Jurisprudencia

Cabecera: Falsificacion de documentos publicos. Delito continuado de estafa. Subtipo agravado de estafa. Delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa. Vulneracion de derechos fundamentales.
Jurisdicción: Penal
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 23/07/2019
Tipo resolución: Sentencia
Sala: Segunda Sección: Primera
Número Sentencia: 371/2019 Número Recurso: 853/2018
Numroj: STS 2625:2019
Ecli: ES:TS:2019:2625
Voces sustantivas: Agravaciones específicas, Atenuante analógica, Circunstancia atenuante, Circunstancias agravantes, Contrato de préstamo, Delito de estafa, Delitos de falsedades, Estafas, Falsificación de documentos públicos, Filiación, Fraudes, Imprudencia, Pena de multa, Responsabilidad criminal, Reconocimiento de deuda, Registro mercantil, Responsabilidad civil, Agravante de reincidencia, Aplicación de la ley penal, Aplicación de la pena, Apoderado, Circunstancias muy cualificadas, Confesión de la infracción, Delitos continuados, Documento privado, Documento público, Dolo, Empleados públicos, Error de derecho, Estafas agravadas, Imputación objetiva, Inmatriculación, Non bis in idem, Negligencia, Pena superior en grado, Reincidencia, Ánimo de lucro, Atestados policiales, Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, Concepto de delito continuado, Cuentas bancarias, Dilaciones indebidas, Documento nacional de identidad, Derecho a la tutela judicial efectiva, Determinación de la pena, Documentos auténticos, Documentos privados, Documentos públicos, Embargo, Falsedad en documento oficial, Falsedad en documento público, Garantía real, Inscripción registral, Marcas, Negocio jurídico, Penalidad, Plazos, Propiedad, Reincidencia
Voces procesales: Costas procesales, Ministerio fiscal, Prueba, Condena en costas, Conexión, Confesión, Diligencias previas, Derecho a la presunción de inocencia, Derecho a la tutela judicial efectiva, Derecho de defensa, Error en la apreciación de la prueba, Fase intermedia, Falsedad de documento, Fase de instrucción, Infracción de ley, Juicio oral, Motivación de las resoluciones, Motivos de casación, Prueba documental, Proceso con todas las garantías, Proceso sin dilaciones indebidas, Quebrantamiento de forma, Resoluciones judiciales, Vulneración de derechos fundamentales, Documentos falsos, Ratio decidendi

ENCABEZAMIENTO:

RECURSO CASACION núm.: 853/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Sentencia núm. 371/2019
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca
D. Alberto Jorge Barreiro
D. Pablo Llarena Conde
Dª. Carmen Lamela Diaz
D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina
En Madrid, a 23 de julio de 2019.
Esta sala ha visto el recurso de casación 853/2018 interpuesto por Urbano , representado por el procurador D. Guzmán de la Villa de la Serna bajo la dirección letrada de D.ª Mónica Caellas Camprubí; Jose Francisco , representado por el procurador D. Miguel Zamora Bausa bajo la dirección letrada de D.ª Carmen Aparicio Moreno; Jose Enrique , representado por la procuradora D.ª Raquel Rujas Martín bajo la dirección letrada de D. Alejandro Javier Borrella Díaz; y por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2017 por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quinta, en el Rollo n.º 98/2015 , en el que se condenó a Urbano y a Jose Enrique como autores criminalmente responsables de un delito consumado y continuado de falsedad en documento público y oficial de los artículos 392.1 , 390.1.2 .º y 3 .ª y 74 del Código Penal , en concurso medial del artículo 77 del Código Penal , con un delito consumado y continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248 , 249 , 250.1.5 .º y 74 del Código Penal ; y a Jose Francisco como autor criminalmente responsable de un delito consumado y continuado de falsedad en documento público y oficial de los artículos 392.1 , 390.1.2 .º y 3 .ª y 74 del Código Penal , en concurso medial del artículo 77 del Código Penal , con un delito consumado de estafa previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 250.1.5.º del Código Penal . Han sido parte recurrida las siguientes acusaciones particulares Luis Pedro , representado por la procuradora doña María Gamazo Trueba bajo la dirección letrada de don Juan Luis Gimeno Bayón Capmany; Jose Augusto , representado por la procuradora doña Beatriz de Miquel Balmes bajo la dirección letrada de don David Jurado Beltrán, y Carlos Jesús , Abilio , Alberto , Jesús Manuel , Alonso y Obres Banyeres S.L., representados por la procuradora doña Dolores Martín Cantón bajo la dirección letrada de don Cristóbal Martell Pérez-Alcalde.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción n.º 17 de Barcelona incoó Diligencias Previas n.º 3636/2012 por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales contra, entre otros, los recurrentes Urbano , Jose Enrique y Jose Francisco , que una vez concluido remitió para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quinta. Incoado el Rollo 98/2015, con fecha 19 de diciembre de 2017 dictó sentencia n.º 790/2017 en la que se contienen los siguientes HECHOS PROBADOS:
"PRIMERO.- Ha resultado probado y así se declara que todos los acusados eran, mayores de edad al tiempo de los hechos que a continuación se declararán probados:
- Urbano , nacido el NUM000 de 1969, con DNI n° NUM001 ;
- Jose Enrique , nacido el NUM002 de 1959, con DNI n° NUM003 y condenado en virtud -de sentencia firme de fecha 2 de marzo de 201.2 dictada por le Juzgado de lo Penal n° 7 de los de Zaragoza, como autor de un delito de falsificación documental del artículo 392 del Código Penal a la pena de tres años de prisión y a la pena de doce meses de multa, y de un delito de estafa a la pena de tres años de prisión y doce meses de multa y un delito de simulación de delito;
- Jose Francisco , nacido el NUM004 de 1951, con DNI n° NUM005 ; y
- Conrado nacido el NUM006 de 1960, con DNI n° NUM007 .
SEGUNDO.- Jose Enrique y Urbano al tiempo de los hechos que se declaran probados eran los únicos socios de la mercantil denominada LA LLAVE DEL MARESME, S.L, al ser titulares cada uno de ellos del 50% de sus participaciones, y además desde su constitución eran administradores solidarios de la misma, si bien en fecha 12 de abril de 2012 se elevó a pública la renuncia del primero a dicho cargo, aunque a partir de dicha fecha siguió coadministrando de hecho la compañía. Esta entidad tenía como actividad la intermediación en la compraventa de inmuebles, así como en menor medida su arriendo. Estos dos acusados además actuaban como administradores de hecho de la mercantil EUROPEA DE GANADERÍA, S.L., cuyo administrador de derecho era el acusado Conrado .
Aunque cada uno de estos dos acusados, Jose Enrique y Urbano , desarrollaban principalmente funciones diferenciadas, como la de dedicarse el primero por ser abogado a la preparación y formalización de los negocios jurídicos y documentación relacionados la actividad de dicha entidad, y el segundo a las comerciales, ambos acusados se concertaron en la realización de los hechos, actos y negocios jurídicos que seguidamente se consignarán, siendo plenamente conocedores, cada uno de ellos, de todas las circunstancias y detalles de los mismos y de su verdadero contenido, y teniendo pleno dominio de su preparación y ejecución:
A.- El acusado Jose Enrique , el día 24 de abril de 2012, se personó en la Notaria de Sabadell de D° José Antonio García Vila,, en compañía de un individuo no identificado -que el acusado aportó- que suplantó la identidad de Jose Augusto , interviniendo como deudor, manifestando ser él y entregando al Notario un DNI que imitaba uno original, en el que constaban los datos de filiación del propio suplantado y en el que se había insertado la fotografía de suplantador con el fin de dotarlo de credibilidad, y además en compañía de Geronimo , en representación de la mercantil INVERSAICA, S.L. como prestamista, firmando ambos una escritura pública, con el número de protocolo 592 del año 2012, de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria del inmueble sito en la CALLE000 n° NUM008 de la localidad de Sant Vicenç de Montalt, del que era propietario el verdadero Jose Augusto , simulando el suplantador la firma de éste, siendo dicho reconocimiento de deuda de importe de 214.000.-€ que se entregaron en tres cheques bancarios, que finalmente tuvieron el siguiente destino, con la intervención directa del acusado Jose Enrique :
-Uno de 120.000.-€, nominativo a Jose Augusto , que posteriormente fue endosado y cobrado en una cuenta bancaria de la oficina n° 0049, del Banco Popular Español, sita en la calle La Rambla n° 42-44 de la ciudad de Mataró, titularidad de la sociedad EUROPEA DE GANADERÍA, S.L. de la que era administrador único el acusado Conrado .
-Otro de 62.000.-€ al portador que se quedó en poder del representante de la entidad prestamista, para hacer frente al pago de gastos, impuestos, comisiones y también a propio beneficio de aquella entidad en concepto de intereses adicionales.
-Y otro de 32.000.-€, nominativo a Jose Augusto , siendo cobrado el mismo día en ventanilla en la oficina 0346, sita en la Carretera de Barcelona 144 de Sabadell, por el falso Lorella acompañado por el acusado Jose Enrique .
B.- El acusado Urbano , el día 15 de mayo de 2012, se personó en la Notaria de Barcelona de Enrique Peña Félix, en compañía del acusado Jose Francisco -que aquel acusado aportó- que suplantó la identidad de Luis Pedro , interviniendo como prestatario, manifestando ser él y entregando al Notario un DNI que imitaba uno original, en el que constaban los datos de filiación del propio suplantado y en el que se había insertado la fotografía del suplantador con el fin de dotarlo de credibilidad, y el repetido Jose Francisco que otorgó y firmó las siguientes dos escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, simulando la firma del repetido Luis Pedro , que era propietario del inmueble sito en el Passeig DIRECCION000 n° NUM009 de Sant Andreu de Llavaneres:
1.- Escritura de préstamo, con el número de protocolo 2.886 de 2012, por importe de 252.000.-€, con garantía hipotecaria sobre el referido inmueble, que la otorgaron como prestamista del 50% de dicho importe: Abilio , como apoderado de la sociedad Obres Banyeres, S.L.; y como prestamistas del restante 50%: Jesús Manuel y Alonso ; figurando como prestatario: Luis Pedro , suplantado por el acusado Jose Francisco .
