Jurisprudencia

Cabecera: El TSJ de Castilla y León estima el recurso de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) contra las Ordenes EDU/3/2018, EDU/534/2018 y la Orden de 31 de mayo de 2018.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid
Fecha: 09/07/2019
Tipo resolución: Sentencia
Sala: Segunda Sección: Tercera
Número Sentencia: 923/2019 Número Recurso: 414/2018
Voces sustantivas: Legítima, Nulidad de pleno derecho, Principios constitucionales, Personas jurídicas, Propiedad intelectual, Asamblea general, Asociaciones, Asociaciones empresariales, Buena fe, Cultura, Causas de nulidad, Derecho a la educación, Derecho de participación, Derechos de autor, Educación primaria, Ejercicio de acciones, Enseñanza, Información pública, Organismos autónomos, Participación ciudadana, Persona jurídica, Potestad reglamentaria, Principio de legalidad, Procedimiento administrativo común, Programación general de la enseñanza, Renta, Resoluciones administrativas, Seguridad jurídica, Trámite de información pública, Acto administrativo, Embargo, Educación secundaria obligatoria, Falta de información, Interés legítimo, Legitimación, Legitimación activa, Marcas, Plazos, Prestación de servicios, Publicación del acuerdo, Remuneración, Trámite de audiencia
Voces procesales: Declaración de nulidad, Legitimación procesal, Procedimientos especiales, Recurso de casación, Tasación de costas, Contestación a la demanda, Principio de legalidad, Representación procesal, Sentencia firme, Defectos de procedimiento, Efecto positivo

RESUMEN:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado la nulidad de la Orden EDU/3/2018, de 3 de enero, de la Consejería de Educación por la que se convoca la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el curso escolar 2018/2019; la Orden EDU 534/2018, de 22 de mayo, por la que se modifica la anterior Orden EDU/3/2018, de 3 de enero; y la Orden de 31 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación, por la que se resuelve la convocatoria para la participación en el programa de gratuidad de libros de texto "Releo Plus" y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación Cultura y deporte, para el curso escolar 2018/2019.
Esta resolución viene a dar la razón a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza a la vez que muestra el malestar del Tribunal por tener que dictar tres años consecutivos la misma sentencia ordenando a la administración que inicie las operaciones de recuperación del dinero que consiguió de manera ilegal.

ENCABEZAMIENTO:

SENTENCIA núm. 923/19

PO 414 /18ILMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. AGUSTÍN PICÓN PALACIO
MAGISTRADOS
DÑA. M ª ANTONIA LALLANA DUPLÁ
D. FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ
D. FRANCISCO JAVIER ZATARAIN Y VALDEMORO

En Valladolid, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve.
Visto por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid el recurso contencioso-administrativo n. 0 414/2018, interpuesto por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDITORES DE LIBROS Y MATERIAL DE ENSEÑANZA, representada por el Procurador Sr. Abelardo Martín Ruiz y defendida por el Letrado Sr. Álvaro Martínez Rivera, siendo parte demandada la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, representada y defendida por Letrado de sus servicios jurídicos, impugnándose: -la ORDEN EDU/3/2018, de 3 de enero, de la Consejería de Educación por la que se convoca la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el curso escolar 2018/2019 (BOCyL de 15 de enero de 2018);-la Orden EDU 534/2018, de 22 de mayo, por la que se modifica la anterior Orden EDU/3/2018, de 3 de enero (BOCyL de 28 de mayo de 2018); -la Orden de 31 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación, por la que se resuelve la convocatoria para la participación en el programa de gratuidad de libros de texto "Releo Plus" y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación Cultura y deporte, para el curso escolar 2018/2019, publicada el 4 de junio de 2018 en las Direcciones Provinciales de Educación.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO. - La representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo contra la ORDEN EDU/3/2018, de 3 de enero, de la Consejería de Educación por la que se convoca la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio ·de Educación, Cultura y Deporte, para el curso escolar 2018/2019 (BOCyL de 15 de enero de 2018) y con posterioridad lo amplió a la Orden EDU 534/2018, de 22 de mayo, por la que se modifica la anterior Orden EDU/3/2018, de 3 de enero (BOCyL de 28 de mayo de 2018). Reclamado el expediente administrativo, de conformidad con el artículo 4 8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998, y una vez que fue remitido este, se dio traslado a la parte recurrente para que formulara la demanda, lo que hizo en término legal, efectuando las alegaciones que se expresan en la fundamentación jurídica de esta resolución, e interesando en el suplico de la demanda se dicte sentencia por la que: "estimando la misma, declare la nulidad de la ORDEN EDU/3/2018, de 3 de enero, y de la posterior Orden EDU 534/2018, de 22 de mayo, por la que se modifica la anterior. Con expresa imposición a la administración demandada.
Por auto de 19 de septiembre de 2018 se amplió el recurso a la Orden de 31 de mayo de 2018 la Consejería de Educación, por la que se resuelve la convocatoria para la participación en el programa de gratuidad de libros de texto "Releo Plus" y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación Cultura y deporte, para el curso escolar 2018/2019 (publicada el 4 de junio de 2018 en las Direcciones Provinciales de Educación) , y una vez que fue remitido el expediente, se dio traslado a la parte recurrente para que formulara la demanda, lo que hizo en término legal, efectuando las alegaciones que se expresan en la fundamentación jurídica de esta resolución, e interesando en el suplico de la demanda se dicte sentencia por la que es timando la misma, "declare: 1) La nulidad de la ORDEN EDU/ 3/2018, de 3 de enero, por la que se convoca la participación en el programa RELEO PLUS y las ayudas en él contenidas; de la posterior Orden EDU 534/2018, de 22 de mayo, por la que se modifica la anterior; así como la Orden de 31 de mayo de 2018, por la que se resuelve la convocatoria; y 2) La obligación de la Consejería de Educación, como entidad concedente de las ayudas, de iniciar los trámites para obtener el reintegro de la ayudas concedidas a efectos de restaurar la legalidad conculcada. Con expresa imposición a la administración demandada"

SEGUNDO. - La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda, alegando la legalidad del acuerdo recurrido.
