Doctrina

Título: Derecho Penal 2020
Fecha: 27/02/2020
Voces sustantivas: Abusos sexuales, Asistencia jurídica gratuita, Delito de defraudación tributaria, Delito fiscal, Delito de homicidio, Delitos contra la propiedad intelectual, Delitos de terrorismo, Fraudes, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Mandato, Personas jurídicas, Responsabilidad criminal, Robo, Representación legal, Seguridad ciudadana, Telecomunicaciones, Unión europea, Asociaciones, Cómputo del tiempo, Delincuencia organizada, Delito de trata de seres humanos, Delitos imprudentes, Derecho a la información, Doble incriminación, Dolo, Edad, Guarda y custodia, Imputación objetiva, Lesión, Non bis in idem, Parentesco, Perdón del ofendido, Persona jurídica, Principio de legalidad, Protección de los menores, Restitución, Secreto profesional del abogado, Servicios especiales, Suspensión de la patria potestad, Tercer grado, Violencia sobre la mujer, Ánimo de lucro, Asistencia letrada, Adopción, Adopción de decisiones, Beneficio penitenciario, Blanqueo de capitales, Conflictos de intereses, Datos de carácter personal, Delitos fiscales, Embargo, Euroorden, Explotación sexual, Grupos parlamentarios, Ignorancia deliberada, Integridad moral, Libertad sexual, Legitimación, Marcas, Medidas de protección, Ministerio de justicia, Motivos racistas, Nacionalidad, Plazos, Pornografía infantil, Puestos de trabajo, Reembolso, Régimen de visitas, Sobreseimiento, Torturas, Violencia de género
Voces procesales: Adopción de medida cautelar, Ejecución penal, Ejecución de la pena, Procedimiento ante el tribunal del jurado, Prueba en el proceso penal, Adopción de medidas cautelares, Asistencia de abogado, Detención, Derecho a la defensa, Derecho a recurrir, Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, Derecho de defensa, Juicio oral, La libertad condicional, Medidas cautelares específicas, Notificaciones, Notificación de sentencias, Prueba testifical, Partes acusadoras, Planteamiento de la cuestión prejudicial, Presunción de inocencia, Principio de legalidad, Prisión provisional, Prueba ilícita, Prueba preconstituida, Duración de la detención, Prueba preconstituida, Testigos menores

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Número epígrafe: 36
Título epígrafe: La regulación española del Estatuto de la Víctima (Ley 4/2015, de 27 de abril)

TEXTO:

SUMARIO: I. Finalidad de la Ley. II. Antecedentes normativos y transposición de Directivas comunitarias. III. Principios informadores del Estatuto. 1. Vocación unificadora. 2. Concepto amplio de víctima. 3. Concepto amplio del reconocimiento, la protección y el apoyo, en aras a la salvaguarda integral de la víctima. 4. Evaluación individualizada. 5. Protección especial para determinadas víctimas. 6. Colaboración institucional. IV. Contenido del Estatuto de la Víctima. V. Derechos de las víctimas. VI. Evitar una segunda victimización. VII. Disposiciones comunes.
I. Finalidad de la Ley

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito1 (BOE del día 28; en adelante EV) y en cuya génesis tuve ocasión de participar en mi cualidad de Portavoz del Grupo parlamentario Popular en el Senado en la X Legislatura, persigue dos finalidades principales. Por una parte, ofrece desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica, sino también social, a las víctimas. Una respuesta no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino minimizadora de otros efectos traumáticos que la condición de víctima puede generar con independencia de su situación procesal recogiendo tanto el catálogo de derechos de las víctimas como el sentir y particular demanda de la sociedad española.
Y, por otra parte, mediante este proyecto normativo se procede a la transposición de Directivas comunitarias relacionadas con el proceso penal, que todavía estaban pendientes de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico.
II. Antecedentes normativos y transposición de Directivas comunitarias