El interés pactado para dicho préstamo fue del 15% anual con un plazo de devolución de doce meses, siendo entregado el dinero mediante los cheques siguientes:
-Uno nominativo a Luis Pedro pot importe de 11.000.-€.
-Otro nominativo a Luis Pedro por importe de 23.000.-€.
-Otro nominativo a Luis Pedro por importe de 6.000.-€.
-Otro al portador por importe de 17.000.-€.
-Otro cheque nominativo a Luis Pedro por importe de 20.500.-€.
-Otro cheque nominativo a Luis Pedro por importe de 85.000.-€.
-Otro cheque nominativo a Luis Pedro por importe 69.000.-€.
-Y otro cheque nominativo a Luis Pedro por importe de 20.500.-€.
2.- Escritura de préstamo, con el número de protocolo 2.888 del año 2012, por importe de 182.000.-€, con garantía hipotecaria sobre el referido inmueble, que la otorgaron como prestamista Carlos Francisco , si bien los fondos en cuanto a la suma de 51.300.-€ pertenecían a Luis Francisco .
El interés pactado para dicho préstamo fue del 12% anual con un plazo de devolución de once meses, siendo entregado el dinero mediante los cheques siguientes:
-Uno nominativo a Luis Pedro por importe de 77.000.-€.
-Otro nominativo a Luis Pedro por importe de 21.200.-€.
-Otro nominativo a Luis Pedro por importe de 46.000.-€.
-Otro al portador por importe de 26.000.-€.
-Otro al portador por importe de 11.800.-€.
Todos los anteriores cheques que recibió en la Notaria el acusado Jose Francisco , tuvieron posteriormente el siguiente destino, con la intervención directa del acusado Urbano :
*Los cheques de importes 23.000.-€, 46.000.-€ y 26.000.-€ se compensaron en la entidad 2038, oficina 6685, los de 11.800.-€, 6.000.-€ y 69.000,.€, compensados, e ingresados, en fecha 17.5.2012, en la cuenta de la entidad Bankia, oficina n° 6685, sita en la calle Muralla de Sant Llorensç n° 19-1 de Mataró de titularidad de la mercantil EUROPA DE GANADERÍA, S.L.
*Los cheques de importes 85.000.-€ y 21.200.-€ se ingresaron, en fecha 18.5.2012, en la cuenta de la entidad Bankia, oficina n° 6685, sita en la calle Muralla de Sant Llorensç n° 19-1 de Mataró de titularidad de la mercantil EUROPA DE GANADERÍA, S.L.
*El cheque de importe 77.000.-€, fue cobrado en fecha 15.5.2012 por ventanilla en la oficina n° 0665 del Banco de Sabadell, sita en la calle Balines n° 423 de Barcelona, por persona que se identificó como Luis Pedro .
*El cheque por importe de 17.000.-€ fue cobrado por Victor Manuel , administrador de la sociedad Opción Hipotecaria, una de las entidades que intervinieron en la intermediación de las operaciones.
*El cheque por importe 20.500.-€ fue ingresado en fecha 15 de mayo de 2012, en una cuenta bancaria a nombre de Lantor Consulting, S.L., en la que figuraba como autorizado el intermediario Alberto .
*El cheque de importe 20.500.-€ fue abonado El día 18.6.2012 en una cuenta de titularidad de la mercantil Meibsa, S.L. en concepto de intermediación.
*El cheque de importe 11.000.-€ fue abonado.
TERCERO.- Los acusados Urbano y Jose Enrique facilitaron al falsificador material de los respectivos DNIs las fotografías de los suplantadores.
CUARTO.- En el mes de julio de 2012 el Juzgado de Instrucción n° 4 de los de Mataró, en el mes de octubre de 2012 el Juzgado de Instrucción n° 3 de Mataró, en el mes de agosto de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 5 de los de Mataró, y en el mes de septiembre de 2012 el Juzgado de Instrucción n° 3 de los de Sabadell, se incoaron Diligencias Previas en relación a estos hechos, celebrándose finalmente el juicio oral a finales del mes de noviembre de 2017, es decir transcurridos más de cinco años, cuando las diligencias a practicar no eran especialmente complejas, consistiendo en las declaraciones de los acusados, testigos, entre ellos los prestamistas perjudicados y los verdaderos propietarios de los dos inmuebles, diligencias que se realizaron fundamentalmente durante los años 2012 y 2013, y la obtención de documentación de las entidades bancarias sobre el destino de los fondos, y sin que se aprecie que las dilaciones indebidas resultantes hayan sido imputables a los acusados.".
SEGUNDO.- La Audiencia de instancia emitió el siguiente pronunciamiento:
Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Urbano como autor criminalmente responsable de un delito consumado y continuado de falsedad en documento público y oficial de los artículos 392.1 , 390.1.2 ° y 3 ª y 74 del Código Penal , en concurso medial del artículo 77 del Código. Penal , con un delito consumado y continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248 , 249 , 250.1.5 ° y 74 del Código Penal , sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, salvo la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal , a la pena de PRISIÓN DE TRES AÑOS Y UN MES, a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de MULTA DE OCHO MESES Y DIEZ DÍAS, con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e insolvencia de un día por cada, dos, cuotas de multa impagadas, con expresa imposición de un tercio de las costas, con inclusión de las de las acusaciones particulares.
Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Jose Enrique como autor criminalmente responsable de un delito consumado y continuado de falsedad en documento público y oficial de los artículos 392.1 , 390.1.2 ° y 3 ª y 74 del Código Penal , en concurso medial del artículo 77 del Código Penal , con un delito consumado y continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248 , 249 , 250.1.5 ° y 74 del Código Penal , sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, salvo la agravante de reincidencia del artículo 22.8ª del propio Código y la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª también del mismo código , a la pena de PRISIÓN DE TRES AÑOS Y SEIS MESES, a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de MULTA DE NUEVE MESES, con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e insolvencia de un día por cada dos cuotas de multa impagadas, con expresa imposición de un tercio de las costas, con inclusión de las de las acusaciones particulares.
Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Jose Francisco como autor criminalmente. responsable de un delito consumado y continuado de falsedad en documento público y oficial de los artículos 392.1 , 390.1.2 ° y 3 ª y 74 del Código Penal , en concurso medial del artículo 77 del Código Penal , con un delito consumado de estafa previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 250.1.5° del Código Penal , sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, salvo la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal , a la pena de PRISIÓN DE DOS AÑOS, a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de MULTA DE OCHO MESES, con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e insolvencia de un día por cada dos cuotas de multa impagadas, con expresa imposición de un sexto de las costas, con inclusión de las de las acusaciones particulares.
Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Conrado de toda responsabilidad criminal por los hechos por los que se ha seguido la causa contra el, con declaración de un sexto de las costas de oficio.
Para el cumplimiento de la responsabilidad principal y subsidiaria que se impone, se abona a los acusados condenados el tiempo que hayan estado privados de libertad por esta causa.
DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NULOS los contratos de préstamo, el reconocimiento de deuda, las hipotecas constituidas, y las escrituras públicas en que se instrumentaron, lo que debe tener como consecuencia, una vez firme la presente sentencia, la cancelación de las inscripciones que causaron en los correspondientes Registros de la Propiedad, y a tal fin se expedirán los correspondientes mandamientos. Las tres escrituras públicas a las que afecta la nulidad que se declara son las siguientes:
-a) La autorizada el día 24 de abril de 2012 por el Notario con residencia en Sabadell D° José Antonio García Vila, con su número de protocolo 592 del año 2012.
-b) La autorizada el día 15 de mayo de 2012 por el Notario con residencia en Barcelona D° Enrique Peña Félix, con su número de protocolo 2.886 de 2012.
-c) La autorizada el día 15 de mayo de 2012 por el Notario con residencia en Barcelona D° Enrique Peña Félix, con su número de protocolo 2.888 de 2012.
DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados, en la forma que se consignará, a resarcir e indemnizar a las siguientes mercantiles y personas físicas, por los daños y perjuicios que les han causado, con el siguiente detalle:
A.-INVERSAICA, S.L. la cantidad resultante de adicionar las siguientes sumas: 120.000.-€, 32.000.-€, 10.000.-€ más IVA, y los impuestos, en su caso, y gastos originados por el otorgamiento de la escritura pública, letra a), e inscripción en el Registro de la Propiedad dé la hipoteca, cuyo pago quede acreditado en ejecución de sentencia siempre que haya sido abonado por dicha entidad.
B.-OBRAS BANYERES, S.L. un 50%, Jesús Manuel un 25% y Alonso el restante 25%, de la total suma de 250.000.-€, más los impuestos, en su caso, y gastos originados por el otorgamiento de la escritura pública, letra b), e inscripción en el Registro de la Propiedad de la hipoteca, cuyo pago quede acreditado en ejecución de sentencia siempre que haya sido abonado por los expresados.
C.- Carlos Francisco la suma de 130.700.-€ y Luis Francisco la suma de 51.300.-€, más los impuestos, en su caso, y gastos originados por el otorgamiento de la escritura pública, letra c), e inscripción en el Registro de la Propiedad de la hipoteca, cuyo pago quede acreditado en ejecución de sentencia siempre que haya sido abonado por los expresados.
D.-Además, se les adicionará el interés legal desde la fecha, en que fueron otorgadas las respectivas escrituras públicas y con aplicación del interés legal del artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
E -Finalmente, Jose Augusto y Luis Pedro deberán percibir el interés legal, calculado sobre el valor de los inmuebles en la fecha en que quedaron inscritas las hipotecas en el Registro de la Propiedad, y hasta que se levanten dichas hipotecas del Registro, cuyos gastos de cancelación también deberán ser indemnizados, y con aplicación del interés legal del artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Se condena a los acusados Urbano y Jose Enrique a pagar solidariamente las sumas a que se refieren los anteriores apartados A, D, y E en cuanto a Jose Augusto .
Se condena a los acusados Urbano , Jose Enrique y Jose Francisco a pagar solidariamente las sumas -a que se refieren los anteriores apartados B, C, D, y E en cuanto a Luis Pedro .
Se declaran responsables civiles subsidiarios a las mercantiles LA LLAVE DEL MARESME, S.L y EUROPEA DE-GANADERÍA, S.L. de las responsabilidades que resulten de los expresados apartados A, B, C, D y E. Esta responsabilidad civil de EUROPEA DE GANADERIA, S.L. tendrá como límite cuantitativo máximo la suma total de las cantidades en las que ella intervino provenientes de las defraudaciones.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de casación dentro del plazo de cinco días.".
TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, el Ministerio Fiscal anunció su propósito de interponer recurso de casación por infracción de ley, y las representaciones procesales de Jose Francisco , Urbano y Jose Enrique , lo hicieron por vulneración de precepto constitucional, infracción de ley, quebranto de forma, recursos que se tuvieron por preparados remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
CUARTO.- El recurso formalizado por Urbano , se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero.- Infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal : vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), por ausencia de motivación jurídica de la sentencia recurrida ( art. 120.3 CE ).
Segundo.- Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación de los artículos 392.1 , 390.1.2 .º y 3.ª del Código Penal .
Tercero.- Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación de los artículos 248 , 249 y 250.1.5.º del Código Penal .
Cuarto.- Infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del apartado 6 del artículo 21 del Código Penal , en relación con el ordinal 2 del apartado 1 del artículo 66 también del Código Penal .
El recurso formalizado por Jose Francisco , se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero.- Por infracción de ley, formulado al amparo del artículo 849.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 21.4.º del Código Penal , en relación con los artículos 248 , 149 y 250.1.5.º del mismo Texto legal , así como el artículo 21.7 del Código Penal . Motivo que se encuentra también relacionado con el apartado 2.º del artículo 849, al haber existido un error en la apreciación de la prueba, en referencia al atestado policial obrante a los folios 619 y siguientes en cuanto a la apreciación de la atenuante de confesión.
Segundo.- Formulado al amparo del artículo 849.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 21.6 del Código Penal (atenuante de dilaciones indebidas), al no haber sido apreciada como muy cualificada.
El recurso formalizado por Jose Enrique , se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Primero.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 de la LOPJ , al haberse vulnerado el art. 24.2 de la CE y vía art. 9.3 y 10 de la Constitución , art. 6 del Convenio de Roma de 1950 y art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea . La sentencia valora solamente las dilaciones indebidas y lo aprecia sin diferenciar el derecho a ser oída la causa en plazo razonable.
Segundo.- 1.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ , al haberse vulnerado el art 24.2 de la CE y vía art. 9.3 y 10 de la Constitución , art. 6 del Convenio de Roma de 1950 y art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea . Se alega infracción de precepto constitucional al amparo de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRim por vulneración del art. 24 de la CE , presunción de inocencia y tutela judicial efectiva.
2.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849 .1 de la LECRim , por no aplicación de la atenuante contenida en el artículo 21.6 del Código Penal , de dilaciones extraordinarias como cualificada, que debe analizarse conjuntamente, y con base al artículo 852 de la LECRim , con la vulneración del artículo 24.2 CE : Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
3.- Por quebrantamiento de forma al amparo del art.849.1, en relación con la vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva consagrado en el artículo 24 C.E .
4.- Y todos ellos por la aplicación incorrecta del art. 21.6 en relación al art. 66.2 del Código Penal
La sentencia valora solamente las dilaciones indebidas y lo aprecia en su fundamento jurídico octavo, como atenuante simple, mientras que cuando se rebasa con creces la simple dilación se debe de aplicar la atenuante muy cualificada que es lo que aquí se recurre. Incumple la doctrina legal sobre el art. 21.6 en relación al 66.2 del Código Penal .
Tercero- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ , al haberse vulnerado el art. 24.2 y 25.1 de la CE y art.849.1 LECrim y en relación al art. 852 LECrim . Vulneración del principio non bis in idem, consistente en que una persona no puede ser castigada más de una vez por la misma infracción, ni una circunstancia puede ser tenida en cuenta doblemente para determinar la naturaleza del hecho, o dicho de otra manera que una acción o una circunstancia concurrente no puede ser enjuiciada dos veces, o tenida en cuenta doblemente a la hora de establecer una sanción.
Cuarto. Por quebrantamiento de forma, al amparo del número uno, inciso segundo, del art. 851 LECrim ., por resultar manifiesta contradicción entre los hechos declarados probados en la sentencia puesto que en el hecho probado dice que estableció relación solo con el Sr. Jose Enrique , hecho segundo y con Europea de Ganadería y La Llave del Maresme S.L., en relación al Sr. Urbano , administrador único de la sociedad. Indefensión por falta de concreción de qué pruebas son las que conducen a tal afirmación. Art. 24 de la Constitución . Doctrina legal sobre el deber de motivación. La sentencia valora conjuntamente las pruebas sin especificar los apoyos probatorios a sus conclusiones fácticas mientras que los documentos evidencian otro resultado.
Quinto.- Error en la valoración de la prueba. Indefensión. Cláusulas de confrontación de testigos. Por error en la apreciación de la prueba, al amparo del número dos del art. 849 LECrim ., basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Infracción de la doctrina legal y jurisprudencial sobre las pruebas en juicio oral.
Sexto.- Por infracción de Ley, al amparo del número primero del art. 849 LECrim ., al haberse infringido el art 10 del Código Penal . Infracción de la doctrina legal y jurisprudencias. Art. 10 C.P violación del principio acusatorio y principio de legalidad penal. Sustitución de un tipo por otro. Aplicación del art. 392.1 en vez del art. 392.2 del C.P . Se invoca la doctrina legal respecto al Principio de legalidad penal y el principio acusatorio. Se invoca que en puridad jurídica la sentencia de instancia aplica en su condena el art. 392.1 referido al delito de falsedad en documento público por particular, cuando en realidad debería de aplicar el delito de uso de falsedad de documento de identidad, previsto y penado por el art. 392.2. del CP , art. 50.1 LOPJ , especial trascendencia constitucional sobre el principio de legalidad.
Séptimo.- Por error en la apreciación de la prueba, al amparo del número dos del art. 849 LECrim ., basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Se plantean tres errores en la valoración. Una primera valoración incorrecta de la prueba respecto a incorrección valorativa refrendada de las notas del registro mercantil por los propios efectos jurídicos que se constatan en dichos documentos. La renuncia a la administración de la empresa antes de cometerse los delitos tiene sus propios efectos jurídicos.
Octavo.- Por infracción de Ley, al amparo del número primero del art. 849 LECrim ., al haberse infringido el art. 248 y siguientes del Código Penal . Doctrina sobre el deber de autoprotección. El deber de autoprotección es una doctrina creada en torno al delito de estafa. Dicha doctrina ni aplica el tipo cuando el sujeto pasivo del delito incumple sus deberes de autoprotección o legales de diligencia.
Y El recurso formalizado por el Ministerio Fiscal, se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACIÓN:
Motivo único.- Por infracción de ley del n.º 1 del art. 849 de la LECR por incorrecta aplicación de las reglas previstas en los art. 74 , 77.3 , 66.1.1ª en relación con el artículo 250.º.5.ª del Código Penal vigente.
QUINTO.- Instruidas las partes de los recursos interpuestos, el Ministerio Fiscal y los recurridos Jose Augusto y Carlos Jesús , Abilio , Alberto , Jesús Manuel , Alonso y Obres Banyeres S.L., solicitaron la inadmisión e impugnaron de fondo los motivos de los recursos interpuestos por Urbano , Jose Francisco y Jose Enrique , e interesaron su desestimación, adhiriéndose los citados recurridos al recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal. Tras admitirse por la Sala, quedaron conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera. Y hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 27 de junio de 2019 que, dados los temas a tratar, se prolongó hasta el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRELIMINAR.- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Rollo de Sala 98/2015 , procedente de las Diligencias Previas 3636/2012, de los del Juzgado de Instrucción n.º 17 de esa misma capital, dictó sentencia el 19 de diciembre de 2017, en la que ha condenado a Urbano , Jose Enrique y Jose Francisco , como autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial de los artículos 392.1 , 390,.2 y 3 y 74 del Código Penal , en concurso medial con un delito continuado de estafa de los artículos 348 , 350.1.5 y 74, concurriendo en todos ellos la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal , además de la agravante de reincidencia para el acusado Jose Enrique .
Recurso interpuesto por la representación de Urbano .
PRIMERO.- El recurrente formula un primer motivo de casación, por infracción de precepto constitucional y al amparo de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM , al entender vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE , por quebranto de la obligación de motivación de las resoluciones judiciales fijada en el artículo 120.3 del mismo texto.
Entiende el recurrente que, si bien la resolución aborda una motivación fáctica y decisional del contenido del pronunciamiento, en el sentido de que realiza una valoración de la prueba practicada y contiene una explicación de la pena y de la responsabilidad civil que se impone, omite cualquier tipo de motivación jurídica decisional. Denuncia el recurrente que la sentencia incumple el deber de motivar el juicio de subsunción de los hechos, limitándose a consignar que el relato histórico es constitutivo de los tipos penales que fueron objeto de acusación, pero sin expresar la razón por la que entiende que estos tipos penales resultan aplicables.
El motivo debe ser desestimado. Como bien indica el Ministerio Fiscal en su impugnación al recurso, el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 24.1 CE , comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales y exige que las sentencias expliciten, de forma bastante, las razones de sus pronunciamientos, esto es, que estén motivadas de forma suficiente ( STS 714/2014 de 12 de noviembre ), lo que además de venir preceptuado en el artículo 142 LECRIM , está prescrito en el art. 120.3 CE y es consecuencia implícita de la prohibición de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos que impone el art. 9.3 de la misma.
El requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, como presupuesto para garantizar el completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, actuando también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción.
En el ámbito del Derecho Penal, en reiteradas ocasiones hemos expresado que la obligación que impone el art. 120 de la Constitución a los jueces y tribunales, de que las resoluciones judiciales deben ser motivadas, se desglosa en las tres exigencias que el recurso expresa: de un lado, la de consignar la motivación fáctica, es decir, la necesidad de reseñar en la resolución los elementos probatorios y la valoración de los mismos que conduce a la convicción del órgano jurisdiccional de que los hechos y la participación del acusado se ajusta a lo que se sostiene que aconteció. Es lo que se llama " motivación fáctica ", mediante cuya exteriorización el acusado pueda conocer qué concretas pruebas de cargo fundamentan la condena a fin de poder impugnarlas mediante los recursos correspondientes, permitiendo al Tribunal encargado de resolver el recurso verificar que la prueba ha sido lícitamente obtenida, legalmente practicada, contiene una suficiente carga incriminatoria y ha sido racionalmente valorada. En un segundo término, y con carácter previo a una " motivación decisional" que reflejaría las razones y circunstancias que conducen al órgano jurisdiccional a individualizar la decisión dentro del marco facultado por el legislador, la " motivación jurídica " responde a la exigencia de que el juez o tribunal exponga los razonamientos jurídicos en virtud de los cuales subsume los hechos probados en los tipos penales aplicados.