TERCERO. - Las partes no solicitaron el juicio a prueba, habiéndose formulado conclusiones previsto en el artículo 62 de las actuaciones pendientes de votación y efectuó el día 21.6.19. recibimiento del el escrito de la LJCA; quedando fallo lo que se Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Antonia Lallana Duplá.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO. - Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la impugnación de la ORDEN EDU/3/2018, de 3 de enero, de la Consejería de Educación por la que se convoca la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el curso escolar 2018/2019 (BOCyL de 15 de enero de 2018);la Orden EDU 534/2018, de 22 de mayo, por la que se modifica la anterior Orden EDU/3/2018, de 3 de enero en el exclusivo sentido de ampliar· la cuantía global máxima del crédito para las ayudas dinerarias contenidas en la citada convocatoria del Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" a 17 millones de euros (BOCyL de 28 de mayo de 2019); y la Orden de 31 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación, por la que se resuelve la convocatoria para la participación en el programa de gratuidad de libros de texto "Releo Plus" y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación Cultura y deporte, para el curso escolar 2018/2019 (publicada el 4 de junio de 2018 en las Direcciones Provinciales de Educación)

SEGUNDO. - Con carácter previo debe darse respuesta al motivo de inadmisibilidad del recurso que plantea la Administración demandada con base en el art. 45.2.d) y 69.b) de la Ley de la Jurisdicción.
Se sostiene en la contestación a la demanda, aunque nada se dice en conclusiones, que la parte actora no ha acreditado el cumplimiento que para el ejercicio de acciones se exige a las personas jurídicas con arreglo a las normas de aplicación y a sus estatutos.
Pues bien, consta que la parte actora aportó a las actuaciones el certificado de fecha 30 de enero de 2019 que acredita que la Asamblea General de la Asociación recurrente en la reunión celebrada el 10 de abril de 2018 acordó la interposición del presente recurso. A dicho certificado se acompañan los estatutos de donde resulta que dicho órgano es el competente para decidir sobre el ejercicio de las acciones. Consiguientemente, el motivo de inadmisibilidad debe ser desestimado porque la exigencia prevista en el citado artículo 45.2.d) ha sido cumplimentado, siendo constante la jurisprudencia que entiende que este defecto es subsanable.
TERCERO.- Al objeto de resolver las cuestiones planteadas en el presente recurso se ha de tener en cuenta que la citada ORDEN EDU/3/2018, de 3 de enero, como recoge su Preámbulo, se ha dictadode conformidad con la Orden EDU/150º/2017, de 3 de marzo, publicada en el BO de Castilla y León n 49, de 13 de marzo, que crea el Banco de libros de texto de Castilla y León y se establece el Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" y las bases reguladoras de las ayudas en él incluidas. Y añade el Preámbulo: "El Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" cuyo objeto es proporcionar el uso gratuito de libros de texto al alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria que esté matriculado en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, se articula en una primera fase, a través de ayudas, en dinero o en especie, de concesión directa cuyas bases reguladoras se incorporan en la citada Orden EDU/150/2017, de 3 marzo, y que ahora procede convocar, junto con el resto del programa, para el curso escolar 2018/2019. En una segunda fase y en el caso de que estuvieran cubiertas las necesidades de los beneficiarios de las ayudas en el Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" introduce la entrega al resto de los participantes en él de los libros aún existentes en el centro docente correspondiente."

Y hemos de partir que la citada Orden EOU/150/2017, de 3 de marzo, fue objeto de impugnacion en el recurso 323/2017 tramitado ante esta Sala (Sección ª), habiendo recaído la sentencia firme de 26 de junio de 2018, en la que se estimaba el recurso interpuesto, anulando la Orden impugnada. Se ha de dar,por lo tanto, la misma respuesta en la resolución de la presente "litis", si se tiene en cuenta que los acuerdos impugnados en el presente procedimiento, la Orden EDU/3/2018, la Orden EDU 534/2018 y la Orden de 31 de mayo de 2018 no son sino mera ejecución de la Orden EDU/150/2017 ya anulada, efectuando una concreta convocatoria para la participación en el programa de gratuidad de los libros de textos, que es objeto de regulación en aquélla, y la resolución de la misma. Sin duda la declaración de nulidad de la primeramente citada ha de acarrear la nulidad de éstas, al no ser sino ejecución del marco normativo general establecido por la ORDEN EDU/150/2017 (este mismo criterio se ha seguido en la Sentencia firme de esta Salaº de 5 de julio de 2018, Sección 1 , dictada en el recurso n 325/17, que ha anulado la Orden EDU/185/2017, de 15 de marzo, por la que se convoca la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, para el curso escolar 2017/2018) En aquella sentencia de 26 de junio de 2018 se decía:

"PRIMERO. - Se recurre la Orden EDU/150/2017, de 3 de marzo, por la que se crea el banco de libros de texto de Castilla y León y se establece el Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" y las bases reguladoras de las ayudas en él incluidas, modificada por la posterior Orden EDU/389/2017 de 22 de mayo, también recurrida. La Orden EDU/150/2017, publicada en el BOCyL de 13 de marzo de 2017, tiene por objeto, según establece su articulo 1, "crear el Banco de libros texto de Castilla y León y establecer el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las bases reguladoras de las ayudas en él incluidas".
