Doctrina

Título: El Nuevo Régimen de los Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados en el Derecho Español
Fecha: 12/02/2020
Voces sustantivas: Acción resolutoria, Consumidores y usuarios, Condiciones generales de los contratos, Contrato de viaje combinado, Contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, Contratos de adhesión, Contratos turísticos, Depósito, Legítima, Prescripción, Resolución del contrato, Resolución por incumplimiento, Viajes combinados, Agencias de viajes, Atentados, Acción directa, Cancelación, Causas de exoneración de la responsabilidad, Competencias de las comunidades autónomas, Consecuencias del incumplimiento, Cooperación administrativa, Daños y perjuicios, Deber de información, Defensa de los consumidores y usuarios, Derecho de desistimiento, Edad, Expediente sancionador, Fuerza mayor, Hechos imputados, Información previa, Limitación de responsabilidad, Procedimiento sancionador, Protección de los consumidores, Responsabilidad contractual, Régimen sancionador, Ánimo de lucro, Cesión del contrato, Contenido del contrato, Contratos celebrados a distancia, Derecho de repetición, Declaración de voluntad, Desistimiento, Desistimiento del contrato, Establecimiento mercantil, Fuerza mayor, Grado de parentesco, Insolvencia, Marcas, Obligaciones de información, Otros supuestos, Plazos, Prestación de servicios, Responsabilidad empresarial
Voces procesales: Prescripción, Inmediación, Notificaciones, Naturaleza de la responsabilidad, Árbitros, Pronunciamientos judiciales

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Número epígrafe: 5
Título epígrafe: Capítulo V. Terminación del contrato y derecho de desistimiento

TEXTO:

SUMARIO: I. RESOLUCIÓN, CANCELACIÓN Y DERECHO DE DESISTIMIENTO. 1. La resolución del contrato. 2. La cancelación del contrato por parte del organizador. 3. El derecho de desistimiento en materia de viajes combinados. A. El derecho de desistimiento y las diversas modificaciones en la normativa aplicable a los viajes combinados. B. La aplicación del derecho de desistimiento a los contratos a distancia y a los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil.
Hemos analizado a lo largo de las páginas precedentes el régimen que resultará de aplicación a aquellas situaciones en las que el contrato de viaje combinado sufra alteraciones o modificaciones con anterioridad al inicio del mismo. Frecuentemente, estas alteraciones no comprometerán la ejecución del viaje combinado, pero hay que considerar la posibilidad de que así sea.
Este escenario nos lleva a la terminación anticipada del contrato y al derecho de desistimiento que incumbe a las partes que lo firmaron. El TRLGDCU se ocupa de esta cuestión en su art. 160, bajo el epígrafe "Resolución, cancelación y derecho de desistimiento antes del inicio del viaje".
Hay que apuntar, antes que nada, que la sistemática y la propia terminología empleada se han variado considerablemente respecto al régimen precedente. Y es que el TRLGDCU con anterioridad a la modificación contaba con un Capítulo I (dentro del Título II correspondiente a las disposiciones relativas a la resolución del contrato y responsabilidades) integrado por dos artículos que, al menos en apariencia, resultaban de sencilla interpretación.
Con arreglo a este régimen, el antiguo art. 159 se ocupaba de la resolución del contrato por causa imputable al organizador o cancelación del viaje, mientras que el art. 160 se orientaba por su parte a regular la resolución del contrato por el consumidor y usuario. Pues bien, la Directiva 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados vino a alterar este reparto.
Y es que el legislador europeo, utilizando una fórmula posteriormente seguida en la transposición, opta por integrar todos los supuestos de terminación anticipada del contrato de viaje combinado antes del inicio del viaje en un único precepto, que en terminología de la Directiva lleva por título "Terminación del contrato de viaje combinado y derecho de desistimiento antes del inicio del viaje".
I. Resolución, cancelación y derecho de desistimiento

El capítulo Tercero del Título Segundo del Texto Refundido viene dedicado ahora a la "Terminación del contrato". Este capítulo se compone de un único artículo, que se dedica a analizar los supuestos de resolución, cancelación y derecho de desistimiento antes del inicio del viaje.
Se trata de un precepto complejo, que alude a diferentes situaciones susceptibles de plantearse en la práctica. El propio título del epígrafe genera, o más bien ha venido generando, pues no es una cuestión que se haya iniciado recientemente, muchas dudas respecto a la delimitación entre estas diferentes situaciones y a su uso más o menos adecuado por parte del legislador.
La enumeración de estas tres figuras parece indicar que nos encontramos ante supuestos diferentes. No obstante, el tenor del articulado no identifica siempre con claridad cuándo nos encontramos en uno u otro supuesto, dando la impresión de que la delimitación entre las diversas situaciones es algo confusa y de que la terminología no se emplea con el rigor con el que sería deseable.
Por un lado, la acción resolutoria es una acción de gran raigambre en nuestro ordenamiento. Su fundamento y razón de ser queda recogido en el art. 1124 del Código Civil, al declarar el legislador que "La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe".
La resolución por incumplimiento se configura de este modo como un remedio que adquiere importancia en las obligaciones sinalagmáticas al conceder a la parte perjudicada por un incumplimiento esencial de su contraparte negocial la facultad de desligarse del contrato.
La cancelación se plantea en cierto modo como la contrapartida a la facultad de resolver atribuida al viajero. Ahora bien, hay que tener presente que el legislador ha evitado atribuir en el articulado de la norma un genérico derecho a resolver unilateralmente el contrato de viaje combinado al organizador, atribución que sí que se ha considerado conveniente prever en algunas normativas de los países de nuestro entorno1.
En muchas ocasiones, el organizador dispondrá de medios suficientes para acomodar el contrato a las nuevas realidades o circunstancias aplicables al contrato, adaptando el mismo por la vía de la modificación contractual anteriormente analizada. No obstante, existirán situaciones en las que la gravedad de la situación aconseje, o incluso imponga, la cancelación del contrato, que implicará en definitiva la imposibilidad del organizador de cumplir, esto es, nos encontraremos ante un incumplimiento de carácter definitivo.
Finalmente, debemos prestar particular atención a la figura del desistimiento. El derecho de desistimiento es, sin lugar a dudas, una de las mayores conquistas del Derecho de consumo y elemento clave en la protección del consumidor de nuestros tiempos.
El contenido y el régimen del derecho de desistimiento en nuestro país se contempla en los artículos 68 y siguientes del TRLGDCU, que lo configura como "la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase".
Diversas cuestiones debemos considerar con carácter preliminar en relación con el desistimiento. En primer lugar, el escaso margen a la hora de limitar los efectos del ejercicio del derecho de desistimiento, si tenemos en cuenta que son nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento2.
En segundo lugar, el plazo que el TRLGDC atribuye en estos supuestos, que como veremos es confirmado posteriormente en sede de viajes combinados. En este sentido, el art. 71.1 establece que el consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento3.
Del mismo modo, es necesario tener en cuenta que el derecho de desistimiento no es sino un remedio excepcional, concedido al consumidor en aquellas situaciones en las que se estima que este se encuentra en una cierta posición de desventaja o indefensión respecto a la contraparte. Por ello, el derecho de desistimiento únicamente procederá "en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato4".
Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, los peculiares contornos que el derecho de desistimiento presenta en el ámbito de los viajes combinados. Y es que, no lo olvidemos, el derecho de desistimiento no surgió ni está probablemente pensado para ser aplicado a este tipo de situaciones o relaciones.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia nº 346/2010, de 16 de noviembre, ilustra a la perfección esta situación. El litigio se centra en determinar si el derecho de desistimiento en un viaje combinado se puede ejercitar únicamente con carácter previo al inicio del viaje o si por el contrario también procede una vez comenzado el disfrute del mismo.
Con este telón de fondo, el Juzgador reflexiona sobre el derecho de desistimiento, llevando a cabo una interesante argumentación que no podemos sino compartir, declarando por lo que a este respecto interesa que:

"En el caso del derecho de desistimiento en los contratos de viaje combinados el fundamento no es lógicamente el mismo que con carácter general se establece para el resto de los contratos de consumo, dada la diferente finalidad de unos y otros. En tal sentido esta facultad se concede al consumidor porque no se puede obligar al mismo a realizar un viaje que no puede o no desea realizar, sin perjuicio de que esta facultad esté económicamente condicionada para evitar que el simple capricho de un consumidor genere grandes perjuicios a los empresario de viajes o incluso a otros consumidores que hubieran podido contratar el mismo viaje. Ya no se trata de concretar si el producto es o no conveniente o útil para el consumidor o sí la voluntad de éste ha sido forzada a través de diversos mecanismos comerciales de publicidad o marketing. Cuando un consumidor contrata un viaje combinado lo hace desde parámetros diferentes a los que usa para el resto de la contratación de consumo y de ahí que el fundamento sea igualmente diferente".
Pues bien, expuestas las principales diferencias entre las tres figuras que aborda el precepto hay que mencionar a qué supuestos aplica el legislador cada una de ellas. Pasamos a ocuparnos de ellas.
1. La resolución del contrato

Con carácter previo a analizar las disposiciones del art. 160 TRLGDCU, hay que llevar a cabo una serie de consideraciones sobre la utilización que la normativa de viajes combinados ha venido desarrollando de la resolución contractual. En primer lugar, y por lo que respecta al régimen vigente, el art. 160 no es el primer lugar en el que se analiza la posibilidad del viajero de resolver el contrato.
Ya hemos analizado en el capítulo precedente que el viajero, en aquellos supuestos en los que el organizador modifique o altere las características principales del viaje, los requisitos especiales del artículo 155.2 a) o proceda a incrementar el precio del viaje por encima del 8%, podrá resolver el contrato sin que deba hacer frente a penalización o gasto alguno por tal circunstancia.
Del mismo modo, tradicionalmente la Ley de Viajes Combinados del año 1995 ya preveía la facultad que tenía el viajero de resolver el contrato en caso de que el organizador se viera obligado a modificar algún elemento esencial del contrato o bien no proporcionase al consumidor una confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato.
En todas estas situaciones una cuestión se aprecia sin dificultad. La facultad de resolver el contrato se atribuye al consumidor (viajero con arreglo al nuevo régimen) como consecuencia de la existencia de un incumplimiento esencial o sustancial del organizador. Fuera de estas situaciones vinculadas a la idea de incumplimiento, la norma de 1995 atribuía al consumidor la facultad de "desistir de los servicios solicitados o contratados", debiendo hacer frente, eso sí, a las penalizaciones correspondientes.
Pues bien, esta línea seguida en las últimas décadas se rompe en el texto vigente. Y es que el actual art. 160.1 pone a cargo del viajero la facultad de resolver el contrato en cualquier momento abonando la penalización correspondiente e incluso a resolver el contrato en caso de fuerza mayor sin abonar penalización alguna. En esta situación, sin entrar a valorar en un primer momento la oportunidad de estas previsiones, hemos de señalar que no termina de apreciarse que nos encontremos ante una facultad de resolver el contrato propiamente dicha.
Y es que no podemos considerar que en ninguna de las dos situaciones apuntadas (sí en las modificaciones principales del caso anterior) esta facultad del viajero de desligarse del contrato traiga causa de un incumplimiento del organizador, sino que obedece exclusivamente a la libre voluntad del primero en el primer supuesto y a la existencia de circunstancias inevitables y extraordinarias en el segundo.
Hecha esta consideración preliminar en relación a la mayor o menor precisión terminológica del texto analizado, es necesario entrar a analizar el contenido de este derecho atribuido al viajero a resolver el contrato en las circunstancias apuntadas.
En esta situación, ninguna penalización sufrirá el viajero de concurrir "circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino", situación que se aproxima a la noción de fuerza mayor5.
El legislador europeo da ejemplos de a qué tipo de supuestos está orientado este régimen excepcional, declarando en el Considerando 31 de la Directiva de 2015 que "Tales circunstancias pueden ser, por ejemplo, una guerra u otros problemas graves de seguridad como el terrorismo, riesgos importantes para la salud humana como el brote de una enfermedad grave en el lugar de destino, o catástrofes naturales como inundaciones o terremotos, o condiciones meteorológicas que hagan imposible desplazarse con seguridad al lugar de destino según lo convenido en el contrato de viaje combinado".
Téngase en cuenta que la concurrencia de estas circunstancias hará posible que pueda alegarse la existencia de fuerza mayor, pero en ningún caso lo garantizará jugando en este sentido una importancia destacada la imprevisibilidad que deberá acreditarse a este respecto. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona negó, en este sentido, la aptitud de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para constituir un supuesto de fuerza mayor visto el hecho de que el actor ratificó la reserva con posterioridad a los citados atentados6.
Por otro lado, junto a la mayor o menor previsibilidad de que puedan producirse problemas graves en el destino los Tribunales tienen en cuenta en ocasiones en la valoración de la legitimidad del desistimiento de los viajeros la actitud más o menos activa de organizadores y detallistas para informar a estos de la evolución o de la actual situación de estos fenómenos.
En este sentido, la Audiencia Provincial de Asturias consideró legítimo el desistimiento llevado a cabo por dos viajeros fundado en la existencia de un tifón virulento en el área de destino. Y es que, aunque la fuerza del tifón finalmente amainó dando lugar a una tormenta tropical y a pesar de que estas son frecuentes en la zona y por lo tanto previsibles, la escasa atención dedicada a sus clientes y la ausencia de un canal de comunicación con ellos ante esta delicada situación provocaron que la Audiencia reconociera la pertinencia y legitimidad del desistimiento7.
Por otro lado, sorprende especialmente de esta configuración de la fuerza mayor su planteamiento reduccionista, ya que de la lectura del precepto parece que esta solo pueda jugar en supuestos vinculados con problemas relacionados con el lugar de destino. Este planteamiento choca con la realidad de los hechos y con la jurisprudencia tradicional, que ha reconocido la situación de fuerza mayor en un buen número de problemas vinculados con las personas y con situaciones ajenas al destino.
Así, se ha reconocido la existencia de una situación de fuerza mayor en supuestos de enfermedad del viajero8 o de enfermedad de familiares más o menos cercanos9, entre otros supuestos. Pero todavía plantea más dudas el hecho de que, como veremos, en el apartado tercero, se declare que el organizador o, en su caso, el minorista no serán responsables de compensación adicional alguna en todos aquellos casos en los que la imposibilidad de ejecutar el contrato derive de circunstancias inevitables y extraordinarias, sin ofrecer límite alguno a estos supuestos de fuerza mayor, con tal de que la notificación al viajero se realice sin mora indebida.
Pero no solamente podrá el viajero desligarse del contrato de viaje combinado en los supuestos de fuerza mayor. Y es que el art. 160.1 comienza declarando que en cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado podrá el viajero resolver el contrato10. Ahora bien, en estos supuestos sí que procederá el abono de una penalización, que deberá ser en todo caso adecuada y justificable. El legislador posibilita al organizador dos vías para cumplir con esta obligación:

- La fijación de una penalización tipo en el clausulado del contrato, cuya razonabilidad se asocia al juego conjunto de varias variables, la antelación de la resolución respecto al inicio del viaje, el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje.
- En ausencia de la cual deberá calcularse y justificarse el importe de la misma restando al precio del viaje el ahorro de costes y los ingresos que se deriven de la utilización alternativa de estos servicios.
El perjuicio realmente sufrido por el organizador es en consecuencia el elemento fundamental para el cálculo de la penalización. Este criterio se aparta de manera evidente del seguido en el régimen anterior, en el que la penalización se calculaba a través de diversos porcentajes aplicables en atención a la mayor o menor antelación con la que se haya procedido al desistimiento del contrato11.
Considero que este tránsito desde un modelo basado en porcentajes asociados a periodos de tiempo a otro que busca calcular el perjuicio real que ha de soportar el organizador o el detallista ha de ser considerado un avance. Y es que, si el legislador busca (a pesar de las dudas apuntadas) ofrecer al viajero un desistimiento ad nutum esta penalización deberá obedecer a una lógica compensatoria de los perjuicios realmente sufridos, y en ningún caso suponer una vía de castigo a quien ejercita este derecho al desistimiento atribuido.
En cualquier caso, no podemos obviar por el contrario que esta previsión se traducirá en una mayor dificultad a la hora de determinar o calcular la penalización, puesto que para ello ya no resultará suficiente con realizar una simple operación aritmética sino que nos obligará a analizar atentamente el destino o devenir del servicio que finalmente no se ha disfrutado, para de este modo poder apreciar el coste real que ha supuesto este hecho para el organizador en función de si ha existido o no utilización alternativa.
Considero igualmente criticable la omisión que la nueva redacción del art. 160 TRLGDCU lleva a cabo del supuesto de que el viajero no se presente a la salida del viaje. Era esta con arreglo al sistema anterior la situación más peligrosa de las diversas posibles, que ocasionaba que el sistema de porcentajes apenas indicados para calcular la penalización fuera sustituido por la obligación de satisfacer el importe total del viaje.
Este endurecimiento considerable del régimen se explicaba, lógicamente, por el mayor perjuicio que la falta de notificación causaba a la contraparte contractual. En esta situación, parece que solo el viajero debía soportar las consecuencias económicas de su falta de notificación, habiéndose considerado en ocasiones que la no presentación a la salida del viaje actuaría a modo de desistimiento presunto12.
El hecho de que los viajeros no se presenten a la salida es una circunstancia relativamente frecuente, pudiendo encontrar diversos pronunciamientos judiciales sobre el particular13. En cualquier caso, la aplicación de las reglas del apartado 1º del art. 160 TRLGDCU probablemente debería conducir a una solución equivalente, ya que no habrá ningún concepto que restar al precio del viaje combinado, al no encontrar en este supuesto ahorro de costes alguno ni posibilidad de utilización alternativa de los servicios de viaje.
2. La cancelación del contrato por parte del organizador

