Jurisprudencia

Cabecera: Comunidad de propietarios. Reparacion de humedades por defectos en elementos comunes. Certificado final de obra. Defectos vicios son claramente de ejecución, la responsabilidad de los mismos corresponde al aparejador junto con la constructora y la promotora. No puede considerarse al aparejador como un mero transmisor de órdenes y datos entre el arquitecto superior y el constructor
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Madrid
Fecha: 07/06/2019
Tipo resolución: Sentencia Sección: Decimotercera
Número Sentencia: 188/2019 Número Recurso: 674/2018
Numroj: SAP M 5162/2019
Ecli: ES:APM:2019:5162
Voces sustantivas: Compraventa, Prescripción, Responsabilidad extracontractual, Concepto de ruina, Concurrencia de culpa, Daños materiales, Daños y perjuicios, Defectos de la construcción, Edificaciones, Incumplimiento contractual, Plazo de prescripción, Plazos de garantía, Prescripción de la acción, Responsabilidad contractual, Responsabilidad del arquitecto, Responsabilidad por incumplimiento, Derecho de repetición, Daños morales, Deudor solidario, Edificaciones, Grupos de empresas, Lex artis, Plazos, Plazos de prescripción
Voces procesales: Costas del procedimiento, Costas procesales, Prueba, Prescripción, Condena en costas, Dictamen pericial, Exigencia de responsabilidad, Falta de litisconsorcio, Imputabilidad, Informe pericial, Motivos del recurso, Notificaciones, Prescripción de la acción, Presentación de la demanda

ENCABEZAMIENTO:


udiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Decimotercera
c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 3 - 28035
Tfno.: 914933911
37007740
N.I.G.: 28.079.42.2-2011/0163175
Recurso de Apelación 674/2018
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 1274/2011
APELANTE: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ DIRECCION000 Nº NUM000 DE MADRID
PROCURADOR D./Dña. MARTA FRANCH MARTINEZ
APELADO: D./Dña. Domingo
PROCURADOR D./Dña. JOSE RAMON COUTO AGUILAR
D./Dña. Íñigo
PROCURADOR D./Dña. JOSE PEDRO VILA RODRIGUEZ
INMOBILIARIA TORUNI SA
PROCURADOR D./Dña. MYRIAM ALVAREZ DEL VALLE LAVESQUE
UNIFO SA
SENTENCIA Nº 188/2019
TRIBUNAL QUE LO DICTA :
ILMO. SR. PRESIDENTE
D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS
ILMAS. SRAS. MAGISTRADAS
Dña. Mª CARMEN ROYO JIMÉNEZ
Dña. MIRIAM IGLESIAS GARCÍA VILLAR
Siendo Magistrado Ponente D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS
En Madrid, a siete de junio de dos mil diecinueve. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial
de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación
los autos de Juicio Ordinario sobre Responsabilidad Civil, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de
Madrid, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/

DIRECCION000 , Nº NUM000 (DE MADRID), representada por la Procuradora Dª. Marta Franch Martínez y
asistida por el Letrado D. Ángel Marcos Gómez Aguilera; de otra, como demandados-apelados: D. Domingo ,
representado por el Procurador D. José Ramón Couto Aguilar y asistido por la Letrada Dª. Elena Somacarrera
Pérez; D. Íñigo , representado por el Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez y asistido por el Letrado D.
Javier Muñoz Villarreal; INMOBILIARIA TORUNI, sin que conste ante esta Sala Procurador que le represente
ni Letrado que le asista; UNIFO, S.A., en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 67, de Madrid, en fecha doce de febrero de dos mil trece, se dictó Sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: "FALLO: Que estimando la demanda presentada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA DIRECCION000 Nº NUM000 DE MADRID contra INMOBILIARIA TORUNI, S.A. y UNIFO, S.A. y desestimándola respecto D. Íñigo y D.