Con ello se pretende, según expresa el articulo 3, el logro de los siguientes objetivos:
"a) Contribuir a garantizar el derecho fundamental a la educación del alumnado de Castilla y León y la igualdad de oportunidades en su acceso.
b) Promover las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, atendiendo en primer lugar al alumnado en condiciones socioeconómicas más desfavorables.
c) Conseguir de forma progresiva, libros de texto y, en su caso, material curricular, de forma gratuita para todo el alumnado que curse enseñanzas en los niveles obligatorios, en centros docentes de Castilla y León, entendiendo este aspecto como un parte más del servicio público educativo.
d) Promover, en el alumnado, hábitos de cuidado y respeto en el uso del material escolar.
e) Promover el espiritu solidario de todos los miembros de la comunidad educativa".
El Banco de libros de texto de Castilla y León regulado en la Orden recurrida está constituido, según el artículo 5:
"a) Por todos los libros y materiales curriculares que formen parten de los bancos de libros de los centros que en cursos anteriores hayan participado en el Programa de reutilización de libros de texto, «RELEO».
b) Por los libros de texto que al finalizar los cursos escolares devuelvan los alumnos que hayan sido beneficiarios de una ayuda convocada por esta consejeria para financiar su adquisición.
c) Por las aportaciones voluntarias realizadas por el alumnado."
b) Por las aportaciones que pudieran realizar empresas editoriales u otras entidades, tanto públicas como privadas y Por las adquisiciones que, en su caso, pudiera realizar cualquier centro docente con fondos públicos".
Por su parte, el Programa de gratuidad de libros de texto RELEO PLUS tiene por objeto, según indica el artículo 8 "l. Proporcionar el uso gratuito de libros de texto y, en su caso, material curricular, al alumnado que curse educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León".
A tal efecto, continúa diciendo dicho artículo 8: "2. El programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» se articulará en una primera fase a través de ayudas de concesion directa, en función del nivel de renta, al amparo del artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyas bases reguladoras se establecen en la presente orden, pudiendo ser la disposición a favor del alumnado beneficiario, en dinero o en especie a través del Banco de libros de texto de Castilla y León.
3. Para lograr el uso gratuito de libros de texto por parte del alumnado beneficiario en primer lugar se acudirá al Banco de libros de texto de Castilla y León ubicado en el centro en el que estudie el alumno y en el caso de que en éste no dispusiera de las existencias requeridas y no pudiera entregarle esta ayuda en especie, se le entregará una ayuda dineraria para la adquisición de los libros necesarios, que serán devueltos al citado banco al finalizar el curso escolar.
4. En el caso de que una vez cubiertas las necesidades de los beneficiarios continuaran existiendo libros de texto en el centro docente pertenecientes al Banco de libros de texto de Castilla y León, se procederá a su entrega al alumnado solicitante que estudie en el citado centro y que no hubiera resultado beneficiario del Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS», en función de su nivel de renta. En los centros que cuenten con material curricular en el Banco de libros de texto de Castilla y León, su uso se pondrá a disposición del alumnado."
La Orden EDU/389/2017 de 22 de mayo, publicada en el BOCyL de 31 de mayo de 2017, modifica la anterior Orden EDU/150/2017 en cuanto a la composición de la comisión de gestión del Banco de libros de texto de Castilla y León que se cree en cada centro, concretando la participación del profesorado e incorporando una representación de los padres y madres del alumnado, por lo que la modificación únicamente afecta a su artículo 7.2.
SEGUNDO. La representación procesal de la parte actora pretende la anulación de las disposiciones recurridas, alegando en apoyo de tal pretensión los siguientes motivos.En primer lugar, plntea la nulidad de la Orden EDU/150/2017, por haberse omitido el trámite de información o audiencia a que se refieren los artículos 3, 4 y 5 en relación con el art. 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de Castilla y León asi como el artículo 5.m) de la Ley 2/201 O, de Derechos de los Ciudadanos, artículos 4 y 5 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible y los artículos 16 y 18 de la Ley 3/2015, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
En segundo lugar, se alega que falta un Memoria de la Orden con el contenido que indica el artículo 76 en relación con el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León y que falta igualmente el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, considerando infringido el artículo 4.1.d) de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo.
En tercer lugar, se sostiene que la Orden impugnada es nula por no haberse aprobado con carácter previo el Plan Estratégico, considerándose infringidos los artículos 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 4 de la Ley autonómica 5/2008, de 15 de septiembre, de Subvenciones.
En cuarto lugar, se alega que la Administración autonómica carece de competencia para dictar la Orden impugnada, argumentando que la competencia básica corresponde al Estado, citando a este respecto diversos artículos de la Constitución española y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
En quinto lugar, se cuestiona por la parte actora la legalidad de la obligación, establecida en diversos preceptos de la Orden, relativa a que los beneficiarios de las ayudas devuelvan los libros adquiridos con las ayudas con el fin de crear un banco de libros, por resultar contraria a la finalidad de toda subvención, que ha de serlo sin ninguna contraprestación, y cita al respecto el artículo 2.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
En sexto lugar, se alega que no concurre ninguno de los supuestos previstos en el artículo 22. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre para conceder ayudas directas en lugar del régimen general que es el de concurrencia competitiva.