Si bien es cierto que cuando pensamos en una terminación anticipada del contrato de viaje combinado solemos imaginar escenarios en los que es el viajero quien ejercita esta opción, existen diversos supuestos que pueden aconsejar, y aún imponer, al organizador dar por finalizado el contrato con carácter previo al inicio del viaje.
En ocasiones estos escenarios tienen que ver con la insuficiencia o falta de aptitud del viaje combinado para proporcionar una rentabilidad mínima al organizador, haciendo del viaje combinado un instrumento deficitario que no le interesará llevar a cabo. En otras ocasiones, podemos encontrar circunstancias, nuevamente vinculadas a la noción de fuerza mayor, que aconsejen cancelar el viaje combinado.
Por lo que respecta al derecho del organizador a cancelar el contrato, este viene recogido en el art. 160.3 TRLGDCU. El legislador, de manera ciertamente menos entusiasta que al abordar la resolución por parte del viajero, se limita a declarar que "El organizador, y en su caso, el minorista podrán cancelar el contrato", en cuyo caso cumplirán reembolsando al viajero los pagos que haya realizado, a los que podrá añadirse una indemnización.
Ahora bien, esta indemnización no procederá en todo caso. Al igual que sucedía con el desistimiento del viajero, ninguna indemnización adicional procederá en el supuesto de fuerza mayor (que el legislador define como circunstancias inevitables y extraordinarias y que habrán de ser notificadas sin demora al viajero).
De la lectura atenta del Texto Refundido y de la Directiva de la que trae causa cabe señalar que, al analizar la fuerza mayor como causa de cancelación del viaje combinado por parte del organizador no encontramos directrices o previsiones que acoten los supuestos en los que está pensando el legislador, al modo de lo que sucedía en relación con el viajero, en el que la fuerza mayor parece ir básicamente orientada a circunstancias que concurran en el lugar de destino14.
Pero no es este el único supuesto en el que el organizador no deberá indemnizar. La Directiva 2015/2302, como ya hiciera su predecesora, negó la indemnización en aquellos casos en los que no se haya inscrito al viaje combinado un número mínimo de personas y esta circunstancia se comunique al viajero con la necesaria antelación.
La previsión puede entenderse fácilmente. Tratándose organizadores y detallistas de empresarios con ánimo de lucro, resulta evidente el inconveniente que les supondrá tener que mantener o llevar a cabo aquellos viajes combinados que no resulten rentables, por no haber tenido el éxito esperado y no contar con un número suficiente de viajeros que les permita obtener un mínimo rendimiento a su actividad. Ahora bien, este reconocimiento no eximirá a estos sujetos de respetar dos condiciones o requisitos para que no se vean obligados a indemnizar.
Hay que tener en cuenta, en este sentido, que este número mínimo de personas ha de venir previsto en el contrato de viaje combinado. Nos encontramos nuevamente con otra previsión, ya hemos analizado numerosas, que da muestra de la preocupación del legislador por evitar cambios o modificaciones sorpresivas en los derechos y obligaciones de las partes, preocupación que nuevamente trata de solventarse a través de la exigencia de la predeterminación contractual de esta facultad.
Por lo que respecta a la fecha en la que deberá notificarse tal circunstancia, el legislador pone el acento en la duración del viaje combinado, aumentando el periodo de comunicación conforme lo hace la duración del viaje, siendo este periodo de:

i) veinte días antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días de duración,

ii) siete días antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,

iii) 48 horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días de duración.
Hay que señalar que este sistema de baremos, que como hemos comentado se abandonó por lo que respecta al cálculo del quantum indemnizatorio, constituye una novedad en la regulación de los viajes combinados. Estos porcentajes, que son herederos del articulado de la Directiva 2015/2302, considero que mejoran sustancialmente las consideraciones que efectuaba la anterior regulación en relación a la fecha límite fijada en el contrato, a la que posteriormente se le añadió un plazo mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje combinado en el Texto Refundido.
3. El derecho de desistimiento en materia de viajes combinados

Hemos de hacer mención, finalmente, a la figura del desistimiento, que en materia de viajes combinados ha planteado un gran número de incógnitas y que el régimen vigente no termina de aclarar.
A. El derecho de desistimiento y las diversas modificaciones en la normativa aplicable a los viajes combinados

