OIT no solo ofrece una respuesta coyuntural ante la crisis, sino un horizonte de recuperación y desarrollo sostenible [...] [pues aquel] no es sostenible si se ignoran los derechos de los trabajadores» (Gil, 2020, p. 145). De ahondar en dicho planteamiento, resulta incuestionable que la ductilidad inherente a la noción del trabajo decente «y su vinculación con el desarrollo le dotan de una gran versatilidad aplicativa, lo que ha permitido [...] extender [...] [su] alcance [...] por, al menos, tres grandes áreas de actuación: [...] lucha contra la pobreza [...] igualdad de género y [...] desarrollo sostenible» (Lozano, 2016, p. 15), traspasando en virtud de esta proyección de superior rango (López Ahumada, 2017, p. 8) «los límites tradicionales del derecho del trabajo e, incluso, de la seguridad social» (Gil, 2020, p. 174).
De todas maneras, antes de seguir avanzando procede puntualizar que, próximo a una mera referencia moral o política, el calificativo «decente» presente en las traducciones al español de los textos de la OIT probablemente traiga origen de una errónea adaptación al castellano de la expresión inglesa decent. De ahí que quepa adherirse a esa corriente de pensamiento que entiende más adecuado el adjetivo «digno» (Sierra Benítez, 2019, p. 346), atributo que «sí entronca con un específico valor superior [...] [del] ordenamiento jurídico y apela a un derecho fundamental de la persona reconocido expresamente dentro [...] [del] texto constitucional» (Cruz, 2019, p. 243), el de la dignidad personal del artículo 10 de la Carta Magna (De la Villa, 2018, p. 44).
Dejando a un lado tal disquisición, en una primera aproximación fácilmente se colige que solo «es decente un empleo con derechos y sin discriminación, en condiciones saludables, con salarios suficientes y protección social» (Morán, 2018, p. 16), algo que, tristemente, «brilla por su ausencia en el panorama laboral a nivel internacional» (Morán, 2017, p. 226), donde esa pretensión ha experimentado un más que perceptible repunte a la baja (Scherrer, 2020, p. 120). Las causas determinantes radican en un conjunto de anomalías atribuibles a factores como, por ejemplo, «las políticas de flexibilidad laboral y desregulación legislativa [...] [que] están determinando una "remercantilización" de las relaciones laborales» (Monereo, 2018, p. 4), «los embates de la globalización económica» (Rojo, 2018, p. 21), las dificultades surgidas al intentar compatibilizar «[la] eficiencia económica (en términos de rentabilidad/reducción de costes/riqueza) y [la] distribución justa (en términos de protección sociolaboral/asignación distributiva de la riqueza generada)» (Monereo, 2018, p. 43) o los elevados índices de desempleo y trabajo precario. Sin embargo, a pesar de las legítimas y deseables aspiraciones promovidas, al comenzar su andadura «el concepto de trabajo decente [...] [no fue] aceptado de inmediato y sin reservas» (Lozano, 2016, p. 4). Para lograrlo devino necesario reiterarlo y recalcarlo en un flujo continuado y permanente de documentos elaborados por la OIT, como, por señalar algunos de los más relevantes y cercanos en el tiempo, «el Programa del Trabajo Decente, la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, la Iniciativa del Piso de Protección Social y el Pacto Mundial para el Empleo» (Lousada y Ron, 2018, p. 3). Solo así la noción «ha ido calando en la escena internacional y su valor como marco conceptual de referencia en materia de política social no ha dejado de crecer» (Lozano, 2016, p. 3), hasta llegar a ejercer una «profunda influencia [...] en las políticas sociales de los distintos países» (Ruiz, 2019, p. 133), incidiendo sobre planos como los de los derechos laborales, la protección social, las medidas tendentes al pleno empleo y a la inclusión en los mercados de trabajo, o el diálogo entre los representantes patronales y sindicales, a través de, en especial, «las políticas macroeconómicas que promueven la creación de empleo y apoyan la demanda y las inversiones, junto a políticas fiscales, sectoriales y de infraestructura que incrementan la productividad» (OIT, s./f., p. 11).
Sorprendentemente, la creciente entidad adquirida choca de manera frontal con una singularidad cuanto menos llamativa, esto es, que aún «queda pendiente determinar su contenido» (Lenzi, 2019, p. 295), a consecuencia, casi seguro, de un entorno mutable y en constante evolución. De todos modos, sus pilares centrales, «i) promover el empleo [...] ii) adoptar y ampliar medidas de protección social [...] iii) promover el diálogo social y el tripartismo [...] iv) respetar, promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo» (OIT, 2008, pp. 9 a 11), sí están definidos y resultan ampliamente aceptados. Y aun cuando ninguna duda admite que «no se trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de ser de una calidad aceptable», los primeros inconvenientes surgen al comprobar que «todas las sociedades tienen su propia idea de lo que es un trabajo decente [...] [y que] la calidad del empleo puede querer decir muchas cosas» (Oficina Internacional del Trabajo, 1999, s./p.). De ahí es de donde deriva que «el alcance del concepto de trabajo decente [...] [sea] sumamente flexible [...] [y constituya] una meta móvil, un objetivo que evoluciona a medida que se van transformando también las posibilidades, las circunstancias y las prioridades de cada sociedad» (recogiendo las valoraciones de la OIT, Lozano, 2016, pp. 13 y 14). Cuanto precede sin soslayar tampoco que «presenta una dimensión transversal u horizontal [...] [y] una concepción integral del desarrollo humano y de las políticas económicas, sociolaborales y de empleo» (Monereo, 2018, pp. 19 y 20).
A modo de conclusión y en un sentir generalizado, para alcanzar la condición de decente un trabajo ha de reunir o cumplir con una serie de estándares básicos, entre los cuales es menester subrayar los de garantizar a todos los sujetos oportunidades de acceso a un empleo productivo, con un salario justo, en condiciones de igualdad de trato, libertad, seguridad y dignidad, y que favorezca o facilite el desarrollo individual, la protección e integración social y la participación en la toma de decisiones con incidencia sobre las esferas profesional, personal y familiar (Lousada, 2018, p. 170). No parece descabellado apuntar que, en el contexto perfilado, «el derecho a la recapacitación profesional se erige en derecho laboral determinante y exige la reformulación de las políticas formativas hacia la adquisición de competencias interpersonales, empresariales y administrativas, en tecnologías de la información, informática y programación, etc.» (Aguilar Gonzálvez, 2020, p. 105).37 Inclusive, ante las actuales coordenadas de los mercados laborales, la formación profesional (sobre todo la continua y la orientada hacia la tecnología), en lugar de constituir una mera prerrogativa más en favor de la mano de obra, al final se erige en «un deber como forma de evitar la "obsolescencia" tecnológica de los trabajadores» (Del Rey, 2017, p. 11), en un «derecho cuasifundamental» (Mercader, 2020a, p. 13).38