En séptimo lugar, se invoca el artículo 139 de la Constitución española y los principios recogidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado".
SEGUNDO.- En los fundamentos de derecho de la expresada sentencia, en los que se recoge el análisis de los vicios procedimentales denunciados en aquel procedimiento, se expresaba lo siguiente:QUINTO.- Continuando con el examen de la demanda, debemos analizar el motivo de nulidad que se alega relativo a la falta de información o audiencia pública del proyecto de Orden.
No se discute que efectivamente la Orden impugnada constituye una disposición de carácter general y es verdad, como sostiene la Administración demandada en su escrito de contestación, que al tiempo en el que se elabora esta Orden no había entrado en vigor la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y
Administrativas (entró en vigor el 7 de julio de 2017) que modificó, entre otros, los artículos 7 5 y 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Ahora bien, el tramite cuya omision denuncia la parte actora estaba igualmente previsto y en nuestras leyes.
En efecto, en primer lugar y con caracter general hay que rcordar que el articulo 105.a) de la constitución españopla establece que la ley reguara la audiencia de los ciudadanos, directamente o a traves de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Dicha previsión ha tenido desarrollo en distintos textos normativos.
El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquí no aplicable por razones temporales, regula esta audiencia de los interesados, y el apartado 2 de dicho artículo dice: "Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto".
Por su parte el artículo 16 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo de Transparencia y participación ciudadana dice: "La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos deberán someter a la participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, las estrategias, los planes y los programas. Igualmente, podrán someter a la referida participación otros procesos de toma de decisiones que afecten al interés general de la Comunidad".
Por lo tanto, no solo son las disposiciones participación ciudadana, sino también las estrategias, planes y programas, así como cualquier decisión que se estime afecte al interés general.
Y en el mismo sentido el artículo 5. m) de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, a propósito del "Principio de participación ciudadana", dice: "En la elaboración y gestión de políticas públicas y en la prestación de servicios, la Administración de la Comunidad de Castilla y León ha de aplicar sistemas y métodos que permitan a los ciudadanos, tanto individual como colectivamente, intervenir y formular sugerencias, observaciones o alegaciones, o presentar reclamaciones y quejas por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos".
Tales previsiones normativas plasman lo que la jurisprudencia ya venia diciendo.
En efecto, la jurisprudencia ha enfatizado la importancia de garantzar el derecho de audiencia no solo de aquellas asociaciones que por ley tienen conferida la representación de los intereses generales o corporativos sino tambien de las asociaciones voluntarias cuando sus intereses pueden quedar afectados.
Así la Sentencia de 13 de octubre de 2011 del Tribunal Supremo (rec. 304/2010) dice: <
De la jurisprudencia de esta Sala que esgrime el Sr. Abogado del Estado acerca de que el trámite de audiencia se exige con excl usi vi dad en relación con las entidades que como dice el precepto, artículo 24.1.c) de la Ley del Gobierno, "por ley ostenten la representación o defensa de intereses de carácter eneral o corporativo, habiéndose llegado a diferenciar entre las entidades de afiliación obligatoria y las que responden a un principio de libre asociación para excluir la exigencia del precepto legal en el caso de las últimas" es exponente la sentencia de 24/4/2004, recurso de casación num. 1144/2001.
Y este criterio resulta con toda claridad de la STS de 10/10/2005, recurso num. 69/ 2003 EDJ 2005/ 15 7206, que se inspira en otras anteriores que cita, y que expresa que se debe "distinguir que la audiencia es preceptiva para Asociaciones que no sean de carácter voluntario, pero no cuando se trata, de asociaciones voluntarias de naturaleza privada, que, aunque estén reconocidas por la Ley, no ostentan "por Ley" la representación a que aquel precepto se refiere, pues es este criterio el que traduce con mayor fidelidad el ámbito subjetivo de aquel precepto".
Sin embargo, no son escasas las sentencias de esta misma Sala del Tribunal Supremo que matizan esa jurisprudencia. Así la sentencia de 6 de octubre de 2005, recurso de casación núm. 31/2003 EDJ 2005/157576, afirma que "las (asociaciones voluntarias) que personándose en el procedimiento invoquen -y pertenezca a su ámbito socialmente legítimo- que la disposición por su objeto afecta a intereses directos, a cuya defensa se ordene la asociacion, podrán comparecer en el expediente y en él tener la participación y garantía que es propia de la audiencia articulada en los arts. 105. a) de la C. E. y 130. 4 de la L. P. A " En idéntico sentido se manifiesta la STS de 12/6/2008 recurso de casacion núm. 3215/2004 / EDJ 2008/103432. Y en esta misma posición se sitúa entre otras varias la STS de 31/5/2004, recurso de casacion, núm. 1557/1999 EDJ 2004/55039 cuando manifiesta "que, en verdad, (que) las recurrentes son asociacione1 voluntarias que no tienen conferida por la Ley lá representación de intereses generales. No obstante, los suyos, se ven directamente afectados por el Decreto
impugnado. Y a un que, ciertamente, es tas entidades surgen al amparo del artículo 22 de la Constitución no puede desconocerse que, como a los sindicatos, su artículo 7 les atribuye una especial posición y que la participación en el proceso de formación de los reglamentos es una forma cualificada de hacer valer los intereses que represen tan 11- A lo que añade que "no debe suponer especial dificultad para la Administración autonómica (en ese caso) conocer cuáles son las entidades que tienen, no un interés cualquiera, sino uno especial y directo en la materia objeto de regulación, como ocurre con las formadas por quienes se dedican a prestar privadamente un servicio de evidente interés público".Por lo tanto, con arreglo a la jurisprudencia citada, podemos concluir que la participación de las asociuaciones voluntarias en el proceso de elaboración de disposiciones normativas es igualmente preceptiva cuando estas ostentan intereses especialmente cualificados y la disposición en cuestión les afecta de una manera clara y directa.
