Jurisprudencia

Cabecera: Incapacidad permanente total para la profesion habitual. Medidas de seguridad. Accidente laboral. Incumplimiento empresarial
Jurisdicción: Social
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha
Fecha: 06/06/2019
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 880/2019 Número Recurso: 771/2018
Numroj: STSJ CLM 1501/2019
Ecli: ES:TSJCLM:2019:1501
Voces sustantivas: Accidente de trabajo, Derechos del trabajador, Funcionarios públicos, Imprudencia, Incapacidad, Legítima, Medidas de seguridad, Mandato, Reaseguro, Sanciones administrativas, Seguridad y salud laborales, Seguridad social, Acción de responsabilidad, Caso fortuito, Causas de exoneración, Contingencias profesionales, Culpa o negligencia, Daños y perjuicios, Documento público, Dolo, Empleados públicos, Enfermedad profesional, Fuerza mayor, Incapacidad permanente, Incapacidad permanente total, Incapacidad temporal, Incompatibilidades, Incumplimiento de la obligación, Invalidez permanente, Lesión, Límites de la autonomía de la voluntad, Nacimiento, Negligencia, Obligaciones del empresario, Personal estatutario, Presunciones legales, Pólizas de seguros, Relación de causalidad, Responsabilidad contractual, Responsabilidad objetiva, Responsabilidad por daños, Responsabilidad por incumplimiento, Régimen aplicable, Seguridad y salud, Seguridad y salud laboral, Seguro de grupo, Situación protegida, Adopción, Compañías de seguros, Contrato de trabajo, Derecho a la tutela judicial efectiva, Documentos públicos, Embargo, Enfermedades profesionales, Equipos de protección individual, Fuerza mayor, Integridad física, Límite de la autonomía de la voluntad, Marcas, Medida de seguridad, Mejoras voluntarias, Morosidad, Normas imperativas, Obligaciones contractuales, Puestos de trabajo, Responsabilidad empresarial, Riesgos laborales
Voces procesales: Justicia gratuita, Prueba, Carga de la prueba, Causa petendi, Conexión, Derecho a la tutela judicial efectiva, Incongruencia omisiva, Iura novit curia, Prueba documental, Pretensiones de las partes, Resoluciones judiciales, Recurso de suplicación, Relación de causalidad, Vulneración de derechos fundamentales, Contenido de la sentencia

ENCABEZAMIENTO:


T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIAL
ALBACETE
SENTENCIA: 00880/2019
-
C/ SAN AGUSTIN Nº 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE
Tfno: 967 596 714
Fax: 967 596 569
Correo electrónico: tribunalsuperior.social.albacete@justicia.es
NIG: 19130 44 4 2016 0001019
Equipo/usuario: 3
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0000771 /2018
Procedimiento origen: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000476 /2016
Sobre: RECLAMACION CANTIDAD
RECURRENTE/S D/ña Estanislao
ABOGADO/A: PABLO MANUEL SIMON TEJERA
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
RECURRIDO/S D/ña: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A., AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES
ABOGADO/A: PABLO CARDERO CALVO, CARLOS LOPE GUERRA
PROCURADOR: FRANCISCO PONCE REAL, ELADIA RANERA RANERA
GRADUADO/A SOCIAL: ,
Magistrado/a Ponente: Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL YUSTE MORENO
ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS
D. JESUS RENTERO JOVER
D. JOSÉ MANUEL YUSTE MORENO
Dª. MARIA DEL CARMEN PIQUERAS PIQUERAS
En Albacete, a seis de junio de dos mil diecinueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Ilmos.
Sres. Magistrados citados al margen, y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A Nº 880/19
En el Recurso de Suplicación número 771/18, interpuesto por la representación legal de D. Estanislao
, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, de fecha 22 de noviembre
de 2017 , en los autos número 476/16, sobre reclamación de cantidad, siendo recurridos MAPFRE SEGUROS
DE EMPRESA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MANUEL YUSTE MORENO.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO . - Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: " FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por D. Estanislao contra EL AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES y contra MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA CÍA SE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, absuelvo a éstas de los pedimentos de adverso.