En todo caso, el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que puedan caber en el procedimiento que se resuelve, como no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial ( SSTC 14/91 , 175/92 , 105/97 , 224/97 ), debiendo considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella ( STC. 165/79, de 27 de septiembre ) y, en segundo lugar, una fundamentación en Derecho ( SSTC 147/99 de 4 de agosto y 173/2003 de 19 de septiembre ), particularmente cuando da respuesta a las cuestiones fácticas y jurídicas cuestionadas por las partes. De este modo, la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que es necesario examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales (por todas, SSTC 2/97, de 13 de enero ; 139/2000, de 29 de mayo o 169/2009, de 29 de junio ).
En el caso concreto se cumplen los cánones de exigencia y ello pese a que, en efecto, la sentencia no recoja doctrina, jurisprudencia o planteamiento jurídico en torno a la satisfacción de las exigencias de los diferentes tipos penales que se han aplicado. Una observación completa de la decisión judicial permite apreciar con claridad la conexión que se establece entre los extremos fácticos que se declaran probados y las consecuencias jurídicas que les atribuye, más aún cuando no ha existido controversia respecto a cuales tenían que ser los tipos penales de aplicación en la eventualidad de que la tesis acusatoria resultara probada, y cuando los delitos que se declaran procedentes cuentan con una interpretación jurisprudencial estable de su contenido y exigencias, sin que la defensa técnica opusiera singularidades que dificultaran el juicio de subsunción más allá de argüir, en su informe final, la inidoneidad del engaño, además de la no concurrencia del ánimo de lucro, cuestiones sobre las que el Tribunal de instancia describe con claridad los hechos que muestran su concurrencia.
El procedimiento esencialmente versó sobre si el recurrente conocía la falsa identidad de los prestatarios a los que él, o su socio Jose Enrique , acompañaron a la notaria a otorgar el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. El Tribunal de instancia ha expresado las razones por las que entiende probado que el recurrente supo que los prestatarios habían manipulado (sustituyendo la fotografía) el DNI que respectivamente presentaron para las correspondientes escrituras notariales de otorgamiento, suplantando así a los propietarios de los inmuebles que se hipotecaron, quienes nada sabían de este contrato. Declara también porqué entiende que el recurrente fue una de las personas que planificó los fraudes y ayudó a su ejecución, expresando además que él facilitó las fotografías al falsificador material de los documentos de identidad. Y termina expresando cómo el importe de los préstamos ingresó en las cuentas de la entidad Europea de Ganadería SL y la vinculación que con ella tenía el recurrente y su socio; concretamente destaca, entre otros elementos, que Conrado atribuyó al recurrente las instrucciones por las que aquel ingresó en la cuenta bancaria de la mercantil los cheque obtenidos con ocasión del préstamo.
En ese contexto, fluye de manera natural que la actuación de los acusados constituye un delito de estafa, pues los prestamistas entregaron el dinero a unos prestatarios que ocultaron su verdadera identidad y que no eran propietarios de los inmuebles que ofrecieron en garantía de que cumplirían su prestación, evidenciándose así que simularon también la voluntad de retornar el capital recibido y los correspondientes intereses. Y surge también por sí misma la calificación de falsedad por la confección de unos documentos de identidad manipulando la fotografía del supuesto titular, o por otorgar unas escrituras públicas de préstamo simulando la intervención de quien nunca supo de ellas, ni participó en su otorgamiento.
El motivo se desestima.
SEGUNDO.- El segundo motivo se formula por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM , por indebida aplicación de los artículos 392.1, en relación con el artículos 390.1.2 y 390.1.3 del Código Penal .
Argumenta el recurrente que el relato histórico de la sentencia de instancia, en lo que le hace referencia particularmente, no debería haber conducido a ser considerado autor del delito de falsedad que el Tribunal proclama. Tras esgrimir que el notario nunca comprobó que coincidiera la firma del DNI con la que físicamente realizó el prestatario, defiende que lo que se ha producido es una falsedad por imprudencia del notario que autorizó el otorgamiento de la escritura de préstamo en la que Urbano estuvo presente, por lo que la responsabilidad del recurrente debería quedar limitada a una participación en ese delito.
El artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación " Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal". Se trata por tanto, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal, de un motivo por el que solo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos. El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico declarado probado u obliga a pretender previamente su modificación por la vía de los artículos 849.2 LECRIM (error en la apreciación de la prueba) o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del artículo 852 de la ley procesal ( STS 589/2010, de 24 de junio ), pues no resulta posible pretender un control de la juricidad de la decisión judicial alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable.
El artículo 392 del Código Penal sanciona al particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, lo que entraña una punición de aquellos que alteren un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial ( art. 390,1) o supongan en un acto la intervención de personas que no la han tenido ( art. 390.3 del Código Penal ).
La jurisprudencia de esta Sala ha expresado que con independencia del autor material de la falsedad, lo determinante es la condición de " dominio funcional de los hechos", dado que por su propia naturaleza quien falsifica un documento empleará cualquier mecanismo a su alcance para evitar su posterior identificación como autor material de la falsificación ( STS 1589/05, de 20 de diciembre ), de manera que no solo comete el delito quien lleve a cabo físicamente la alteración falsaria, sino todos los que en acción conjunta, y previo concierto, aportan su esfuerzo individual o contribución al resultado perseguido, dentro del reparto de papeles asumido por cada uno en el proyecto común. Un proyecto que viene referido al desempeñado por el autor que conviene con el partícipe, con independencia de cuál sea la dimensión criminal del comportamiento de otros individuos que intervengan en la realización material de los hechos y cuya responsabilidad debe ser medida a partir de su propia actuación e intención.
Lo expuesto muestra que, con independencia de cuál sea la dimensión penal del notario autorizante de la escritura por no haber realizado las comprobaciones que el recurso le exige, el recurrente responde del comportamiento para el cual se concertó y a cuya ejecución contribuyó, el cual venía dotado del intencional contenido falsario que niega el alegato, y así se refleja en el intangible relato fáctico proclamado en la sentencia de instancia. El relato histórico expresa que que: " Jose Enrique y Urbano /.../ se concertaron en la realización de los hechos, actos y negocios jurídicos que seguidamente se consignarán, siendo plenamente conocedores, cada uno de ellos, de todas las circunstancias y detalles de los mismos y de su verdadero contenido, y teniendo pleno dominio de su preparación y ejecución:
/.../ El acusado Urbano , el día 15 de mayo de 2012, se personó en la Notaria de Barcelona de Enrique Peña Félix, en compañía del acusado Jose Francisco -que aquel acusado aportó- que suplantó la identidad de Luis Pedro , interviniendo como prestatario, manifestando ser él y entregando al Notario un DNI que imitaba uno original, en el que constaban los datos de filiación del propio suplantado y en el que se había insertado la fotografía del suplantador con el fin de dotarlo de credibilidad, y el repetido Jose Francisco que otorgó y firmó las siguientes dos escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, simulando la firma del repetido Luis Pedro , que era propietario del inmueble sito en el DIRECCION000 n° NUM009 de Sant Andreu de Llavaneres:
1.- Escritura de préstamo, con el número de protocolo 2.886 de 2012, por importe de 252.000.-€, con garantía hipotecaria sobre el referido inmueble, que la otorgaron como prestamista del 50% de dicho importe: Abilio , como apoderado de la sociedad Obres Banyeres, S.L.; y como prestamistas del restante 50%: Jesús Manuel y Alonso ; figurando como prestatario: Luis Pedro , suplantado por el acusado Jose Francisco /.../.
2.- Escritura de préstamo, con el número de protocolo 2.888 del año 2012, por importe de 182.000.-€, con garantía hipotecaria sobre el referido inmueble, que la otorgaron como prestamista Carlos Francisco , si bien los fondos en cuanto a la suma de 51.300.-€ pertenecían a Luis Francisco ".
Paralelamente, al hecho tercero, la sentencia de instancia proclama también que: " Los acusados Urbano y Jose Enrique facilitaron al falsificador material de los respectivos DNIs las fotografías de los suplantadores ".
El motivo se desestima.
TERCERO.- El recurrente formula un tercer motivo por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM , por indebida aplicación de los artículos 248 , 249 y 250.1 del Código Penal .
Argumenta el recurrente que en los hechos enjuiciados no puede apreciarse la concurrencia de un engaño bastante, en el sentido de idóneo y adecuado para generar un error en el sujeto pasivo que le determinara a efectuar el desplazamiento patrimonial. Esgrime que la tosquedad de la falsedad es más que obvia, y que el notario autorizante de las escrituras tenía el deber de actuar con especial diligencia, lo que debía haberle conducido a verificar la identidad de las personas que otorgan documentos públicos ante su persona y que esa falta de diligencia ha sido la causante de la defraudación.
La alegación no puede conducir al resultado absolutorio que se postula. Tal como hemos expuesto en pacífica jurisprudencia de este Tribunal (SSTS 220/2010, de 2 de marzo ; 752/2011, de 26 de julio ; y 465/2012, de 1 de junio o 563/13, de 18 de junio , entre muchas otras), los elementos que estructuran el delito de estafa son los siguientes: 1) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva); 2) El engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción. 3) Debe darse también un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero. 4) La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro y 5) De ella tiene que derivarse un perjuicio para la víctima, el cual debe estar vinculado con la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva).
Con respecto a la primera y última de estas exigencias, que son aquellas cuya concurrencia cuestiona el motivo, la STS 928/2005, de 11 de julio subraya que esta misma Sala ha delimitado la nota del engaño bastante que aparece como elemento normativo del tipo de estafa, tratando de reconducir la idoneidad o suficiencia del engaño a su adecuación en cada caso concreto, por lo que en ese juicio de idoneidad tiene indudablemente importancia la operatividad que resulte del principio de autorresponsabilidad.