Si bien en estos casos, ha de reconocerse a la Administración un cierto margen de discrecionalidad a la hora de decidir si procede o no el reconocimiento de ese derecho a la participación en la elaboración de las normas (ver a este respecto la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2005, rec. 63/2003 y las en ella cita das) lo que ya no es posible es limitar tal derecho solo a las asociaciones no voluntarias.Administración un cierto margen de discrecionalidad a la hora de decidir si procede o no el reconocimiento de ese derecho a la participación en la elaboración de las normas (ver a este respecto la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2005, rec. 63/2003 y las en ella cita das) lo que ya no es posible es limitar tal derecho solo a las asociaciones no voluntarias.
EDU/150/2017) sino porque además el programa de gratuidad de libros tiene incidencia necesariamente en la actividad económica de dichas empresas.
Cabe añadir que la entidad actora es la asociación mayoritaria en el sector, extremo éste afirmado en la demanda y no discutido en la contestación.
Es más, esta Sala ya tuvo ocas1.on de pronunciarse sobre la necesidad de oír a las empresas editoras de libros en la Sentencia de fecha 1 de abril de 2016 (recurso 1122/2014) que estimó el recurso interpuesto por la misma asociac1.on aquí recurrente contra la Orden EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León.
Dicha Sentencia, en lo que ahora importa, dice: "( . ) Ello se apunta pues, si el respeto al principio constitucional de audiencia ( artículo 105. a) ha de ser exquisito, con mayor razón deberá serlo si se afecta a derechos constitucionales especialmente sensibles. Y aún más; si las empresas integrantes de la asociación recurrente forman parte del sistema educativo español, como explícitamente declara el art. 2.bis.1 de la LOE, de nuevo resulta imprescindible acentuar la obligación de audiencia.
Sobre la base del anterior enfoque riguroso que se va a adoptar, esta Sala en tiende que, en absoluto, se ha respetado el principio de audiencia. Que la referida orden es una disposición de carácter general; que es un reglamento, es algo que ninguna parte cuestiona (debate distinto es la naturaleza dereglamento ejecutivo o independiente, que se verá más adelante). Por lo tanto, si la administración autonómica adoptase o hubiera adoptado una posición mínimamente respetuosa con todos los actores afectados por el dictado de la referida orden, habría abierto un amplio periodo de información pública o de audiencia para que todos los posibles interesados hubieran podido manifestarse. Lo contrario implica, como así ha sido, convertir en papel mojado leyes que para sí misma ha dictado, incluso recientemente. De poco sirve promulgar la Ley 2/2010, de 11 marzo de Derechos (EDL 2010/ 13519) de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, reconocer a estos la posibilidad de intervenir en lo público, si luego, materialmente, no se le da esa oportunidad".
Desde nuestro punto de vista, resulta imprescindible que habiendose dictado dicha Sentencia el 1 de abril de 2016, sus razonamientos no se hayan tenido en cuenta en el proceso de elaboración de la disposicion que nos ocupa, que se inicio en marzo de 2017, con la propuesta de orden, y concluyó en mayo de 2017.
Reparese en el hecho de que las partes son las mismas y el motivo de impugnación es igualmente coincidente, cual es la falta de audiencia. Dicha Sentencia fue declarada firme en junio de 2016.
SEPTIMO. - En realidad la Administración demandada de manera indirecta admite la necesidad de oír a quienes representan intereses que puedan resultar afectados por la disposición impugnada, y en este sentido dice que el trámite de audiencia o información pública se ha respetado, ya que ha sido oído el Consejo Escolar.
A nuestro juicio, dicho tramite que efectivamente consta documentado en el expediente no satisface las exigencias que resultan del art. 105.a) de la Constitución y de la normativa mas arriba citada, tal y comoha interpretado la jurisprudencia.

Hay que tener en cuenta que el Consejo escolar es "el órgano de participación de los sectores sociales implicados en la programación general de la enseñanza en niveles no universitarios, y de consulta y asesoramiento en las materias a que se refiere la presente Ley" (artículo 4 de la Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León) y que forman parte del mismo "Los representantes propuestos por las organizaciones empresariales que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan la consideración de más representativas en Castilla y León" (artículo 5. 4. g) de la citada Ley 3/1999, de 17 de marzo), pero su función es a los efectos vistos, y no a los efectos de la Orden EDU/150/2017 que tiene un objeto distinto, además de que aquí no se invoca el derecho de participación de las organizaciones empresariales en general, sino de determinadas empresas.
Basta ver el contenido del acta para comprobar la razón y finalidad de la intervención del Consejo Escolar.
Se requiere no una intervención general y abstracta de las asociaciones empresariales, sino más específica del concreto sector afectado por la norma en cuestión.