SEGUNDO . - Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos: "
PRIMERO. - D. Estanislao , cuyas circunstancias personales obran en autos, trabajaba por cuenta del Ayuntamiento de Cifuentes desde el 1 de mayo de 2007, con la categoría profesional de Oficial de Primera, desarrollando habitualmente labores de albañil y con salario mensual bruto de 1.535,23 euros brutos incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.
La relación laboral trae causa de contratación indefinida a tiempo completo, siendo aplicable el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Cifuentes publicado en el POP de Guadalajara el 26 de marzo de 2007.
-no controvertido-

SEGUNDO. - Con fecha 8 de agosto de 2012, Estanislao prestaba servicios como taquillero en la piscina municipal de Cifuentes cuando, al tratar de auxiliar a una persona mayor que cayó al suelo sufrió lesiones en la zona lumbar que causó el inicio de un proceso de incapacidad temporal, siendo alta el 13 de mayo de 2013 con propuesta de invalidez permanente. - informe inspección de trabajo- El periodo de incapacidad temporal tuvo una duración de 227 días, siendo la pensión satisfecha por la empresa de 1.181 euros/mes más complemento accidente de 342,90 euros. -pág. 31 y 32 expediente administrativo-

TERCERO. - Consecuencia del accidente fue declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de contingencia profesional en fecha 18 de junio de 2013, siendo sus secuelas "artrodesis L3-S1 por protusiones anulares L4-L5, L5-S1 y protusión central izquierda L3-L4. Canal estrecho y artrosis facetaria." Limitado para "tareas que precisen flexiones de columna lumbar y carga de pesos mayor de 10 Kg. Bipedestación o deambulación toda la jornada." -pág. 54 expediente administrativo del INSS- La base reguladora de la pensión es la de 1.523,23 euros, percibiendo 844, 38 euros mes (55%).. -pág.
38 y 39 expediente administrativo INSS- La cobertura de contingencias derivadas de accidente de trabajo están cubiertas por la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, Fremap. -doc nº2 del Ayuntamiento de Cifuentes- Interesada incapacidad permanente absoluta fue denegada en Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Guadalajara de 30 de septiembre de 2014 (autos 944/2013), confirmada en Sentencia 105/2016 de TSJCM de 28 de enero de 2016 . -págs.96 y ss. expediente administrativo INSS-

CUARTO. - El Ayuntamiento de Cifuentes tenía evaluación y planificación de actividad preventiva vigente a fecha del accidente para el puesto de trabajo de albañil.
El Ayuntamiento de Cifuentes no había impartido formación en prevención de riesgos al actor en relación con las funciones de operario de servicios múltiples o taquillero.
El Ayuntamiento de Cifuentes había entregado al actor los equipos de protección individual correspondientes al desempeño de la actividad de albañilería.
-informe de Inspección de Trabajo de 23 de mayo de 2017, y aplicación de 217 de la LEC-

QUINTO. - La empresa tenía suscrita dos pólizas con Mapfre Seguros de Empresa: - Póliza nº NUM000 de Responsabilidad Civil General, vigente a la fecha del accidente que cubre la responsabilidad civil por accidente de trabajo con límite de 90.000 euros por víctima, y franquicia de 300 euros por siniestro.
- Póliza nº NUM001 de Accidentes Colectivos, cuyas condiciones particulares prevé cobertura en caso de invalidez permanente, según baremo, hasta de 24.0040,48 euros, regulándose en el condicionado general , en el artículo 2 "la invalidez permanente" y en el artícuo 3 " la incapacidad profesional".
La incapacidad profesional no está cubierta.
-Documentos 1 y 2 de Mapfre y doc nº 7 del Ayuntamiento de Cifuentes por reproducidos-

SEXTO. - El actor comenzó a prestar servicios para la empresa Autocares García de la Fuente el 20 de abril de 2017.
-informe de Inspección de Trabajo de 23 de mayo de 2017, y aplicación de 217 de la LEC- SÉPTIMO. - Con fecha 28 de junio de 2016 se celebró acto de conciliación ante el SMAC, previa presentación de papeleta el 14 de junio de 2016, que culminó sin avenencia".
TERCERO . - Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.
Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.
Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, dictada en fecha 22 de noviembre de 2017 , en el procedimiento 476/2016, en el que son parte D. Estanislao , como demandante, Ayuntamiento de Cifuentes, y Mapfre Seguros de Empresa Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., S.A. Compañía de Seguros, como demandados, se formula Recurso de Suplicación por la parte demandante solicitando que se revoque aquella estimando la pretensión interesada en la demanda de condena solidariamente a ambas al abono de 234.043 euros, con el 10% de interés por mora, de los que 219.043 euros lo son en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo, y 15.000 euros por aplicación de póliza de seguros contratada por la empresa con la aseguradora.
Para sostener su petición se alegan los siguientes motivos: 1. Al amparo del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se solicita la nulidad de la sentencia por incongruencia omisiva con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de los artículos 24.2 C .E., 218 LEC y 97.2 LRJS.
2. Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la revisión de su contenido fáctico, para que se modifique el hecho probado quinto de la sentencia. Al dar una redacción completa del hecho quinto del cual se deja subsistente parte del mismo lo que se quiere modificar es lo siguiente: a. En la descripción de la póliza nº NUM001 se quiere quitar el párrafo " regulándose en el condicionado general, en el artículo 2 "la invalidez permanente" y en el artículo 3 "la incapacidad profesional " b. Se quiere añadir la referencia siguiente a otra póliza: "Póliza nº NUM002 , condiciones particulares seguro accidentes colectivos, cuyas condiciones particulares prevé la cobertura en caso de invalidez permanente según baremo, hasta ...: 15.000 euros, con fecha de efectos 12 de agosto 2012 a 12 de agosto de 2013, y por valor de hasta 24.040,48 euros, con fecha de efectos 12 de agosto de 2013 al 12 de agosto de 2014".
c. Sustituir la expresión "La incapacidad profesional no está cubierta" por la de " La incapacidad profesional sí está cubierta ".
3. Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con las dos acciones ejercitadas habilita un motivo para cada uno de ellas: a. Respecto a la acción de daños, por infracción de los artículos 1.101 , 1.103 y 1.902 C.C .; infracción de los artículos 19 y 20 LET; infracción de los artículos 14 , 15 y 16 LPRL ; y la jurisprudencia aplicable que identifica con la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2010, recurso 4123/2008 , y las que luego cita en el desarrollo del motivo.
b. Respecto a la acción derivada de la póliza de seguros NUM001 considerando que prevé la cobertura de invalidez permanente según baremo, en la fecha del hecho causante que es la de la resolución que le reconoce la incapacidad permanente total el 18 de junio de 2013.
SEGUNDO. - Nulidad de la Sentencia. Primer motivo.
La nulidad se solicita porque en la demanda se ejercita acción reclamando una indemnización por incumplimientos empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene que han causado daños al trabajador y acción reclamando indemnización derivada de la póliza de seguros por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo.
Para que proceda revisión de la sentencia conforme a lo previsto en el apartado a) del artículo 193 LRJS es necesario que se haya producido una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión. La alegación que al respecto se hace en el recurso es la de indefensión generada por la falta de explicación y decisión sobre la segunda de las acciones formuladas que constituye así una incongruencia de la sentencia que ha omitido un pronunciamiento obligatorio.
La incongruencia de la sentencia se relaciona con el artículo 97.2 LOPJ , la vulneración de derechos fundamentales en los artículos 238 LOPJ y 24.1 C .E. al que hay que acudir por la referencia a la indefensión que estaría dentro del apartado 1 conforme al cual "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", pero no en el apartado 2 al que directamente se alude, aunque la exposición no concreta nada en relación con los aspectos regulados en estos preceptos sino por referencias incompletas y a otras sentencias que trascribe sin desarrollar el argumento lógico que relaciona su afirmación con la vulneración normativa.
En la regulación normativa de las sentencias del Orden Social, y concretamente en la de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social, se establece ( artículo 97.2 LRJS ) que "apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza".
Tal como ha dicho el Tribunal Supremo (sentencia de 22 de marzo de 2018, recurso: 3491/2015 ), "La congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible" ( STS 16 febrero 1993, rec. 1203/1992 ). La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro.