Domingo , todos ellos con la representación y asistencia ya citadas, 1º.- Debo declarar y declaro la existencia de los defectos y vicios constructivos señalados en los fundamentos de derecho tercero a quinto de esta resolución en el edificio número NUM000 de la DIRECCION000 de Madrid 2º.- Debo condenar y condeno UNIFO, S.A. a que proceda a la reparación de los defectos constructivos en las juntas de dilatación del techo del garaje p- NUM001 y conducciones de evacuación de aguas descritos en esta resolución en relación con los informes periciales aportados en autos, reparación que deberá ser iniciada en el plazo de TREINTA DÍAS desde la notificación de esta resolución y estar concluida en el de otros TREINTA DÍAS desde el inicio de los trabajos, con el apercibimiento de que, de no proceder a lo ordenado, será llevado a efecto por terceros designados por la demandante y a expensas de UNIFO, S.A.
3º.- Debo condenar y condeno a INMOBILIARIA TORUNI, S.A. a que en los mismos plazos del pronunciamiento anterior proceda a la puesta en marcha del sistema de Agua Caliente Sanitaria instalado en el edificio de la DIRECCION000 nº NUM000 de Madrid, dejándolo en perfecto estado de funcionamiento, conforme a las especificaciones del proyecto de instalación y con el apercibimiento de que, de no cumplir lo ordenado, será llevado a cabo por tercero designado por la demandante y a expensas de la demandada.
4º.- Debo absolver y absuelvo a D. Íñigo y D. Domingo de las pretensiones deducidas en su contra.
5º.- Debo condenar y condeno a INMOBILIARIA TORUNI, S.A. y UNIFO, S.A. al pago de las costas causadas por la demandante y a esta al pago de las costas causadas por los demandados D. Íñigo y D.
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue admitido, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección en fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho , para resolver el recurso.
TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su conocimiento, a tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO , la cual tuvo lugar, previo señalamiento, el día cinco de junio de dos mil diecinueve.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO. Por la representación de la apelante Comunidad de Propietarios de la c/ DIRECCION000 nº NUM000 , actora en primera instancia, se interpone recurso contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra.
Magistrado Juez de 1ª inscia. nº 43 de Madrid con fecha 25 de febrero de 2.014 , estimatoria parcialmente de la demanda de declaración de existencia de vicios constructivos y condena de los demandados Inmobiliaria Toruni S.A. (Promotora), Unifo S.A.(Constructora), D. Íñigo (Arquitecto Superior), y D. Domingo (Aparejador) a reparar los vicios constructivos existentes en el plazo de treinta días desde la notificación de esta resolución, debiendo estar concluida la reparación en otros treinta días, imponiendo a las demandadas las costas del procedimiento, y a la actora las de los demandados absueltos D. Íñigo y D. Domingo , con base en las alegaciones que luego se expondrán.
SEGUNDO. Se aceptan los hechos y los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida en cuanto no se opongan a los de la presente resolución.


TERCERO. Sucintamente, en la demanda iniciadora del procedimiento la actora exponía que la promotora y constructora citadas, promovieron la construcción y venta del edificio, integrado por locales comerciales, oficina y garajes, sito en la DIRECCION000 nº NUM000 de Madrid. Que los propietarios reclamaron reiteradamente a la constructora (debiendo tenerse en cuenta que la promotora pertenece al mismo grupo de empresas) los vicios y defectos de la construcción, así como la puesta en marcha de la instalación de las placas solares. Que para acreditar su existencia aportaban dictamen del Arquitecto D.
Celestino que detectó la existencia de defectos consistentes en: A) Humedades de filtración procedentes de las juntas de dilatación, y B) Humedades de filtración por desperfectos en la red de evacuación de aguas, cuyo importe de reparación ascendía a 8.987,54 euros. Finalmente, además de estos defectos, existía la falta de puesta en funcionamiento de la instalación de energía solar térmica, que presupuestó en la cantidad de 2.288 euros. Por todo ello, ejercitando la acción del art. 1.591 y concordantes del C.C ., interesaba la declaración de tales vicios, y la condena solidaria de los demandados a subsanar y reparar los defectos en el plazo que la sentencia determinara, así como la condena de los demandados al pago de las costas procesales.