Así lo entendió igualmente esta Sala en la ya citada Sentencia de 1 de abril de 2016, que dice: << (. . ) entender que el informe del Consejo Escolar autonómico ha satisfecho el principio de audiencia resulta excesivo. Si la orden autonómica ha establecido una limitación temporal mínima de validez de los libros de texto, bien que entre otras cuestiones de mayor importancia, resulta elemental oír a los editores de los referidos manuales, pues no en vano forman parte del sistema educativo ex. Art. 2.bis.1 LOE. En la composición del Consejo Escolar no se integran los referidos editores directamente.
Es claro e indiscutido, que la finalidad u objeto del Consejo Escolar es garantizar la "adecuada participación de todos los sectores sociales afectados en la programacion general de la enseñanza en sus niveles no universitarios" (artículo 1 de la Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León). Es decir; se habla de programacion de la enseñanza, la cual, desarrollada en su artículo 3, dista mucho de referirse a la prestación o regulación de los medios materiales utilizados en la enseñanza, escritos sensu. Y así, cuando en su artículo 5. 4. g) prevé que formen parte del mismo "Los representantes propuestos por las organizaciones empresariales que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan la consideración de más representa ti vas en Castilla y León ", ello no significa que los editores hayan sido oídos. No es lo mismo una organización empresarial que una empresa editora, y no es lo mismo una organizacion empresarial mayoritariamente representa ti va en Castilla y León que una empresa editora. Por lo tanto, ni inmediata ni mediatamente han sido oídas estas últimas en la elaboración de la referida orden, no habiéndose satisfecho, en absoluto, el principio de audiencia>>.
Por lo tanto, el defecto de procedimiento que alega la parte actora debe ser estimado.
OCTAVO. - Apreciado dicho defecto de procedimiento, hemos de recordar que como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2000 (recurso núm. 513/98) <>.
Y en concreto en relación a la omisión del trámite de audiencia, la Sentencia de esta Sala de fecha 12 de noviembre de 2015 (rec. 1164/2013) recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, dice: <
del trámite, y conduce sin paliativos a la apreciación de nulidad absoluta de las Ordenanzas impugnadas, a tenor de una constante jurisprudencia que subraya la imprescindibilidad de es te trámite". "Y ello es lógico, si se tiene en cuenta que el período de información pública representa el trámite de audiencia , considerado esencial en la formación de la voluntad de los órganos de la Administración en este tipo de procedimientos, según pone de relieve el art. 105.a) CE (EDL 1978/3879)".
En similar sentido se pronuncia la sentencia de 6 de junio de 2006 (casación 9049/2003), que recordó que el propio Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que la sola omisión del trámite de información pública genera la nulidad radical, por defecto formal en el procedimiento de su elaboración (sentencias de 18 de diciembre de 1997, 12 de marzo de 1998, 23 de julio de 1997)>>.
Cabe añadir que a idéntica conclusión llegó esta Sala en la ya referida Sentencia de 1 de abril de 2016 (recurso 1122/2014).
Consiguientemente, la infracción de este tramite comporta la nulidad de la Orden impugnada por haber omitido un tramite esencial, lo cual nos impuede entrar en el resto de lo smotivos impugnatorios que se contienen en la demanda, ya que obviamente y tras la observancia de dicho tramite, tanto la tramitación de la Orden como su contenido puede quedar alterado".
La aplicación de las precedentes consideraciones conlleva a la declaración de nulidad de las resoluciones recurridas, al traer causa y ser mera ejecucion de la Orden EDU/150/2017, anulada por la citada sentencia de 26 de junio de 2018 de esta Sala; procede por tanto aplicar el principio de comunicabilidad de las causas de nulidad recogido en el art. 49 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del PAC de las AAPP ( art. 64 de la anterior Ley 3 O/ 92) de acuerdo con la jurisprudencia del TS (sentencias de 17 de junio de 2015, rec. 2555/13, y de 5 de febrero de 2013, rec. 5270/2009). Así, en estos mismos términos declarada la nulidad de la Orden 150/2017, mediante sentencia firme de 26 de junio de 2018, devienen nulos los actos no firmes impugnados dictados con posterioridad y objeto de este recurso, que como la Orden 3/18 (y Orden 534/2018 que modifica la misma) y la Orden de 31 de mayo de 2018 traen causa de aquélla. Al tratarse de la sucesion de trámites dentro de un mismo procedimiento unitario de concesión de ayudas que va desde la determinación de las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el programa de gratuidad "RELEO PLUS" (anuladas mediante la sentencia firme de 26.6.2018), pasando por la convocatoria, hasta la resolución (de 31 de mayo de 2018) que otorga las ayudas individuales.

CUARTO. - Procede resolver la segunda de las pretensiones del suplico de la demanda concerniente a que se declare "la obligación de la Consejería de Educación, como entidad concedente de la ayudas, de iniciar los trámites para obtener el reintegro de la ayudas concedidas a efectos de restablecer la legalidad conculcada". Al respecto se indica que la sentencia de esta Sala de fecha 26 de junio de 2018 que declara la nulidad de la Orden 150/2017, de 3 marzo de la Consejería de Educación, fue declarada firme mediante Decreto de 6 de octubre de 2018, y fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 2 de enero de 2019.Mantiene la Administración demandada que la Asociación recurrente carece de legitimación para ejercitar la segunda de sus pretensiones por falta de interés legítimo, así si bien está legitimada para impugnar la convocatoria (legitimación ad causam y ad procesum), no lo está para solicitar que se condene a la Administración autonómica a llevar a cabo una actuación que no le va a reportar beneficio alguno y que sin embargo, supondrá un grave perjuicio para los intereses generales. Así pone de relieve- que la Asociación actora no solicita en el suplico de la demanda que se reintegre al banco de libros los que fueron prestados, sino sólo pretende que se devuelvan las ayudas económicas que se concedieron para la adquisición de los libros de texto. En este punto recuerda el criterio consolidado del Tribunal Supremo, entre otras, en sentencia de 28 diciembre 1999, que en el recurso 463/1998 indica que el concepto de interés legítimo no puede ser asimilado al de interés en la legalidad, que haría equiparable la legitimación en el orden jurisdiccional contencioso a la legitimación popular. Añade que en este caso podría apreciarse un interés legítimo en la anulación de los actos de convocatoria de las ayudas, pero no puede reputarse existente un interés legítimo en la devolución de las ayudas, ni siquiera económico, ya que tal devolución no produciría automáticamente un efecto positivo beneficio a la Asociación actora pues los libros para el curso 2018/2019 ya se compraron con independencia del origen del dinero empleado por las familias para tal adquisición.Dicha alegación se re ali za al amparo de lo que señala el art. 6 9. b) de la LRJCA cuando dice que la sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes: b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o legitimada.