Los términos que es preciso comparar para averiguar si existe o no congruencia comprenden, esencialmente, desde el punto de vista de la actividad de las partes, la pretensión procesal, compuesta, a su vez, por la petición y la causa de pedir. De ahí que la Sala haya reiterado, recogiendo la expuesta doctrina constitucional, que "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y "petitum"-, y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes (entre otras, SSTS 5 octubre 1999, rec. 4773/1998 ; 8 noviembre 2006, rec. 135/2005 , 10 mayo 2016, rec. 49/2015 ; 22 de marzo de 2018, recurso: 3491/2015 )".
Además, cuando como es el caso del recurso de suplicación, recurso extraordinario, ha de resolverse sobre motivos tasados y sin poder abordar en su conjunto y libremente todo el conjunto probatorio del pleito, sujetándose a los hechos probados que se hayan declarado o se introduzcan en el recurso por vía de la limitada actividad revisoría permitida y también tasada ( TC Sentencias 294/1993, de 18 de octubre ; y 218/2006, de 3 de julio de 2006 ), la existencia de contradicciones internas en la sentencia hará imposible que se pueda resolver la impugnación de la sentencia puesto que el Tribunal no puede suplir esa contradicción de hechos y solo puede resolver una vez valorados y determinados por el Juzgado aquellos que hayan de ser contemplados como tales.
Debe recordarse también que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que "el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE , comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes en el proceso, que puede ser de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial ( TC 206/1999, de 8 de noviembre , FJ 4; 198/2000, de 24 de julio , FJ 2 , y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4 ; Sentencia: 218/2006 de 3 de julio 2006 ). Y es doctrina reiterada que concurre nulidad por incongruencia interna de la sentencia cuando tiene lugar una incompatibilidad o ausencia de coherencia dialéctica entre los hechos probados y los fundamentos de derecho de la misma ( TS 15 de febrero de 2017, recurso: 168/2016 ; 23 de enero de 2017, recurso: 60/2016 ) y que en última instancia se traduce en la carencia o insuficiencia de la motivación exigible" ( Tribunal Constitucional 117/1996, de 25 de junio ; TSJ Castilla La Mancha 15 de noviembre de 2018, recurso: 1353/2017 ).
En lo que a la cuestión de la nulidad propuesta incumbe, la sentencia identifica las pólizas aplicables y manifiesta que la incapacidad profesional no está cubierta en ellas. Consta que la pretensión es por la existencia de una póliza vinculante en la que se contempla como hecho causal indemnizable la incapacidad total derivada de accidente de trabajo que es la que se le ha reconocido por la Administración; debe destacarse que no se vincula esta cobertura a una responsabilidad de la empresa en la generación del hecho causante de la prestación ni en una obligación convencional expresa sino simplemente en que la empresa ha suscrito una póliza de seguros para cubrir estos eventos. El Fallo de la sentencia desestima de forma completa las pretensiones del demandante y absuelve a los demandados de todos los pedimentos de la demanda.
Con referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional puede decirse que "El artículo 120.3 de la Constitución dispone que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciaran en audiencia pública y el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que las sentencias han de ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que aquéllas exijan y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, es decir, la ley exige a las sentencias exhaustividad y congruencia, de modo que la incongruencia o la falta de exhaustividad vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, proclamado en el artículo 24 de la Constitución . Hay incongruencia omisiva cuando falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera sido deducida oportunamente en el pleito, y entre tales incumplimientos, debe incluirse la falta de pronunciamiento sobre algunas de las peticiones de las partes ( SSTC 20/1982 y 136/1988 , entre otras)".
También se ha dicho que "si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva ( SSTC 68/1999 y 171 /2002 )".
En la doctrina del tribunal Supremo se ha establecido, como recuerda la sentencia de 22 de marzo de 2018, recurso 3491/2015 , en relación con todo esto, que "Venimos manteniendo que "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones (...) y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta" (por todas, STS 30 mayo 2002, rec. 1230/2001 )". Añadiendo también que "Entre otras muchas, las SSTS 23 abril 2013 (rec. 729/2012 ) y 24 julio 2014 (rec. 2087/2013 ) sostienen que la incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando "el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución".