El demandado D. Domingo (Aparejador ) comenzó por decir, que la relación contractual con los compradores era solo de la constructora y la promotora, por lo que los posibles incumplimientos contractuales a ellas solo debían reclamarse. Que en todo caso, la construcción fue posterior a la entrada en vigor de la L.O.E., puesto que la obra comenzó el 3 de noviembre de 2.004, siendo concluidas las mismas el 16 de abril de 2.007, habiéndose dirigido las reclamaciones solo a la promotora y constructora, transcurridos más de un año desde la recepción de las mismas, y transcurridos más de dos años para el ejercicio de las acciones que señala la L.O.E., desde todas las reclamaciones, hasta la presentación de la demanda. Que en todo caso, se trataría de defectos de ejecución, atribuibles a la constructora, y de defectos de diseño, atribuibles al arquitecto. Que anunciaba la aportación de un informe pericial por su parte, que luego aportó emitido por el perito Arquitecto e Ingeniero Industrial D. Blas , estando disconforme con las conclusiones del aportado por la actora. Y respecto de la instalación de agua, debía tenerse en cuenta que eran correctas, ya que el edificio estaba destinado a oficinas y no a viviendas.
La Promotora y Constructora citadas, también se opusieron, comenzando por decir, que los compradores habían acondicionado las oficinas para viviendas, con lo que las necesidades energéticas variaban, y que la puesta en marcha del sistema era de cuenta de la Comunidad. Que los defectos reclamados no eran por mala ejecución sino defectos de mantenimiento, y reiteraba que la puesta en funcionamiento del sistema de energía solar, complementario del tradicional sistema energético, no era responsabilidad de la Promotora ni de la Constructora.
El demandado D. Íñigo (Arquitecto ), tras alegar la excepción de prescripción, por las razones que mencionaba en su contestación, añadió que el edificio se construyó al amparo de la L.O.E., siendo entregado a los compradores el 16 de abril de 2.006, y opuso también la excepción de falta de litisconsorcio necesario, porque no se había demandado al proyectista y director de la obra de las plazcas solares DPI Ingenieros, al Ingeniero D. Evelio , y a la empresa de Control de Calidad SGS y Tecno S.A., conculcando de esta forma el principio de la imputabilidad individual. En cuanto al fondo, oponía que los defectos por humedades denunciados era defectos de diseño, y que respecto de la instalación eléctrica, no se acreditaba el daño, ni se justificaba el presupuesto de reparación, y que para acreditar lo expuesto acompañaba dictamen pericial del Arquitecto Superior D. Florentino.
La Juzgadora de instancia estimó parcialmente la demanda, condenando solamente a la Promotora y Constructora demandadas, a las que además impuso las costas causadas, absolviendo a los demandados Arquitecto y Aparejador, e imponiendo a la actora las costas causadas por su demanda contra estos.
CUARTO . En la Previa de las alegaciones de su recurso la apelante delimita el objeto del mismo diciendo, que solamente impugna, de una parte la absolución del Arquitecto y Aparejador demandados, y de otra la imposición de costas a la demandante por la referida absolución.
En la primera denuncia la infracción del art. 13 de la L.O.E ., porque dicho precepto incluye entre las obligaciones del Aparejador " dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de la obra ", por lo que, de conformidad con lo establecido dicho precepto, también el Aparejador debe responder de los defectos de ejecución, junto con el Arquitecto Superior.
En la segunda denuncia que el Aparejador ha tenido una intervención directa en la ejecución de las obras, ya que no solo intervino como profesional, sino también como administrador único de la Constructora Unifo.
Y en la tercera denuncia la infracción del art. 394 de la L.E.C . respecto de la condena al pago de las costas causadas con motivo de la absolución del Arquitecto y Aparejador demandados, diciendo, que en el caso existen al menos, claras dudas de hecho y de derecho.