Alegada la falta de legitimación de la Asociación actora para ejercitar la segunda de sus pretensiones por falta de interés legítimo, ha de recordarse que la legitimación activa en el orden contencioso-administrativo viene determinada por la invocación en el proceso de la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de manera que la estimación del recurso produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio, que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial ( entre otras muchas, STS de 2 9 de junio de 2004). Esta regla tiene como única excepción los supuestos de accion pública, recogidos en normas de rango legal, con acusado carácter restrictivo. La doctrina jurisprudencial tiene declarado (así, ATS de 30 de octubre de 2006; recurso 190/2005), que la legitimación en el proceso administrativo, del cual constituye un presupuesto inexcusable (STS de 14 de octubre de 2003, R 56/2000; STS de 31 de mayo de 2006, R 38/2004 y STS de 7 de junio de 2006, RC 7978/2003), como ha reconocido asimismo la jurisprudencia constitucional (STC 105/1995, de 3 de julio, FJ 2; STC 122/1998, de 15 de junio, FJ 4 y STC 1/2000, de 17 de enero, FJ 4), impone la existencia de una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión deducida en el recurso contenciosoadministrativo, en referencia a un interés en sentido propio, acto o la disposición impugnados produzca automáticamente un efecto, como resultado inmediato, actual o futuro, pero cierto, que debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso, criterio reiterado por la jur sprudencia constitucional (por todas, SSTC núm. 197/1988, 99/1989, 91/1995, 129/1995, 123/1996 y 129/2001).
Como criterios interpreta ti vos, la Sala Tercera ha des tacado: a) la importancia del interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional es una situación reaccional, en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, de modo que el interés se reputa que existe
siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida coloque al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo o resolución dictada; y b) ese interés legítimo, que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, puede prescindir de las notas de personal y directo y al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, éste no sólo es más amplio que aquél y también es autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativa o jurisdiccional ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona, esto es, verse afectado por el acto o resolución impugnada.
Conforme a los razonamientos anteriores la Administración demandada no tiene razón con este motivo de oposición formal pues si bien en la demanda interpuesta contra la Orden de 31 de mayo de 2018, que resuelve la convocatoria, la Asociación recurrente justifica esta pretensión dirigida a que se inicien os tráml tes para obtener el reintegro de las ayudas ·concedToas, en el artículo 36_. 4 de la, Ley 38/2003, de 1 7 de noviembre, General de Subvenciones, que establece que la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación cte-1a·resülucÍón·de concesion llevará· consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas, pero sin concreta·r---el- ·concreto interés · legítimo que le podrían reportar la devo-luci-6n de las ayudas; sin embargo, en el escrito de conclusiones funda éste en la satisfacción de la tutela judicial efectiva de la parte actora, y precisando que el daño a los intereses del sector editorial que defiende ANELE es evidente en el supuesto de que no se reponga la situación anterior a la convocatoria y a la concesión de las ayudas, no sólo por establecerse la gratuidad de los materiales que editan, sino por crear los bancos de libros, con las evidentes repercusiones económicas que ello produce al no poder -o limitar- comercializar libros de textos en esta Comunidad tras el nuevo modelo de banco de libros de préstamo o reutilización, y sin siquiera prever la necesaria autorización de los legítimos titulares de los derechos de autor de las obras y una remuneración adecuada conforme preceptúa la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 37(cuando es evidente que el banco de libros de la CCAA a través del que se articula el préstamo y conformado por cientos de miles de libros no se corresponde en modo alguno con una biblioteca escolar, que es la única excepción prevista en dicho precepto legal).
Por tanto, tiene la parte actora interés legítimo en las acciones que ejercita en este proceso y por tan to tiene la legitimación procesal a la que alude el artículo 19 de la LJCA, que debe interpretarse a la luz del principio pro accione que tutela el artículo 24 (STC 45/2004, de 23 de marzo) y que equivale a la titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaria de prosperar esta. Se aprecia por tanto una vinculación directa entre el objeto del recurso contencioso administrativo y la esfera juridica de la recurrente, pues es clara la significada importancia economica que tiene para la recurrente poder comercializar los libros de texto en esta Comunidad en un mercado que el nuevo modelo debanco de libros de préstamo o reutilización limita.
