Jurisprudencia

Cabecera: Impuesto sobre actividades economicas. Autoliquidacion del impuesto. Obligacion de retener. Exencion en el impuesto sobre actividades economicas en relación con la iglesia catolica
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Fecha: 21/06/2019
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 131/2019 Número Recurso: 374/2018
Numroj: SJCA 137:2019
Ecli: ES:JCA:2019:137
Voces sustantivas: Impuesto sobre actividades económicas, Recurso de reposición, Agencia estatal de administración tributaria, Acuerdos societarios, Beneficios fiscales, Exenciones en el impuesto sobre actividades económicas, Ejercicio de acciones, Exención, Período impositivo, Retroactividad, Autoliquidación del impuesto, Autoliquidación, Beneficio fiscal, Embargo, Legitimación, Matrículas, Ministerio de justicia, Plazos
Voces procesales: Recurso de reposición, Poder para pleitos, Órgano competente

ENCABEZAMIENTO:

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Tarragona
Avenida Roma, 23 - Tarragona - C.P.: 43005
TEL.: 977 920021
FAX: 977 920051
EMAIL:contencios1.tarragona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 4314845320188008221
Procedimiento abreviado 374/2018 -D
Materia: Tributos
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 4221000094037418
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Tarragona
Concepto: 4221000094037418
Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Procurador/a: Jose Farre Lerin
Parte demandada/Ejecutado: AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Procurador/a: Jose Mª Solé Tomas
SENTENCIA Nº 131/2019
Magistrado: Guillermo Peral Fontova
Tarragona, 21 de junio de 2019
Vistos por mí, Guillermo Peral Fontova, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Tarragona, los autos de procedimiento contencioso- administrativo tramitados entre las partes que figuran en el encabezamiento de esta resolución, en la función jurisdiccional que me confiere la Constitución y en nombre de S.M. el Rey, he dictado la presente con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- El presente recurso lo ha interpuesto el/la Procurador/a Jose Farre Lerin, en nombre y representación de ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, contra la Resolución dictada por el Ayuntamiento de Tarragona mediante la cual se desestima el recurso de reposición interpuesto por el Arzobispado de Tarragona contra las liquidaciones provisionales del Impuesto sobre Actividades Económicas de la actividad de otros servicios independientes desarrollados en el inmueble sito en Pla de Palau, núm. 2 de Tarragona.
SEGUNDO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de procedimiento y, finalmente, quedaron los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La parte actora, el Arzobispado de Tarragona, impugna la resolución del Ayuntamiento de Tarragona de 24 de agosto de 2018 por la que se desestima el recurso de reposición presentado respecto de las liquidaciones giradas por concepto de Impuesto de Actividades Económicas desde el año 2015 a 2018 en la ciudad de Tarragona y en relación a una actividad desarrollada en el Pla de Palau, 2. Sostiene la actora que se encuentra exenta del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al haber efectuado las opciones requeridas y tratarse de una exención automática.
El Letrado del Ayuntamiento de Tarragona interesa la confirmación de la resolución recurrida por cuanto las liquidaciones se encuentran correctamente giradas.
SEGUNDO.- La primera cuestión a resolver es la inadmisibilidad del recurso planteada por el Ayuntamiento de Tarragona, que afecta al acuerdo societario para el ejercicio de acciones judiciales. El Ayuntamiento considera que el ecónomo diocesano carece de facultades para interponer las acciones en nombre del Arzobispado, y considera asimismo insuficiente el certificado de la Secretaria-Canciller que así lo afirma. Sin embargo, ello se contradice con la propia actuación municipal, que con un poder francamente insuficiente (pues sólo permitía operaciones bancarias) sin embargo admitió la presentación del recurso de reposición cuya desestimación nos trae al presente procedimiento. Si tenía facultades para el Ayuntamiento para interponer el citado recurso, también puede considerarse que las tiene para seguir el procedimiento judicial contra el mismo, mediante la aportación del poder para pleitos al procurador y los documentos que constan debidamente adjuntados.
Por otra parte, no se ha aportado por el Ayuntamiento ningún elemento o hecho referencia a norma alguna que contradiga la posición del Arzobispado en este caso, sin que, a la vista de los antecedentes, sea en este caso suficiente la mera negativa a reconocer la existencia de la decisión de interponer demanda o de la legitimación de quien la toma sin alegar algún precepto legal que, como se ha dicho, contradiga lo que se ha manifestado.