QUINTO. Antes de resolver el recurso formulado, conviene partir de los siguientes presupuestos: 1º) Como dice la S.T.S. de 22 de marzo de 2.011 la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1.999, de 5 de noviembre (que en este caso no invoca la actora), es una Ley de aplicación a las obras de nueva construcción y a obras en los edificios existentes, para cuyos proyectos se hubiera solicitado la correspondiente licencia de edificación a partir de su entrada en vigor. Dicha ley no traslada de forma automática todo el régimen normativo anterior, contenido en el art. 1.591 del C.C ., y la jurisprudencia que lo interpreta, sino que dota al sector de la construcción de una configuración legal específica.
2º) Por ello, en la actualidad subsisten dos regímenes diferenciados de responsabilidad: uno el del art.
1.591 del C.C ., para las obras cuyos proyectos se solicitó la licencia de edificación antes del día 5 de mayo de 2000 (fecha de entrada en vigor de la L.O.E.), y otro el de la L.O.E., para las obras en las que la referida solicitud se hizo con posterioridad a dicha fecha.
3º) Cuando la reclamación se refiere a daños materiales producidos en una construcción cuya licencia se solicitó después del 5 de mayo de 2.000 no le es dable al demandante escoger el régimen normativo aplicable para sustentar sus pretensiones, debiendo hacerlo en las normas de la L.O.E. por razones de especialidad y temporalidad.
4º) El amplísimo concepto de ruina del art. 1.591 del C.C . ha desaparecido de la nueva L.O.E. No obstante son divergentes las opiniones doctrinales acerca de la vigencia del referido precepto del C.C. Para unos ha quedado derogado. Para otros, y esta opinión se comparte por este Tribunal, el C.C. sigue en vigor no solo para las obras cuya licencia se solicitó con anterioridad a la precitada fecha, sino también, como dice Almagro Nosete: a) para las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan de forma eventual o permanente carácter residencial, ni público que expresamente excluye de su ámbito de aplicación el art. 2.2 a) de la L.O.E .; y b) para los daños corporales y más concretamente los daños morales que ampara la amplia dicción del art. 1.591 del C.C . cuando se refiere a "daños y perjuicios". Como consecuencia de ello no hay inconveniente legal alguno en aducir junto con las normas de la L.O.E. el art. 1.591 del C.C . para reclamar junto a los daños materiales los morales.
5º) La L.O.E., al igual que sucede con el art. 1.591 del C.C ., contempla la posibilidad de acumular diversas acciones plenamente compatibles cuales son: las de responsabilidad contractual por incumplimiento de las obligaciones propias del contrato de compraventa ( art. 17.1 y 17.9 de dicha Ley ); las de responsabilidad extracontractual; y las de responsabilidad ex lege personal, individualizada y privativa de cada uno de los agentes de la construcción ( art. 17.1.2 . y 3 de la L.O.E .), contra todos los intervinientes en el proceso de la construcción.
6º) Frente a la solidaridad impropia (es decir la no fundada en una disposición ex lege, que la jurisprudencia estableció para las obligaciones resarcitorias dimanantes del art. 1.591 del C.C .); y a pesar de que esta Sala no desconoce tampoco los divergentes criterios doctrinales al efecto; entiende que la L.O.E. ha modificado el sistema, pues a pesar de mantener que la responsabilidad será exigible en forma personal e individualizada (art. 17.2 ), también dice que "cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas, sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente", sin perjuicio de que el promotor (única excepción a la individualización de la responsabilidad) responda ante los adquirentes, solidariamente, y en todo caso, con los demás agentes de la construcción, de los daños materiales y de los vicios o defectos de la construcción. A diferencia por tanto del art. 1.591 del C.C ., la nueva Ley establece una solidaridad plena, expresa, directa e impuesta por la ley de todos los intervinientes en la construcción, ante los adquirentes, por los daños materiales y los vicios o defectos de la construcción, que surge desde la demanda como medio de protección de los perjudicados, sin perjuicio del derecho de repetición que asiste a cada demandado para traer al pleito a otros agentes que hayan intervenido en el proceso de construcción ( Disposición Adicional Séptima de la L.O.E ., y al condenado para reclamar de los demás (art.