Tampoco encuentra amparo la oposicion que realiza la Administración a esta pretensión de la demanda en lo dispuesto en los artículos 7 3 y 7 2. 2 de la Ley 2 9/ 1998, que esgrime en relación con la alegación de que la nulidad de pleno derecho de las disposiciones de carácter general tiene eficacia ex tune, si bien no conlleva la pérdida de efectos de los actos firmes dictados a su amparo, pues razones de seguridad jurídica exigen su persistencia y, por consiguiente, la declaración de nulidad radical de una disposición de carácter general no acarrea automáticamente la desaparición de tales actos. Y ello es así eniendo en cuenta que tanto la Orden EDU/3/2018, de 3 enero, la Orden EDU/534/2018 de 22 mayo y la Orden de 31 de mayo 2 018, objeto de este proceso fueron recurridas de forma directa en plazo y forma legal, por lo que no han adquirido firmeza, y por tanto la anulación de la Orden 150/2017 en virtud de sentencia firme alcanza a los actos administrativos aquí impugnados que no son firmes y determina su nulidad al tratarse de unas órdenes (de convocatoria de ayudas y de concesion de las mismas) que se dictan en aplicación de una disposición general la Orden EDU/15072017, que ha sido declarada nula en sentencia firme, con vicio de nulidad de pleno derecho, por ser contraria al ordenamiento jurídico al haberse dictada sin cumplir los tramites esenciales del procedimiento legalmente establecido.
Por último, los argumentos de la Administración demandada concernientes a que los graves intereses generales afectados consolidadas "y r en es te caso no cabe duda que los beneficiarios de las ayudas concedidas por la Orden de 31 de mayo de 2018 r han actuado de buena fe y cumplido con los requisitos norma ti vamen te establecidos para recibir las ayudas r por lo que una supuesta nulidad de la Orden de concesión de las ayudas no debe afectar a su situación juridica individualizada", decaen ante el principio de legalidad y seguridad jurídica al que están sometidos todos los poderes públicos (art.9.1 y 3, 103.1 y 117.1 de la Const.), estableciendo el art. 3 de la Ley 40/15, de Régimen Jurídico del Sector Público, como principio general de actuación de las Administraciones Públicas "el sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho", y disponiendo el art. 8 de la LOPJ que "los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administra ti va, asi como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican"; y teniendo en cuenta que como dice la SAN de 22 de marzo de 2016, rec. 3050/14. "se desprende de la STS de 20 de junio de 2014, rec.1806/12 y de la STJUE de 15 de diciembre de 2005 rec.148-2004, que no puede mantenerse la ayuda ilegal so pretexto del principio de confianza legitima; la devolución es la consecuencia de la ilegalidad." Por consiguiente, declarada la nulidad de la Orden de 31 de mayo de 2018 impugnada procede para restaurar la legalidad conculcada, de conformidad con lo establecido en el art. 36.4 de la Ley 38/2003 de Subvenciones, acceder a la pretensión formulada por la parte actora en el suplico de la demanda y declarar la obligación de la Consejería de Educación, como entidad concedente de las ayudas, de iniciar los trámites para obtener el reintegro de las ayudas concedidas.
QUINTO.- En cuanto a las costas, previene el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción aplicable a este procedimiento que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y asi lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".
En el presente caso, estimando el recurso, sin que existan dudas de hecho o de derecho, procede su imposición a la parte demandada.
En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 2 5 de febrero de 2 O 1 O, criterio aplicado en las citadas sentencias de esta Sala precedentes de la cuestión debatida, en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente realizada, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, a excepción del IVA, ha de ser la cifra de 1.500 euros.
Vistos los preceptos citados y pertinentes aplicación,

FALLO:

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo n. 0 414/2018, interpuesto por la representación procesal de la "ASOCIACION NACIONAL DE EDITORES DE LIBROS Y MATERIAL DE ENSEÑANZA (ANELE) ", contra las siguientes disposiciones: la ORDEN EDU/3/2018, de 3 de enero, de la Consejería de Educación por la que se convoca la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el curso escolar 2018/2019 (BOCyL de 15 de enero de 2018);la Orden EDU 534/2018, de 22 de mayo, por la que se modifica la anterior Orden EDU/3/2018, de 3 de enero (BOCyL de 28 de mayo de 2018); y la Orden de 31 de mayo de 2018 de la Consejería de Educación, por la que se resuelve la convocatoria para la participación en el programa de gratuidad de libros de texto "Releo Plus" y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación Cultura y deporte, para el curso escolar 2018/2019 (publicada el 4 de junio de 2018 en las Direcciones Provinciales de Educación); y como consecuencia de ello, declaramos la nulidad de las expresadas disposiciones por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, y la obligación de la Consejería de Educación, como entidad concedente de las ayudas, de iniciar los trámites para obtener el reintegro de las ayudas concedidas a efectos de restablecer la legalidad conculcada.
Las costas de este recurso se imponen a la Administración demandada con el límite por todos los conceptos, a excepción del IVA, de 1.500 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoseles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer el recurso de casación previsto en los artículos 86 y siguientes de la Ley Jurisdiccional 29/1998, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, recurso que, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días contados desde el siguiente a la notificación de la presente sentencia, cumpliendo los requisitos previstos en cada caso en la Ley Jurisdiccional 29/1998.
Una vez firme esta sentencia, publiquese en el plazo de 10 dias el fallo en los mismos periódicos oficiales en los que se publicaron las disposiciones impugnadas, a los efectos previstos en los arts. 72.2 y 107 de la Ley reguladora de esta jurisdicción.
Así por esta nuestyra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y, para que así conste, extiendo y firmo la presente certificación.
En Valladolid, a ocho de julio de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.