Los antecedentes de nuestra vigente Ley 4/2015 se encuentran en la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal. El grado de cumplimiento de esta Decisión Marco fue objeto del Informe de la Comisión Europea de abril de 2009, que puso de relieve que ningún Estado miembro había aprobado un texto legal único que recogiera sistemáticamente los derechos de la víctima y destacó la necesidad de un desarrollo general y efectivo de algunos aspectos del mencionado Estatuto.
En cuanto a España, el Informe destacó la existencia en nuestro país de un marco normativo garante de los derechos de la víctima, aunque gran parte de esos derechos fueran exclusivamente procesales o se centraran en algunos tipos muy concretos de víctimas de acuerdo con su normativa particular (víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, menores, víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo).
Mediante este EV se supera esa situación, pues se establece en una sola norma un catálogo general de derechos de las víctimas, algo a lo que están obligados todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tras la aprobación, en octubre de 2012, de la Directiva 2012/29/UE, que se transpone íntegramente mediante esta Ley, yendo incluso más allá del estricto contenido de la misma. Así pues, el EV refuerza los derechos y garantías procesales de las víctimas mediante el reconocimiento de un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales en su favor, incluyéndose en tal concepto, toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito, con la principal novedad de que dispondrán de ellos, tanto si están personados en la causa penal, como si no y sin mermarse el régimen particular que para las víctimas de terrorismo o las de violencia de género establezca su normativa especial.
La Ley pretende ofrecer a las víctimas y a sus familiares desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a todos los problemas que se les puedan plantear con independencia de la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que sufrieron y a si están personados en un proceso judicial o no.
El objetivo es dar una respuesta jurídica, y sobre todo social, a través de un trato individualizado, con independencia del perjuicio físico, moral o material que sufrieron, protegiendo especialmente a los menores con medidas específicas para ellos.
De esta manera, se prevé que tengan derecho a recurrir la libertad condicional, aunque no estén personadas en el procedimiento si la pena del delito es superior a cinco años de prisión y se les comunicará cómo acceder al asesoramiento legal y, si lo solicitan, se les informará sobre todo el proceso penal (fecha de celebración del juicio, notificación de sentencias y sobreseimientos, etc.).
Para hacer efectivas estas actuaciones, siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y un trato individualizado de toda víctima, es imprescindible la máxima colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, el Poder Judicial, los colectivos de víctimas, los profesionales que las atienden y el conjunto de la sociedad a través de protocolos de actuación y la promoción de oficinas especializadas.
En la Ley se trasponen varias Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo que cabe dividir en dos grupos. En el primero de ellos figuran la que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos; la relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, así como la que lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. En el segundo, se encuentran las que inciden directamente en los procedimientos judiciales: la relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la referida al derecho a la información en estos mismos procedimientos. A saber:

A) La Directiva 2010/64/UE, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales por el que se contempla la creación de un Registro de traductores e intérpretes judiciales, como mecanismo necesario para garantizar la adecuada realización de esta tarea, que es fundamental para el desarrollo de los procesos, por parte de estos profesionales. Esta Disposición proporciona la cobertura legal necesaria para la creación del mencionado Registro, cuyas normas de funcionamiento serán establecidas reglamentariamente.
Y, asimismo, se introducen distintas modificaciones en la LECRIM para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de los investigados (imputados, en la anterior LECRIM) o acusados que no hablen o entiendan el español o la lengua en que se desarrolle el proceso. En concreto, se regula lo siguiente: Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete en todas las actuaciones en que deba intervenir, sean ante la Policía, el Fiscal, el Juez o el Tribunal; derecho a la interpretación gratuita de las conversaciones reservadas con su abogado defensor; derecho a la interpretación gratuita del juicio oral; y, derecho a la traducción gratuita de documentos esenciales relevantes para su defensa.
El Juez o Tribunal deberá garantizar estos derechos en todos los casos en los que se pongan de manifiesto circunstancias de las que pueda derivarse la necesidad de un intérprete o traductor. La renuncia a estos derechos solamente será válida si se produce después de que el imputado o acusado haya recibido asesoramiento jurídico de su abogado.
B) La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, cuyo plazo de incorporación al Derecho nacional de los Estados miembros venció el 6 de abril de 2013.
C) La Directiva 2011/93/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, cuyo plazo de transposición vencía el 18 de diciembre de 2013. Y,

