Doctrina

Título: El Perito y la Prueba Económica
Fecha: 21/01/2020
Coordinadores: Ignacio Blanco Urizar
Voces sustantivas: Competencia desleal, Concesiones administrativas, Contrato de agencia, Contratos de distribución, Depósito, Inspección tributaria, Patentes, Recurso de reposición, Responsabilidad civil, Responsabilidad penal, Amortizaciones, Asociaciones, Comprobación de valores, Concesión administrativa, Contrato de prestación de servicio, Daño emergente, Despido colectivo, División de cosa común, Honorarios profesionales, Incompatibilidades, Indemnización de daños y perjuicios, Lucro cesante, Obligados tributarios, Organismos públicos, Personas físicas, Plazo de prescripción, Procedimiento sancionador, Provisión de fondos, Prácticas restrictivas de la competencia, Resultado contable, Reglas de valoración, Rendición de cuentas, Renta, Responsabilidades penales, Amortización, Banco de españa, Base imponible del impuesto, Contribuyente, Cambio de domicilio, Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo señale, Concesiones administrativas, Coste de producción, Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros, Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo, Deducciones, Dictamen de peritos de la administración, Diligencias preliminares, Embargo, Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, Impuesto sobre sociedades, Libre concurrencia, Liquidación provisional, Normas comunes, Obligaciones tributarias, Operaciones vinculadas, Perito designado por el obligado tributario, Plazos, Plazos de prescripción, Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, Precios medios en el mercado, Prestación de servicios, Procedimiento de ejecución, Procedimientos de gestión, Rendición de cuentas, Salario, Sociedades de tasación, Tasación pericial contradictoria, Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros, Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas, Valor de mercado, Valor normal de mercado
Voces procesales: Justicia gratuita, Juicio verbal, Procesos matrimoniales, Prueba, Recurso de reposición, Tasación de costas, Carga de la prueba, Dictamen de peritos, Fase de instrucción, Intervención voluntaria, Juicio oral, Notificaciones, Objeto de la prueba, Prueba pericial, Práctica de la prueba, Suspensión de la ejecución, Honorarios de los peritos, Operaciones periciales, Oposición por pluspetición

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Número epígrafe: 6
Título epígrafe: Capítulo VI. La pericia económica ante la Administración Tributaria

TEXTO:

En general, el perito deberá tener conocimientos técnicos y legales, de la materia sobre la que emitirá su informe. La materia tributaria, por su especialidad, requiere de una especialización y actualización constante del profesional, por lo que si no se es un especialista en la materia, es conveniente contar con colaboradores que nos asistan.
Hay tres intervenciones frente a la administración tributaria en la que se podrá demandar la pericial económica:

(1) La tasación pericial contradictoria, cuyo objeto es la práctica de las valoraciones objetivas de bienes y derechos sobre las que se mantienen discrepancias con la Administración tributaria.
(2) El procedimiento de comprobación del valor normal de mercado en el caso de operaciones vinculadas.
(3) En las infracciones tributarias. La prueba pericial económica versará sobre los hechos que soportarían la infracción tributaria objeto del procedimiento. En el ámbito de las infracciones tributarias, la función del perito económico, será la propia del perito en actuaciones en el procedimiento contencioso administrativo y en el procedimiento penal.
6.1. Tasación pericial contradictoria

La Ley General Tributaria355 concede a la Administración tributaria la posibilidad de comprobar el valor de rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria, habilitándose una serie de medios para ello356. Este procedimiento de comprobación está regulado en los artículos 134 y 135 de la LGT.
La tasación pericial contradictoria podrá utilizarse por el contribuyente para confirmar o corregir, en cada caso, las valoraciones resultantes de los medios de que dispone la Administración Tributaria, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así lo prevea. Todo ello contra el acto de comprobación de valores debidamente notificado.
Practicada la propuesta de regularización, la Administración Tributaria la notificará, acompañando la valoración realizada. Frente a esta valoración, los obligados tributarios no podrán interponer recurso o reclamación independiente contra la misma, pero podrán promover la tasación pericial contradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de los recursos o reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de regularización357.
En los casos en que la normativa propia del tributo así lo prevea, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo que resuelva el recurso o la reclamación interpuesta.
La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla a que se refiere el párrafo anterior, determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma. Asimismo, la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria suspenderá el plazo para iniciar el procedimiento sancionador que, en su caso, derive de la liquidación o, si este se hubiera iniciado, el plazo máximo para la terminación del procedimiento sancionador.
En el caso de que en el momento de solicitar la tasación pericial contradictoria contra la liquidación ya se hubiera impuesto la correspondiente sanción, y como consecuencia de aquella se dictara una nueva liquidación, se procederá a anular la sanción y a imponer otra teniendo en cuenta la cuantificación de la nueva liquidación.
Los peritos en la tasación pericial contradictoria