Con absoluta certeza, estos planteamientos conjugan a la perfección con lo que proyecta la Agenda 2030, interesada en contribuir, desde la óptica de una sociedad sostenible (Eurostat, 2019a, p. 11), a reducir «las desigualdades e incrementar la resiliencia [...] la dignidad, la esperanza y el sentido de justicia social» (OIT, s./f., p. 2), deviniendo a tales efectos «imprescindible actuar urgentemente para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos a fin de construir un futuro del trabajo justo, inclusivo y seguro con empleo pleno, productivo y libremente elegido» (Conferencia Internacional del Trabajo, 2019, p. 2). Por eso, «el trabajo decente ha obtenido el respaldo de las Naciones Unidas, que lo concibe, desde 2005, como uno de los ODM y, desde 2015, como uno de los ODS» (Gil, 2020, p. 143). En conclusión, lo ha convertido «en un objetivo mundial» (Quílez, 2018, p. 231), para cuya articulación «los ministerios de trabajo, empleo y asuntos sociales y las organizaciones de empleadores y de trabajadores [...] [han de asumir] un papel central en el proceso de planificación, así como en la implementación y el seguimiento de la Agenda» (Conferencia Internacional del Trabajo, 2016, p. 6).
Por consiguiente, en este plano «la actuación de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo [...] ha corrido en paralelo, retroalimentándose y con un apoyo mutuo» (Lousada y Ron, 2018, p. 13), lo que ha permitido ubicar el trabajo decente «en el centro de las políticas para un desarrollo y un crecimiento sostenible e inclusivo que garantice la paz permanente» (García Sedano, 2018, p. 15), aunque con «un estado de madurez suficiente como para emanciparse, dejando de ser una meta subordinada a un objetivo, y pasando a ser un objetivo autónomo» (Lousada y Ron, 2018, p. 16).
Es más; junto con su materialización explícita como propósito específico a hacer realidad, de lo que se dará cuenta acto seguido, el trabajo decente deja sentir sus efectos y presenta notables reminiscencias en algún otro ODS como, verbi gratia:

- El 1, que postula, en general, «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo», y, de un modo singular, implementar «a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos» (meta 1.3). No en vano, «el aumento del empleo es una condición clave para hacer que las sociedades sean más inclusivas, al reducir la pobreza y la desigualdad en y entre las regiones y los grupos sociales» (Eurostat, 2019a, p. 5).
- El 4, con su enfoque hacia la adquisición de «las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento» (meta 4.4).
- El 5, enunciador de los requerimientos de «poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas» (meta 5.1), de «reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico» (meta 5.4), o de «asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública» (meta 5.5).
- El 9, con su deseo de «aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo» (meta 9.2).
- El 10, dentro del cual encaja la responsabilidad de «adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad» (meta 10.4);

- O, por terminar con este listado puramente ejemplificativo, el 16 y su alusión a lo urgente de «promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional» (meta 16.3).
Centrando ahora la atención en el ODS 8 --«uno de los que [en España] presenta mayores problemas en lo que hace a la pobreza con empleo, la tasa de empleo a tiempo parcial no deseado y el porcentaje de contratos de duración determinada no deseados» (Gil, 2020, p. 166)--, a través de una elocuente y llamativa proclamación (por unir en un mismo planteamiento dos planos con frecuencia enfrentados y difíciles de cohonestar) se señala que persigue «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos». En paralelo, para favorecer la consecución de avances tangibles que coadyuven a satisfacer el referido propósito global, aquel queda estructurado en 10 metas más precisas,39 cuatro de ellas con un pronunciado relieve a los efectos de este estudio:

- «8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros».
- «8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor».
- «8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación».
- «8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios».
Asimismo, son dispuestos dos medios o instrumentos facilitadores,40 para nada exhaustivos, siendo el segundo (8.b) el que reviste un superior interés, pues, a tenor de su literal y con el, ya claramente irreal e irrealizable, referente del año 2020 en mente, correspondería «desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo»; acuerdo, este último, al que las Naciones Unidas «santifican [...] como el más elaborado documento sobre empleo pleno y productivo y trabajo decente [...] [asumiéndolo] además como propio» (Lousada y Ron, 2018, p. 21). Nueva muestra de «la pertinencia de las actuales actividades y programas de la OIT para la consecución de las metas del ODS» (Conferencia Internacional del Trabajo, 2016, pp. 7 y 8).
Como se desprende, «el trabajo digno y decente focaliza el objetivo 8» (Jimena, 2019, p. 27) y conecta además, en especial a través del empleo productivo, con el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, en el bien entendido sentido de que «el equilibrio entre las dimensiones social, económica y ambiental que postula el desarrollo sostenible no puede existir si las personas no pueden ejercer su derecho a trabajar en condiciones dignas de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana» (Morán, 2017, p. 225).
De todas maneras y dicho sea de paso, la premisa de la que parte el ODS 8, en una combinación cuanto menos desconcertante (Frey, 2017, p. 1165) al tratar de equilibrar y orientar hacia una misma dirección lo que tradicionalmente implican, de un lado, el crecimiento económico (por muy sostenido, inclusivo y sostenible que pretenda ser) y, de otro, el trabajo decente (acompañado, en paralelo, de un empleo pleno y productivo), puede entrar en conflicto o generar tensiones con otras legítimas aspiraciones de la Agenda 2030 (corroborándolo, Pradhan et al., 2017, p. 1173), entre las que, significativamente, destacan algunas de las concernientes al ODS número 5, relativo a la igualdad entre los géneros y al empoderamiento de las mujeres y de las niñas (Rai et al., 2019, p. 370).
Se quiera o no, sin perjuicio de que el trabajo decente debe ser un «motor del desarrollo sostenible» (Morán, 2018, p. 5), cabe reconocer que el crecimiento económico sostenido y unos altos niveles de productividad, a pesar de no constituir finalidades en sí mismas (Kroll, 2015, p. 68), resultan esenciales en orden a la creación de empleos de calidad y bien remunerados. A ello tienen que contribuir, en un renovado impulso, las políticas activas de empleo (Ruesga, Pérez Ortiz, Heredero de Pablos y Baquero, 2019, p. 263), dentro, eso sí, de «amplios marcos nacionales [...] basados en [...] estrategias macroeconómicas favorables al empleo [...] con el apoyo de políticas comerciales, industriales, fiscales y de infraestructura progresivas» (Simonetti, 2018, s./p.).
Ahora bien y como es sabido, la Agenda 2030, además de proclamar unos objetivos y unas metas, también «insta a todos los actores nacionales e internacionales, púbicos y privados y de la sociedad civil, a ponerlos en práctica» (Jimena, 2019, p. 24). En este sentido y dentro del contexto del ODS 8, junto con los poderes públicos (en menor medida, la ciudadanía), de nuevo otros dos destacados protagonistas están llamados a intervenir de forma decisiva: de un lado, los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva; de otro, las empresas mediante sus políticas de RSC. Instrumentos, uno y otro, diferentes pero entre los que existen «interconexiones y puntos de contacto» (Monereo, 2018, p. 30).
3. La sostenibilidad y el papel de la negociación colectiva y de las políticas de responsabilidad social corporativa. Una aproximación propositiva