D) La Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales por la que se recogen las necesarias modificaciones en la LECRIM para reforzar las normas que con anterioridad garantizaban que el investigado o acusado dispusieran de la información precisa sobre sus derechos y, en particular, sobre el contenido de la imputación o acusación de que son objeto. Con esta finalidad, se regula de forma detallada y precisa el catálogo de derechos de los que deberá ser informado el sospechoso de la comisión de un hecho delictivo desde el mismo instante en que se le impute formalmente su posible responsabilidad.
Estos derechos estaban anteriormente regulados con relación al detenido, pero no existía una regulación general de los mismos que garantizase su aplicación a los imputados no detenidos, aunque esa era la práctica consolidada.
La información relativa al contenido de la investigación será actualizada durante la tramitación de la causa, según resulte necesario para garantizar que el investigado conozca exactamente en cada momento cuál es el hecho investigado que se le imputa, facilitándola de forma accesible y comprensible e incluyendo la relativa al derecho a obtener asistencia jurídica gratuita, así como a la traducción e interpretación en los términos ya señalados y adaptándola a las circunstancias personales del interesado (edad, discapacidad, etc.).
En el caso de personas detenidas, la información será facilitada por escrito, y el detenido conservará esta documentación durante todo el tiempo de la detención y se le informará expresamente del plazo máximo de duración de la detención y del procedimiento para obtener el control de su legalidad.
El EV hasta su actual redacción pasó por diversos borradores y proyectos siendo principal el Borrador del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito, sometido a deliberación del Consejo de Ministros del día 25 de octubre de 2013, del que merece la pena destacar determinadas observaciones. Así, en cuanto al contenido, ya se hacía referencia expresa a dos directivas comunitarias que, junto con las citadas en la exposición de motivos, también son objeto de transposición: la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, cuyo plazo de incorporación al Derecho nacional de los Estados miembros venció el pasado 6 de abril de 2013; y la Directiva 2011/93/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, cuyo plazo de transposición vencía el 18 de diciembre de 2014 (art. 27 de la citada Directiva). Las cuestiones que se introducen en el EV hacen referencia:

a) Tanto a los abogados como a los procuradores, en línea de lo planteado por la reforma de la LEC 1/2000.
b) Se utilizan tres conceptos diferentes a la hora de referirse de los recursos: anunciar, interponer y luego presentación del mismo, indicándose que la víctima deberá anunciar al Secretario judicial del Juzgado o Tribunal competente su voluntad de recurrir dentro del plazo máximo de cinco días a partir del momento en que se hubiera notificado; interponerlo dentro del plazo de quince días desde dicha notificación y que para la presentación no será necesaria la asistencia de Abogado.
c) Se introduce también una mención específica a la Directiva 2011/93 en lo que respecta a la adopción de las medidas necesarias para asegurar la protección de los menores que comuniquen casos de abusos sufridos dentro de su propia familia. Así, se inserta también el art. 14.3 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 (BOE del 12 de noviembre de 2010).
d) Se hace una referencia específica a determinadas particularidades. De un lado, en cuanto a los menores víctimas de abusos sexuales y explotación sexual se prevé la necesidad de que todos los profesionales cuenten con una formación específica que les permita identificar a los menores víctimas y a las víctimas potenciales y ocuparse de ellas, en aplicación del art. 34 Convenio de Lanzarote; Considerando 36 y art. 23.3 de la Directiva 2011/93. Exactamente igual que se hace referencia a la trata de seres humanos en el Considerando 25 y en el artículo 9.3 de la Directiva 2011/36.
Asimismo, se tiene en cuenta la normativa comunitaria en la materia, como la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil para que los interrogatorios del menos víctima de estos delitos tengan lugar, en caso de ser necesario, en locales concebidos o adaptados a tal efecto y realizados por o mediante expertos o profesionales con formación adecuada a tal efecto y siempre que sea posible y conveniente efectuados por las mismas personas.
Resulta asimismo muy importante para evitar la doble incriminación del menor víctima que todos sus interrogatorios puedan ser grabados por medios audiovisuales y que estas grabaciones puedan ser admitidas como prueba preconstituida en el proceso penal (art. 35 Convenio de Lanzarote y 15 de la Directiva 2011/36).
Se ha de resaltar que el art. 20.3, apartados b), e) y d) de la Directiva 2011/93 prevé la exigencia de adoptar las medidas necesarias para garantizar estas circunstancias en las investigaciones y en los procesos penales y que no tan solo sean medidas de protección durante la fase de investigación.
e) Por otro lado, también la citada Directiva 2011/93 prevé y la ley recoge que la función de representante especial del menor figura prevista tanto para la investigación como para el enjuiciamiento penal, y podrá ser desempeñada también por una persona jurídica, una institución o una autoridad pública.
f) Se toman también en consideración en el EV las limitaciones impuestas a la actividad convencional de las Administraciones públicas, tanto interadministrativa como con sujetos privados (art. 4.1, e) y d) del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), siendo la prestación de los servicios de asistencia y apoyo de objeto contractual lo que excluye la vía convencional.
g) Se garantiza el ámbito temporal de la asistencia a la víctima mediante una asistencia y apoyo antes, durante y por un tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal (art. 19 Directiva 2011/93).
h) Se hace una referencia a la formación general y específica, relativa a la protección de las víctimas en el proceso penal distinta de la formación que exige en particular el art. 23.3 de la Directiva 2011/93, para que los profesionales cualificados de que se habla puedan identificar a los menores víctimas y a las víctimas potenciales, ocupándose de ellas.
i) Se adecua también el EV a la STC 57/2013, de 11 de marzo, FJ 3, conforme a la cual se hace necesaria una concreta regulación legal de las exploraciones de los menores en esta clase de delitos para proteger adecuadamente los derechos constitucionales de éstos y los de los posibles investigados.
Y, por otra parte, se cumple el mandato de las Directivas citadas relativas a la grabación de todos los interrogatorios del menor víctima o del testigo menor y a que estas grabaciones puedan ser admitidas como prueba en el proceso penal de conformidad con las normas de derecho nacional, si bien, nuestro Derecho todavía necesita que se aborde una regulación concreta de la forma en que han de llevarse a cabo las exploraciones e interrogatorio de los menores víctimas de delitos sexuales.
Por otro lado, atendiendo a la necesidad de reformar el artículo 282 bis LECRIM relativo a las investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, para dar cabida a los delitos a que se refieren las Directivas 2011/36 y 2011/93, hay que recordar los Considerandos 15 y 27 y arts. 9.4 y 15.3 Directiva 2011/93; que hace referencia expresa a la necesidad de garantizar que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación dispongan de instrumentos de investigación eficaces, tales como los que se utilizan contra la delincuencia organizada.
j) Recoge el EV que el interrogatorio debe realizarse en el plazo más breve posible tras la infracción, cuando el mismo resulte necesario, sin embargo, tanto la Directiva de Víctimas 2012/29 como las anteriormente citadas 2011/36 y 2011/93, se refieren a su práctica sin dilaciones injustificadas una vez se haya presentado ante la autoridad competente la denuncia de una infracción penal (art. 20, a) Directiva 2012/29) o al plazo más breve posible tras la comunicación de los hechos a las autoridades competentes, siendo éste el momento decisivo como dies a quo para valorar si se han producido dilaciones injustificadas y no el de la comisión de la infracción ya que ésta puede haberse cometido tiempo atrás y nadie conocer la comisión del delito.
k) Alude también el EV en su art. 27.2 que el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, sin ánimo de lucro, para prestar los servicios de asistencia y apoyo. A este respecto, se ha de resaltar la exigencia relativa a la limitación impuesta a la celebración de convenios de colaboración, incluso interadministrativos, que recoge el artículo 4.1, e) y d) LCSP, toda vez que la prestación de los servicios de asistencia y apoyo es objeto contractual lo que excluiría la vía convencional.
l) Debe entenderse a todas luces que la asistencia del intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Tribunal, Juez o el Fiscal, de oficio o a instancia del interesado o de su defensa, acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los derechos de la víctima.
III. Principios informadores del Estatuto