No se considera inadmisible la demanda, por ello.
TERCERO.- Sentado lo anterior, la cuestión que se está planteando con carácter principal puede enunciarse de manera sencilla: si la exención en el IAE en relación con la Iglesia Católica, que regula tanto la Ley 49/2002 como su desarrollo por Real Decreto 1270/2003, es de carácter totalmente automático y resulta de aplicación al conjunto de las actividades que se efectúan, o si es necesario realizar una declaración en algún sentido.
El artículo 15, apartados 2 y 4, de la Ley 49/2002 , establece lo siguiente: "2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 7 de esta Ley . No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad.
4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento correspondiente el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo anterior y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulado en este Título." El artículo anterior, el 14, dispone en su apartado primero "1. Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial establecido en este Título en el plazo y en la forma que reglamentariamente se establezca.
Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 3 de esta Ley y mientras no se renuncie a su aplicación en la forma que reglamentariamente se establezca."
Acudiendo al reglamento, el Real Decreto 1270/2003, dispone en relación con este concreto sujeto pasivo, lo siguiente: "1. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley 49/2002 que decidan aplicar el régimen fiscal especial previsto en los artículos 5 a 15 de dicha ley no tendrán que efectuar las comunicaciones reguladas en los artículos 1 y 2 de este reglamento. Dicho régimen fiscal se aplicará directamente por el sujeto pasivo cuando se trate de tributos objeto de declaración o autoliquidación, y por la Administración tributaria en los demás casos.
La acreditación de estas entidades a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 12 de la Ley 49/2002 se efectuará mediante certificado expedido, a petición de la entidad interesada y con vigencia indefinida, por el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el que se acredite que la entidad está incluida en el apartado 1 de la citada disposición adicional. En la solicitud deberá acreditarse la personalidad y naturaleza de la entidad mediante la certificación de su inscripción emitida por el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia."
Ninguna parte ha hecho cuestión de la aplicabilidad de Real Decreto al caso o de su conformidad con la norma reguladora, por lo que hay que estar a lo que el mismo dispone. Y en relación con la cuestión que nos ocupa, es claro: en relación con los tributos locales las entidades a que hace referencia el Real Decreto, que remite a la Ley pero que incluye a la Iglesia Católica expresamente, el régimen de comunicación no se aplica y las exenciones se producen automáticamente. Carece de sentido la alegación que efectúa la parte demandada, en relación con que ha de ser el sujeto pasivo el que aplique el régimen por sí mismo, porque, en este caso, lo que se impugnan son unas liquidaciones, esto es, un acto municipal, que por lo tanto debe tener en cuenta la aplicación directa del régimen.
Sobre la retroactividad, el tributo se está girando en este momento, cierto es que para periodos vencidos, pero no puede ocultarse que según consta la Iglesia se acogió al régimen previsto en la Ley 49/2002 ya en el año 2009, esto es, mucho antes de que se iniciara la actividad, que se fija en 2015 (así consta en el folio 43 del expediente, por certificación de la Agencia Tributaria). Por lo tanto, si el régimen era ya de aplicación, ninguna retroactividad existe en este caso; todo lo más existirá un alta fuera de plazo, con las consecuencias legales que ello pueda tener pero que no son dejar de aplicar un beneficio fiscal por el que se optó ya con anterioridad.
El recurso se estima en su integridad.
CUARTO.- Atendido el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se imponen las costas a la Administración demandada con el límite de 300 euros por todos los conceptos.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Que, desestimando la causa de inadmisión planteada, debo estimar y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo, declarando no ajustadas a Derecho las liquidaciones tributarias giradas por el Impuesto de Actividades Económicas y anulándolas, con abono de las cantidades cobradas más el interés legal, en su caso. Se condena en costas al Ayuntamiento de Tarragona con el límite de 300 euros por todos los conceptos.
Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno ( art. 81 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ).
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.