Comenzando con el primero de los elementos enunciados en el título de este apartado, sin necesidad de elaboradas (y hasta superfluas) argumentaciones, es fácil concluir que la negociación colectiva «se erige [...] en un pilar ambivalente que, junto a los derechos fundamentales laborales, la política de empleo y la protección social, se identifica como esencial para construir una sociedad global y justa». Más aún al reparar en que, «si por algo se caracteriza el procedimiento de desregulación [contemporáneo] es, precisamente, porque la protección del trabajador y sus derechos han dejado de ser una prioridad social para convertirse en un lastre económico» (Salas, 2016, pp. 3 y 23).
De este modo, la participación o intervención activa de los interlocutores sociales, en sus diferentes formas de manifestación y niveles de articulación (CESE, 2018a, p. 12), constituye una herramienta esencial tanto para la regulación como para el perfeccionamiento de las condiciones de trabajo. Idoneidad todavía mayor dado el escenario en ciernes, determinado por «la necesidad de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y el desarrollo de políticas desde una perspectiva amplia» (CES, 2018, p. 143).
Y como cabría esperar, dejando incluso deliberadamente fuera las de un puro contenido o enfoque laboral, en el extenso terreno de la sostenibilidad la parcela social es la que acapara el grueso de las disposiciones, al ser los trabajadores incluidos en sus respectivos ámbitos de aplicación los destinatarios principales (y casi exclusivos) de las normas convencionales. En cambio, las áreas económica y medioambiental, sobre todo esta última, tienden a presentar un limitado número de referencias, si bien parece que ambas materias están empezando a calar entre los bancos patronal y obrero, que comienzan a proporcionarles un mayor contenido en los acuerdos suscritos, aunque los avances tangibles todavía resultan modestos (Megino, 2019).
De todas maneras y en segundo término, la labor de avanzar hacia un desarrollo sostenible también recae, incluso con una superior intensidad, sobre la comunidad empresarial, llamada a intervenir de forma activa y destacada en el proceso (Fernández y Álvarez, 2012, pp. 493 y ss.), procurando «un crecimiento económico más inclusivo y sostenible a través de su propia actividad» (Observatorio Empresarial contra la Pobreza, 2018, p. 15). Sin descubrir con ello nada nuevo y centrando la atención en la capacidad e influencia de las organizaciones productivas, «su impacto en el bienestar económico e individual es inmenso, ayudan a resolver los problemas de la humanidad mediante los [...] [artículos] que ofrecen y los servicios que prestan, y sus actividades generan un impacto en el medio ambiente» (Deloitte, 2017, p. 10).
Es decir, en la gestión de las empresas han de integrarse «las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y el respeto de los derechos humanos, [...] [de modo que aquellas] generen políticas, estrategias y procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus partes interesadas» (García et al., 2007, p. 5). Resulta imprescindible para su propia supervivencia, pues la evaluación que de ellas haga la ciudadanía no depende ya «de métricas tradicionales, como el rendimiento financiero o incluso la calidad de sus productos o servicios. Por el contrario, [...] hoy son cada vez más juzgadas sobre la base de sus relaciones con sus trabajadores, sus clientes y sus comunidades» (Deloitte, 2018b, p. 1).
En consonancia con lo anterior pero desde otra perspectiva, la necesidad de alinear las estrategias de negocio con la sostenibilidad, de convertirse en «empresas sostenibles» (Pineda, 2014, p. 109), pronto dejará de representar una mera fuente de ventaja competitiva y evolucionará hacia su definitiva transformación en un requerimiento efectivo a fin de poder operar en los mercados, de manera tal que, siquiera por su propio interés, el «sector privado [ha de] [...] contribuir al logro de objetivos sociales y medioambientales, fomentando un crecimiento equitativo y sostenible y la protección de los derechos sociales» (Comisión Europea, 2016c, p. 12).
