Jurisprudencia

Cabecera: Covid-19. Juzgado de lo mercantil, 30-03-2020: El Juez del concurso sigue siendo competente para conocer de los ERTES por fuerza mayor de empresas en concurso de acreedores durante el estado de alarma.
Jurisdicción: Civil
Origen: Juzgados de lo mercantil
Fecha: 30/03/2020
Tipo resolución: Auto Sección: Primera
Número Sentencia: 72/2020 Número Recurso: 545/2019
Numroj: AJM GC 10/2020
Ecli: ES:JMGC:2020:10A
Voces sustantivas: Concurso de acreedores, Inspección de trabajo, Seguridad social, Telecomunicaciones, Alimentos, Cancelación, Despido colectivo, Domicilio, Fuerza mayor, Informe preceptivo, Informes de la inspección de trabajo, Productos farmacéuticos, Reducciones de jornada, Representantes de los trabajadores, Residencia habitual, Resoluciones administrativas, Salud pública, Situación legal de desempleo, Adopción, Cierre temporal, Contrato de trabajo, Embargo, Entidades financieras, Establecimientos comerciales, Fuerza mayor, Informes preceptivos, Lugar de trabajo, Puertos, Persona especialmente vulnerable, Período de consultas, Plazos, Profesionales o empresariales, Situación de necesidad
Voces procesales: Medidas urgentes, Condena en costas, Juez del concurso, Órgano competente


ENCABEZAMIENTO:


JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
C/ Málaga nº2 (Torre 2 - Planta 8ª) Las Palmas de Gran Canaria Teléfono: 928 11 65 48
Fax.: 928 42 97 37
Email.: mercanuno.lpa@justiciaencanarias.org
Procedimiento: Concurso abreviado Nº Procedimiento: 0000545/2019
No principal: Pieza incidente concursal. Expediente Laboral ( art. 64 LC) - 07 NIG: 3501647120190001153
Materia: Voluntario
Resolución: Auto 000072/2020 IUP: LM2019010125
Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Administrador concursal: Secundino
Concursado: Puerto Atlantico Enterprise S.I
Procurador: Ivo Baeza Stanicic
AUTO
En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO:

ÚNICO.- En fecha 26 de marzo de 2020 ha tenido entrada en este Juzgado vía lexnet escrito de la representación procesal de PUERTO ATLANTICO ENTERPRISE, S.L., solicitando que, tras los trámites previstos en el artículo 64 LC, se dictara auto autorizando las medidas suspensivas y de reducción de jornada solicitadas.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- PUERTO ATLANTICO ENTERPRISE, S.L., fue declarada en concurso de acreedores por Auto de este Juzgado de fecha 1 de octubre de 2019.
SEGUNDO.- La concursada mantenía su actividad, sin que se haya acordado todavía ni la apertura de la fase de convenio ni la de liquidación del concurso.
TERCERO.- Con fecha 14 de marzo de 2020 se dictó Real Decreto 463/2020, por el que se decretó el estado de alarma para todo el territorio español, ante la gravísima situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, COVID-19.
CUARTO.- El Real Decreto 463/2020 estableció la limitación a la libertad de circulación de las personas (artículo 7), así como la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas ( artículo 10). De acuerdo con el artículo 10.6, se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública

QUINTO.- De acuerdo con el referido artículo 10.6, la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, declaró la suspensión de la apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico.
SEXTO.- La actividad de PUERTO ATLANTICO ENTERPRISE, S.L., consiste en la gestión y explotación de un establecimiento hotelero denominado Club Puerto Atlántico.
SÉPTIMO.- La declaración del estado de alarma ha provocado el cese de actividad de la concursada desde el 23 de marzo de 2020, al tratarse de una actividad suspendida en los términos expresados.
OCTAVO.- PUERTO ATLANTICO ENTERPRISE, S.L comunicó con fecha 19 de marzo de 2020 a sus trabajadores la suspensión temporal de los contratos de trabajo y la reducción de la jornada por fuerza mayor.
NOVENO.- PUERTO ATLANTICO ENTERPRISE, S.L., tiene empleados a los trabajadores que se relacionan en la parte dispositiva de esta resolución, cuyos datos y circunstancias personales se entienden probados a los efectos de este procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- Precisiones sobre la competencia y el procedimiento.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante RDL 8/2020) establece un régimen jurídico excepcional de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, flexibilizando la regulación actualmente vigente.
En materia de procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, el artículo 22.1 RDL 8/2020 permite las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que traigan consecuencia de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), sujetándose a una serie de especialidades El artículo 22 del RDL 8/2020, que regula las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, ha generado dudas entre los Juzgados de lo Mercantil, al no contemplar una regulación específica para los trabajadores de empresas en concurso de acreedores.
Estas dudas se refieren, esencialmente, a (i) determinar cuál es el órgano competente para tramitar el procedimiento, y (ii) cuál debe ser este.
Dicho precepto establece en su apartado segundo que, en los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en el apartado 1, se aplicarán unas especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes.
Por tanto, a juicio de este tribunal, en el referido artículo se establece un procedimiento de excepción aplicable a los ERTES administrativos, es decir, los de las empresas que no han sido declaradas en concurso. Sin embargo, cuando se trata de sociedades en concurso, como consecuencia de la declaración de concurso de cualquier empleador, tales procedimientos pasan a la jurisdicción del Juez del concurso ( arts. 8.2º y 64 LC).
Estimamos, por tanto, que la declaración del estado de alarma no ha excepcionado la aplicación de los referidos artículos de la Ley Concursal, de modo que el Juez del concurso sigue siendo competente para conocer de los ERTES (Vid. Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia de fecha 23 de marzo de 2020).
Por otro lado, en principio, debería entenderse aplicable el procedimiento regulado en el artículo 64 LC, con la aplicación supletoria de la normativa laboral ( art. 64.11 LC), que en este caso viene determinada por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada No obstante lo anterior, las especialidades introducidas por el artículo 22 RDL 8/2020 deben ser aplicadas también al expediente de regulación temporal de empleo de una sociedad concursada, dada la aplicación supletoria de la normativa laboral y el carácter excepcional de dicha regulación, teniendo en cuenta el propósito declarado del RDL 8/2020 de evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, lo que ha motivado la promulgación de este régimen excepcional de flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo.
En este sentido, la regulación de la suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor en el ya mencionado Real Decreto 1483/2012, contenida en los artículos 31 y siguientes, viene caracterizada por los siguientes hitos: 1. Iniciación mediante solicitud del empresario a la autoridad laboral y simultánea comunicación a los representantes de los trabajadores.
2. La autoridad laboral recaba informe preceptivo de la Inspección de Trabajo 3. La autoridad laboral debe dictar resolución en el plazo de cinco días y se limitará a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa.
Frente a esta regulación, el artículo 22.2 del RDL 8/2020 introduce las siguientes especialidades: a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.
Como puede observarse, las especialidades se reducen, en síntesis, a la eliminación del carácter preceptivo del informe de la Inspección de Trabajo.
Como la competencia corresponde en este caso a este Juzgado, debemos entender que, en el lugar de la autoridad laboral, debe ser el Juzgado el que constate la existencia de fuerza mayor y, aplicadas las especialidades procedimentales expuestas al procedimiento regulado en el artículo 64 LC, procedería la eliminación del periodo de consultas, que en este caso no se considera necesario dada la notoriedad de los hechos en que se fundamenta la concurrencia de fuerza mayor, y la necesidad de solicitar el informe de la autoridad laboral, si bien, dependiendo de las circunstancias de cada supuesto, podría solicitarse dicho informe, que deberá ser emitido en el plazo de cinco días, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2 RD 8/2020.
En virtud de lo expuesto, procede acceder a valorar la solicitud formulada a este Juzgado, sin necesidad de convocar previamente un periodo de consultas y prescindiendo, en este concreto caso, del informe de la autoridad laboral, por entender que no es necesario, dado el carácter excepcional de las circunstancias concurrentes, que aconsejan la mayor celeridad posible en la adopción de las medidas.
SEGUNDO.- Suspensión de los contratos de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor.
El artículo 22.1 RDL 8/2020 establece que las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID- 19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Como se ha visto, en el presente procedimiento la actividad del Juzgado debe limitarse a constatar la concurrencia de la fuerza mayor como causa motivadora de la suspensión de los contratos de trabajo y de la reducción de jornada.
En este caso, se considera probado por la documental acompañada a la solicitud que la actividad de la concursada se ha visto dramáticamente afectada por la declaración del estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020 de fecha 14 de marzo de 2020 (en adelante, RD 463/2020).
El artículo 7.1 del RD 463/2020 establece que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada: a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.
Por otro lado, el artículo 10.1 del RD 463/2020 dispone que se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.
Por otro lado, el apartado 6 del referido artículo dispone que se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública.
En desarrollo de esta facultad, el Ministerio de Sanidad publicó en el BOE de fecha 19 de marzo de 2020 Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, declaró la suspensión de la apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. En el dispositivo primero de la referida Orden se establece la suspensión de apertura al público de todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional. Con carácter excepcional, queda permitida la prestación de los servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento en estos establecimientos.
En el presente caso, se considera acreditado que la actividad de PUERTO ATLANTICO ENTERPRISE, S.L., consiste en la gestión y explotación de un establecimiento hotelero (documento 1 de la solicitud).
Como hemos visto, la referida actividad aparece incluida en las actividades cuya apertura al público queda suspendida en virtud de la declaración del estado de alarma.
Por tanto, debe considerarse acreditado que la declaración del estado de alarma ha provocado el cese de actividad de la concursada, al tratarse de una actividad suspendida por las disposiciones de desarrollo del RD 463/2020.
La causa del referido cese y suspensión de actividades se halla, de forma notoria, en la adopción de medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, de acuerdo con el artículo 10 del RD 463/2020.
Como consecuencia de lo anterior, y dado que el trabajo de la plantilla de la concursada consiste en la prestación de sus servicios profesionales en el establecimiento donde se desarrolla la referida actividad de la concursada, debe considerarse acreditado que concurre causa legal justificada para proceder a la suspensión de los contratos de trabajo de parte de la plantilla de la concursada, así como a la reducción de jornada de un solo trabajador, que debemos entender encargado del mantenimiento y vigilancia de las instalaciones.
Por tanto, este tribunal considera acreditada la concurrencia de una causa de fuerza mayor que habilita la adopción de las medidas solicitadas, en los términos que se exponen en la parte dispositiva de la presente resolución, que, en lo relativo a la duración de la suspensión y reducción de la jornada, debe entenderse por todo el tiempo que persista la situación de estado de alarma y sus prórrogas.
TERCERO.- Efectos de la presente resolución.
Esta resolución de suspensión colectiva de los contratos de trabajo y de reducción de jornada producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un expediente temporal de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo ( artículo 64.7 III LC).
CUARTO.- Costas. No se hace expresa condena en costas por la tramitación de este incidente.