Nacido con la necesidad de dar una cobertura completa a la víctima de un delito, el EV asume unos principios generales que pueden concretarse en los siguientes.
1. Vocación unificadora

Se establece un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas del delito, sin perjuicio de la aplicación, que se mantiene, de la normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad.
2. Concepto amplio de víctima

Se amplía cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la víctima directa y también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados, para los supuestos de fallecimiento o desaparición de la víctima directa.
3. Concepto amplio del reconocimiento, la protección y el apoyo, en aras a la salvaguarda integral de la víctima

Se prevén facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos, minoración de trámites innecesarios que supongan una segunda victimización, información y orientación eficaz de los derechos y servicios que le corresponden, trato humano a lo largo del proceso y otros (reconocimientos, protecciones y apoyo a la víctima y otros, no limitándose tan solo a los aspectos materiales, sino también a su dimensión humana y personal.
4. Evaluación individualizada

Las medidas han de estar siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y trato individualizado, sin perjuicio del trato especializado que exigen ciertos tipos de víctimas.
5. Protección especial para determinadas víctimas

No obstante la vocación unificadora del Estatuto y las remisiones a la normativa especial de ciertos colectivos de víctimas (de terrorismo, de delitos violentos y contra la libertad sexual, de género) que verán ampliada su asistencia y protección con el catálogo general de derechos de la víctima, se prevé una valoración específica de las necesidades especiales de protección que puedan concurrir en el caso de aquellas personas que requieran una protección especial como personas con discapacidad, menores, víctimas de grandes siniestros, víctimas de delitos de trata de seres humanos, de explotación sexual de menores, de delitos cometidos por motivos racistas o de discriminación, etc.
6. Colaboración institucional