En definitiva, «las empresas están llamadas igualmente a alinear sus estrategias, así como medir y gestionar su contribución a la consecución de los ODS» (Solanes, 2018, pp. 35 y 36). Tienen que actuar como «agentes de desarrollo [...] [para] lo que han de implementar en su estrategia las preocupaciones de la humanidad y conseguir encontrar en el desarrollo sostenible oportunidades de negocio» (Rodríguez Vindel, 2017, p. 86).
Definitivamente, «el sector privado tiene un papel decisivo en la construcción de sociedades prósperas e igualitarias [...] [motivo por el cual el] desarrollo social, económico y cultural pasa inevitablemente por la contribución y colaboración con el sector privado y más concretamente con las empresas» (Garro y Rodríguez, 2016, p. 2). Por ello, desde la Agenda 2030 se les dirige un llamamiento explícito a fin de que «apliquen su creatividad e innovación para resolver los desafíos que enfrenta el mundo actual en materia de desarrollo sostenible» (Montoya, 2018, p. 2), lo que, sin duda, «se encuentra estrechamente vinculado con las modernas tendencias de acentuación de la responsabilidad social de las empresas» (Jimena, 2019, p. 22) y justifica que «la prioridad social de [...] [estas] debe pasar a ser un componente habitual de su actividad ordinaria» (Montalbán et al., 2018, p. 82).
En este sentido, las políticas de RSC están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor, dejando atrás su consideración como movimiento pura o simplemente «coyuntural» (Jaúregui, 2010, p. 140) para convertirse en una nueva forma de gestión y de hacer negocios. Sin embargo, y dicho sea de paso, este superior relieve no resulta casual, sino que surge como consecuencia del proceso de globalización de la economía mundial (Moreno Santos, 2006, p. 47), así como del rol «cada vez más central» asumido por las empresas en relación con el crecimiento y el progreso social tras los nefastos efectos de la penúltima (en la cabeza ya las seguras negativas secuelas sobre las economías atribuibles a la COVID-19) gran crisis financiera internacional (Maira, 2013, p. 111).
Sea como fuere, sin cuestionar ni un ápice la importancia de las entidades productivas a la hora de «proporcionar condiciones laborales dignas a través de toda su cadena de valor, especialmente para grupos desfavorecidos» (Garro y Rodríguez, 2016, p. 3), la verdad es que, teniendo el contenido y el alcance del ODS 8 en mente, «la situación no puede autorregularse libremente, ya que los controles privados empresariales han fracasado claramente [...] [siendo por tanto preciso] reafirmar el papel de los Estados como auténticos legisladores y [...] protagonistas en el seguimiento y control [...] del Derecho del Trabajo» (López Ahumada, 2017, p. 26). Pauta irrenunciable de cara a encarrilar determinadas realidades negativas contemporáneas, entre las que cabe citar «[el] dumping social, [la] deslocalización, [las] operaciones de reestructuración (in)socialmente responsables, [la] explotación en el tercer mundo, la presión competitiva a la reducción de garantías de derechos sociales en los países desarrollados, etcétera» (Monereo, 2018, p. 26).
Según se desprende, dentro del amplio contexto del trabajo decente son múltiples y heterogéneas las dimensiones a considerar tanto por la negociación colectiva como por las políticas de RSC de las empresas. Ahora bien, en atención a las coordenadas dentro de las cuales se mueve este estudio, al final (en los últimos pasajes de esta monografía) la atención se va a centrar en las posibilidades de capacitación de la mano de obra en el marco de la industria 4.0. No en vano, «la agravación vertiginosa de las desigualdades y el progreso de las nuevas tecnologías hacen necesario el "régimen de trabajo realmente humano" [...] [aun cuando] la exigencia de humanidad no se refiere al propio trabajo, sino a las condiciones en que se ejecuta» (Gil, 2020, p. 143). De ahí la importancia de no perder de vista que «la educación y la formación de calidad crean igualdad de oportunidades y pueden romper el ciclo de malos resultados» (Comisión Europea, 2020, p. 4).