FALLO:

ESTIMO la solicitud de modificación sustancial de condiciones de trabajo, consistente en la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de la jornada laboral en un 68.75%, quedando reducida a 12 horas y 30 minutos semanales, por causa de fuerza mayor, con efectos desde el 23 de marzo de 2020, y hasta que finalice el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/202, de 14 de marzo, o la eventual prórroga o prórrogas del mismo.
Los trabajadores y trabajadoras afectados por las medidas son los siguientes: Trabajadores y trabajadoras afectados por la Suspensión Temporal de su Contrato: NOMBRE DNI/NIE Valle NUM000 Virtudes NUM001 Marí Jose NUM002 Aurelia NUM003 Balbino NUM004 Ariadna NUM005 Brigida NUM006 Trabajador afectado por la reducción de jornada: NOMBRE DNI Conrado NUM007 Notifíquese esta resolución a las partes personadas en el concurso, al Fondo de Garantía Salarial y a los representantes de los trabajadores afectados, con testimonio de los particulares necesarios, indicándoles que no es firme y cabe interponer recurso de suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social (Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso del recurso de suplicación), sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales ( arts.
64.8 y 197.7LC). La admisión del recurso precisará que se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado, la cantidad objeto de depósito, de 25 euros, lo que deberá ser acreditado. El depósito será exigible únicamente a quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social. Las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra el auto, en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal laboral que, en su caso, deberá presentarse en el plazo de diez días desde la notificación de la presente.
Así lo pronuncia, manda y firma DON ALBERTO LÓPEZ VILLARRUBIA, MAGISTRADO- JUEZ del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas. Doy fe.
EL/LA Magistrado Juez