Será necesaria la valoración realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del valor comprobado no se haya realizado mediante dictamen de peritos de aquélla. Si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento de dicha tasación, esta última servirá de base para la liquidación. Si la diferencia es superior, deberá designarse un perito tercero de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Cada Administración tributaria competente solicitará en el mes de enero de cada año a los distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Elegido por sorteo público uno de cada lista, las designaciones se efectuarán por orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.
Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se solicitará al Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.
Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por ciento del valor declarado, los gastos del tercer perito serán abonados por el obligado tributario y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados contra el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.
El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios mediante depósito en el Banco de España o en el organismo público que determine cada Administración tributaria, en el plazo de 10 días.
La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones.
Entregada en la Administración tributaria competente la valoración por el perito tercero, se comunicará al obligado tributario y se le concederá un plazo de 15 días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de los honorarios depositados.
Como podemos observar, la LGT no cuantifica el importe de los honorarios de los peritos, sino que asigna a su responsable de pago. Sin embargo, tal y como recoge el Tribunal Supremo358, la Administración tributaria competente podrá establecer honorarios estandarizados para los peritos terceros que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3 de la LGT, tal y como prevé expresamente el art. 161 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria359.
Lo que parece contradecir las propias leyes de colegios profesionales, que expresamente prevén la libre fijación de precios entre las partes (profesional y cliente), no es tal, pues como refiere el TS en la referida sentencia, la intervención administrativa para la fijación de honorarios, no limita ese principio de libertad retributiva, pues éste no rige donde no opera la libre concurrencia profesional, como es el caso de la intervención de peritos terceros en la tasación pericial contradictoria, que se caracteriza ex artículo 135 de la LGT por la intervención voluntaria de profesionales en un sistema objetivo de listados que debe confeccionar anualmente la Administración y por el hecho de que la actuación profesional se producirá en los casos en que sea llamado por sorteo y sin negociación alguna con el particular afectado en el procedimiento de comprobación, es decir, sin concierto previo con cliente alguno.
Es una situación sorprendente, pues los peritos designados por la administración de justicia, no conciertan condición alguna con las partes, pero fijan libremente sus honorarios y su relación es considerada contractual por nuestra doctrina. Sólo puede justificarse esta injerencia en los privilegios de los que goza la administración.
6.2. Comprobación del valor normal de mercado en operaciones entre entidades vinculadas

Aunque la base imponible del Impuesto de Sociedades parta del resultado contable de la entidad360, existen diferencias entre los criterios contables y fiscales que determinan la aparición de diferentes ajustes extracontables. Una de estas diferencias se debe a la aparición de reglas de valoración distintas para los elementos patrimoniales y las operaciones con entidades vinculadas.
Las diferencias entre lo asentado en contabilidad y la valoración fiscal de las operaciones, pueden dar lugar a las llamadas diferencias temporarias en la contabilización del IS, es decir: "...aquellas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura."361

Estas diferencias se producen al existir diferencias entre el importe contable y el fiscal por el que se valoran determinadas operaciones, como las amortizaciones, los deterioros, las provisiones y otros gastos, los gastos no deducibles, las limitaciones a los gastos financieros y las reglas de valoración contables y las fiscales para las transmisiones patrimoniales y las operaciones societarias. Entre estas valoraciones que pueden dar lugar a diferencias temporarias están las operaciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia362.
El art. 18.4 LIS fija los métodos para la determinación del valor de mercado, en los siguientes:

(a) Método del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.
(b) Método del coste incrementado, por el que se añade al valor de adquisición o coste de producción del bien o servicio el margen habitual en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.
(c) Método del precio de reventa, por el que se sustrae del precio de venta de un bien o servicio el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.
(d) Método de la distribución del resultado, por el que se asigna a cada persona o entidad vinculada, que realice de forma conjunta una o varias operaciones, la parte del resultado común derivado de dicha operación u operaciones, en función de un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas o entidades independientes en circunstancias similares.
(e) Método del margen neto operacional, por el que se atribuye a las operaciones realizadas con una persona o entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre costes, ventas o la magnitud que resulte más adecuada en función de las características de las operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones.
Cuando no resulte posible aplicar los métodos anteriores, se podrán utilizar otros métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados que respeten el principio de libre competencia.
En el supuesto de prestaciones de servicios entre personas o entidades vinculadas, se requerirá que los servicios prestados produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario.
En relación a la prestación de servicios, el apartado sexto del artículo 18 LIS, refiere el valor de mercado del servicio que presta un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada363.
La vinculación se requiere en el momento de producirse la operación, con independencia de que, con posterioridad, desaparezcan o no las causas de vinculación entre las partes.
Algunos negocios entre entidades vinculadas, requieren de una consideración particular, como son los denominados servicios intragrupo364 y los acuerdos de reparto de costes365.
Las operaciones vinculadas no sólo pueden suponer una comprobación de valor, sino también una recalificación de la naturaleza de las operaciones afectadas.
Si contra la liquidación provisional derivada de este procedimiento recurre el obligado tributario o insta a la tasación pericial contradictoria, se notificará dicha reclamación o recursos a las demás personas o entidades vinculadas, para que se personen, en su caso, en el procedimiento y presenten las oportunas alegaciones.
Si se promueve la tasación pericial contradictoria, el órgano de la Administración Tributaria competente notificará la petición y el informe del perito de la Administración Tributaria al obligado tributario y a las personas y entidades vinculadas con el mismo, para que en el plazo de 15 días, puedan nombrar de común acuerdo un perito tercero que intervenga en el procedimiento.
La interposición de reclamaciones, recursos y la petición de tasación pericial contradictoria, interrumpen el plazo de prescripción de la Agencia Tributaria para efectuar la oportuna liquidación.

NOTAS:

355 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
356 Art. 57 LGT: "a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo señale. b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. c) Precios medios en el mercado. d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. e) Dictamen de peritos de la Administración. f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros. g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria. h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo."

357 Art. 134 LGT.
358 STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, 19 de septiembre de 2013. Colegio Oficial de Arquitectos de León Vs. Comunidad de Castilla y León.
359 Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio).
360 Art. 10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).
361 NRV 13ª PGC. 2. Activos y pasivos por impuesto diferido. 2.1. Diferencias temporarias.
362 Art. 18 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre sociedades (LIS).
363 A) Que más del 75 por ciento de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de actividades profesionales y cuente con los medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad. B) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de servicios a la entidad no sea inferior al 75 por ciento del resultado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios. C) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-profesionales cumplan los siguientes requisitos: 1º Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha de la entidad, siendo necesario que consten por escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables. 2º No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la entidad que cumplan funciones análogas a las de los socios profesionales de la entidad. En ausencia de éstos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
364 Art. 18.5 LIS.
365 Art. 18.7 LIS y 18 RIS.

ÍNDICE:

Capítulo 1. LA IMPORTANCIA DE LA PERICIAL ECONÓMICA

Capítulo 2. ASPECTOS GENERALES DE LA PERICIAL ECONÓMICA

2.1. ¿Qué normas disciplinan la prueba de peritos?

2.2. ¿Cuál es el objeto de la prueba pericial?

2.2.1. Evidencia relativa y evidencia absoluta

2.3. ¿Cómo se manifiesta la prueba?

2.3.1. El Dictamen

2.3.2. El Juicio

2.4. ¿Quién puede requerir la intervención del perito?

2.5. ¿Quién y cómo se valora la prueba?

2.5.1. ¿Quién juzga y quién perita?

Capítulo 3. LA PERICIA ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL

3.1. Objeto de la prueba en el proceso civil

3.2. ¿Quién tiene la carga de la Prueba?

3.3. Impertinencia e inutilidad de la prueba

3.4. Diligencias preliminares

3.5. Anticipación y aseguramiento de la Prueba

3.6. Momento procesal para la prueba

3.7. El perito

3.7.1. ¿Cuál es la función del perito en el proceso civil?

3.7.2. ¿Qué profesionales pueden realizar una prueba pericial económica?