Cuando como se ha dicho la pretensión se asienta en la cobertura de una póliza de seguros y en la existencia de una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, y cuando en la sentencia se manifiesta como hecho que la póliza aplicable no contempla la cobertura de las contingencias profesionales que constituyen esencia de la reclamación, la desestimación general de la pretensión da suficiente cobertura a la obligación legal de contenido de la sentencia y explica la razón de desestimación, lo cual salva la suficiencia de la resolución judicial para producir efecto y da suficiente información al interesado -como puede verse ya que en el recurso se pretende la alteración de ese hecho probado determinante y se conoce con claridad que esa realidad de hecho es la que determinará la solución de la pretensión- para poder defender su interés por vía de recurso.
La construcción de la sentencia es suficiente según las exigencias legales en los términos interpretativos y aplicativos expuestos anteriormente y no cabe establecer reproche de incongruencia ni de indefensión puesto que trasladándose la discrepancia litigiosa al Derecho ordinario el demandante ha realizado su oposición sin limitaciones ni cortapisas.
El lugar en el que debe dilucidarse es el de modificación de hechos probados, el del apartado b) del artículo 193 LRJS , lo que lleva a la desestimación de este motivo de nulidad.
TERCERO. - Revisión de hechos probados.
Respecto a la revisión de hechos probados debe decirse que la esencia de la alteración del relato de hechos probados de una sentencia se encuentra, en su vertiente positiva declarativa, en la posible concurrencia de elementos de hecho que, siendo ciertos y pudiendo trascender en la valoración jurídica del presupuesto fáctico, deban incorporarse al conjunto de hechos susceptibles de valoración para confirmar o no su importancia en el resultado jurídico perseguido, mientras que en la vertiente negativa excluyente, se encuentra en el error o la falta de prueba para sostener la declaración de hechos efectuada por el Juez.
La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones o errores de apreciación entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas, habiéndose exigido por reiterada Jurisprudencia ( TS 25 de septiembre de 2018, recurso: 43/2018 , y las que cita de 28 mayo 2013, recurso 5/20112 ; 3 julio 2013, recurso 88/2012 ; 25 marzo 2014, recurso 161/2013 ; y 2 marzo 2016 , recuro 153/2015) para que prospere la alteración de los hechos probados de una sentencia, en lo que al caso que ahora se enjuicia se refiere, lo siguiente: 1. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.
2. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.
La propuesta quiere introducir una modificación del hecho probado quinto para que se excluya la expresión " regulándose en el condicionado general, en el artículo 2 "la invalidez permanente" y en el artículo 3 "la incapacidad profesional ". En el recurso no hay ninguna explicación de por qué debe excluirse esta mención que se refiere a la póliza concreta en la que se identifica y que es una póliza que mantiene como hecho cierto concurrente la propia propuesta de modificación, razón por la que no cabe aceptar esa exclusión.
La propuesta solicita incluir referencia a otra póliza, nº NUM002 , pero en la oposición de las demás partes en su escrito de impugnación se ha expresado que esa póliza no está vigente cuando tiene lugar el evento del accidente y la parte recurrente manifiesta en su petición que es una póliza que no resultaría aplicable pero que se trae a colación para acreditar que en la relación de seguro entre Ayuntamiento y aseguradora hay pólizas que contemplan la cobertura del accidente de trabajo. Si resulta que la póliza aplicable no es esta sino la que se describe en hechos probados el hecho que se quiere introducir es inocuo y carece de trascendencia, razón por la que no puede admitirse su introducción en el contenido fáctico del litigio.
Por último, en la modificación se pide la sustitución de la expresión "La incapacidad profesional no está cubierta", por la de "La incapacidad profesional sí está cubierta". Esta modificación tampoco tiene una explicación concreta y se incluye en la alegación única y genérica a la existencia de la póliza que ya hemos desechado y de la cual lo que se ha concluido por las partes es que la póliza aplicable no cubre los accidentes de trabajo, todo lo cual lleva a que no sea posible alterar la mención del hecho probado quinto.
CUARTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. La acción en reclamación de daños.
Respecto a la acción de daños, se alega infracción de los artículos 1.101 , 1.103 y 1.902 C.C .; los artículos 19 y 20 LET ; los artículos 14 , 15 y 16 LPRL ; y la jurisprudencia aplicable que identifica esencialmente con la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2010, recurso 4123/2008 , aunque luego cita otras muchas.