18.2). Por ello no es suficiente especificar cuáles son los daños, sino también concretar, cuales se imputan a cada demandado, para que estos puedan conocer si se han cumplido o no los distintos plazos de garantía que establece el art. 17 de la L.O.E.
7º) Como consecuencia de la solidaridad ex lege, y contrariamente a lo que sucede con las reclamaciones sustentadas en el art. 1.591 del C.C ., cualquier reclamación judicial o extrajudicial dirigida contra uno de los intervinientes en la construcción, interrumpe la prescripción de la acción frente a todos los deudores solidarios por efecto del art. 1.974 del C.C ., lo cual no resulta incompatible con el hecho de que inicialmente la responsabilidad deba exigirse respecto de los intervinientes, de manera personal e individualizada.
8º) La Ley enumera tres tipos e vicios o defectos: a) los estructurales que comprometen la resistencia y estabilidad del edificio; b) los de habitabilidad, que son daños por vicios o defectos en elementos constructivos e instalaciones que incumplen los requisitos de habitabilidad; y c) los de terminación y acabado de los que responde el constructor por ser defectos que afectan a elementos de terminación o acabado de las obras; y establece respectivamente los plazos de garantía o de manifestación de tales vicios para que puedan ser exigibles, 10 años en el caso de los primeros, 3 años para los segundos y 1 año para los terceros (art.17.1).
El cómputo de estos plazos se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda tácitamente producida si transcurridos treinta días desde que se hubiera suscrito la certificación final de obra el promotor no hubiera puesto de manifiesto por escrito reservas o rechazo.
9º) Finalmente regula de manera diferente al C.C. y por tanto establece un sistema especial de responsabilidad, distinto e incompatible con el régimen del art. 1.591 del C.C ., los plazos de prescripción para la exigencia de responsabilidad por los daños del art. 17, fijando el de 2 años a contar desde que estos se produzcan, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual (art. 18).
SEXTO . Partiendo de estos presupuestos o consideraciones, esta Sala acoge el primer motivo del recurso, pues entiende que aunque efectivamente los defectos denunciados sean defectos de ejecución y no de diseño, como pretende la actora, la responsabilidad de los mismos (A: Humedades de filtración procedentes de las juntas de dilatación, y B: Humedades de filtración por desperfectos en la red de evacuación de aguas) debe atribuirse también al Arquitecto Técnico o Aparejador D. Domingo , junto con la Promotora y Constructora condenadas en primera instancia. La responsabilidad por tales defectos, no estando prescrita la acción para reclamarlos, (cuestión que no se discute en el presente recurso), le viene atribuida por el art.
13.2, letras c ) y e) de la L.O .E., cuando dice que es también responsabilidad del director de la ejecución de la obra (el Aparejador), respectivamente, "Dirigir la ejecución material de la obra comprobando....la correcta ejecución...de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de la obra" , y " suscribir...el certificado final de obra... ", y a pesar de que en el presente caso, cuando se firmó el Certificado Final de obra el 16 de abril de 2.007 (las obras habían finalizado el 16 de abril de 2.006) no se había detectado vicio alguno en la construcción, los integrantes de la dirección técnica, por el solo hecho de firmar el certificado final de obra, no estén exentos de responsabilidad, y conforme a la citada normativa, su responsabilidad deviene del incumplimiento de las referidas obligaciones cuando se trata de defectos cuyo seguimiento y control tienen dichos profesionales encomendados. En el presente caso, mientras que la apelante no ha alegado razones, y aportado las pertinentes pruebas de la responsabilidad del Arquitecto Superior, sí que, como decimos, de los dictámenes periciales aportados, y de la normativa vigente, se desprende claramente la responsabilidad del Aparejador o Arquitecto Técnico como especialista encargado de la inspección y del orden de la obra que actúa con cierta autonomía operativa, el cual, además de estar a las órdenes del Arquitecto director de la obra, tiene como obligaciones inspeccionar los materiales, proporciones y mezclas; ordenar la ejecución de la obra; responder que la misma se efectúe con sujeción al Proyecto; responder de que se haga con arreglo