Doctrina

Título: El Texto Refundido de la Ley Concursal. I Congreso Nacional de Derecho de la Empresa
Fecha: 31/05/2021
Voces sustantivas: Autorizaciones singulares, Concurso de acreedores, Derecho transitorio, Mandato, Recurso de reposición, Responsabilidad civil, Sociedades mercantiles, Analogía, Congreso de los diputados, Indemnización de daños y perjuicios, Personas físicas, Personas naturales, Propuesta anticipada de convenio, Reglas especiales, Acta notarial, Balance, Embargo, Eficacia del convenio, Garantía real, Insolvencia, Identidad de razón, Marcas, Normas especiales, Plazos, Presunción iuris tantum, Procedimiento de ejecución, Profesionales o empresariales, Responsabilidad subjetiva, Sobreseimiento, Salario, Solicitud de concurso
Voces procesales: Administrador concursal, Incidente concursal, Medios de prueba, Prueba, Procedimiento abreviado, Procesos concursales, Recurso de apelación, Recurso de reposición, Administración concursal, Apertura de la fase de convenio, Aprobación del convenio, Calificación del concurso, Celebración de vista, Concurso necesario, Concurso voluntario, Contestación a la demanda, Créditos concursales, Créditos contra la masa, Créditos ordinarios, Cumplimiento del convenio, Declaración del concurso, Demandas incidentales, Eficacia del convenio, Impulso procesal, Juez del concurso, Junta de acreedores, Liquidación concursal, Pago de los créditos, Propuesta de convenio, Subasta, Lista de acreedores

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Número epígrafe: 11
Título epígrafe: XI. Aplicación del TRLC en los juzgados de lo mercantil

TEXTO:

SUMARIO: I. A MODO DE PREÁMBULO. II. INTRODUCCIÓN. III. LA NORMATIVA COVID Y EL TRLC. III.1. El preconcurso. III.2. Declaración de concurso. III.3. Autorizaciones judiciales. III.4. Impugnación del inventario y la lista de acreedores. III.5. Convenio. III.5.1. El reconvenio. III.5.2. Posible tramitación escrita de todas las propuestas de convenio. III.6. Liquidación. III.7. Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. III.8. Conclusión del concurso. IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.
I. A MODO DE PREÁMBULO

Los días 1 y 2 de octubre de 2020 se celebró en Elche el I Congreso Nacional Derecho de Empresa, al que tuve el honor de ser invitado a participar como ponente. Al efecto, el dia 2 de octubre compartí Mesa con mi compañero titular del Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Valencia, el Magistrado D. Jacinto Taléns, para tratar acerca de la problemática de la aplicación del TRLC, aprobado por RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y que había entrado en vigor el dia 1 de septiembre de 2020.
Se me ha pedido ahora que escriba un texto de la ponencia defendida entonces, a lo que me apresto en este momento, queriendo dejar constancia de que sirvan estas líneas para reiterar el agradecimiento por la deferencia que me fue dispensada al invitarme a participar en un seminario doctrinal de tanta altura.
II. INTRODUCCIÓN

El día 1 de septiembre de 2020 ha entrado en vigor el TRLC, aprobado por RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, publicado en el BOE el dia 7 de mayo.
Una primera cuestión relevante que creo que hay que poner de manifiesto es que esta norma no contiene propiamente disposiciones transitorias. Se me dirá, con acierto, que sí contiene disposiciones transitorias, y así es, ciertamente, si se atiende a ello nominalmente, pero no se trata propiamente de normas de derecho intertemporal, en cuanto que tales disposiciones, a saber, la disposición transitoria única, en sus dos apartados, se limitan a establecer que se pospone en el tiempo la entrada en vigor de algunos de sus preceptos manteniéndose, entre tanto la vigencia, de los artículos precedentes en vigor en el marco de la superada Ley Concursal.
Parece ciertamente que cabe sostener, con rotundidad, que no se trata propiamente de normas de derecho intertemporal, esto es, normas destinadas a resolver al aplicador la duda relativa a que derecho aplicar, si el nuevo o el superado, a situaciones de hecho en tránsito en el momento de la entrada en vigor de la nueva normativa que ahora irrumpe.
Y si eso es así, esto es, que no existen normas de derecho transitorio en sentido estricto, y como quiera que las leyes (o las normas con rango de ley en este caso) tienen una vocación de aplicación prospectiva en el tiempo (a salvo que las normas transitorias dispongan otra cosa), parece claro que debe concluirse de manera rotunda, que las normas del TRLC se aplicaran por descontado a los nuevos concursos que se promuevan después de su entrada en vigor (el 1 de septiembre de 2020) y también a los concursos en trámite en que se inicie una nueva fase de procedimiento o un impulso procesal novedoso después de esa fecha (vgr., la apertura de la fase de convenio o de la fase de liquidación, o una solicitud de autorización singular que se promueve a partir del 1 de septiembre), pero no para aquellas fases de procedimiento (o autorizaciones singulares) ya en trámite y todavía no resueltas cuando el TRLC entra en vigor (vgr., una sección de calificación del concurso en trámite).
Evidentemente, en la mayor parte de los casos, este planteamiento que se acaba de efectuar no tiene una relevancia más que teórica o doctrinal, en cuanto que, tratándose de un texto refundido, la única alteración deberá ser el número del precepto aplicable, siendo su contenido coincidente con el de la norma preexistente en la anterior Ley Concursal. Pero hay algunos supuestos, puntuales, donde el refundidor ha introducido algunas novedades, y es en este escenario (y no se trata ahora, en esta sede introductoria, de hacer una consideración de si tal es un escenario ultra vires, con las consecuencias que de ello se derivan), donde la alternativa entre una y otra posición podría tener su incidencia práctica.
En todo caso, debía destacarse en la fecha de la intervención en este Congreso (2 de octubre de 2020) que la aplicación de la normativa del TRLC en el Juzgado de lo Mercantil había resultado escasa, cuando no puramente testimonial, en cuanto que, sosteniéndose la tesis de que resultaba de aplicación solo a aquéllos procedimientos o hitos del procedimiento instados con posterioridad a su entrada en vigor, parece claro que durante el mes de septiembre de 2020 se había venido resolviendo cuestiones e incidencias suscitadas con anterioridad.
III. LA NORMATIVA COVID Y EL TRLC