Se alude al derecho a la reparación íntegra, a la proporcionalidad entre daño y reparación, y a la determinación por el órgano judicial del importe de la indemnización. También habla de la compatibilidad entre prestaciones de Seguridad Social y la acción de responsabilidad. Sin embargo, nada de esto está en entredicho en la resolución judicial que se impugna donde la causa de denegación de la pretensión actora, después de establecer el entorno legal y jurisprudencial de la responsabilidad por daños derivada de las obligaciones de seguridad y salud del empresario con el trabajador, es que no hay ningún incumplimiento del empleador que tenga vinculación con la actuación del trabajador en la que tuvo lugar el evento lesivo causante de la incapacidad temporal y posterior incapacidad permanente total.
La pretensión se inserta en la responsabilidad de la empresa por los daños y perjuicios causados en incumplimientos empresariales vinculados al contrato de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" ( art. 4.2. d) y a "una protección eficaz en materia de seguridad e higiene " ( art. 19.1). Obligación que más específicamente -y con mayor rigor de exigencia- desarrolla la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales , con los mandatos de los artículos 14.2, 15.4 y 17.1.
Existiendo, pues, una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del artículo 1.101 del Código Civil en virtud del cual quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas. En sede de la responsabilidad por incumplimientos derivados del contrato, con expresa referencia al artículo 1101 CC , debe concurrir como requisito, además del incumplimiento de la obligación por culpa o negligencia, la realidad de los perjuicios, es decir, que éstos sean probados, y el nexo causal eficiente entre la conducta del agente y los daños producidos (TS Sala Civil de 24 de septiembre de 1994, 6 de abril de 1995, 22 de octubre de 1996, 13 de mayo de 1997, 19 de febrero de 1998, 24 de mayo de 1999, 31 de enero de 2001, 3 de julio de 2001, 5 de octubre de 2002, 10 de julio de 2003, 9 de marzo de 2005, 19 de julio de 2007, y 18 noviembre de 2014, recurso 1671/2012.
Con especificidad en relación con los accidentes de trabajo, como ha señalado el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de julio de 2007 , que reitera doctrina asentada (por todas STS de 2 de octubre de 2000 ) son requisitos determinantes de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleador ( STS 26 de marzo de 1999 ). b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador. c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 ).
No cabe duda de que sobre esa construcción genérica concurren matices que la normativa referida introduce dentro, esencialmente, del contenido culpabilístico de la responsabilidad que se mueve en un terreno intermedio entre el exceso de la responsabilidad objetiva más visceral y la vinculación excluyente de la mera culpa negligente. Una buena referencia del estado de la cuestión es la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2010, recurso 4123/2008 , que delimita con una serie de matizaciones la clásica doctrina de la culpa en los siguientes términos: 1. No puede sostenerse la exigencia culpabilista en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario "crea" el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en el proceso productivo- es quien lo "sufre"; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar ( artículo 20 ET ) y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias ( artículo 15 LPRL ), estableciéndose el deber genérico de "garantizar la seguridad y salud laboral" de los trabajadores ( artículo 14.1 LPRL ).
2. La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo (AT), para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias.
3. Pero el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario (argumentando los artículos 1.105 CC ), pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.
4. Por último debe indicarse expresamente que no procede aplicar en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por el resultado, y no solamente porque esta conclusión es la que se deduce de los preceptos anteriormente citados, sino por su clara inoportunidad en términos finalísticos, pues tal objetivación produciría un efecto "desmotivador" en la política de prevención de riesgos laborales, porque si el empresario ha de responder civilmente siempre hasta resarcir el daño en su integridad, haya o no observado las obligadas medidas de seguridad, no habría componente de beneficio alguno que le moviese no sólo a extremar la diligencia, sino tan siquiera a observar escrupulosamente la normativa en materia de prevención; y exclusivamente actuaría de freno la posible sanción administrativa, cuyo efecto disuasorio únicamente alcanzaría a las más graves infracciones (de sanción cuantitativamente mayor). Planteamiento que se ajusta a la Directiva 89/391/CEE.