3.7.3. La Responsabilidad del perito

3.7.3.1. Responsabilidad disciplinaria

3.7.3.2. Responsabilidad civil del perito

3.7.3.3. Responsabilidad penal del perito

3.8. La actuación del perito en el juicio

3.8.1. El Juicio Ordinario

3.8.1.1. Designación judicial del perito

3.8.1.2. Nombramiento, aceptación y provisión de fondos

3.8.1.3. La imparcialidad del perito

3.8.1.4. La actuación del perito en la práctica de la prueba

3.8.2. El Juicio Verbal

3.9. El Dictamen

3.9.1. El fondo

3.9.2. La forma

3.9.3. Modelo de dictamen

3.9.4. Control de Calidad

3.10. El encargo profesional

3.11. Honorarios

3.11.1. Provisión de fondos

3.11.2. Honorarios con justicia gratuita

3.11.3. Honorarios en segunda instancia

3.11.4. Tasación de costas, impugnación y reclamación

Capítulo 4. PROBLEMÁTICA EN PROCESOS CIVILES. CÁLCULO DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

4.1. Indemnización de daños y perjuicios

4.1.1. Determinación del daño emergente

4.1.2. Determinación del lucro cesante

4.1.2.1. Método de cálculo: Regresión lineal

4.2. CASUÍSTICA. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

4.2.1. Siniestros

4.2.2. Contrato de agencia

4.2.3. Contrato de distribución

4.2.4. Vulneración del derecho de patente

4.2.5. Competencia desleal

4.2.6. Contratación Bancaria: Cláusulas Suelo y Gastos de Contratación

4.2.7. Procedimientos de ejecución forzosa

4.2.7.1. Oposición por pluspetición

4.2.7.2. Valoración de bienes y derechos embargados

4.2.7.3. Rendición de cuentas de acreedor

4.2.8. Otras intervenciones

4.2.8.1. División de cosa común

4.2.8.2. Procesos matrimoniales

Capítulo 5. LA PERICIA ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

5.1. Concesión administrativa de obra y servicio público. Caso Real. Daño Emergente

5.2. Prácticas restrictivas de la competencia

Capítulo 6. LA PERICIA ECONÓMICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

6.1. Tasación pericial contradictoria

6.2. Comprobación del valor normal de mercado en operaciones entre entidades vinculadas

Capítulo 7. LA PERICIA ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL

7.1. Intervención del experto económico en procedimiento de despido colectivo

7.2. Intervención del experto económico en el procedimiento laboral

Capítulo 8. LOS DELITOS Y LA PRUEBA PERICIAL ECONÓMICA

8.1. El procedimiento

8.2. Fase de Instrucción

8.3. Nombramiento de los peritos designados

8.4. Incompatibilidades

8.5. Honorarios

8.6. Juramento del cargo

8.7. Protección judicial de los peritos

8.8. Práctica de la prueba

8.9. Intervención de los peritos en el juicio oral

8.10. La evidencia directa en los actos delictivos

Capítulo 9. EVALUACIÓN FINAL

Capítulo 10. MODELOS Y ESCRITOS

10.1. Modelo de propuesta de encargo profesional

10.2. Modelo de contrato de prestación de servicios profesionales

10.3. Modelo aduciendo justa causa que impida al perito aceptar el cargo (art. 342.2 LEC)

10.4. Modelo comunicando causa de abstención (art. 105.1 LEC)

10.5. Modelo solicitando se declare falta de fundamento de la tacha cuando menoscabare la consideración profesional o personal del perito (art. 344.1 LEC)

10.6. Modelo de escrito solicitando la provisión de fondos correspondiente (art. 342.3 LEC) [Plazo 3 días]

10.7. Modelo de minuta de provisión de fondos

10.8. Modelo remitiendo una previsión del coste económico de la pericia a la Consejería de Justicia (art. 47.3 Decreto 273/2007 Principado de Asturias)

10.9. Modelo de minuta por honorarios profesionales

10.10. Modelo de escrito solicitando más plazo para la emisión del dictamen (art. 346 LEC)

10.11. Modelo de escrito comunicando a las partes, con una antelación de 48 horas, día, hora y lugar en que tendrán lugar las operaciones periciales (art. 345.2 LEC)

10.12. Modelo de escrito comunicando la imposibilidad de acudir a una vista, solicitando nuevo señalamiento para su celebración (art. 183.4 LEC)

10.13. Modelo de escrito comunicando cambio de domicilio, teléfono, fax o dirección de correo electrónico

10.14. Modelo de escrito para remitir dictamen a las partes

10.15. Modelo de dictamen de perito de parte

10.16. Modelo de escrito para acompañar al Juzgado el Dictamen

10.17. Modelo de dictamen de perito nombrado por el juez