Jurisprudencia

Cabecera: TSJ Murcia, 01-07-2020. Reconoce a un hombre el derecho al complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional aplicando la doctrina del TSJUE de 12 de diciembre de 2019 en la que se declaró discriminatorio.

Jurisdicción: Social
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Fecha: 01/07/2020
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 973/2020 Número Recurso: 911/2019
Numroj: STSJ MU 1533/2020
Ecli: ES:TSJMU:2020:1533
Voces sustantivas: Seguridad social, Incapacidad permanente, Instituto nacional de la seguridad social, Pensión de jubilación, Principio de igualdad, Derecho a la tutela judicial efectiva, Igualdad de trato
Voces procesales: Cuestiones prejudiciales, Nulidad de actuaciones, Derecho a la tutela judicial efectiva, Incongruencia omisiva, Motivación de las resoluciones, Resoluciones judiciales, Recurso de suplicación, Ratio decidendi


ENCABEZAMIENTO:


T.S.J.MURCIA SALA SOCIAL
MURCIA
SENTENCIA: 00973/2020
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
PASEO DE GARAY, 5 - 2ª PLANTA - 30005 - MURCIA (UPAD)
Tfno: 968817243-968229216
Fax: 968817266-968229213
Correo electrónico: tsj.social.murcia@justicia.es
NIG: 30030 44 4 2016 0004954
Equipo/usuario: JLG
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0000911 /2019
Procedimiento origen: SSS SEGURIDAD SOCIAL 565/2016
Sobre: JUBILACION
RECURRENTE: Luis Antonio
ABOGADO: ANGEL HERNANDEZ MARTIN
RECURRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ABOGADO: LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En MURCIA, a uno de julio de dos mil veinte.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los Ilmos. Sres. D. JOSÉ
LUIS ALONSO SAURA, D. JOAQUÍN ÁNGEL DE DOMINGO MARTÍNEZ y D. MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, de
acuerdo con lo prevenido en el art. 117.1 de la Constitución Española, en nombre S.M. el Rey, tras haber visto
y deliberado las presentes actuaciones, ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el presente recurso de suplicación interpuesto por D. Luis Antonio , contra la sentencia número 375/2018
del Juzgado de lo Social número 6 de Murcia, de fecha 26 de octubre, dictada en proceso número 565/2016,
sobre SEGURIDAD SOCIAL, y entablado por D. Luis Antonio frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
En la resolución del presente recurso de suplicación, actúa como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL
RODRIGUEZ GÓMEZ, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO.- Hechos Probados en la instancia y fallo.
En la sentencia recurrida, se consignaron los siguientes hechos probados:
PRIMERO. El demandante, D. Luis Antonio , con D.N.I. NUM000 y nacido el día NUM001 de 1951, presentó solicitud de jubilación en día 12 de mayo de 2016.-

SEGUNDO. El demandante es padre de tres hijos.-

TERCERO. Mediante Resolución dictada por el INSS en fecha 26 de mayo de 2016 se reconoció al demandante una pensión de jubilación con el porcentaje del 97,53% sobre una base reguladora mensual de 2.402,20 euros mensuales, con efectos a 20 de mayo de 2016 y en cuantía de 2.342,87 euros mensuales.-

CUARTO. Disconforme con la Resolución a la que se refiere el ordinal precedente, el demandante interpuso Reclamación Previa, la cual fue desestimada mediante nueva Resolución dictada por la Entidad Gestora en fecha 30 de junio de 2016.-

SEGUNDO.- Fallo de la sentencia de instancia.
En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo: "Que desestimo íntegramente la demanda interpuesta por D. Luis Antonio contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y, en consecuencia, absuelvo al organismo demandado todas las pretensiones deducidas en su contra".
TERCERO.- De la interposición del recurso y su impugnación.
Contra dicha sentencia fue interpuesto recurso de suplicación por parte demandante.
CUARTO.- De la impugnación del recurso.
El recurso interpuesto no ha sido impugnado por la parte demandada.
QUINTO.- Admisión del recurso y señalamiento de la votación y fallo.
Admitido a trámite el recurso se señaló el día 29 de junio de 2020 para los actos de votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

FUNDAMENTO
PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia dictó sentencia con fecha 26 de octubre de 2018, en proceso nº 565/2016, sobre pensión de jubilación, por la que se desestimó la demanda formulada por D. Luis Antonio contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, al considerar que el complemento de pensión pretendido solamente es de aplicación respecto de las mujeres, sin entrar a valorar si el artículo 60.1 y 2 de la Ley General de la Seguridad Social es discriminatorio.
Frente a dicho pronunciamiento se interpone recurso de suplicación por la parte actora; basado, en primer lugar, en la nulidad de actuaciones por infracción de normas de procedimiento con resultado de indefensión, al amparo del artículo 193, a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; y, en segundo lugar, en el examen del derecho aplicado, de conformidad con el artículo 193, c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.
FUNDAMENTO

SEGUNDO.- En cuanto al primer motivo de recurso, se alega la nulidad de la sentencia de instancia, con reposición de los autos al momento anterior a su dictado, por haberse infringido las normas del procedimiento con resultado de indefensión, concretamente del art. 97.2 de la LRJS, en relación con el art. 24 CE y doctrina constitucional que interpreta el alcance de la incongruencia omisiva de una sentencia respecto a la vulneración de la tutela judicial efectiva.
A tal efecto, la Sala considera que el motivo de recurso no puede prosperar ya que la sentencia recurrida está suficientemente motivada teniendo en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencias, entre otras, dictada el 1 de octubre de 1988 ha precisado que la falta de motivación o la motivación defectuosa puede dar lugar a la nulidad o ser un mero vicio no invalidante en función de que tal ausencia provoque o no indefensión en el interesado. La finalidad de la motivación se vincula al derecho del presunto infractor a una adecuada defensa en la medida en que le permite conocer y criticar las razones y fundamentos de los que se ha servido la Administración para sancionar, a la vez que propicia y facilita el control jurisdiccional de ésta ( sentencias del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1990 y de 25 de enero de 1992), y asimismo, la STS de 8 de julio de 1997 (RJ 6211), si bien refiriéndose a las resoluciones judiciales, dice que "la motivación no exige un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentales de la decisión, es decir la «ratio decidendi» que ha determinado aquélla. Con ello, la motivación satisface las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre que se produzca de forma expresa e inequívoca ( STC [2.a] de 14/1992, de 28 enero)."De otro lado, la doctrina constitucional ha venido también reiterando que la motivación de las resoluciones no autoriza a exigir un razonamiento pormenorizado de todos los aspectos planteados por las partes, considerándose suficientemente motivadas aquellas resoluciones apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundan la decisión, sin existir, por tanto, un derecho fundamental del interesado a una determinada extensión de la motivación ( Sentencias del Tribunal Constitucional 27/1992, de 9 de marzo; 175/1992, de 2 de noviembre; 115/1996, de 25 de junio; 128/1996, de 9 de julio; 169/1996, de 29 de octubre; 26/1997, de 11 de febrero; 39/1997, de 27 de febrero).
A fortiori, a ello se unen razones de economía procesal, a la luz del artº 24 de la CE, una vez que ha resuelto el TJUE sobre la cuestión prejudicial a la que se refiere la sentencia de 19-12-2019.
FUNDAMENTO

TERCERO.- Como segundo motivo de recurso se alega la vulneración, por no aplicación, del art. 157 TJUE y art. 4.1 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en relación con el art. 14 CE y art. 60 LGSS 2015.
A la vista de la expresada normativa, la Sala estima, como ya dijo en sentencia de 30 de abril de 2020 (nº 467/2020, rec. 314/2019) que el motivo debe prosperar, pues el TJUE, en sentencia de 19- 12-2019, ha decidido que la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión.
Ello supone que, dada la naturaleza del derecho de la Unión, que se caracteriza por ser de aplicación directa y preferente, que debamos seguir un criterio diferente al de nuestra sentencia de 11-11- 19, que es anterior a la del TJUE.

FALLO:

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido: Que, con estimación de la petición subsidiaria del recurso de suplicación interpuesto por el actor, D. Luis Antonio , debemos declarar y declaramos su derecho a percibir la pensión de jubilación en cuantía inicial de 2.604,85€ (pensión inicial de 2.402,20€, más el complemento de maternidad sobre base reguladora, 202,65€), más revalorizaciones legales. Condenamos a su pago al INSS.
Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.
ADVERTENCIAS LEGALES Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.
Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco de Santander, S.A.
Dicho ingreso se podrá efectuar de dos formas: 1.- Presencialmente en cualquier oficina de Banco de Santander, S.A. ingresando el importe en la cuenta número: 3104-0000-66-0911-19.
2.- Mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de Banco de Santander, S.A.: ES55-0049-3569-9200-0500-1274, indicando la persona que hace el ingreso, beneficiario (Sala Social TSJ Murcia) y en el concepto de la transferencia se deberán consignar los siguientes dígitos: 3104-0000-66-0911-19.
En ambos casos, los ingresos se efectuarán a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría del SCOP, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de seiscientos euros (600 euros), en la entidad de crédito Banco de Santander, S.A., cuenta corriente indicada anteriormente.
Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.