Declarado que fue el estado de alarma en 14 de marzo de 2020, con fundamento en la pandemia COVID-19 se fue alumbrando por la vía del Real Decreto Ley una normativa llamada a dar respuesta a la situación que se atisbaba y, en particular por lo que se refiere al funcionamiento de los órganos judiciales, al respecto debe destacarse la irrupción del RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que ha estado en vigor desde el 30 de abril hasta el 19 de septiembre de 2020. Esta norma entró en vigor en fecha 30 de abril de 2020 y preveía con acierto disposiciones transitorias llamadas a dar cobertura a las situaciones dadas entre el 14 de marzo (declaración del estado de alarma) y el 30 de abril (fecha de entrada en vigor de la norma) pues de otro modo y considerando el carácter prospectivo de las normas, tales situaciones hubieren quedado huérfanas de cobertura no obstante su identidad de razón con aquéllas que sí contaban ya con la plena virtualidad del RDL 16/2020 en cuanto que habidas con posterioridad a su entrada en vigor.
El RDL 16/2020, de 28 de abril, ha sido derogado por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, intitulada igualmente de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en tanto que no es sino el resultado de la tramitación como Proyecto de Ley del texto del Real Decreto Ley que fue convalidado por el Congreso de los Diputados.
Y esta normativa de urgencia ha de convivir desde el 1 de septiembre de 2020, en que ha entrado en vigor, con el TRLC, entendida como normativa general reguladora del procedimiento de concurso de acreedores en nuestro sistema. Merece la pena reiterar ahora una cuestión ya indicada más arriba, a saber, que el TRLC no contiene, en sentido estricto en cuanto que normas de derecho intertemporal, disposiciones transitorias.
Analizaremos en los apartados siguientes algunas de las cuestiones que se suscitan al amparo de la convivencia de las normas indicadas, así como la virtualidad de la normativa del TRLC en cuanto a las diversas fases del procedimiento concursal.
III.1. El preconcurso

En este punto estamos haciendo referencia al escenario que en el marco de la Ley Concursal ahora superada venía prevenido en el artículo 5 bis. Este precepto, desde su antecedente artículo 5.3 (introducido por la reforma operada en su día por el RDL 3/2009, de 27 de marzo) había sido objeto de sucesivas reformas en aras a prever todos los escenarios a los que dar cobertura con la comunicación a que se refiere, previa a la promoción de la solicitud de concurso de acreedores. Como resultado de ello había resultado un precepto de una extensión desmesurada, que contenía mucha información y que resultaba ciertamente difícil de aprehender para el intérprete y aplicador de la norma. En este punto, merece destacarse que el nuevo TRLC contiene preceptos mucho más cortos, más fáciles de analizar y tratar, de suerte que el juicio que merece en este sentido la nueva estructura del texto legal merece un juicio ciertamente favorable.
El artículo 11.3 del RDL 16/2020, de 28 de abril, precepto ahora derogado tras la irrupción de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, disponía lo siguiente:

"Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley".
Se trataba con ello de dar cobertura plena al deudor que en el marco de la pandemia COVID-19 se viere abocado a la situación de insolvencia, pudiere en todo caso venir a solicitar su concurso voluntario, con preferencia a la solicitud de concurso deducida por otro legitimado, y ello aun cuando ésta fuere anterior en el tiempo. A tal efecto, el artículo 11 determinaba como fecha relevante el 31 de diciembre de 2020, posponiendo la carga procesal que incumbe al deudor insolvente de solicitar el concurso de acreedores hasta esa fecha incluso aunque no se hubiere verificado la comunicación previa del (entonces vigente) artículo 5 bis. El apartado 2 del precepto indicaba que los Jueces no admitirán a trámite entre tanto las solicitudes de concurso necesario de ese deudor que se hubieren podido promover por otros legitimados, y ello porque si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor presentase la solicitud de concurso voluntario, debería admitirse ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
Pues bien, en este escenario, la letra del apartado 3 del artículo 11 es atinada, al menos en parte, toda vez que se establece que si el deudor hubiere efectuado la comunicación del (entonces vigente) artículo 5 bis antes del 30 de septiembre, se estará al régimen general previsto por la Ley (a saber, la cobertura provisional hasta la presentación del concurso en el plazo de tres meses más uno desde la comunicación).
Pero se ha indicado que el acierto puede ser solo parcial porque, efectivamente, la cobertura derivada de la comunicación será plena para aquellas comunicaciones verificadas hasta el 30 de septiembre, pero solo durante el mes de septiembre (recuérdese la cobertura de tres meses más uno) pues el precepto databa como fecha relevante para la promoción del concurso voluntario como preferente el dia 31 de diciembre. Pero la cobertura ya no será plena para los supuestos en que se hubiere podido hacer la comunicación con anterioridad (vgr., durante el mes de julio) y ello por cuanto en tal caso, con cobertura de la comunicación (de tres meses más uno) ya no se llega al 31 de diciembre, pudiéndose haber promovido después de su vencimiento una solicitud por otro legitimado, que se verá en suspenso en los términos del apartado 2 del articulo 11 del RDL 16/2020, pero que no habrá sido inadmitida en los términos del artículo 15.3 de la Ley Concursal, actual artículo TRLC, vigente desde el 1 de septiembre de 2020.
Posteriormente ha irrumpido la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, fruto de la tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley del RDL 16/2020, de 28 de abril, que en su artículo 6.3 prevé que:

"Si hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley. No obstante, en ese supuesto, el deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde la comunicación".
Este precepto ciertamente no reproduce idéntica norma a la ya contenida en el más arriba citado artículo 11.3 del RDL 16/2020, siendo de destacar a este respecto dos novedades trascendentes, a saber:

- En primer término, en su leyenda inicial, se altera el dies ad quem, que ahora se viene a datar en el 31 de diciembre inclusive.
- Pero en todo caso, la cuestión relevante aparece en su leyenda final, pues se indica que en tal supuesto, a saber, que el deudor hubiere hecho la comunicación hasta el 31 de diciembre, se pospone la carga procesal de haber de promover el concurso voluntario hasta 6 meses después de la comunicación.
Ello supone, por un lado, que ya no se ha de plantear el eventual problema que se ha indicado más arriba, en cuanto que el deudor en todo caso disfrutará de cobertura frente a demandas de concurso necesario cuanto menos hasta el 31 de diciembre, inclusive, y por otra parte, es de destacar que se altera el régimen ordinario de comunicación y posterior solicitud de concurso voluntario, modificándose al efecto el plazo previsto con carácter general, primero en la Ley Concursal y ahora en el TRLC, de tres meses más uno a seis meses desde la comunicación, y asi las cosas, y considerando la situación al máximo, bien podrían presentarse solicitudes de concurso voluntario en este régimen hasta el 30 de junio de 2020, que serían preferentes (en cuanto que el concurso vendría declarado como voluntario) a cualquier eventual solicitud deducida por otro legitimado distinto del deudor.
Por lo que se refiere al contenido y efectos de la comunicación, debemos hacer las siguientes indicaciones. A saber,

Por lo que se refiere al contenido de la comunicación, ésta deberá hacer:

- Indicación de ejecuciones en trámite.
- Indicación de que afectan a bienes necesarios para continuar la actividad empresarial (Art. 583.3 TRLC)

Y por lo que se refiere a los efectos que ministerio legis vienen anudados a la comunicación efectuada por el deudor:

- Imposibilidad de inicio de ejecuciones en AEP (Art. 588.1 TRLC)

- Imposibilidad de inicio de ejecuciones sobre bienes necesarios, en PAC y AARR (Art. 588.2 TRLC)

- Imposibilidad de inicio de ejecuciones de créditos de pasivos financieros, si se cuenta con el apoyo del 51% del pasivo financiero (Art. 590 TRLC)

- Suspensión de todas las ejecuciones en trámite de los apartados anteriores (Art. 589 TRLC)

Existe un supuesto específico, referido a los acreedores con garantía real (Art. 591 TRLC). Respecto de éstos, los efectos anudados a la comunicación son los siguientes:

- Posible inicio de la ejecución (Art. 591.1 TRLC)

- Suspensión tras inicio si recae sobre bienes necesarios (Art. 591.1 in fine TRLC)

- Suspensión tras inicio si se trata de un AEP y recae sobre la vivienda habitual del deudor (Art. 591.2 TRLC).
Pero, bien entendido que todo lo anterior no rige para el crédito de derecho público (Art. 592 TRLC).
Y para acabar este epígrafe debe hacerse una breve reflexión acerca del sentido y alcance de la referencia que se incorpora al artículo 594 TRLC cuando alude a la no admisión a trámite y postergación de las solicitudes de concurso necesario (Art. 594). Pues bien, al interrogante de si tal precepto determina a inadmisión a trámite de esas solicitudes de concurso necesario que hayan venido promovidas en ese periodo, la respuesta es afirmativa, de igual modo que ocurría al amparo de la ahora superada Ley Concursal ex artículo 15.3.
III.2. Declaración de concurso

Por lo que se refiere a la problemática que se suscita con ocasión de la declaración de concurso, promovido que haya sido a instancias de algún legitimado, esencialmente en la mayor parte de los casos, por parte del deudor, resulta una cuestión relevante la que viene referida a si el deudor debe serlo de una pluralidad de acreedores, o si, por el contrario, tendría razón de ser la prosecución un procedimiento concursal allí donde solo existe un acreedor de ese deudor.
Era lugar común en la doctrina y en la práctica judicial venir a exigir como presupuesto del concurso la pluralidad de acreedores. El problema venia dado porque en el texto de la norma de la Ley Concursal ahora superada, la mención a este presupuesto no aparecía de manera explícita, si bien parecía que podía deducirse, sin demasiada dificultad de algunas referencias normativas. Así el artículo 2.1 se refería a la insolvencia del deudor común y el artículo 2.4, relativo a la solicitud deducida por un acreedor, se refería en su ordinal primero al sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
Y cierta doctrina vacilante de la DGRN no ayudaba a resolver esta cuestión de manera pacífica. En este sentido es de destacar la posición, ya superada por doctrina posterior del mismo Centro Directivo, que resultaba de la Resolución de 2 de julio de 2012, y la posterior en el mismo sentido de 4 de octubre de 2012. Resoluciones posteriores sin embargo han mantenido ya de manera constante el criterio contrario (vgr. RDGRN de 22 de agosto de 2016).
Parece lógico pensar que se exige la concurrencia de varios acreedores, pues, en otro caso, el acreedor podría continuar persiguiendo la totalidad del patrimonio del deudor sobre la base del procedimiento de ejecución singular en los términos del artículo 1911 del Código Civil (así, STS de 21 de diciembre de 2015).
Pues bien, el TRLC, bien es cierto que en sede de causas de conclusión del concurso, ha introducido una clausula normativa que bien puede coadyuvar la posición que se viene manteniendo. Esto es, el artículo 465.2º TRLC prevé una causa novedosa de conclusión del concurso cuando se advierte de modo sobrevenido que existe un solo acreedor. Es cierto que no se prevé una norma semejante para el trámite de declaración del concurso y el dictado del Auto pertinente ex articulo 28 TRLC al que habrá de dar la publicidad que previenen los artículos 35 y 36 TRLC, pero parece claro que si la existencia de un solo acreedor veda la posibilidad de seguir tramitando el concurso, tal ausencia de pluralidad de sujetos en la masa pasiva habrá de impedir asimismo que proceda la declaración del estado de concurso.
Y en esta sede de declaración de concurso que ahora estamos analizando, aun merece la pena hacer consideración de una mejora sistemática que se contiene en el TRLC respecto de la legislación precedente. A saber, nos estamos refiriendo a la distinta constatación normativa, en preceptos diversos, del escenario de la declaración y conclusión simultáneas por lo que se refiere a las sociedades mercantiles (artículo 470) y a las personas físicas (artículo 472), clarificándose respecto de estas últimas que, como era lógico, procede operar la designación de administrador concursal a fin de que lleve a efecto las operaciones de liquidación pertinentes, habilitándose seguidamente la posibilidad de que el deudor solicite el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
III.3. Autorizaciones judiciales

Dispone el artículo 518 TRLC lo siguiente:

"1. En los casos en que la ley establezca la necesidad de obtener autorización del juez o los administradores concursales la consideren conveniente, la solicitud se formulará por escrito.
2. De la solicitud presentada se dará traslado a todas las partes que deban ser oídas respecto de su objeto, concediéndoles para alegaciones plazo de igual duración no inferior a tres días ni superior a diez, atendidas la complejidad e importancia de la cuestión.
3. El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco días siguientes al último vencimiento.
4. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición".
Este artículo reproduce la norma contenida con anterioridad en el artículo 188 de la Ley Concursal, reiterando que frente al Auto que se dicte resolviendo acerca de la solicitud de que se trata sólo cabe interponer recurso de reposición. Esto es, frente al Auto que resuelve este recurso, ya no cabe ulterior medio procesal hábil de impugnación frente a instancias judiciales superiores. Conforma este precepto una norma especial, por tanto de preferente aplicación y que destierra la virtualidad de la norma contenida en el artículo 547.1 TRLC.
III.4. Impugnación del inventario y la lista de acreedores

El artículo 13 del RDL 16/2020, intitulado "Impugnación del inventario y de la lista de acreedores", ha previsto que:

- En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aun no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores, así como en los concursos que se declaren en los dos siguientes a contar desde la declaración del estado de alarma (esto es, hasta el 14 de marzo de 2022), la única prueba hábil en los incidentes de impugnación sería la documental y la pericial.
- Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañarse, respectivamente, a los escritos de demanda y de contestación.
- No será necesaria la celebración de vista, salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa.
- La falta de contestación a la demanda se considerará allanamiento salvo que se trate de acreedores de derecho público.
Nótese que de esa redacción resultaba la posibilidad de que varios años después de la solución de la crisis sanitaria que ahora nos afecta, aun se hubieren de tramitar incidentes concursales con arreglo a esa previsión normativa, pues se refiere incluso a los incidentes de impugnación del inventario y la lista de acreedores que se susciten en el seno de concursos que se declaren (esto es, en los que se dicte el Auto de declaración de concurso) en los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.
Ahora el artículo 8 de la Ley 3/2020, bajo idéntica rúbrica, además de hacer mención explícita al dies ad quem en cuanto que refiere el 14 de marzo de 2022, mejora esa previsión normativa, en cuanto que ciertamente responde a la necesidad de articular reglas especiales ante la situación de alarma sanitaria actual, y precisamente en su contexto. Así, ahora la previsión normativa refiere lo siguiente:

- En los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, no será necesaria la celebración de vista, salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.
- Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se presenten.
- La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público.
III.5. Convenio

En este apartado son dos las cuestiones que van a ser objeto de comentario. A saber, en primer término se analizará la regulación del "reconvenio" que se ha previsto primero en el artículo 8 del RDL 16/2020, de 28 de abril, y ahora en el artículo 3 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, que deroga aquél. En según do término se analizará la oportunidad (evidentemente ajustada a la legalidad) de la tramitación escrita de todas las propuestas de convenio en estos momentos de crisis sanitaria, con independencia del numero de acreedores concursales.
III.6. El reconvenio

El artículo 8.1 del RDL 16/2020 disponía que

"Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos.
La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita, cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo exigibles para la aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la aceptación de la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación. En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación".
El artículo 3.1 de la Ley 3/2020, contiene idéntica previsión, con la única salvedad de hacer expresa mención en cuanto al dies ad quem a la fecha del 14 de marzo de 2021 inclusive.
Pues bien, son presupuestos de esta posibilidad de modificación del convenio judicialmente aprobado y que se encuentra en fase de cumplimiento, los siguientes:

a) Plazo. Hasta el14/03/2021 inclusive.
b) Procedimiento:

- Solicitud del deudor.
- Adjuntar relación de créditos concursales pendientes de pago.
- Adjuntar relación de créditos devengados después de la aprobación del convenio pendientes de pago.
- Adjuntar plan de viabilidad y plan de pagos.
- Trámite: el mismo que para la aprobación del convenio pero por escrito en todo caso. Las mayorías requeridas son las ordinarias (artículo 376.2 TRLC) que en su día fueron necesarias para la aprobación del convenio de cuya modificación se trata, cualquiera que sea el contenido de la modificación, y el plazo es de dos meses (artículo 375 TRLC). Una de las dudas que surge en este punto es la relativa a si debe rehabilitarse en el cargo a la Administración concursal que cesó con ocasión de la aprobación del convenio de cuya modificación ahora se trata. Entiendo que la respuesta es negativa pues la norma especial no prevé tal rehabilitación y la remisión a las normas relativas a la aprobación del convenio no parece ampararla, en cuanto que se refiere a

Esta modificación no afecta:

a) A los acreedores privilegiados, salvo que expresamente se adhieran a la misma.
b) A los acreedores posteriores a la aprobación del convenio.
III.7. Posible tramitación escrita de todas las propuestas de convenio

Atendida la actual situación, con las limitaciones de aforo que vienen impuestas por razón de la pandemia COVID-19, nos enfrentamos a la dificultad de la tramitación de la fase de convenio, con señalamiento para la celebración de Junta de acreedores presencial, en cuanto que el TRLC, como antes la Ley Concursal, reservan la posibilidad de la tramitación escrita sólo para el caso de que existan más de trescientos acreedores reconocidos.
Ante esta tesitura, nos planteamos la oportunidad de tramitar en todo caso las fases de convenio por escrito, con independencia del numero de acreedores. Y ello por cuanto, dadas las limitaciones actuales de aforo, ya se desbordaría la capacidad de las salas de vistas para el caso de que concurriesen a la Junta más de cinco acreedores. Se trataría de hacer una interpretación conforme con las previsiones que la legislación de urgencia (el RDL 16/2020 y ahora la Ley 3/2020) ha fijado para la tramitación de la modificación del convenio.
Ciertamente, no se trata de hacer recurso de la analogía, por cuanto no hay ninguna laguna legal que deba integrarse. Se trata de dar una respuesta razonable, y ajustada a Derecho obviamente, dadas las peculiares circunstancias ahora concurrentes. Y es que parece claro que no se violenta con ello ningún derecho fundamental conforme al artículo 24 de la Constitución, pues el Legislador ha contemplado la opción de la tramitación escrita, como también existe para la tramitación de la propuesta anticipada de convenio, si bien en el caso de la propuesta ordinaria ha determinado tal posibilidad en atención a la existencia (y posible concurrencia a la Junta) de un elevado número de acreedores, que se cuantifica en trescientos.
Pues bien, los Juzgados de lo Mercantil num. 1 y num. 2 de Valencia hemos optado decididamente por esta vía. Al efecto se dicta un Auto donde se justifica adecuadamente toda la motivación que lleva a considerar estas razones de oportunidad, y se apertura el tramite escrito. Dos cuestiones se suscitan llegados a este punto, a saber:

- Por lo que se refiere al plazo, considerando que la resolución se ha venido dictando en el seno de un procedimiento abreviado, el plazo no será de dos meses, sino que será de treinta días, a simili con el plazo de dilación que prevé la Ley para la celebración de la Junta en el artículo 527.2 TRLC.
- Y ese Auto será susceptible de recurso. De apelación en el caso de que estemos terminando la fase común e impulsando la fase de convenio (artículo 547 TRLC) y de reposición en el caso de que se esté reconduciendo una fase de convenio ya iniciada ex ante y cuya Junta quedó suspendida con ocasión de la generalizada suspensión de plazos y señalamientos judiciales por razón de la pandemia.
Obviamente antes de impulsar efectivamente la fase por trámite escrito, se habrá de esperar a la firmeza del Auto, advirtiendo que no hay ninguna parte disconforme, ni el deudor ni ninguno de los acreedores personados. Pues bien, como el recurso de apelación indicado lo es sólo a los efectos instrumentales de sostener los recursos frente a los incidentes concursales de fase común que vinieron protestados, en el Auto bien se podrá indicar que el concreto acuerdo de prosecución de la fase escrita podrá ser objeto de reposición, o en caso de resultar este aserto dudoso, lo prudente sería dictar dos resoluciones sucesivas, de suerte que la decisión de continuar la fase de convenio por tramite de adhesiones por escrito se documentase en la segunda de ellas, susceptible sin duda solo de recurso de reposición.
III.8. Liquidación

En sede de liquidación, es de destacar que el RDL 16/2020, de 28 de abril, en su artículo 15 en cuanto a la realización de los activos, hizo previsión de que en todos los concursos en tramitación y para aquéllos que se declaren durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma (esto es, hasta el 14 de marzo de 2021), la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa. Obsérvese que de ello se derivaba que sería posible que varios años después de la declaración del estado de alarma el mandato de esta norma siguiese operativo (pues se contempla respecto de los concursos que se declaren hasta el 14 de marzo de 2021), conviviendo con la normativa general ahora prevista en el TRLC. Y de ello solo se admitían dos excepciones: la relativa a las ventas de unidades productivas, así como los supuestos de autorizaciones judiciales singulares respecto de los bienes afectos a privilegio especial.
Ahora, el artículo 10 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, con indicación expresa de la data del 14 de marzo de 2021 inclusive, sigue refiriéndose a los concursos en tramitación y que se declaren hasta esa fecha, pero amplía el abanico de los posibles mecanismos hábiles para la realización de los activos, que podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre los previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
III.9. Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

Por lo que se refiere al supuesto del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, uno de los problemas que se venía suscitando era el relativo a dilucidar si procedía entender que se había intentado (o no) el acuerdo extrajudicial de pagos allí donde no se había llegado a operar ninguna propuesta de acuerdo concreta al colectivo acreedor toda vez que intentados sucesivos nombramientos de mediador concursal, el designado no aceptaba el nombramiento.
Y el problema no es baladí porque, como es sabido, en atención a que se hubiere operado, o no, el intento de que se trata, el deudor podía después, en el seno del concurso consecutivo, impetrar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho debiendo atender los créditos contra la masa y los créditos ordinarios privilegiados, pero no así los ordinarios (ni los subordinados) o debiendo atender al menos el 25% de los ordinarios. Y dependiendo de la conformación del pasivo del concreto deudor, la diferencia podía ser importante en uno y otro caso.
Pues bien, la legislación de urgencia COVID ha venido a poner solución a esta duda que surgía al intérprete, si bien con fecha final a 14 de marzo de 2021.
Con anterioridad no había previsión alguna en la norma, y únicamente puede citarse un hito, de cierta relevancia doctrinal, a saber, la Consulta evacuada en 14 de mayo de 2019 por la DGRN a instancias del Colegio Notarial de Madrid, que planteaba precisamente qué podía hacerse para cerrar el acta notarial aperturada a instancias de un deudor persona natural no comerciante que promovía el acuerdo extrajudicial de pagos, y en cuyo seno el Notario había intentado sucesivos nombramientos de mediador concursal sin que ninguno de los sucesivamente designados aceptasen el cargo. Pues bien, la DGRN responde a la consulta estableciendo que transcurridos dos meses desde la apertura del acta, e intentados sucesivos nombramientos infructuosamente ante la no aceptación de los designados, el Notario puede hacerlo asi constar en el acta mediante diligencia y proceder a su cierre. El interesado podrá hacer valer ese título notarial posteriormente en el concurso consecutivo a los efectos de reputar intentado el acuerdo extrajudicial de pagos.
Como hemos dicho más arriba, la legislación COVID sí ha establecido una previsión normativa al respecto, primero en el RDL 16/2020, de 28 de abril (artículo 17), y posteriormente en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre (artículo 12).
El artículo 17 del RDL 16/2020, ahora derogado por la Ley 3/2020, intitulado "Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos" disponía lo siguiente:

"Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado"

El vigente artículo 12 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, intitulado "Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho" contiene idéntica previsión, a salvo la sustitución de la referencia al año siguiente a la declaración del estado de alema, por la indicación del dia 14 de marzo de 2021 inclusive.
Con ello es obvio que viene a salvarse la duda, trascendente, que existía al respecto, de lege lata, si bien debe hacerse mención a que la misma se enmarca en el contexto de la normativa de urgencia COVID, sin que tenga parangón en el seno de la normativa general del TRLC.
III.10. Conclusión del concurso

Como ya se ha comentado más arriba, la reforma operada por el TRLC introduce en el artículo 465 entre las causas de conclusión del concurso, un nuevo supuesto, concretamente en su ordinal 2º, a saber, que venga advertido con ocasión de la rendición del informe del Administrador Concursal que existe un único acreedor.
Debe recibirse con agrado que venga a configurarse normativamente esa causa de conclusión del concurso, de igual manera que de advertirse en el momento de proveer la solicitud de concurso, será una circunstancia esencial que habrá de determinar la improcedencia de su declaración, en cuanto que existiendo un único acreedor, éste puede dirigir su acción contra todo el patrimonio del deudor para ver de satisfacer su derecho de crédito ex artículo 1911 del Código Civil, sin que tenga razón de ser la prosecución de un procedimiento (muy costoso por otra parte) que se fundamenta en la ordenación y distribución entre el colectivo acreedor frustrado (que en este escenario no existiría) del producto de la realización de los activos del deudor insolvente.
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Para concluir estas breves líneas, y a modo de corolario de cuanto se ha venido exponiendo, debe decirse que a la fecha de celebración del Congreso, y también cuando se redacta este Trabajo escrito, son aun escasos los pronunciamientos que se han operado al amparo del nuevo TRLC aprobado por el RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
Pero no obstante lo anterior, ya se han debido dictar algunas resoluciones con cita de sus preceptos, bien entendido que se mantiene la tesis de que su aplicación es prospectiva en el tiempo, y por tanto solo será de aplicación a los procedimientos (o a las fases de procedimiento) que se promuevan o que se impulsen a partir del 1 de septiembre de 2020, en tanto que los anteriores deberán proveerse con arreglo a la normativa anterior.
Y en estos momentos coexisten la normativa general, ahora contenida en el TRLC, y la normativa especial, de urgencia, promulgada por razón de la pandemia COVID-19, a saber, ahora ya la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Y esta normativa contiene algunas particularidades que en cuanto que lex specialis se aplicarán con prioridad a la normativa general.

ÍNDICE:

1. DECLARACIÓN DE CONCURSO: NOVEDADES Y CUESTIONES PROBLEMÁTICAS, Por Don Leandro Blanco García-Lomas

I. INTRODUCCIÓN
II. PRESUPUESTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
II.1. Presupuesto objetivo
II.1.1. La insolvencia. Concepto
II.1.2. Insolvencia actual o inminente
II.2. Presupuesto subjetivo
II.2.1. Pluralidad de acreedores
II.2.2. ¿Cabe la declaración de concurso con un solo acreedor, cuando estamos en insolvencia inminente?
III. CONCLUSIÓN

2. CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCURSO NECESARIO ANTE LA LEGISLACIÓN COVID Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL, Por Don Manuel Ruiz de Lara

I. PRESUPUESTO OBJETIVO DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
II. PLURALIDAD DE ACREEDORES
III. DEBER DE SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE CONCURSO

3. EL ESTATUTO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN EL TRLC Y EN LA DIRECTIVA DE INSOLVENCIA, Por Doña Olga Ahedo Peña

I. INTRODUCCIÓN
II. LEY CONCURSAL
III. LEY 38/2011, DE 10 DE OCTUBRE
IV. LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE
V. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL
VI. DIRECTIVA SOBRE REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA

4. LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL: ACCESO AL CARGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL, Por Doña Ana Belén Campuzano

I. EL MODELO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
I.1. El modelo colegiado de administración concursal: profesionales jurídicos y económicos
I.2. El modelo unipersonal de administración concursal: profesionales jurídicos y económicos especializados
I.3. La falta de desarrollo del acceso a la profesión de administrador concursal
II. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
II.1. La responsabilidad subjetiva por culpa
II.2. La acción concursal de responsabilidad
II.3. La acción individual de responsabilidad

5. CRÉDITOS CONTRA LA MASA DE LOS TRABAJADORES EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL, Por Don Francisco Cano Marco

I. INTRODUCCIÓN
II. CRÉDITOS CONTRA LA MASA DE CONTENIDO LABORAL
II.1. Los créditos por salarios por los últimos treinta días
II.2. Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso
III. EL PAGO DE LOS CRÉDITOS CONTRA LA MASA
III.1. El pago de salarios como excepción al criterio de vencimiento
III.2. Imposible alteración del criterio de vencimiento en el pago de créditos laborales
III.3. El pago de los créditos contra la masa laborales en los supuestos de insuficiencia de masa activa
IV. BIBLIOGRAFÍA

6. LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL EN EL TRLC Y EN LA REGULACIÓN COVID: LOS CRITERIOS ORIENTATIVOS Y LOS PLANES DE LIQUIDACIÓN, Por Doña Sofía Gil García y Doña Amagoia Serrano Barrientos

I. LIQUIDACIÓN CONCURSAL EN EL TRLC: PRINCIPALES NOVEDADES
I.1. Introducción
I.2. Reglas generales de liquidación
I.3. Reglas de elaboración del plan de liquidación
I.4. Contenido
I.5. Modificación del plan de liquidación
II. REGULACIÓN COVID
II.1. Medidas destinadas a agilizar los procesos concursales: art. 15 RD 16/2020, de 28 de abril
II.2. La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
III. VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA
III.1. La venta de la unidad productiva como mecanismo para salvar la actividad
III.2. Modos de enajenación de la unidad productiva
III.3. Reglas comunes
IV. PRE-PACK
IV.1. ¿Normativa aplicable?
IV.2. Desarrollo
IV.2.1. Fase preliminar de las operaciones de pre-pack concursal
IV.2.2. Fase concursal

7. ASPECTOS DESTACABLES DE LA CALIFICACIÓN CONCURSAL EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL, Por Don Francisco Gil Monzó

I. INTRODUCCIÓN
II. DE LA APERTURA DE LA SECCIÓN DE CALIFICACIÓN. RÉGIMEN ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO
III. DE LAS PARTES EN LA SECCIÓN DE LA CALIFICACIÓN
IV. DE LA SENTENCIA DE CALIFICACIÓN
V. CONCLUSIÓN

8. BREVES APUNTES SOBRE ALGUNAS NOVEDADES EN MATERIA DE CALIFICACIÓN CONCURSAL EN EL TRLC, Por Don José Luis Fortea Gorbe

I. LA LEGISLACIÓN DE URGENCIA COVID Y LA CALIFICACIÓN CONCURSAL
II. EL DIRECTOR GENERAL COMO POSIBLE PERSONA AFECTADA POR LA CALIFICACIÓN
III. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
IV. LA CONDENA A LA COBERTURA DEL DÉFICIT CONCURSAL
V. LAS REFORMAS PROCESALES QUE NO APARECEN

9. LAS PRESUNCIONES IURIS TANTUM DE LA CALIFICACION CONCURSAL, Por Don César Suárez Vázquez

10. EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL BEPI EN EL TRLC, Por Doña Lucía Martínez Orejas

I. CONTROVERSIA ACTUAL, LOS PROBLEMAS INTERPRETATIVOS SOBRE LA EXTENSIÓN DEL BENEFICIO
II. REQUISITOS DEL BEPI
III. EFECTOS
IV. PLAN DE PAGOS, REGULACIÓN. SU CONSIDERACIÓN COMO PLAN DE VIABILIDAD Y LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE INCLUYA LA TOTALIDAD DEL PASIVO NO EXONERABLE. CORRELACIÓN CON LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 499 TRLC

11. APLICACIÓN DEL TRLC EN LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL, Por Don Salvador Vilata Menadas

I. A MODO DE PREÁMBULO
II. INTRODUCCIÓN
III. LA NORMATIVA COVID Y EL TRLC
III.1. El preconcurso
III.2. Declaración de concurso
III.3. Autorizaciones judiciales
III.4. Impugnación del inventario y la lista de acreedores
III.5. Convenio
III.6. El reconvenio
III.7. Posible tramitación escrita de todas las propuestas de convenio
III.8. Liquidación
III.9. Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
III.10. Conclusión del concurso
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

12. EL TRLC Y SU APLICACIÓN EN EL MARCO DE UNA PANDEMIA: BALANCE DE SU RECIENTE APLICACIÓN, Por Don Jacinto Talens Seguí

I. INTRODUCCIÓN
II. ¿CUÁNDO SE APLICA AL TRLC Y CUANDO LA LEY 3/2020?
III. CAMBIOS RD 16/2020 Y LEY 3/2020
IV. CAMBIOS TRLC

13. LA DIRECTIVA SOBRE MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA Y SU TRANSPOSICIÓN, Por Doña Amanda Cohen Benchetrit 225

I. INTRODUCCIÓN
II. MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN
II.1. Sujetos que pueden acudir a los marcos de reestructuración. Intervención de la autoridad judicial y del administrador en materia de reestructuración
II.2. Requisitos de acceso
II.3. Objeto de la reestructuración. Medidas para facilitar la negociación
II.4. Mayorías
II.5. Tensión entre los mecanismos previstos en la Directiva y el Derecho de sociedades
II.6. Recursos
III. PLENA EXONERACIÓN DE DEUDAS
III.1. Ámbito subjetivo de la exoneración
III.2. Ámbito objetivo de la exoneración
III.3. Requisitos de acceso a la plena exoneración
III.4. Ámbito temporal
IV. MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA, REESTRUCTURACIÓN Y EXONERACIÓN DE DEUDAS
V. TRANSPOSICIÓN
VI. BIBLIOGRAFÍA