En la sentencia 900/2006, de 22 de septiembre , se argumenta que en el delito de estafa no basta con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que resulta normativamente exigido que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa, de acuerdo con el fin de protección de la norma, requiriéndose a tal efecto en el art. 248 CP que ello tenga lugar mediante un engaño "bastante". Por tanto, el contexto teórico adecuado para resolver los problemas a que da lugar esta exigencia típica es el de la imputación objetiva del resultado, que -como se indica en la sentencia de referencia- parte de la idea de que la mera verificación de una causalidad natural no es suficiente para la atribución del resultado, requiriéndose constatar que la acción haya creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, esto es, que se trate de uno de los resultados que quiere evitar la norma penal. En consecuencia, el juicio de idoneidad del engaño, en orden a la producción del error y a la imputación de la disposición patrimonial perjudicial, comienza a partir de la constatación de que el engaño no es de los socialmente adecuados o permitidos.
La doctrina de esta Sala (SSTS 17 de noviembre de 1999 , 634/2000, de 26 de junio , 564/07, de 25 de junio o 162/12, de 15 de marzo , entre muchas otras), ha declarado también que, a la hora de estimar concurrente el elemento del engaño, es "bastante" aquel que se muestra suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, para lo que debe ofrecer una suficiente entidad que permita apreciar -en la convivencia social- que actúa como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad, tanto atendiendo a módulos objetivos, como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto ( STS 344/13, de 30 de abril ).
Por todo ello, es comprensible que la jurisprudencia de esta Sala niegue el juicio de tipicidad que define el delito de estafa en aquellos casos en los que la propia indolencia, y un sentido de la credulidad no merecedor de tutela penal, hayan estado en el origen del acto dispositivo ( sentencia 1024/2007, de 30 de noviembre ); si bien, de adverso, se ha dicho también que la suficiencia del engaño no impone que no exista posibilidad de desvelarlo, antes al contrario, será éste bastante si es capaz de inducir a confusión a quien preste una atención o diligencia que pueda ser considerada normal o razonable en el concreto ámbito en que la activad se desarrolle ( STS 948/02, de 8 de julio ), esto es, si resulta tan convincente que pueda romper la barrera de desconfianza que el sujeto pasivo pueda tener frente a un extraño y realizar por ello un acto de disposición patrimonial ( STS 659/05, de 8 de abril ).
Proyectada la indicada doctrina sobre el caso enjuiciado, no solo surge como posicionamiento inicial el entender bastante el engaño, en la medida en que realmente llegó a producir los efectos defraudadores y permitió al acusado engrosar su patrimonio de manera ilícita, sino que la sentencia de instancia plasma claramente los motivos por los que la acción generó un riesgo no permitido por la norma y proyecta también las razones que permiten afirmar que el ardid se revistió de una musculatura o significación adecuada para generar error. La sentencia de instancia refleja que los acusados suplantaron la identidad de los verdaderos propietarios de los inmuebles que se ofrecieron en garantía del préstamo, para lo que recurrieron a confeccionar sendos documentos nacionales de identidad en los que los datos de identificación del suplantado eran correctos, alterándose únicamente la fotografía del titular por la del defraudador. Se plasma también la hábil reproducción del documento, expresando la sentencia de instancia que teniendo a su presencia el documento oficial emitido por el Estado para que cualquier contratante se identifique, y pese a la familiaridad con la que desempeña esa función, al notario le pareció un documento auténtico; conclusión que se reforzaría por el hecho de coincidir todos los datos de identidad que aparecían en el documento ilegítimo, con los obrantes como del suplantado en la inscripción registral de la propiedad de sus inmuebles. De este modo, la sentencia destaca que el propio notario autorizante declaró en el plenario que solo pudo darse cuenta de la falsedad del documento cuando se presentó en la notaría el verdadero propietario y, al exhibirle su DNI, pudo comprobar -evidentemente sobre una fotografía distinta de la que aparecía en la fotocopia del DNI falso que se había dejado unido a la escritura de préstamo-, que quien había otorgado la escritura como propietario había sido otra persona, presentado por ello la correspondiente denuncia.
El motivo se desestima.
CUARTO.- El último motivo de su recurso se formula por infracción de ley y cauce establecido en el artículo 849.1 de la LECRIM , denunciando el recurrente la inaplicación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas, del artículo 21.6 del Código Penal, en relación con 66.1.2 del Código Penal .
Sostiene el recurrente que la atenuante de dilaciones indebidas debe considerarse concurrente de manera cualificada, al entender que a ello conduce la duración conjunta del proceso, entendiendo particularmente excesivo que la fase de instrucción tuviera una duración total de un año y medio, con una duración semejante el tiempo de preparación de juicio o fase intermedia, además de haberse demorado otros dos años para la celebración del juicio oral.
A la hora de interpretar la atenuante de dilaciones indebidas, el Tribunal Supremo ha destacado que son dos los aspectos que han de tenerse en cuenta. De un lado, la existencia de un "plazo razonable", referido en el artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , que reconoce a toda persona el "derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable" y, por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su artículo 24.2 . La Jurisprudencia ha destacado que siendo dos conceptos confluyentes en el propósito de que cualquier persona sometida a proceso pueda tener obtener un pronunciamiento definitivo de manera rápida, difieren sin embargo en sus parámetros interpretativos, pues las "dilaciones indebidas" son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, en función de la existencia de lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales, mientras que el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales respecto de otras causas de semejante naturaleza, así como los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 81/10, de 15 de febrero o 416/13, de 26 de abril ). En todo caso, ambas lesionan el derecho fundamental del acusado -cuando no hayan sido provocadas por él mismo- a que su causa sea conocida y resuelta en un tiempo prudencial ( STS 1589/05, de 20 de diciembre ), tanto considerando que las circunstancias personales, familiares y sociales del acusado cambian durante procesos temporales singularmente dilatados, por lo que la pena no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y rehabilitación como lo harían en el momento en que la acción evidenció la necesidad de resocialización ( STS 1515/02, de 16 de septiembre ), como por infringir la demora un padecimiento natural al acusado que debe computarse en la pena estatal que se imponga, para lograr mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la sanción impuesta y el mal causado por su acción ( STS 932/08, de 10 de diciembre ).
Complementariamente, nuestra jurisprudencia destaca que la circunstancia atenuante puede y debe estimarse como cualificada cuando los elementos que configuran la razón atenuatoria concurran de manera relevante e intensa en la hipótesis concernida, esto es, superando en mucho lo que sería la normal exigencia para que la atenuación se considere estimable con carácter genérico ( STS 668/08, de 22 de octubre ). Y dado que la atenuante ordinaria precisa que las dilaciones sean extraordinarias o "fuera de toda normalidad", la atenuación cualificada exige una desmesura que se identifique como fuera de lo corriente, bien proyectada en una duración que es radicalmente inasumible por los justiciables en todo caso, bien haciendo referencia a paralizaciones que no se aciertan a entender, resultan excepcionales o -como hemos indicado gráficamente en alguna ocasión- superextraordinarias ( STS 251/12, de 20 de marzo ).
Como recordábamos en nuestra sentencia 388/2016, de 6 de mayo , nuestra Jurisprudencia ha apreciado la atenuante con el carácter de muy cualificada en supuestos en los que se habían producido paralizaciones de notable consideración. Así en la STS 551/2008, de 29 de septiembre , ante la tardanza de 5 años y medio en sede de la Audiencia, pendiente de la celebración del juicio oral terminada la instrucción o y en la STS 630/2007, de 6 de julio , por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones.
Y la misma sentencia, con cita de la STS 416/2013, de 26 de abril , respecto a la duración total del proceso, compendiábamos que en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las SSTS 291/2003, de 3 de marzo, por ocho años de duración del proceso ; en la Sentencia 655/2003, de 8 de mayo, por 9 años de tramitación ; en la sentencia 506/2002, de 21 de marzo, nuevamente ante 9 años de duración ; en la sentencia 39/2007, de 15 de enero , por un plazo que alcanzó un total de 10 años; o de 15 años en la sentencia 896/2008, de 12 de diciembre ; o incluso en la STS 132/2008, de 12 de febrero , que estimó la atenuante muy cualificada al tratarse de una causa iniciada en el lejano año 1990. Unos plazos que son de referencia relativa, en la medida en que esta duración venga más o menos justificada por las circunstancias concretas de la investigación y enjuiciamiento.
Lo expuesto muestra la pertinencia de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas apreciada en la sentencia de instancia, particularmente si se considera el periodo de paralización que sufrió el procedimiento mientras estuvo pendiente de enjuiciamiento, si bien sin apreciar la extraordinaria relevancia que prestaría asiento a su consideración como circunstancia muy cualificada, más aún cuando una duración total del procedimiento de algo más de cinco años, elemento en el que el recurrente asienta la reclamación del recurrente, viene en parte impuesta por la concurrencia de unos elementos objetivos de complejidad en la instrucción que el propio Tribunal de instancia destaca en su sentencia, concretamente que existieran varios prestamistas perjudicados a los que hubo de recibirse declaración, así como a varios perjudicados y testigos que habían intervenido como comisionistas en las distintas operaciones de préstamo, además de tener que hacerse un seguimiento de cómo se desarrolló la negociación bancaria de los dieciséis cheques que vehiculizaron el importe defraudado.
El motivo se desestima.
Recurso interpuesto por Jose Enrique .
QUINTO.- Sobre la base de un eventual quebranto del derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas, así como por indebida inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, en relación con los artículos 21,6, los motivos primero y segundo del recurso que se analiza, reclaman, por cauce de los artículos 5.4 de la LOPJ , y también por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM , la rebaja de la pena impuesta en uno o dos grados, de conformidad con lo expresado en el artículo 66.1.2 del Código Penal .
El alegato es coincidente con la expresado por la representación de Urbano en el último de los motivos que se han analizado, por lo que nos remitidos a lo allí expuesto para su desestimación.
Los motivos se rechazan.
SEXTO.- Su tercer motivo se conduce por una eventual infracción del derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24 de la CE , por el cauce procesal suministrado en el artículo 5.4 de la LOPJ . Considera el recurrente que se ha quebrantado la proscripción del bis in ídem , aduciendo que una circunstancia no puede ser tenida en cuenta doblemente para determinar la naturaleza del hecho y fijar su sanción.