a las buenas prácticas de construcción y seguir las instrucciones del Arquitecto director dirigiendo la ejecución material de las obras e instalaciones ( S. T. S. 27 Jun. 02 ), con obligación de conocer, en su calidad de técnico, las normas tecnológicas de la edificación, advirtiendo al Arquitecto de su incumplimiento, vigilando que la realidad constructiva se ajuste a la lex artis y ordenando y dirigiendo la ejecución material de las obras. Por ello no puede considerársele como un mero transmisor de órdenes y datos entre el arquitecto superior y el constructor (sin perjuicio de que además, en el presente caso, fuera administrador único de la constructora), todo lo cual implica una serie de responsabilidades propias y exclusivas derivadas de su cometido específico, y relacionadas tanto con la construcción propiamente dicha, como con la dirección de la obra. Su preparación técnica le impide ampararse en un comportamiento automático y de subordinación ciega, pues siempre puede no ejecutar lo que resulte incorrecto o plantear la proyección más convincente y adecuada. La S.T.S. de 10 de marzo de 2004 , señala que "Los arquitectos técnicos asumen la importante función de llevar a cabo actividades de inspeccionar, constatar y ordenar la correcta ejecución de la obra, lo que les impone por ley mantener contactos directos, asiduos e inmediatos con la misma, conservando la necesaria autonomía profesional operativa, de la que pueden derivar las correspondientes responsabilidades ( SS.T.S. 13 febrero 84 , 18 diciembre 99 y 18 diciembre 01 ), por lo que, conforme a la doctrina expuesta, si los defectos vicios denunciados en el presente caso son claramente de ejecución, la responsabilidad de los mismos corresponde al referido Aparejador junto con la constructora y la promotora.
SÉPTIMO . Debe asimismo decaer, aunque parcialmente, lo alegado en el segundo motivo de apelación referido a la improcedente condena en costas de la actora por la absolución del Arquitecto y Aparejador también demandados. Y es que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 de la L.E.C ., tratándose claramente de defectos de construcción, de los que no es responsable el Arquitecto superior, deben ser impuestas a la actora las costas causadas con motivo de la improcedente demanda dirigida contra el mismo, sin que, por lo expuesto, sea merecedora de la imposición de costas por su demanda contra el Aparejador.
OCTAVO. Por disposición del art. 398 de la L.E.C . al estimarse parcialmente el recurso no procede imponer a ninguna de las partes las costas del mismo.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO:

Que estimando parcialmente como estimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. Marta Franch Martínez en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de la c/ DIRECCION000 nº NUM000 de Madrid, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de 1ª instancia nº 67 de Madrid con fecha 12 de febrero de 2.013 , de la que el presente Rollo dimana, debemos revocarla y la revocamos únicamente en el sentido de condenar también, junto con la Constructora Unifo S.A.
y la Promotora Inmobiliaria Tourini S.A., al Aparejador D. Domingo , con la consiguiente imposición de costas, manteniendo íntegramente el resto de los pronunciamientos de la sentencia, sin que proceda hacer especial imposición de las costas causadas por este recurso a ninguna de las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional , con cumplimiento de los requisitos formales y de fondo de interposición, y recurso extraordinario por infracción procesal, ambos ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, los que deberán interponerse ante este Tribunal en el plazo de VEINTE días desde el siguiente al de la notificación de la sentencia. No podrá presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular recurso de casación.
Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 €por cada tipo de recurso , previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J ., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito, el recurso de que se trate no será admitido a trámite.
Dicho depósito habrá de constituirse expresando que se trata de un "Recurso", seguido del código y tipo concreto de recurso del que se trate, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con el nº 2580, en la sucursal 3569 del Banco de Santander, sita en la calle Ferraz nº 43.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.