La efectividad de estos derechos impone la máxima colaboración institucional e implica no sólo a Administraciones, Poder Judicial y colectivos de profesionales y víctimas, sino también a las personas concretas que desde su puesto de trabajo tienen contacto y se relacionan con las víctimas y, en último término, también, al conjunto de la sociedad. Por ello, se abordan cuestiones como los protocolos de actuación y procedimientos de coordinación y colaboración, el fomento de oficinas especializadas, de la formación técnica, inicial y continuada del personal y de la sensibilización que el trato a la víctima comporta, así como la participación de asociaciones y colectivos.
IV. Contenido del Estatuto de la Víctima

Del articulado del EV y de las modificaciones introducidas en la LECRIM por la Disposición final tercera, se pueden destacar los siguientes aspectos más relevantes:

1. Ámbito de aplicación extenso: Se aplica a los delitos cometidos en España, sin perjuicio de que las víctimas residentes en España puedan presentar, ante las autoridades españolas, denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea, aplicándose a víctimas directas e indirectas, con independencia de su nacionalidad o residencia ilegal en España.
2. Se diferencia en la regulación entre derechos de las víctimas que son independientes de su posible participación en el proceso penal, derechos de las víctimas relacionados con su participación en el proceso penal y medidas de protección de las víctimas, cabiendo distinguir entre:

A. Derechos de las víctimas que son independientes de su participación en el proceso penal tales como acceso a la información en un lenguaje comprensible y accesible; derecho a estar acompañado y facilitación de información sistematizada a la víctima sobre las siguientes cuestiones: modo de interponer denuncia; servicios asistenciales disponibles (asistencia médica, psicológica, servicios de mediación, servicios de alojamiento alternativo); acceso a medidas de protección; información sobre formas de acceso a asesoramiento legal; información sobre temas económicos (indemnizaciones, reembolso de gastos) y vías de contacto para recibir información sobre el estado del asunto.
Asimismo, en cuanto a disponibilidad de servicios de traducción para interponer denuncias e información concreta sobre la causa abierta es irrelevante que la víctima no esté personada en el procedimiento; teniendo también la información sobre la fecha y lugar de celebración del juicio; notificación de las sentencias definitivas y de las resoluciones de sobreseimiento y notificación de las resoluciones de adopción de medidas cautelares y libertad del encausado (cuando la víctima lo solicite y exista una situación de posible peligro que lo justifique).
Dentro de estos, existen otros derechos:

a) Derecho a recurrir las resoluciones de sobreseimiento: se concede a las víctimas no personadas un régimen de recursos con plazo amplio, que les permite disponer de tiempo suficiente para valorar la oportunidad de impugnar las resoluciones de archivo y, en su caso, de constituirse en parte. Este derecho constituye una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, toda vez que el régimen actual de recursos (con plazos de tres o cinco días) resulta manifiestamente insuficiente para quien todavía no está personado y no dispone de asesoramiento legal.
b) Posibilidad de impugnar determinadas resoluciones que afecten al régimen de cumplimiento de condena de delitos de carácter especialmente grave; posibilidad de facilitar información que pueda ser relevante para que los jueces y tribunales resuelvan sobre la ejecución de la pena; y, posibilidad de solicitar la adopción de medidas de control con relación a liberados condicionales que hubieran sido condenados por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima.
c) Derecho a la traducción e interpretación gratuita de la información necesaria para que pueda ejercer sus derechos y de los actos en los que participe activamente.
d) Acceso a los servicios especiales de asistencia a las víctimas en el caso de víctimas especialmente vulnerables o que sean víctimas de delitos violentos.
B. Período de reflexión ante catástrofes con víctimas múltiples: prohibición para abogados y procuradores de dirigirse a las víctimas hasta transcurrido un mes (v.gr.: reivindicación Asociación víctimas accidente Spanair).
3. Derechos de la víctima relacionados con su participación en el proceso: Cabe destacar el derecho a constituirse en parte acusadora y a ejercer la acción civil en el proceso penal; la regulación del sistema de reembolso de gastos; la restitución efectiva y rápida de bienes y el acceso a los servicios de justicia reparadora (servicios de mediación y análogos).
Los servicios de justicia reparadora, o restaurativa, se prevé que operen sobre los siguientes principios: Consentimiento de la víctima después de que haya sido ampliamente informada del servicio y de sus posibles resultados; reconocimiento previo de los hechos y de su responsabilidad por el infractor; y, carácter confidencial de las conversaciones con la no aplicación en los casos en los que la justicia restaurativa esté prohibida por la Ley para el delito cometido.
En cuanto a las víctimas residentes en otros países de la UE, se facilitará que puedan prestar declaración inmediatamente y se recurrirá en lo posible a sistemas de videoconferencia en sus intervenciones posteriores.
4. Medidas de protección de las víctimas: Se recogen con la finalidad esencial de subrayar:

a) El respeto hacia las víctimas y de evitar su victimización secundaria, previendo la evitación del contacto durante las actuaciones y el procedimiento entre las víctimas y familiares y los infractores, cuando ello determine un peligro relevante de victimización secundaria; la reducción de la victimización secundaria (efectos traumáticos derivados de participar en el proceso, rememorar hechos, contactar con el delincuente, etc.) durante los interrogatorios; el interrogatorio en el plazo más breve posible tras la infracción cuando el mismo resulte necesario así como la reducción del número de interrogatorios; la posibilidad de estar acompañado (con las excepciones correspondientes en aquellos supuestos en los que ello dificulte el correcto desarrollo del proceso).
b) La protección de la intimidad de las víctimas: Protección de sus datos de carácter personal; protección de su imagen: adopción de medidas para evitar que sus imágenes puedan ser captadas o difundidas.
c) La regulación de las especiales necesidades de protección de ciertos colectivos (derechos de las víctimas especialmente vulnerables), valorándose especialmente la situación de los menores, de las personas con discapacidad, de las víctimas de delitos sexuales, de delitos de trata de seres humanos, de terrorismo, de violencia sobre la mujer o de delitos relacionados con el odio y la discriminación.
Es importante subrayar que el Estatuto de la Víctima no deroga la normativa especial sobre asistencia a determinadas categorías de víctimas que, por sus peculiaridades, gozan actualmente de un régimen asistencial propio y específico (víctimas de terrorismo y de violencia de género) que se mantiene.
d) Se adoptan medidas especiales de protección cuando resulte necesario para ofrecer amparo suficiente, después de una evaluación individualizada, a las víctimas especialmente vulnerables mediante la práctica de interrogatorios en dependencias especialmente habilitadas llevándose asimismo los interrogatorios por personas con formación especializada siendo siempre practicados por la misma persona --siempre que ello resulte posible--; y, se contempla también en el caso de víctimas de delitos sexuales, los interrogatorios se llevarán a cabo por personas del mismo sexo de la víctima --siempre que asimismo fuera posible--; y, posibilidad de estar acompañado por otra persona (en el caso de niños, por sus representantes o por el adulto que designe), salvo que su presencia deba ser excluida.
Asimismo, se establecen medidas especiales para la protección de la dignidad de la víctima durante las vistas judiciales tales como la posibilidad de la restricción de la publicidad de la vista oral evitando el contacto físico directo entre la víctima y el infractor facilitando a aquélla la posibilidad de prestar declaración desde otra dependencia evitando en lo posible que la víctima se vea obligada a responder a preguntas personales, cuando ello carezca de relevancia para la causa y no se justifique la oportunidad de las preguntas para la defensa del acusado.
5. Medidas especiales para la protección de los niños. Así, las declaraciones y exploraciones de los niños serán grabadas en vídeo, para que puedan ser reproducidas en el juicio cuando resulte posible conforme a las normas procesales; se designará una persona ajena a la investigación encargada de la representación del menor cuando exista una situación de conflicto de intereses con sus padres o representantes o el menor se encuentre desamparado o separado de ellos; se adoptarán decisiones urgentes sobre guarda y custodia y, en su caso, la suspensión de la patria potestad, guarda y régimen de visitas existiendo coordinación con otras autoridades en la adopción de decisiones sobre representación legal y guarda, designándose representante caso de conflicto con los padres o representantes, o de menores no acompañados y garantizándose la asistencia y acceso a la educación.
V. Derechos de las víctimas