Algo de esto se hace evidente en la normativización que el artículo 96.2 LRJS ha realizado al poner sobre la ley dicha doctrina estableciendo que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad; sin que pueda apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.
En este entorno jurídico hay que resolver la cuestión planteada que necesita asentar los hechos sobre los que se aplicará la norma, no sin advertir previamente que las reglas de la carga de la prueba solo trascienden cuando con los hechos conocidos y no discutidos no es posible resolver la cuestión litigiosa, de modo que en la ausencia de hechos que puedan modular la responsabilidad de unos y otros es la regla de la carga de prueba la que imputará la consecuencia de su ausencia a aquél a quien le viene impuesta la carga de alegar y justificar esos hechos.
No hay ninguna duda de que el accidente tuvo lugar el día 8 de agosto de 2012, y no hay duda de las circunstancias en que tuvo lugar porque se describen en el hecho probado segundo de la sentencia. Tampoco hay duda de cuando tiene lugar la resolución que reconoce la incapacidad permanente total que es de 18 de junio de 2013. Lo cierto es que no habiendo procedido la modificación solicitada de hechos probados, la situación de hecho es la que describe la sentencia en su conjunto que incluye todas aquellas afirmaciones de hecho contenidas en la fundamentación jurídica con valor de hecho probado conforme a lo establecido por la doctrina del Tribunal Supremo (sentencias de 12 de julio de 2005, recurso 120/2004 ; 20 de diciembre de 2014, recurso 30/2013 ; 29 de septiembre de 2014, recurso 305/2013 ; 2 de febrero de 2015, recurso 279/2013 ; y 23 de junio de 2015, recurso 944/2014 ).
En esos hechos se refiere que el acto en el que tuvo lugar el accidente del trabajador no era un acto propio del trabajo, esto es, del contenido funcional y por tanto exigible del puesto de trabajo, sino un acto común, ordinario, de atención a una persona que se había caído al suelo, al intentar ayudarle. El acto no está vinculado con el trabajo en sí mismo ya que, como dice la sentencia impugnada, es un acto que podría realizar cualquier persona que como el trabajador se encontrase en ese momento en aquél lugar. Si no es un acto del trabajo no puede vincularse a ningún incumplimiento empresarial en relación con el puesto de trabajo y con la obligación genérica de seguridad y salud del trabajador; no puede haber ninguna relación y desde luego, en este caso, a quien incumbe la carga de acreditar que el acto tuvo lugar en el desarrollo ordinario del trabajo es al demandante quien, también, debería indicar cuál es el incumplimiento producido de esas supuestas obligaciones, concretamente, de cuál es el equipo de protección individual que no se proporcionó para el servicio de taquillero y cuya ausencia fue causa de la lesión del demandante y, en general, cual es la obligación omitida. La sentencia impugnada ofrece estas mismas consideraciones que ahora simplemente se reiteran, incluido el dato de que pudiese existir un cambio de puesto de trabajo y su inocuidad en el resultado lesivo que no tuvo que ver con ningún incumplimiento del empleador; lo cual lleva a la confirmación de lo resuelto en relación con esta pretensión.
QUINTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. La acción derivada de póliza de seguros.
Respecto a la acción derivada de la póliza de seguros NUM001 en el recurso se afirma que esa póliza prevé la cobertura de invalidez permanente según baremo, en la fecha del hecho causante que es la de la resolución que le reconoce la incapacidad permanente total el 18 de junio de 2013. Los hechos necesarios para determinar el efecto de esta póliza en el hecho concurrente son el del contenido obligacional de la póliza y el de la fecha del hecho causante a efectos de su aplicación, que son los datos que han destacado las partes para determinar cada una de sus posiciones jurídicas.
Como ha resaltado la jurisprudencia ( sentencias de 20 noviembre 2003 (Recurso 3238/2003 ; 19 de enero de 2004 (Recurso 2807/2002 ; y 29 de enero de 2019, recurso: 3326/2016 ) la regla general de seguridad social en esta materia es que "el momento relevante en orden al establecimiento de la cobertura de los accidentes de trabajo es aquel en que se produce el accidente y no el momento en que tiene lugar el reconocimiento administrativo o judicial de la situación protegida o el tránsito de una situación protegida a otra en aquellos supuestos en que de la misma contingencia determinante pueden derivar varias situaciones de este carácter, como sucede con el paso de la incapacidad temporal a la permanente", de modo que si el accidente ha tenido lugar el 8 de agosto de 2012 y en esa fecha está vigente la póliza NUM001 , ésta es la que determina el derecho.