El derecho de desistimiento venía ya extensamente regulado en la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, relativa a las normas reguladoras de las agencias de viajes, concretamente en su artículo 2915. De su análisis puede apreciarse cómo, a grandes rasgos, el modo en el que el derecho de desistimiento venía previsto en la Orden ha permanecido inalterado con el transcurso del tiempo hasta la transposición de la Directiva del año 2015.
Posteriormente, la Ley de Viajes Combinados de 1995 continuó con un planteamiento correcto y riguroso de la cuestión. Y es que, a pesar de que el art. 9 de la norma llevaba por título "Resolución del contrato o cancelación del viaje", el precepto limitaba adecuadamente la portada de la resolución contractual a situaciones que eran objetivamente reconducibles a este remedio contractual.
El apartado 4, a continuación, desarrollaba una previsión inicialmente trasladable al actual artículo 160.1 TRLGDCU, al declarar que "En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar...", con la notable diferencia de que hablaba de desistimiento en lugar de resolución. Ciertamente, se trataba de un desistimiento sui generis, puesto que su ejercicio se acompañaba de una penalización o indemnización, pero no dejaba de ser una situación reconducible al desistimiento.
Las dudas surgen en un primer momento con la derogación de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados, y la incorporación de esta materia en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El art. 160 del Texto Refundido mantiene la referencia a la resolución del contrato por el consumidor y usuario pero en este caso renuncia a reconocer posteriormente en el clausulado que nos encontramos ante una situación de desistimiento.
Por el contrario, el legislador se limitó a declarar que en todo momento el consumidor podía "dejar sin efecto" los servicios solicitados o contratados, con la pertinente indemnización. Se trata, en este sentido, de un paso más en el enrarecimiento de la regulación de estos supuestos, que desde ese momento ya no parecían reconducirse al desistimiento ni a juzgar por el título del precepto ni tampoco atendiendo al posterior desarrollo del mismo.
Y es que, como señaló en su momento la doctrina, este cambio terminológico en ningún modo puede considerarse casual, si tenemos en cuenta que el apartado b) del mismo precepto, relativo a los gastos, pasó a hacer referencia a los "gastos de cancelación", en lugar de a los "gastos de anulación por desistimiento", como sucedía en la expresión empleada por el legislador de la norma del año 199516.
Finalmente, la armonía se rompe con la transposición de la Directiva del año 2015. Y es que ya hemos apuntado que buena parte de las situaciones que dan lugar a desistimiento por parte del viajero se asimilaron en el Texto Refundido a una facultad de resolución contractual. Esta facultad de resolver el contrato atribuida al viajero, que no puede considerarse tal17, deja sobre el papel la incidencia del derecho desistimiento limitada a la contratación celebrada fuera de establecimiento mercantil.
Por otra parte, hemos de ser conscientes de los peculiares contornos que adquiere el derecho de desistimiento en el ámbito de los contratos turísticos y más en concreto en relación con los contratos de viaje combinado. Ya hemos visto anteriormente que el viajero tiene la facultad de ceder el contrato a otra persona de observar determinados requisitos, pero esta opción no siempre le interesará. El legislador le atribuye, por ello, la facultad de desligarse del contrato en todo momento con carácter previo al inicio del viaje, sin entrar a valorar los motivos que le llevan a tomar esa decisión.
Podría parecer, tras una primera lectura, que nos encontramos ante un desistimiento ad nutum, esto es, ante un desistimiento en el que no es preciso alegar justa causa. Ahora bien, estas circunstancias sí que influirán en las consecuencias del desistimiento. Y es que, si bien se considera deseable conceder una amplia libertad a las partes a la hora de desligarse del contrato, esta acción tiene una serie de repercusiones que la contraparte contractual por regla general no debe soportar, como pasamos a ver.
Por otro lado, la aptitud de este derecho para constituir un supuesto de desistimiento ad nutum ha sido puesta en duda por la doctrina. Y es que, de las dos notas que tradicionalmente se exigen para hablar de desistimiento ad nutum (innecesariedad de justificación y ausencia de penalización por su ejercicio), la configuración que con arreglo al art. 160 TRLGDCU se atribuye a este derecho únicamente cumpliría la primera18.
En cualquier caso el reconocimiento de un derecho de desistimiento al viajero vendría a orquestar una protección adicional a este, protección que en ocasiones se ha tratado de justificar como un contrapeso a la preeminente situación de la que gozan (o gozaban) las agencias de viajes en el sector19.
Esta protección que el derecho de desistimiento proporcionaría al viajero explica que su inclusión en las condiciones generales de los contratos de viaje combinado resulte obligatoria. Y esto aun cuando se trate de disfrazar el carácter de los servicios ofertados, tratando de alejarlos de la esfera de los viajes combinados.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvo la oportunidad de ocuparse de este supuesto en su Sentencia nº 2047/2005, de 3 de noviembre. La Sentencia resolvía un recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a una Resolución de la Agencia Valenciana de Turismo en el marco de un procedimiento sancionador.
El hecho imputado en el expediente sancionador tenía que ver con el incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas y cancelaciones previsto en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Agencias de Viajes de la Comunidad Valenciana, en relación con el art. 9.4 de la Ley 21/1995, Reguladora de los Viajes Combinados.
Se criticaba a la demandante, más concretamente, la falta de inclusión en el contrato-programa de servicios turísticos combinados denominado ITN Gallery Top, la cláusula relativa al desistimiento de los servicios contratados. A pesar de negar la demandante la consideración de viajes combinados de los servicios por ella ofertados y en consecuencia la obligación de incluir una cláusula de desistimiento en el documento suministrado, el Tribunal determina que a pesar de que se ofrecían ciertos servicios accesorios, la parte esencial del contrato residía en la combinación de transporte y alojamiento.
En consecuencia, encontrándonos materialmente ante un contrato de viaje combinado, el Tribunal consideró infringida la obligación de incluir una cláusula de desistimiento en los términos establecidos en la normativa reguladora de los viajes combinados. En palabras del tribunal, nos encontramos ante una "obligación que claramente incumplió la actora habida cuenta que en la cláusula séptima del contrato se disponía que "en todo caso" la resolución del mismo daba lugar a la pérdida del 30% del precio total a favor de Viajes Terra Nostra en concepto de daños y perjuicios20".
Hay que señalar, a pesar de que lo hemos apuntado al abordar los deberes de información precontractual, que no solamente deberá incluirse una cláusula que recoja el derecho de desistimiento de que goza el viajero en el ámbito de los contratos de viaje combinado, sino que deberán identificarse adecuadamente las posibles penalizaciones o consecuencias de orden económico que puedan derivarse de este ejercicio.
La cuestión se planteó con claridad en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 300/2008, de 23 de mayo. A pesar de que en primera instancia se había considerado que la aplicabilidad de las consecuencias de orden indemnizatorio asociadas al desistimiento no dependía de que se hubiera informado sobre ellas, la Audiencia considera que tal proceder dejaría sin efecto una de las finalidades de la Ley de Viajes Combinados, como es que el futuro viajero contrate con una buena información de todos los detalles del viaje y, entre ellos, singularmente, de las consecuencias de su anulación21.
B. La aplicación del derecho de desistimiento a los contratos a distancia y a los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil

Resta por analizar, en este análisis de las diversas situaciones relacionadas con la terminación de los contratos de viaje combinado la regulación que el derecho de desistimiento ha recibido en relación con los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil y con los contratos a distancia.
Constituye este uno de los puntos que más dudas ha generado en el régimen derivado de la Directiva de 2015. Ya hemos apuntado cómo la Directiva no alude en ningún momento al derecho de desistimiento al regular los supuestos de fuerza mayor ni aquellos otros en los que decide desligarse libremente del contrato sin justificación alguna, limitándose en estos supuestos a declarar que los viajeros deben poder "poner fin al contrato de viaje combinado" en cualquier momento.
Pues bien, la cuestión cambia cuando abordamos la problemática de la aplicación del derecho de desistimiento a los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil. Y es que, en estos supuestos, el art. 12.5 de la Directiva ya preveía que los Estados Miembros pudieran disponer en su Derecho interno que el viajero dispusiera de un plazo para ejercer su derecho de desistimiento.
De conformidad con esta previsión, tras la transposición de la norma, el art. 160.5 TRLGDCU, viene a atribuir a los viajeros en los contratos de viaje combinado celebrados fuera del establecimiento un plazo de catorce días para ejercer el derecho de desistimiento sin necesidad de justificación.
La previsión parece sin duda razonable. Habida cuenta de los presupuestos de este tipo de contratación, se considera adecuado que se conceda un cierto plus de seguridad al viajero al considerarlo parte débil en estos supuestos de contratación. Adecuado resulta del mismo modo el plazo atribuido para su ejercicio, de 14 días, a pesar de que resulta en cierta forma superfluo al coincidir con el plazo general que se atribuye al derecho de desistimiento en la normativa consumerista y que rige en todos aquellos supuestos en los que este no reciba uno específico.
En cualquier caso, a mi juicio, el régimen orquestado no resulta satisfactorio, al menos por dos motivos. En primer lugar, por el hecho de que nos encontramos en mi opinión ante un derecho de desistimiento fragmentado y poco coherente. Y es que, por un lado, contaríamos con un derecho de desistimiento "propio", ejercitable en los supuestos de contratación celebrado fuera de establecimiento mercantil.
Junto a él contaríamos con un derecho de desistimiento "impropio" que recogería aquellos supuestos que el legislador aborda como supuestos de resolución contractual pero que no traen causa de incumplimiento alguno. Estoy refiriéndome a aquellas situaciones, precedentemente analizadas, en las que se atribuye al viajero la facultad de poner fin al contrato abonando una penalización (o incluso sin abonarla, como sucede en los supuestos de fuerza mayor).
Es cierto que, tradicionalmente, el derecho de desistimiento se ha concebido como un derecho cuyo ejercicio ha de ser gratuito, esto es, no ha de tener coste para el consumidor. En este sentido, los supuestos a los que estamos haciendo referencia no cumplirían con sus estándares tradicionales.
Pero no es menos cierto que materialmente nos encontramos en su ámbito de actuación. Y es que se trata de una facultad a ejercitar libremente por el viajero, en virtud de la cual puede desligarse del contrato en cualquier momento por su mera voluntad y sin necesidad de acreditar ningún comportamiento incumplidor de la contraparte contractual.
Junto a este motivo, creo que el derecho de desistimiento ve enormemente limitada su trascendencia por la ausencia de aplicación a los contratos celebrados a distancia. La evolución de la contratación y la consolidación del mercado en línea ha transformado de manera notable el modo en el que se comercializan los bienes y servicios en la actualidad, no siendo los contratos de viaje combinado en este sentido una excepción.
Era esta probablemente la actualización más anhelada en relación con la terminación del contrato y el derecho de desistimiento en el ámbito de los viajes combinados. Y es que, en los últimos tiempos, el peso de la contratación a distancia, fundamentalmente por vía electrónica, no ha dejado de crecer. Este hecho planteaba problemas a la hora de adecuar la normativa de viajes combinados de 1995, a la que la doctrina ha venido criticando que estaba pensada exclusivamente en clave de contratación tradicional, al escenario digital22.
Pues bien, a pesar de la insistencia con la que los operadores y la doctrina han venido demandando esta extensión del derecho de desistimiento a la contratación a distancia de viajes combinados, el legislador ha optado por obviar cualquier referencia a su posible procedencia, dejando de lado esta reivindicación.
En este caso, se trata de una omisión que difícilmente se puede paliar por otras vías. El ejercicio del derecho de desistimiento en los contratos celebrados a distancia viene regulado en los arts. 102 y siguientes del TRLGDCU. En el primero de ellos se concede al consumidor y usuario el derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en los arts. 107.2 y 108.
Esta previsión no opera, hay que tenerlo en cuenta, en una serie de supuestos calificados como excepciones al derecho de desistimiento, entre los que no se encuentran los viajes combinados23. Ahora bien, este hecho no parece que sea indicativo de voluntad alguna del legislador de incluir a este tipo de contratos en el radio de acción del derecho de desistimiento, puesto que los contratos de viaje combinado son una de las excepciones del art. 93 a la aplicación de la regulación contenida en el Título III de Libro segundo del TRLGDCU, relativo a los contratos celebrados a distancia y a los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil.
La cuestión es ciertamente compleja. La doctrina ha venido considerando que la exclusión de los contratos de viaje combinado de los dictados del Título III del Libro II del TRLGDCU no obedece a cuestiones de fondo, sino al hecho de que estos contratos gozan de un tratamiento específico precisamente en ese cuerpo legal24.
El juego conjunto de estas circunstancias podría llevarnos a pensar que cabría la posibilidad de extender, aún de manera forzada, el derecho de desistimiento a los contratos de viaje combinado celebrados a distancia. A pesar de que serán los Tribunales quienes precisen este extremo en el futuro, considero que esta interpretación resulta contraria a la realidad de las cosas, ya que ni en la mente del legislador nacional ni en la mente del legislador europeo estaba probablemente extender este derecho de desistimiento a los contratos celebrados a distancia.
En definitiva, si alguna conclusión se puede extraer es que la regulación del derecho de desistimiento es sumamente reduccionista. Y es que el legislador:

- Atribuye expresamente el derecho de desistimiento a los contratos de viaje combinado celebrados fuera de establecimiento mercantil,

- Atribuye la facultad de desistir del contrato en cualquier momento abonando una penalización, pero califica esta facultad como de resolución y finalmente,

- Priva a los contratos de viaje combinado concluidos a distancia del derecho de desistimiento sin terminar de apreciarse la motivación que le lleva a tomar esta decisión.
Por otro lado, nada se dice respecto a la forma que deba revestir la declaración de desistimiento. A falta de previsión expresa, nuestra doctrina ha venido considerando que de acuerdo con el art. 70 del TRLGDCU resultará válida cualquier forma admitida en derecho, si bien se aconseja vivamente la forma escrita a fin de dejar constancia de su ejercicio25.
Finalmente, resta analizar la vertiente temporal del derecho de desistimiento. En este caso, ya hemos apuntado que la previsión es en cierto modo superflua, ya que el legislador concede un plazo de catorce días para ejercer el derecho de desistimiento sin necesidad de justificación. En este sentido, se trata del mismo plazo establecido en el art. 71 del TRLGDCU, que aborda el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento en las relaciones de consumo y rige con carácter supletorio para todos aquellos supuestos en los que las disposiciones legales específicas que lo reconocen no se pronuncien sobre su contenido.

NOTAS:

1 Vid., en este sentido, SOLER VALDÉS - BANGO, A., El Contrato de Viaje Combinado... op. cit., p. 287, quien da cuenta de cómo el BGB atribuye tanto al organizador como al viajero el derecho a resolver el contrato una vez iniciada la ejecución del viaje si esta se ve "seriamente amenazada, perjudicada o complicada" ante el advenimiento de circunstancias de fuerza mayor.
2 Art. 68.1 in fine del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
3 Dicho plazo fue incrementado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, ya que anteriormente era de siete días.
4 Art. 68.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
5 Vid., en este sentido, la SAP de Asturias nº 41/2016, de 8 de febrero.
6 SAP de Barcelona nº 785/2004 de 2 noviembre.
7 La SAP nº 41/2016 de 8 febrero tiene en este sentido en cuenta que "pese a que cualquiera podría intuir la natural preocupación e incertidumbre que el devenir de los acontecimientos tenía que suscitar en sus clientes, ni la agencia ni el mayorista abrieron un canal de comunicación con estos, ni consta que hicieran un seguimiento del fenómeno para recabar información razonablemente fiable y distinta de la general que podían ofrecer los medios de comunicación al uso (...) Tampoco consta que en las horas inmediatamente anteriores al embarque el organizador estuviera en disposición de confirmar que el tifón se había transformado en una tormenta tropical, ni que el pronóstico más fiable fuera el de la tendencia a la remisión".
8 Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara nº 10/2004 de 23 diciembre.
9 De las sentencias analizadas parece deducirse que no es tan importante el grado de parentesco como la gravedad de la situación, que resulte apta para constituir un supuesto de fuerza mayor. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga nº 613/2005, de 25 de julio, consideró que el infarto cerebral sufrido por la suegra del viajero, de edad no demasiado avanzada (67 años), debía ser considerado fuerza mayor por cuanto, al carecer de patologías previas, difícilmente habría sido evitable. A mayor abundamiento, se dice, la situación generada hacía imposible el disfrute y el descanso que habían guiado a la conclusión del contrato de viaje combinado vacacional.
10 El Texto Refundido sigue en este punto al pie de la letra el espíritu de la Directiva, que declaraba en su Considerando 31 que "Los viajeros también deben poder poner fin al contrato de viaje combinado en cualquier momento antes de su inicio a cambio del pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable, teniendo cuenta el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje".
11 Como disponía el antiguo art. 160 a) del TRLGDCU el viajero "abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y diez, y el 25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida".
12 GÓMEZ CALERO, J., Régimen jurídico del contrato de viaje combinado... op. cit., p. 158.
13 Téngase en cuenta que la falta de presentación al inicio del viaje se ha venido considerando en nuestro país en sentido amplio, siendo susceptible en consecuencia su aplicación a aquellos supuestos en los que la notificación haya sido tan tardía que haga prácticamente imposible ser recibida por la contraparte contractual. En está línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 430/2001 de 29 octubre no tiene en cuenta la notificación efectuada por el viajero, al disponer que "Teniendo en cuenta lo anterior lo lógico es entender que, dentro de aquél plazo de 48 horas aludido la declaración de voluntad tiene que llegar a conocimiento de su destinatario y en el caso concreto, emitiéndose aquélla a las 21.15 horas, a Nobel Tours, y a las 20.15 horas, a Viajes Halcón, del 19 de julio, y siendo la salida del viaje concertado a las 7.30 horas del lunes 20 del mismo mes, y abriendo las oficinas con posterioridad a esta hora, es evidente que la declaración de voluntad realizada por los actores no llegó a conocimiento de las demandadas sino con posterioridad a la hora prevista de salida, encontrándonos, por tanto, ante el supuesto de no presentación de la salida y ello con independencia de que el vuelo Madrid-Bali no tuviera prevista su salida hasta las 13.30 horas del día 20 y la ocupación del hotel no se fuera a producir hasta el día siguientes pues 'el paquete' de viaje incluía también el vuelo Vigo-Madrid, siendo, concretamente, el inicio de este vuelo el comienzo del viaje".
14 Hay que tener en cuenta, a pesar de todo, lo dispuesto en el art. 151.1 j), que en sede de definiciones entiende por "Circunstancias inevitables y extraordinarias": una situación fuera del control de la parte que alega esta situación y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables.
15 El precepto tenía el siguiente tenor:

Artículo 29. En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total del precio como del depósito previsto en el artículo 24, pero deberá indemnizar a la Agencia en las cuantías que a continuación se indican.
a) En el caso de paquetes turísticos, abonará los gastos de gestión así como los de anulación debidamente justificados.
b) En el caso de paquetes turísticos, abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en: El 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo causa de fuerza mayor demostrable o acuerdo entre las partes en otro sentido.
c) En el caso de que alguno de los servicios sueltos o el paquete turístico estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas, especiales, etc. (sic), los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
16 MORALEJO IMBERNÓN, N., "Resolución del contrato o cancelación", en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, p. 2236.
17 En la misma línea, MARTÍNEZ ESPÍN, P., "El nuevo régimen de los viajes combinados y servicios de viaje vinculados: Una de cal y otra de arena", Boletín del Centro de Estudios de Consumo, Universidad de Castilla la Mancha, 10 de enero de 2019, p. 9.
18 BERMÚDEZ BALLESTEROS, Mª S., "El Derecho de desistimiento en materia de viajes combinados", Revista CESCO de Derecho de Consumo, nº 2, 2012, p. 93.
19 DE LA HAZA DÍAZ, P., El contrato de viaje combinado. La responsabilidad... op. cit., p. 174.
20 Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nº 2047/2005, de 3 de noviembre.
21 Declara su Fundamento de Derecho Segundo que "sin esa información nos parece inadmisible que se impongan a los usuarios consecuencias tan drásticas como las de que aquí se trata. Porque no es que se pretenda que el demandado pague unos pequeños gastos, que podrían suponerse conocidos por cualquiera que primero encarga un viaje y luego lo cancela. De lo que se trata es de que el usuario soporte la mayor parte del precio del viaje, incluido el coste de los billetes de avión; coste que se pretende introducir en la responsabilidad legalmente establecida, por la vía de considerarlo un gasto de anulación o de gestión. En realidad, faltando la información previa, no puede repercutirse al usuario gasto alguno, porque la Ley exige que se facilite la información previa, con la finalidad de que el interesado sepa a qué atenerse, de tal manera que, cuando se exigen gastos de cancelación sin haberse dado antes aquella información, se burla el espíritu y la finalidad de la ley, a los que primordialmente hay que atender al interpretarla y aplicarla. La suposición de conocimiento de la existencia de pequeños gastos cuando se cancela no deja de ser eso, una suposición, más o menos verosímil, pero una suposición".
22 Vid. CAMACHO DE LOS RÍOS, F.J. / ESPIGARES HUETE, J.C., "Un apunte sobre el derecho de desistimiento y la protección de los consumidores en los contratos turísticos: El caso de los contratos de viaje combinado", en Aspectos jurídico-mercantiles del turismo (coord. AURIOLES MARTÍN, A.), Atelier, Barcelona, 2003, p. 93, quien apuntaba la urgente necesidad de plantear una configuración adecuada del derecho de desistimiento para los contratos de viaje combinado celebrados a distancia.
23 Sí que opera, no obstante, de acuerdo con el art, 103 TRLGDCU, en relación con los contratos que se refieran a:

"l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un período de ejecución específicos".
24 SÁNCHEZ GÓMEZ, A., "Art. 93. Excepciones", en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, p. 1423.
25 Vid., en este sentido, BERMÚDEZ BALLESTEROS, Mª S., "El Derecho de desistimiento..." op. cit., p. 98.