El nuevo Estatuto atribuye una serie de derechos a las víctimas estén o no personadas en el proceso penal. Es en el capítulo dedicado a los derechos de las víctimas en la participación del proceso penal donde aparecen las novedades más relevantes. De este modo, todas ellas tienen derecho a que se le proporcione información en un lenguaje comprensible sobre cómo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y cómo puede acceder a medidas de protección y asesoramiento legal, así como a la traducción de las resoluciones que se produzcan.
Se reconoce su derecho a estar acompañada y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió, aunque no esté personada. Se le informará de cuándo se celebrará el juicio, se le notificarán las sentencias y los sobreseimientos, así como la adopción de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro.
También tendrá derecho a la traducción e interpretación gratuita de la información necesaria para ejercer sus derechos y de los actos en los que participe. Además, accederá a los servicios especiales de asistencia a las víctimas cuando sea necesario (considerada especialmente vulnerable o por delitos violentos).
Podrán recurrir los sobreseimientos (una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas) en los veinte días siguientes. Este plazo es muy superior al actualmente establecido de tres, que suponía que en la práctica se dificultaran extraordinariamente estas impugnaciones, porque era prácticamente imposible personarse e interponer el recurso en tan poco tiempo. El Estatuto garantiza la posibilidad de recurrir también a aquellos que no se hayan personado anteriormente en el proceso.
Igualmente, en los casos de víctimas de delitos de homicidio, de terrorismo, lesiones, tortura y contra la integridad moral, robo cometido con violencia, contra la libertad y la integridad sexual o los cometidos dentro de una organización criminal, y siempre y cuando las penas de prisión sean superiores a cinco años, podrán recurrir las resoluciones por las que el juez autorice la posible clasificación del tercer grado antes del cumplimento de la mitad de la condena, así como aquellas por las que acuerde que el cómputo del tiempo para la aplicación de beneficios penitenciarios se haga sobre el límite de cumplimiento y no sobre el total de la suma de las penas. En estos casos se permitirá recurrir la libertad condicional del penado.
Se reconoce expresamente la legitimación de la víctima para dirigirse al tribunal y solicitar que imponga al liberado condicional las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad.
A las víctimas residentes en otros países de la UE se les facilitará que puedan prestar declaración inmediatamente y se recurrirá, en lo posible, a sistemas de videoconferencia en sus intervenciones posteriores.
VI. Evitar una segunda victimización

El Estatuto como ya hemos dicho supra desarrolla también el régimen de las medidas de protección de las víctimas con la intención de evitar su victimización secundaria.
Para ello es fundamental ofrecer a la víctima directa, y también a la indirecta (sus familiares en caso de que fallezca o desaparezca) las máximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos. Eso se consigue reduciendo los trámites innecesarios que supongan una segunda victimización (por ejemplo, eliminando declaraciones que puedan ser prescindibles y que pueden producirle algún trauma) y otorgándole información y orientación sobre los derechos y servicios que le corresponden.
Así, se prevé legalmente evitar el contacto entre las víctimas y sus familiares y los infractores, y los efectos traumáticos de los interrogatorios, mediante, entre otras medidas, la reducción de su número. También se protege la intimidad de las víctimas, a través de una especial reserva en todo lo relativo a sus datos de carácter personal y su imagen que no podrán ser divulgados por los medios de comunicación.
Estas medidas de protección se extreman para las víctimas especialmente vulnerables, para las que se prevé un régimen asistencial y jurídico que va más allá del régimen general, basado en el trato individualizado. Son aquellas que, por sus circunstancias especiales y por la gravedad y naturaleza del delito del que hayan sido objeto (de naturaleza violenta), requieran tal consideración. Se valora especialmente la inclusión de menores, personas con discapacidad, víctimas de delitos sexuales, víctimas de trata de seres humanos, terrorismo, violencia sobre la mujer y grandes siniestros con víctimas múltiples.
En el caso de los menores, se establecen unas medidas muy concretas para evitar un mayor sufrimiento. Sus declaraciones, por ejemplo, podrán ser grabadas para después ser reproducidas durante el juicio, constituyéndose así como prueba preconstituída. Igualmente, el menor podrá tener un representante legal cuando exista una situación de conflicto de intereses con los progenitores o representantes legales, debiéndose tomar asimismo decisiones urgentes sobre la guarda y custodia.
VII. Disposiciones comunes

La última parte del Estatuto recoge una serie de disposiciones comunes referidas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, a las que se amplían sus funciones; a la formación en el trato a las víctimas (que debe alcanzar a todos los colectivos implicados); a la cooperación con profesionales y evaluación de la atención a las víctimas; la Cooperación internacional, en particular a través de la participación en redes sobre derecho de las víctimas y otras actividades relacionadas; a la sensibilización y; finalmente, a la obligación de reembolso de ayudas indebidamente percibidas.