Como recuerda la citada sentencia de 29 de enero de 2019, recurso 3326/2016 (con referencia a las de 26-6-03 recurso 4518/02; 20-11-03, recurso 3238/03; 19-1-04, recurso 2807/02; 28-4-04, recurso 2346/03; 23-12-04, recurso 3356/03; 24-5-06, recurso 210/05, 30-4-2007, recuro 618/06; y 23/9/2009, recurso 2248/2008), "las definiciones de los riesgos y contingencias en las mejoras de Seguridad Social instrumentadas como seguros de grupo han de ser, en principio, las precisadas en estos últimos, y cuando se trata de una mejora voluntaria que, como aquí ocurre, contiene una regulación específica en orden a fijar el momento en que se tiene por establecida la cobertura o en el que ha de determinarse el régimen aplicable, tal regulación tiene que prevalecer en la medida en que no se oponga a una norma de superior rango. Y a tal solución ha de estarse, pues, aunque pudiera considerarse inconveniente de acuerdo con criterios técnicos de protección, lo cierto es que ésta es la regla que han establecido las partes, y tal opción no vulnera ninguna norma imperativa, no es contraria a la moral y tampoco se opone al orden público, si por él entendemos, como hace la doctrina científica, el constituido por los principios básicos y fundamentales de la organización de la comunidad; ni tampoco supone, en general, la infracción de alguno de los otros límites de la autonomía de la voluntad a que se refiere el artículo 1255 del Código Civil , especialmente teniendo en cuenta que se trata además de una materia esencialmente disponible como la relativa a las mejoras voluntarias, de modo que si la póliza garantiza únicamente las contingencias producidas durante la vigencia del contrato de trabajo, su cobertura no es aplicable a quien ya no presta servicios en la empresa en la fecha en que la póliza fija como de nacimiento de la protección". Y aunque la solución que da la citada sentencia al caso concreto es que la póliza vinculante es la que existe en el momento de la declaración de la incapacidad permanente porque así lo dice la póliza, esta solución es combatida por un voto particular convincente que mantiene la previsión general, no obstante lo cual resulta inocua porque en nuestro caso no se ha dicho en hechos probados cual es la previsión que al respecto tiene la póliza y ni tan siquiera se ha dicho si la póliza tiene lugar por una obligación contractual o convencional.
En esa póliza, según dice la sentencia en hechos probados y se ha manifestado por la Aseguradora, solo se recogen como cubiertas las incapacidades sufridas según baremo, que no contemplan la sufrida por el demandante, y no contempla la incapacidad permanente laboral derivada de contingencia profesional; y como no se ha trasladado como hecho cierto nada distinto de lo que dice la sentencia solo puede concluirse como ha hecho ella denegando la posibilidad de obtener una indemnización por cobertura de la póliza de seguros colectiva vinculante.
Por ello, debe confirmarse lo acordado que no infringe la norma alegada para interesar la revisión y se ajusta a lo que resulta de la normativa legal y convencional aplicable, y desestimarse el recurso de suplicación.
TERCERO. - Costas.
Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.
Siendo desestimado el recurso de suplicación y siendo la parte recurrente beneficiaria del derecho de justicia gratuita, no procede imposición de costas.
VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación

FALLO:

Que desestimando como desestimamos el recurso de suplicación formulado por D. Estanislao contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, dictada en fecha 22 de noviembre de 2017 , en el procedimiento 476/2016, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada; sin imposición de costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación, durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora de la jurisdicción social . La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número ES55 0049 3569 9200 0500 1274 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Albacete, tiene abierta en el BANCO SANTANDER, sita en Albacete, C/ Marqués de Molíns nº 13,indicando el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso, y si es posible, el NIF/CIF, así como el beneficiario (Sala de lo Social) y el concepto (cuenta expediente) 0044 0000 66 0771 18, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de citada Ley , que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.