NOTAS:

33 Asamblea General de las Naciones Unidas (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
34 Asamblea General de las Naciones Unidas (2000). La Declaración del Milenio.
35 Los ODS, a diferencia de los ODM, «fueron elaborados a partir de un Grupo de Trabajo Abierto, que coordinó la interacción entre el sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los negocios» (Montoya, 2018, p. 2). Es decir, mientras los segundos «se acordaron a alto nivel en un proceso exclusivo y no participativo, los [...] [primeros] se diseñaron de forma democrática, involucrando no solo a los gobiernos nacionales, sino también, y a gran escala, a la sociedad civil y organismos internacionales» (Strüber, 2018, p. 13).
36 Se aspira

[...] a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015, Declaración 8).
37 De este modo,

[...] educación, formación y recapacitación son el objetivo de las medidas o políticas públicas y empresariales porque la «brecha digital» (derivada, entre otros factores del nivel educativo y de formación) no es solo un coste económico importante para el Estado sino un coste social en un mercado económico que se avecina como altamente automatizado, sobre todo cuando se proyecta sobre determinados colectivos de población, entre ellos los de edad avanzada, que puede dar lugar a una dimensión múltiple o doble de desigualdad (Sánchez-Urán y Grau, 2018, p. 14).
38 «Y el desarrollo de fórmulas normativas que faciliten las mismas [se torna también] imprescindible» (Mercader, 2020a, p. 13).
39 Junto con las explicitadas en el cuerpo del texto, estas son las demás metas integradas dentro del ODS 8:

- «8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados».
- «8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra».
- «8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados».
- «8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas».
- «8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales».
- «8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos».
40 El primero de ellos es el siguiente: «8.a. Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio».

ÍNDICE:

I. INTRODUCCIÓN

II. LA IMPRESCINDIBLE PUESTA EN RELACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL TRABAJO DECENTE
1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Breves apuntes en torno a su génesis, evolución y significado
2. El paradigma del trabajo decente y su recepción en el ODS 8
3. La sostenibilidad y el papel de la negociación colectiva y de las políticas de responsabilidad social corporativa. Una aproximación propositiva

III. SOBRE LA NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN CONTINUA Y LA RELEVANCIA DE LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS (DIGITALES Y TRANSVERSALES): PRINCIPALES DIMENSIONES A CONSIDERAR
1. La estrategia de aprendizaje permanente (lifelong learning). El papel de la universidad de cara a su materialización
2. La empleabilidad de las personas (en especial, las más jóvenes) como objetivo prioritario de los sistemas educativos y de las estrategias de empleo
3. Los programas de formación profesional: su necesaria reorientación
4. La configuración legal del derecho del trabajador a la formación
5. Las competencias clave y los posibles modos de adquirirlas
6. La importancia de las competencias digitales o cibercapacidades
7. La estrecha relación entre competencia/habilidad digital y empleabilidad
8. El fenómeno de la COVID-19 y la formación: efectos inmediatos y perspectivas de futuro

IV. LA FORMACIÓN EN LA INDUSTRIA 4.0 Y EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

V. LA RECEPCIÓN DE LA FORMACIÓN (Y SU IMPULSO) DENTRO DE LAS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA