Doctrina

Título: Normativa de insolvencia y Estado de Alarma. Guía de Gestión de los procesos preconcursales y concursales
Fecha: 12/05/2020
Coordinadores: Enrique Sanjuan Muñoz
Voces sustantivas: Concurso de acreedores, Aprobación judicial del convenio, Otros supuestos, Plazos
Voces procesales: Adopción de medida cautelar, Incidente concursal, Medios de prueba, Prueba, Procedimiento abreviado, Administración concursal, Adopción de medidas cautelares, Celebración de vista, Concurso necesario, Concurso voluntario, Contestación a la demanda, Convenio concursal, Demandas incidentales, Derecho de defensa, Juez del concurso, Liquidación concursal, Plazos procesales, Propuesta de convenio, Reintegración de la masa activa, Lista de acreedores

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Número epígrafe: 4
Título epígrafe: IV. Gestión de los incidentes concursales

TEXTO:

El artículo 13 del RDL recoge además una serie de impulsos a la actividad judicial partiendo de un concepto que puede estar limitando el derecho de defensa y contradicción al limitar los elementos de prueba.
Recoge que en los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa.
Técnicamente la referencia a inventario provisional y la lista provisional de acreedores es una distinción que más se refiere al artículo 191 LC (525 TRLC) en relación a los procedimientos abreviados que, a otros supuestos, aunque nada dice al respecto.
El apartado tercero recoge además que, los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se presenten, lo cual supone ciertamente una afectación grave cuando las partes no puedan tener acceso a dichos documentos por tratarse de órganos o registros en donde no estén legitimados.
La limitación temporal, por otro lado, en el tema de impugnaciones (10 días) es realmente una consecuencia temporal que puede afectar a la posibilidad de realizar ciertos peritajes (sobre todo del inventario) que sean especialmente dificultosos.
La segunda regla establecida es que en estos supuestos la falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate acreedores de derecho público51. En relación a ese allanamiento la realidad es que los autores defienden que no existe un allanamiento tácito52 aunque figuras similares se han venido localizando en nuestro derecho conforme el mismo evoluciona. Por otro lado, el allanamiento no excluiría la posibilidad de recurrir la sentencia dictada, por considerar por ejemplo que la materia es indisponible o que el allanamiento es perjudicial o contrario al orden público, o por ambas partes si se discrepa sobre las costas. Esto por lo tanto puede producir, como efecto perverso, una especial dilación para resolver la materia.

NOTAS:

51 Tengamos en cuenta además que conforme a la adicional cuarta, si hubiere de intervenir el fiscal (lo que no es normal en estos supuestos) se recoge la suspensión del artículo 151.2 LEC hasta 31 de diciembre de 2020 y que se amplía a un plazo de diez días lo que allí se recoge.
52 Ramos Méndez, Derecho procesal Civil, pág. 48. Ortells Ramos, m., Derecho Procesal Civil, pág. 457.

ÍNDICE:

1. La justificación de la reforma

2. Las reformas organizativas y tecnológicas

3. Las reformas procesales

3.1. Plazos procesales

3.2. Tramitación preferente

3.2.1. Los incidentes concursales en materia laboral

3.2.2. Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo

3.2.3. Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio

3.2.4. Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa

3.2.5. La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente

3.2.6. La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos

4. Gestión de los incidentes concursales

5. Las reformas mercantiles

5.1. Ámbito preconcursal y concursal

5.1.1. Solicitud de nuevo concurso voluntario tras el periodo de COVID-19

5.1.2. Solicitud de nuevo concurso necesario tras el periodo de COVID-19

5.1.3. Procesos de refinanciación

a) Homologaciones

b) Acuerdos extrajudiciales de pago (AEP)

c) Financiación en dichos procesos

5.1.4. Convenios concursales

a) Pendientes de cumplimiento

b) Peticiones de incumplimiento

c) Pendientes de aprobación

d) Renegociación del convenio y tramitación

e) Posteriores modificaciones a la primera

5.1.5. La liquidación concursal

a) La pretendida regla general. Art. 9.2 LC

b) Concursos con convenio y fase de liquidación. Art. 9

c) Concursos en los que no se haya aperturado la fase de liquidación

d) Concursos en fase de liquidación. Art. 16

e) Enajenación de bienes y derechos. Art. 15 124

f) La anticipación de la liquidación del artículo 176 bis LC

5.1.6. La sección de calificación

5.1.7. El régimen retrospectivo de la transitoria segunda

5.2. El papel de la administración concursal y su retribución

6. Ámbito societario y concurso