Doctrina

Título: Nota resumen GPS Fiscal 2021: Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
Fecha: 09/06/2021
Coordinadores: Domingo Carbajo Vasco
Voces sustantivas: Inspección tributaria, Autoliquidación, Contribuyente, Lugar de realización del hecho imponible, Normas comunes, Obligaciones formales, Prestación de servicios, Procedimientos de gestión
Voces procesales: Medios de prueba, Otros medios de prueba


TEXTO:

GPS Fiscal. Guía Profesional 7ª Edición

Actualización 45ª: Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

NOTA DE ACTUALIZACION

Real Decreto 400/2021 (TOL 8456299), de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio ("Boletín Oficial del Estado" de 9/06/2021).

1. INTRODUCCIÓN.

La Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, supuso la introducción en España, desde el 16 de enero de 2021, del controvertido impuesto, necesario para gravar efectivamente la realización de las actividades de la economía digital que generan valor añadido en España sin necesidad de presencia física de las entidades prestadoras de tales servicios digitales, lo cual dificulta su control y recaudación fiscal.
Siguiendo las propuestas de Directivas europeas y a la espera del acuerdo internacional que se prevé sobre la imposición mínima en materia de servicios digitales, este nuevo tributo fue postponiendo en el tiempo su recaudación efectiva vía autoliquidaciones, falto de un desarrollo reglamentario complejo.
Se trata, ahora, precisamente de publicitar este desarrollo reglamentario, siquiera muy parcial y de mínimos, lo cual obligará a genera una doctrina administrativa unilateral, no exenta de discusiones, por medio del extraño sistema (desde el punto de vista jurídico) de las preguntas frecuentes, FAQ, de rango jurídico más que dudoso.
2. CONTENIDO DEL REAL DECRETO.

El artículo 1 desarrolla el artículo 7 de la citada ley 4/2020, relativo al lugar de realización del hecho imponible, en el que se dispone que las prestaciones de servicios digitales se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando el usuario se encuentre en el mismo, estableciéndose una serie de normas específicas para cada uno de los servicios digitales sometidos al impuesto, que están basadas en el lugar en que se han utilizado los dispositivos, siendo ese lugar, el de su localización.
Por otro lado, en el apartado 4 de dicho artículo 7 se señala que se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización.
Pues bien, con la finalidad de concretar dicho lugar, se establece en el artículo 1 del real decreto que el lugar de localización del dispositivo vendrá dado por todos los detalles de la dirección que use la tecnología de geolocalización empleada.
Asimismo, se enumeran algunos de los medios de prueba que podrán utilizarse para demostrar que el lugar de localización es diferente al que indica la dirección IP.
En los artículos 2 a 4 del Real Decreto se desarrollan las obligaciones formales previstas en la Ley 4/2020, en virtud de las cuales los contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales estarán obligados a llevar, conservar y poner a disposición de la Administración Tributaria, por cada período de liquidación, un registro de operaciones sujetas al impuesto, así como una memoria descriptiva de las operaciones sujetas al impuesto, así como una memoria descriptiva.
En la memoria se deberán describir los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleadas para analizar la sujeción al Impuesto de los servicios digitales prestados, localizar la prestación de cada servicio y su atribución al territorio de aplicación del impuesto, calcular los ingresos de las operaciones sujetas e identificar los ficheros, aplicaciones y programas empleados en tales procesos.
En el artículo 5, por otro lado, se detalla el alcance de la obligación formal de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, prevista en el artículo 13.1.h) de la Ley 4/2020.
La finalidad es dar una orientación al contribuyente, pero a su vez permitir que utilicen los sistemas, mecanismos o acuerdos que estén a su disposición o los que la tecnología les permita utilizar en el futuro.
Por último, en la disposición final primera del Real Decreto se efectúan las modificaciones pertinentes en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Así, se modifican diversos preceptos del citado Reglamento General, por cuanto que la obligación formal del artículo 13.1.a) de la Ley 4/2020 debe cumplirse a través de las declaraciones de alta, modificación y cese del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, a la que estaría obligado en todo caso el contribuyente por su condición de empresario.
Además, se considera necesario que el Censo identifique a los contribuyentes de este impuesto, y, por tanto, que se recoja de manera expresa, dentro de los datos a comunicar, la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o los cambios que se produzcan en la situación tributaria relacionada con el impuesto.
En cualquier caso, todavía falta la publicación de la Orden ministerial con el modelo de autoliquidación para completar el entramado jurídico que regula este tributo.
DOMINGO CARBAJO VASCO

Madrid, 9 de junio de 2021.