Tras apelar al Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de esta Sala de fecha 30 de octubre de 2007, sobre la punición del delito continuado, el recurso proclama que debe excluirse la doble punición sobre un mismo hecho, lo que asegura que ha acontecido en el presente caso, afirmando que la repetición de actuaciones defraudatorias que ha dado lugar a la apreciación de un delito continuado de estafa, no solo se ha proyectado en apreciar la concurrencia de la circunstancia agravante del artículo 250.1.5 del Código Penal , sino que ha llevado a aplicar la repercusión penológica prevista para el delito continuado en el artículo 74.1 del Código Penal .
Es evidente que el motivo descansa en una errónea lectura del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional y de su aplicación en la sentencia de instancia. El acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de 30 de octubre de 2007 (refrendado en SSTS 320/14, de 15 de abril , 207/15, de 15 de abril o 250/15, de 30 de abril , entre muchas otras recientes), dispuso que " El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena ". No obstante, en aquellos supuestos de delitos patrimoniales que contemplen como agravación específica que el objeto del delito exceda de una determinada cantidad o importe y que este importe se sobrepase exclusivamente como consecuencia de una reiteración delictiva englobada en el concepto de delito continuado del artículo 74 del Código Penal (porque ninguna de las acciones individuales posibilite por sí misma la aplicación de la exacerbación penológica), el referido acuerdo entendía precisamente que la sanción había de evaluarse conforme al perjuicio total causado ( art. 74.2 del CP ), sin que pudiera imponerse además la exacerbación de la pena correspondiente al delito más grave prevista en el artículo 74.1 (mitad superior de la pena señalada para la infracción más grave, que podría llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado). La exclusión se justifica para evitar una doble agravación asentada en la misma reiteración delictiva, pues resultaría contrario al principio de proscripción del bis in idem . De este modo, el acuerdo fija en sus párrafos segundo y tercero que " Cuando se trata de delitos patrimoniales, la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado "; añadiendo " La Regla Primera del artículo 74.1 CP queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración ".
Dicho de otro modo, y como indicábamos en nuestra reciente sentencia 250/2015, de 30 de abril , "en principio la pena del delito continuado patrimonial se calculará sumando la cuantía de las infracciones y si no existe precepto específico que intensifique la penalidad por la adición de las cuantías deberá aplicarse la regla general del 74.1º, después de aplicada la regla 2ª de ese mismo artículo". Más detalladamente la sentencia 463/2009, de 7 de mayo , señalaba que, como primer paso ante un delito patrimonial continuado, debemos acudir a la especificidad del n.º 2 del artículo 74 del CP , que establece una forma de punición pero también un mecanismo para determinar la infracción más grave, que en delitos de esta naturaleza se forma adicionando el valor de los distintos quebrantos económicos ocasionados por la continuidad. Si de la suma de las distintas cuantías económicas surge un marco punitivo exasperado diferente, solo debe aplicarse éste, sin que se recargue la sanción por la continuidad, porque al proceder conforme al n.° 2 del artículo 74 se exasperó la pena. Fuera de estos casos cabría aplicar el artículo 74.2 del Código Penal , para determinar la infracción más grave, y después recurrir a la norma general (en evitación de agravios comparativos con otras infracciones no patrimoniales) e intensificar la pena en la medida establecida en el n.° 1.° del artículo 74, pena básica en su mitad superior, que puede alcanzar a la mitad inferior de la superior en grado, todo ello siempre que no se produzca una doble valoración de las conductas, reñidas con el principio " non bis in idem ".
Y es precisamente esta doctrina la que se aplica en la sentencia de instancia. La existencia de actos defraudatorios que individualmente excedían de 50.000 euros, hace que la pena imponible al hecho más grave en sí mismo considerado, fuera la prevista en el artículo 250.1.5 del Código Penal . A partir de ahí, la reiteración de conductas defraudatorias y su acumulación a un hecho penado como estafa agravada por su cuantía, conduce a aplicar la regla penológica del artículo 74.1 del Código Penal , precisamente en consideración a la continuidad delictiva. Dicho de otro modo, la comisión de un fraude que él solo, por superar los 50.000 euros, entraña la aplicación de la pena prevista en el artículo 250.1.5 del Código Penal (de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses), comporta que deba imponerse en su mitad superior (art. 74.1) cuando vaya acompañada de otra pluralidad de infracciones que se añadan a aquella en continuidad delictiva, determinando que la pena deba discurrir entre los 3 años, 6 meses y un día de prisión como umbral mínimo, hasta los 9 años en los que termina la mitad inferior de la pena privativa de libertad superior en grado. Y en lo que respecta a la pena pecuniaria acumulativa, entre los 9 meses y un día de duración mínima, y los 18 meses de duración máxima.
El motivo se desestima.
SÉPTIMO.- El cuarto motivo lo formula el recurrente por quebrantamiento de forma y en atención a la previsión recogida en el artículo 851 LECRIM . Entiende que existe una manifiesta contradicción entre los hechos que se declararan probados en la sentencia.
En el desarrollo del alegato, en realidad el recurrente argumenta sobre uno de los párrafos de la fundamentación jurídica de la sentencia. Concretamente respecto de uno de los trece indicios de los que el Tribunal de instancia ha extraído la inferencia de que existió un fraude del recurrente con ocasión del otorgamiento de la escritura pública de reconocimiento de deuda, con garantía hipotecaria del inmueble sito en la CALLE000 n.º NUM008 de la localidad de Sant Vicenç de Montalt, del que era propietario el Sr. Jose Augusto (hecho A, de los proclamados en los hechos probados). Reprocha el alegato que Conrado declaró en el juicio oral que ingresó los cheques obtenidos del préstamo en la cuenta de la entidad Europea de Ganadería SL por orden de Urbano , y que el Tribunal ha tenido por cierta, sin embargo, la declaración que sobre este mismo aspecto hizo en fase sumarial, en la que aseguró que la orden de cobrar los cheques la recibió de ambos acusados, incluyendo el recurrente. Advierte el recurso que, en su fundamentación, la sentencia proclama que la contradicción (sobre la que se preguntó específicamente a Conrado ) se salvó atribuyendo una mayor veracidad a la declaración sumarial, teniendo en cuenta para ello " el resto de pruebas practicadas", sin que la sentencia exprese cuales son las concretas pruebas que refuerzan su convencimiento.
Nuestra jurisprudencia tiene declarado que es un requisito imprescindible que las sentencias penales contengan un relato de hechos probados que permita su comprensión, pues los hechos declarados probados en la sentencia deben relacionarse con los fundamentos jurídicos de esta, lo que exige que la descripción fáctica sea lo suficientemente clara y desprovista de dudas, al menos en los aspectos a los que se aplica el derecho, como para permitir la adecuada subsunción de la conducta en el correspondiente precepto sustantivo, de forma que la relación de hechos, su calificación jurídica y el fallo formen un todo congruente ( SSTS 945/2004, de 23 de julio , y 94/2007, de 14 de febrero )
De este modo, la doctrina jurisprudencial ( SSTS 1006/2000, de 5 de junio ; 471/2001, de 22 de marzo ; 717/2003 de 21 de mayo ; 474/2004, de 13 de abril ; 1253/2005, de 26 de octubre ; 1538/2005, de 28 de diciembre ; 877/2004, de 22 de octubre ; 24/2010, de 1 de febrero ), ha entendido que la sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el tribunal declara efectivamente probado ( STS 1610/2001, de 17 de septiembre ; 559/2002, de 27 de marzo ). En todo caso, es necesario que la falta de claridad sea interna, en el sentido de venir ubicada en el hecho probado y no poder oponerse respecto a otros apartados de la sentencia, sin que quepa su alegación frente a una falta de comprensión lógica a argumental cuya impugnación debiera articularse por otras vías, como el error de derecho o incluso la debilidad racional de la valoración probatoria. Y hemos indicado también que la incomprensión del relato fáctico, debe estar causalmente relacionada con la calificación jurídica de la sentencia, hasta impedir evaluar la correcta subsunción de los hechos enjuiciados.
En términos parecidos, el paralelo análisis del vicio in iudicando de plasmar elementos fácticos contradictorios, lleva a que la jurisprudencia de esta Sala (STS 253/2007, de 26 de marzo o 121/2008 de 26 de febrero ) sostenga que la esencia de la contradicción consiste en el empleo en el hecho probado de términos o frases que, por ser antitéticos resultan incompatibles entre sí, de tal suerte que la afirmación de una, resta eficacia a la otra, al excluirse uno al otro, produciendo una laguna en la fijación de los hechos ( STS 299/2004, de 4 de marzo ). La misma jurisprudencia señala ( SSTS 301/2015 de 20 mayo ; 231/2016 de 17 marzo o 267/2017 de 26 enero , entre muchas otras) que para que pueda prosperar este motivo de casación es necesario: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta en el sentido gramatical de la palabra; b) que sea insubsanable y no exista posibilidad de superar la contradicción armonizando los términos antagónicos a través de otros pasajes del relato; c) que sea interna en el hecho probado o, de venir referida a apartados del fundamento jurídico, que estos tengan un indudable contenido fáctico y d) que la contradicción resulte relevante para el sentido del fallo, por afectar a pasajes fácticos necesarios para la subsunción jurídica. De este modo, la STS 1250/2005, de 28 de octubre , recogía "Como consecuencia de la contradicción, que equivale a la afirmación simultánea de hechos contrarios con la consiguiente destrucción de ambos, debe sobrevenir un vacío que afecte a aspectos esenciales del sustrato fáctico en relación a la calificación jurídica en que consiste el iudicium , lo que se debe significar diciendo que la contradicción solo es motivo de casación cuando es causa y determinante de una clara incongruencia entre lo que se declare probado y sus consecuencias jurídicas".