NOTAS:

1Para un exhaustivo estudio véase, GÓMEZ COLOMER, J. L., Estatuto Jurídico de la víctima del delito, Ed. Aranzadi, S.A., Cizur Menor (Navarra), 2.ª ed., 2015.

BIBLIOGRAFÍA:

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ÍNDICE:

Medidas anticorrupción y prevención de conflictos de interés en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
Ana Parés López de Lemos

Crítica a la interpretación del Tribunal Supremo del tipo subjetivo en el delito fiscal: dolo directo, eventual o ignorancia deliberada
Rafael Abati García-Manso

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y los plazos de instrucción penal (art. 324 LECrim): requisitos legales y consecuencias prácticas
María Gutiérrez Rodríguez

El representante procesal de la persona jurídica y los conflictos de intereses en el procedimiento penal español
José Antonio Tuero Sánchez
Mauro Jordán de la Peña

La indemnización por prisión provisional tras la STC 85/2019
José María de Pablo Hermida

La violencia filio-parental y la jurisdicción de menores
Concepción Rodríguez González del Real

Actualidad Penal 2020
Sergio Sánchez Martín
Oscar Vos Benítez

La Filosofía del Derecho aplicada: el Secreto Profesional del Abogado y sus implicaciones morales
Santiago Carretero Sánchez

Smart City: derecho de defensa, acceso a evidencias digitales y nueva normativa
Luis Jurado Cano

La prisión provisional aplicada a los exentos de responsabilidad criminal (STC 84/2018)
Verónica Suárez García

El Tribunal del Jurado y los «juicios paralelos»
Cristina Carretero González

Fiscalía Europea: un nuevo actor en la persecución por delitos
Anna Fiodorova

Intervención de la víctima en la ejecución penal: posibilidades de actuación de la víctima ante las decisiones judiciales dictadas en ejecución que afectan a la libertad del condenado a pena de prisión
Pedro Díaz Torrejón

Delitos imprudentes de las personas jurídicas
Rafael Fernández Paiz

La prueba ilícita obtenida por particulares. Hacia una implementación del deterrent effect en nuestro ordenamiento jurídico
Javier Ignacio Zaragoza Tejada

El procedimiento ante el Tribunal del Jurado en Violencia de Género
Miguel Méndez Hernández

Agravante de género, de sexo y de parentesco, aplicación práctica y compatibilidad
Escarlata Gutiérrez Mayo

Tratamiento jurídico penal de los celos
Victoria Bonilla García

Aspectos prácticos de la gestión de las telecomunicaciones intervenidas
Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría

Delito de blanqueo de capitales y presunción de inocencia
Enrique López y López

La problemática aplicación del artículo 129 Código Penal en la actualidad
Fermín Javier Echarri Casi

Extradición y euroorden. ¿Hemos avanzado algo...?
Ángel Luis Hurtado Adrián

Principales novedades de la quinta Directiva sobre blanqueo de capitales
José Perals Calleja

La reforma del proceso penal
Ignacio María Gordillo Álvarez-Valdés

Aspectos controvertidos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Manifestaciones, reuniones y el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Carlos Enrique Serra Uribe

La asistencia letrada en la Policía Nacional
Rafael Ortueta de Benito

La prueba testifical del Policía
María del Rosario Gilsanz Martos

Resumen informático jurídico 2018
Eloy Velasco Núñez

Importancia de la protección penal del secreto empresarial en la sociedad digital
Juan José Caselles Fornés

Medidas cautelares específicas en los procesos penales por delitos contra la propiedad intelectual e industrial
Jesús José Tirado Estrada

Non bis in idem y delitos de defraudación tributaria
Antonio del Moral García

El régimen de los recursos en el proceso penal frente a las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia
Javier Ángel Fernández-Gallardo Fernández-Gallardo

El fraude al seguro
Vicente Magro Servet

Las investigaciones internas corporativas
Juan Palomino Segura

Los delitos de terrorismo en las resoluciones de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional
José Ramón Navarro Miranda

La regulación española del Estatuto de la Víctima (Ley 4/2015, de 27 de abril)
Manuel-Guillermo Altava Lavall

Lineamientos actuales del delito de blanqueo de capitales
Miguel Olmedo Cardenete

El principio de legalidad en la emisión y cese de la Orden Europea de detención. El planteamiento de la cuestión prejudicial en la OEDE
Carlos Miguel Bautista Samaniego

La reforma operada por LO 2/2019, de 1 de marzo, en materia de seguridad vial: una involuntaria protección penal de la indemnización civil
Beatriz Escudero García-Calderón