ÍNDICE:

Capítulo I. La Reforma de la LGDCU para adaptar el Derecho Español a la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados
MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS

I. INTRODUCCIÓN

II. LAS RAZONES DE LA MODIFICACIÓN

1. Principales novedades de la Directiva (UE) 2015/2302 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados

2. La orientación de la reforma en el Derecho español

III. LAS REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

IV. LA REFORMA DE LOS VIAJES COMBINADOS

V. LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

VI. VALORACIÓN DE LA REFORMA

Capítulo II. Los nuevos conceptos en materia de viajes combinados y servicios de viaje vinculados
MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS

I. INTRODUCCIÓN

II. LOS SERVICIOS TURÍSTICOS COMBINADOS: SERVICIOS DE VIAJE, VIAJE COMBINADO Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

1. La realidad práctica a la que se debe aplicar la nueva normativa

2. Las soluciones que arbitra la nueva norma

A. Para los viajes combinados

B. Para los servicios de viaje vinculados

C. Supuestos excluidos

III. EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA NORMA

1. El viajero

A. El viajero frente al consumidor y frente al pasajero

B. El concepto de viajero que contiene la norma de viajes combinados y servicios de viaje vinculados

2. Los conceptos de empresario, organizador, minorista y prestador de servicios de viaje

A. El empresario

B. El organizador del viaje combinado y el minorista

C. Los prestadores de los concretos servicios de viaje

Capítulo III. La información y los viajes combinados
PABLO JARNE MUÑOZ

I. INTRODUCCIÓN

II. LOS DEBERES DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

1. Ámbito subjetivo de los deberes de información precontractual en materia de viajes combinados

2. A propósito de la superación del folleto informativo como vehículo de información en un escenario digital

3. Contenido de la información

III. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CONTENIDO DEL CONTRATO Y NOCIONES DE RESPONSABILIDAD

Capítulo IV. Las modificaciones en el contrato previas al inicio del viaje
PABLO JARNE MUÑOZ

I. APROXIMACIÓN A LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO CON CARÁCTER PREVIO AL INICIO DEL VIAJE

1. Los contratos de viaje combinado como contratos de adhesión

2. Modificaciones subjetivas y modificaciones objetivas del contrato

II. LA PROBLEMÁTICA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO

III. LAS MODIFICACIONES OBJETIVAS DEL CONTRATO

1. La modificación del precio

2. La modificación de las demás cláusulas

Capítulo V. Terminación del contrato y derecho de desistimiento
PABLO JARNE MUÑOZ

I. RESOLUCIÓN, CANCELACIÓN Y DERECHO DE DESISTIMIENTO

1. La resolución del contrato

2. La cancelación del contrato por parte del organizador

3. El derecho de desistimiento en materia de viajes combinados

A. El derecho de desistimiento y las diversas modificaciones en la normativa aplicable a los viajes combinados

B. La aplicación del derecho de desistimiento a los contratos a distancia y a los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil

Capítulo VI. La responsabilidad del organizador y del minorista del viaje combinado
MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS

I. INTRODUCCIÓN

II. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PREVISTO EN LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS VIAJES COMBINADOS

1. Naturaleza de la responsabilidad

2. El deber de cooperación del viajero

3. Sujetos responsables y alcance de su responsabilidad

4. El derecho de repetición

III. RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA FALTA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO

1. Consecuencias de la falta de conformidad con el contrato

2. Consecuencias del incumplimiento

IV. RESPONSABILIDAD POR EL PERIODO AL QUE AFECTE LA FALTA DE CONFORMIDAD Y POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

1. La responsabilidad por el periodo de falta de conformidad

2. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la falta de conformidad

A. Las causas de exoneración de la responsabilidad

B. La compatibilidad de las limitaciones de responsabilidad

C. El ejercicio de las acciones

Capítulo VII. La nueva regulación de las garantías en los viajes combinados y en los servicios de viaje vinculados
LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ

I. PRELIMINAR

1. El incumplimiento empresarial en los viajes combinados y en los servicios de viaje vinculados: sus graves consecuencias y su difícil reparación

2. La necesaria protección normativa del viajero frente al incumplimiento empresarial en los viajes combinados y en los servicios de viaje vinculados

3. Las garantías en los viajes combinados y en los servicios de viaje vinculados como instrumentos de protección del viajero

II. EL DIFERENTE ALCANCE DE LAS GARANTÍAS EN LOS VIAJES COMBINADOS Y EN LOS SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

1. La garantía más amplia en materia de viajes combinados

2. Finalidad y razón de ser de la exclusión de la garantía de la responsabilidad contractual en los servicios de viaje vinculados

III. LA INSOLVENCIA COMO ELEMENTO COMÚN DE LAS GARANTÍAS EN LOS VIAJES COMBINADOS Y EN LOS SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

1. La obligación de constituir una garantía y las formas de prestarla

2. Las coberturas de la garantía: especial referencia a la repatriación de los viajeros

3. La delimitación de la insolvencia y de sus manifestaciones

4. Los beneficiarios de la garantía

5. La disponibilidad de la garantía

6. La cooperación administrativa e institucional en la protección contra la insolvencia

IV. LA GARANTÍA DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL EN LOS VIAJES COMBINADOS

1. Las limitaciones de la insolvencia como concepto general y abstracto: los supuestos de incumplimiento empresarial ajenos a la situación de insolvencia

2. La responsabilidad empresarial por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de viaje combinados frente a los contratantes

3. La acción directa del perjudicado frente al sistema de cobertura

V. REFLEXIONES FINALES

Capítulo VIII. La regulación de los servicios de viaje vinculados. La prescripción de las reclamaciones y el régimen sancionador
LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ

I. INTRODUCCIÓN: LA NUEVA FIGURA DE LOS SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

1. La delimitación de los servicios de viaje vinculados

2. La tipología de los servicios de viaje vinculados: los llamados "paquetes dinámicos"

II. LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS

1. Introducción: el valor de la información precontractual en los servicios de viaje vinculados como instrumento de protección del consumidor

2. Los sujetos de la obligación de información precontractual en los servicios de viaje vinculados

3. La forma de la comunicación en la información precontractual en los servicios de viaje vinculados

4. El contenido de la información precontractual en los servicios de viaje vinculados

5. Las consecuencias del incumplimiento de la obligación de información precontractual en los servicios de viaje vinculados

III. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS RECLAMACIONES Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR

1. La prescripción de las reclamaciones sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados

2. El régimen sancionador: las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de turismo y la diversidad de requisitos de acceso al mercado

IV. VALORACIÓN CRÍTICA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

JURISPRUDENCIA

BIBLIOGRAFÍA