La aplicación de la mencionada doctrina al caso de autos, muestra la necesaria desestimación del recurso. Lo que el recurrente expresa no es ningún defecto en el relato fáctico que impida su comprensión y el posterior análisis del juicio de subsunción realizado por la sala de enjuiciamiento. Los términos del relato histórico son claros y ofrecen una completa lógica expositiva, y lo que se denuncia en una insuficiencia argumentativa de soporte que puede tener repercusión en relación con el derecho a la presunción de inocencia o a la tutela judicial efectiva. Nada de esto expresa el motivo, que se limita a una objeción puntual de la argumentación, sin confrontarla con los numerosos indicios que confluyen que el que cuestiona. De otro lado, la objeción se hace descansar en una irreal tacha de la argumentación, pues el Tribunal de instancia si expresa las razones por las que atribuye una mayor credibilidad a la declaración sumarial que a la prestada en el plenario. Concretamente indica que " en la primera declaración no tenía interés alguno [ Conrado ] en incriminar a más de uno de los acusados, pues con ello no se exoneraba [el mismo] de su posible responsabilidad" . De otro lado, la expresión de que el resto del material probatorio también apunta a otorgar credibilidad a la declaración sumarial, ofrece una explicación clara si se procede a una lectura global y conjunta del fundamento jurídico, pues el Tribunal hace su afirmación después de haber descrito como Urbano y el recurrente compartían intereses económicos a través de la entidad Llave del Maresme, y distribuyeron su intervención para abordar la secuencia de actos que fueron precisos para otorgar el préstamo suplantando a los verdaderos propietarios de los inmuebles dados en garantía.
El motivo se desestima.
OCTAVO.- Los motivos quinto y séptimo se formulan por error en la valoración de la prueba, basado en documentos que obran en autos y demuestran la equivocación del juzgador, empleando el cauce del artículo 849.2 de la LECRIM .
El recurso se asienta en los documentos presentados por la defensa con ocasión del juicio oral. Expresa que en la certificación emitida por el registro mercantil de Girona no aparece el recurrente vinculado a la entidad Sociedad Europea de Ganadería SL, sin que parezca tampoco en los certificados bancarios aportados. Añade que la escritura de 14 de diciembre de 2011 demuestra que el recurrente renunció al cargo de administrador solidario de la sociedad La Llave del Maresme SL, continuando desde entonces como administrador únicamente Urbano .
La estricta observancia de la jurisprudencia estable de esta Sala (ver por todas STS 1205/2011 ) indica que la previsión del art. 849,2.º LECRIM exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados, para incluir en él un hecho que el tribunal omitió erróneamente declarar probado o bien para excluir de dicho relato un hecho que el tribunal declaró probado erróneamente. En todo caso, es exigencia de esta Sala que el error fáctico o material se muestre con documentos, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba, ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; así como que el dato que el documento acredite, no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba. La prosperabilidad del motivo exige, en esencia, que el tenor de los documentos acredite, una contradicción de su contenido con los enunciados del relato fáctico de la sentencia o la insuficiencia de este relato en aspectos esenciales del juicio de responsabilidad y que lo hagan de forma tan manifiesta, incontrovertida y clara, que evidencien la arbitrariedad de la decisión del tribunal por haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba ( STS 982/2011, de 30 de septiembre ).
Nada de esto deriva de los documentos que el recurrente reclama considerar en su alegato. A partir del análisis del contenido documental, el recurrente invita a evaluar la totalidad del material probatorio aportado durante el juicio e impulsa la conclusión de que Jose Enrique no tenía relación ninguna con la entidad Europea de Ganadería. Una pretensión que desborda el cauce casacional empleado, sin que los documentos aducidos reflejen ningún error en las conclusiones del Tribunal, toda vez que el propio Tribunal admite lo que los certificados apuntan, esto es, que Jose Enrique no se integraba oficialmente en la entidad, aunque si era uno de sus administradores de hecho, tal y como resulta del conjunto probatorio.
Tampoco el motivo es procedente en lo que se refiere a su condición de administrador de La llave del Maresme , pues el propio relato fáctico recoge la renuncia de Jose Enrique a la administración legal de la empresa, empero declarando también probado que mantuvo el 50% del capital social, así como la administración de hecho de la firma, lo que no se desdice con la prueba documental que se esgrime.
El motivo se desestima.
NOVENO.- Su sexto motivo de impugnación se formula por infracción de ley, al amparo del cauce procesal descrito en el artículo 849.1 de la LECRIM , por entender que se ha producido una indebida aplicación del artículo 392.1 del Código Penal .
El motivo desarrolla que la actuación del recurrente podría haber consistido en el uso de un documento de identidad falso, por lo que los hechos serían constitutivos, en su caso, del delito previsto en el artículo 392.2 del Código Penal . A partir de esa afirmación, no solo sostiene la improcedencia de la condena como autor de un delito de falsedad del artículo 392.1, en relación con el artículo 390.1.2 y 390.1.3 del Código Penal , sino que sostiene la imposibilidad de ser condenado por el tipo penal que sostiene concurrente (uso de documento falso), ante la falta de una correspondiente acusación. Y añade en su denuncia que no es factible la condena por delito de uso de documento oficial falso y un delito de estafa, pues al exigir el delito de falsedad de uso el perjuicio de tercero, ese elemento queda absorbido en la estafa. Un planteamiento que, obviamente, entiende más beneficioso que el concurso medial del artículo 77 del Código Penal que le ha sido aplicado.
El artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación " Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal ". Se trata por tanto, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal, de un motivo por el que solo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos. El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico declarado probado u obliga a pretender previamente su modificación por la vía de los artículos 849.2 LECRIM (error en la apreciación de la prueba) o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del artículo 852 de la ley procesal ( STS 589/2010, de 24 de junio ), pues no resulta posible pretender un control de la juricidad de la decisión judicial alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable.
El delito por el que se sostuvo acusación fue el delito continuado de falsedad en documento público u oficial de los artículos 392.1 del Código Penal , en relación con el artículo 390.1.2 y 390.1.3 del mismo Código , que sanciona al que simule en todo o en parte un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad, así como al que suponga en un acto la intervención de personas que no la han tenido. La acusación, recogida después en la condena que se impugna, se asienta (FJ 4 de la sentencia de instancia) en el otorgamiento de tres escrituras de préstamo con garantía hipotecaria de dos inmuebles cuyos propietarios eran Jose Augusto y Luis Pedro , para cuyo otorgamiento comparecieron Jose Francisco y otro individuo desconocido suplantando a aquellos. Y se asienta además en la falsificación del DNI que presentaron en la notaría los dos otorgantes, en el que constaba su propia fotografía como la correspondiente a los propietarios suplantados. Por ser quienes tenían trato inmobiliario con los verdaderos propietarios, y por ser quienes cobraron la mayor parte del montante obtenido con los préstamos, a partir de un cumplido elenco de indicios, la sentencia entiende que fueron el recurrente y Urbano quienes impulsaron el otorgamiento de las escrituras y quienes facilitaron al falsificador material las fotografías que recogían los documentos de identidad. De este modo, el Tribunal de instancia declara probado que Jose Enrique y Urbano se concertaron para la realización de estos hechos, actos y negocios jurídicos, siendo plenamente conocedores de todas las circunstancias y detalles de los mismos y de su verdadero contenido, teniendo pleno dominio de su preparación y ejecución; lo que proyecta después en la realización de los DNIs y en el otorgamiento de las escrituras, al indicar que cada uno de ellos "aportó" a uno de los sujetos que suplantaron al propietario en sendas escrituraciones.
De este modo, el recurso obvia a su conveniencia parte de los hechos en los que se asienta el delito continuado de falsedad en documento público por el que ha sido condenado. Si bien arguye que se limitó a usar un DNI falsificado cuando el relato histórico sostiene su participación en la creación, el recurso no menciona nada del resto de elementos en los que descansa la calificación delictiva que combate. Omite el recurso que su condena, además de por la falsedad de los documentos de identificación, descansa en su contribución principal para el otorgamiento de tres escrituras públicas que, por sí mismas, prestan soporte al delito continuado de falsedad de documento público, teniendo en cuenta que el artículo 1216 del Código Civil dispone que son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.
Debe concluirse recordado que es doctrina consolidada de esta Sala, reiteradamente expresada en sus resoluciones, que la estafa realizada a través de un documento público, oficial o de comercio, que haya sido utilizado como medio necesario para su comisión, no consume la falsedad, sino que los dos tipos son compatibles, produciéndose un concurso real de delitos sin perjuicio de que en orden a su punición sea aplicable lo dispuesto en el art. 77 Código Penal ; a diferencia de cuando se trata de documentos privados, en los que como el perjuicio de tercero o la intención de perjudicar es un elemento incluido en el art. 395 Código Penal , no procede estimar el mentado concurso, pero sí el de normas ( art. 8 CP ), al ser el hecho subsumible en las reguladoras del delito de falsedad y estafa simultáneamente, solapándose un tipo con otro ( SSTS 1227/98, de 17 de diciembre ; 1529/03, de 14 de noviembre ; 640/07, de 6 de julio ; 431/11, de 16 de abril o 192/19, de 9 de abril , entre muchas otras).
El motivo se desestima.
DECIMO.- Por último, el motivo octavo de su recurso se formula por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM , entendiendo indebidamente aplicado el artículo 248 y concordantes del Código Penal .
Sostiene el recurrente que no fue él quien preparó ninguna escritura, sino que esta se preparó por los prestamistas y el fedatario público, quienes no realizaron ninguna comprobación del carnet de identidad, incurriendo en propia negligencia y faltando al deber de autoprotección.
El motivo ha sido analizado en el tercer fundamento jurídico de esta resolución en lo que hace referencia a la intervención notarial en los hechos. Respecto de la intervención de los prestamistas, a partir de la noción de idoneidad del engaño que allí expusimos, debe también rechazarse el motivo. Las escrituras notariales de préstamo con garantía real reflejan un contrato bilateral y oneroso, lo que presupone una intervención y un concierto entre ambas partes contratantes, por más que fuera uno de ellos quien hiciera llegar a la notaría los documentos necesarios para la confección de las escrituras. La suplantación de los prestatarios solo surge de la información que los acusados dieran a los prestamistas, como integra el propio relato histórico de la sentencia, sin que pueda apreciarse una desatención de la normal precaución en los prestamistas en la medida en que la entrega del dinero tenía soporte en la intermediación de empresas inmobiliarias legalmente establecidas, aportándose para la identificación de los prestatarios los documentos que el Estado facilita para esa función de acreditación de identidad, y ofreciendo los DNIs, no solo la fotografía de aquellos que acudieron después a la notaría a firmar el contrato, sino todos los elementos objetivos que permiten disipar cualquier recelo sobre su autenticidad, tanto por el adecuado aspecto externo del documento (en los términos ya expresados en el fundamento tercero), sino por reflejar datos de identidad reales y todos ellos coincidentes con los correlativos datos incorporados a las inmatriculaciones registrales de las fincas dadas en garantía.
El motivo se desestima.
Recurso de Jose Francisco
UNDÉCIMO.- Por cauce de una infracción de ley de los artículos 849.1 y 849.2 de la LECRIM , el recurre denuncia una indebida inaplicación de la atenuante analógica de confesión del artículo 21.7 del Código Penal , en relación con el artículo 21.4 del mismo texto legal , expresando que su actitud ante la investigación policial queda reflejada en el atestado policial obrante a los folios 619 y ss de las actuaciones.
Ambos motivos son esencialmente incompatibles, pues el cauce del 849.1.º de la LECRIM impone respetar el relato fáctico, mientras el del 849.2.º lo que pretende precisamente es modificarlo. Lo correcto sería formular en primer lugar un motivo por error de hecho en la valoración probatoria, para incluir en el relato fáctico un dato plasmado de manera incontrovertida en el documento que se esgrima, e interponer seguidamente un motivo de infracción de ley, para el supuesto de que prospere el anterior.
El artículo 21.4 del CP dispone que es circunstancia atenuante: " La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades ". El actual Código Penal ha sustituido así el fundamento moral que representaba la exigencia del impulso del arrepentimiento espontáneo que se recogía en la atenuante equivalente de códigos anteriores, por una mayor objetivización en su apreciación y por una opción pragmática asentada en razones de política-criminal. De este modo, se ha sustituido la exigencia subjetiva del arrepentimiento, por el acto objetivo de colaboración con la Administración de Justicia, previéndose un tratamiento penológico más favorable para aquellos agentes que se muestren colaboradores con la justicia, facilitando la investigación de lo sucedido y ayudando a reparar el daño causado. No obstante, la jurisprudencia de esta Sala es estable a la hora de identificar los requisitos que precisa su apreciación, siendo estos los que a continuación se relacionan: 1.º) Tendrá que haber un acto de confesión de la infracción; 2.º) El sujeto activo de la confesión habrá de ser el culpable; 3.º) La confesión ha de ser veraz en lo sustancial; 4.º) La confesión ha de mantenerse a lo largo de las diferentes manifestaciones realizadas en el proceso, también en lo sustancial; 5.º) La confesión ha de hacerse ante la autoridad, sus agentes o funcionario cualificado para recibirla; 6.º) Debe concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiéndose entendido que la iniciación de diligencias policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante ( SSTS 1076/2002, 6 de junio o 516/13, de 20 de junio ).
Es evidente que, en el caso analizado, la declaración admitiendo la autoría de los hechos se produjo después de tener conocimiento de que el procedimiento se dirigía contra ellos. Desde esta realidad, debe recordarse que la asunción de responsabilidad cuando el sujeto activo ha sido descubierto, está carente de la significación esencial de la confesión, pues por más que la confesión ya no necesite estar alentada por el arrepentimiento, no quiere decir que no debe ir dotada del elemento de la voluntariedad. Una confesión en cuya génesis solo se encuentra la resignación ante lo que se percibe ya como irremediable, no puede dar vida a una atenuación, por no existir fundamento para un menor reproche penal ( STS 1619/2000 de 19 de octubre o 420/13, de 23 de mayo ), salvo en aquellos supuestos en los que suponga -en el ámbito propio del proceso- una facilitación importante de la acción de la Justicia y, por tanto, una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva; supuestos en los que la confesión -denominada tardía- puede operar como atenuante analógica del artículo 21.7 de nuestro CP (1109/05, 28 de septiembre o 1063/09, de 29 de octubre).
El relato histórico de la sentencia no incluye la descripción de ninguna confesión relevante que preste soporte a la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal que se postula, y aunque esta Sala ha proclamado que el relato de hechos probados puede integrarse con los elementos fácticos que el Tribunal de instancia describa en su fundamentación jurídica siempre que dicha descripción resulte favorable para el acusado, estos tampoco aportan los elementos necesarios para la atenuante analógica analizada, destacando el propio Tribunal que fueron las investigaciones policiales las que desvelaron que el recurrente era la persona que había suplantado a Luis Pedro en el otorgamiento de la escritura, sin que su reconocimiento tenga ninguna relevancia a la vista de que su fotografía aparecía incorporada en el documento nacional de identidad aportado a la notaría.
El motivo se desestima.
DUODÉCIMO.- El recurrente formula un segundo y último motivo, asentado en infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM , por inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal , como muy cualificada.
Resuelta la pretensión que en el mismo sentido sostuvieron el resto de acusados, la Sala debe remitirse a lo ya manifestado al respecto.
El motivo se desestima.
Recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.
DECIMOTERCERO.- Sustentando en un único motivo por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM , aduce la incorrecta aplicación de las reglas recogidas en los artículos 74 , 77.3 , 66.1.1 del Código Penal , en relación con la pena prevista en el artículo 250.1.5 del Código Penal .
Denuncia el recurso que el Tribunal de instancia ha impuesto por el delito continuado de estafa unas penas inferiores a las legales, al no aplicar para determinar la pena de dicho delito continuado lo dispuesto en el artículo 74,1 del Código Penal , por lo que incurre en error jurídico en la determinación de la pena. En su consecuencia, solicita que a los condenados por este delito se les imponga la pena en la mínima extensión legalmente prevista, incrementada (por estar en concurso medial con un delito continuado de falsedad), en los mismos meses en los que el Tribunal a quo incrementó la incorrecta pena que aplicó por el delito continuado de estafa.
El motivo debe ser acogido. Como se ha indicado en el fundamento jurídico sexto, la existencia de actos defraudatorios que individualmente excedían de 50.000 euros, hace que la pena imponible al hecho más grave en sí mismo considerado fuera la prevista en el artículo 250.1.5 del Código Penal . A partir de ahí, la reiteración de conductas defraudatorias y su acumulación a un hecho penado como estafa agravada por su cuantía, conduce a aplicar la regla penológica del artículo 74.1 del Código Penal , precisamente en consideración a la continuidad delictiva. De este modo, dado que la pena prevista para la comisión de una estafa por importe superior a 50.000 euros va de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses ( art. 250.1.5 del CP ), la continuidad delictiva que se le añade conduce a la imposición de esta pena en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. Se muestra así que, en el caso presente, la pena por la estafa continuada no podría tener una extensión inferior a los 3 años, 6 meses y 1 día de prisión, así como una pena de multa de 9 meses y 1 día de duración, en vez de los 3 años de prisión y multa de 8 meses que refleja la sentencia de instancia en su fundamento jurídico noveno.
De este modo, dado que el Tribunal de instancia, en consideración a que el delito continuado de estafa concurría en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, incrementó la pena de la estafa ( art. 77.3 del CP ) en un 1 mes de prisión y 10 días de multa para Urbano , así como en 6 meses de prisión y 1 mes de multa para Jose Enrique , procede fijar estos incrementos desde la mínima extensión legalmente prevista para el delito continuado de estafa. Ello supone que Urbano deba ser condenado a las penas de 3 años y 7 meses de prisión peticionados por el Ministerio Fiscal, así como a una pena de multa por tiempo de 9 meses y 1 día. Por su parte, Jose Enrique ha de ser condenado a las penas de 4 años de prisión y multa de 10 meses que también peticiona el recurso. Penas que se adecuan a la distinta concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en cada uno de estos acusados, pues si bien la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas es apreciable en ambos condenados, en el condenado Jose Enrique concurre también la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de reincidencia, del artículo 22.8 del Código Penal .
El motivo debe estimarse.
DECIMOCUARTO.- De conformidad con las previsiones del artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la desestimación de los recursos interpuestos por Urbano , Jose Francisco y Jose Enrique , conlleva la condena en costas a los recurrentes, así como declaración de oficio de las costas procesales originadas por el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

FALLO:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
Desestimar los recursos de casación formulados por las representaciones de Urbano , Jose Francisco y Jose Enrique , contra la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2017 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Rollo de Sala 98/2015 .
Estimar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, en el sentido de declarar que el Tribunal de instancia incurrió en un error jurídico en la determinación de la pena que correspondía aplicar a los acusados Urbano y Jose Enrique . En su consecuencia, casamos la sentencia y declaramos la nulidad de la pena impuesta a estos acusados por los delitos por los que fueron declarados responsables, la que habrá de sustituirse en los términos expresados en nuestra segunda sentencia. Todo ello, manteniendo en lo demás el resto de pronunciamientos contenidos en la sentencia de instancia, condenando a los acusados al pago de las costas derivadas de la tramitación de los recursos por ellos interpuestos y declarando de oficio las derivadas de la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.
Comuníquese esta sentencia y la que seguidamente se dicta a la mencionada Audiencia Provincial a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
RECURSO CASACION núm.: 853/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal

SEGUNDA SENTENCIA:


Fallo Segunda Sentencia:


Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
Que debemos condenar y condenamos:
1. A Urbano , como autor criminalmente responsable de un delito consumado y continuado de falsedad en documento público y oficial de los artículos 392.1 , 390.1.2 .° y 3 .ª y 74 del Código Penal , en concurso medial con un delito consumado y continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248 , 249 , 250.1.5 .° y 74 del Código Penal , concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6.ª del Código Penal , a las penas de prisión por tiempo de 3 años y 7 meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 9 meses y 1 día, en cuota diaria de seis euros.
2. A Jose Enrique , como autor criminalmente responsable de un delito consumado y continuado de falsedad en documento público y oficial de los artículos 392.1 , 390.1.2 .° y 3 .ª y 74 del Código Penal , en concurso medial con un delito consumado y continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248 , 249 , 250.1.5 .° y 74 del Código Penal , concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia del artículo 22.8.ª del propio Código y la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6.ª también del mismo Código , a las penas de prisión por tiempo de 4 años, inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa por tiempo de 10 meses, con una cuota diaria de seis euros.
Todo ello manteniéndose en su integridad el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia en lo que no se opongan a la presente.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
Miguel Colmenero Menendez de Luarca Alberto Jorge Barreiro Pablo Llarena Conde
Carmen Lamela Diaz Eduardo de Porres Ortiz de Urbina