Doctrina

Título: Evolución legal de la insolvencia en España: de la "manus iniectionem" a la propuesta de RDL por el que se aprueba el Texto Redifundido de la Ley Concursal (RJCV 70/2019)
Autores: Killian Beneyto
Fecha: 04/2019

NOTAS PREVIAS:

RESUMEN:

Resultaría un enfoque valorativo erróneo, cuanto menos incompleto, tomar como punto de partida la realidad legal existente bajo el paraguas de la actual Ley Concursal ("LC"), aun incluso analizando ésta desde su promulgación; se estaría obviando, así, un intenso desarrollo jurídico-histórico que antecede a la vigente normativa concursal, sin el cual es poco prudente pretender una justa comprensión y crítica de nuestro actual derecho de la insolvencia.
El objetivo de este estudio no persigue una exégesis minuciosa acerca de la historia de las instituciones concursales, sino servir de concentrado repaso histórico de su evolución, inclusive sus periodos más recientes, en particular, aquel que aquí se ha querido denominar de "periodo reformista" de la Ley Concursal (años 2013 a 2015). Y también ha de tomarse en consideración cuál podría ser la perspectiva de la mens legislatoris a futuro, sobre lo cual, se hace necesario atender al profuso planteamiento normativo que un posible texto refundido de la Ley Concursal puede llegar a suponer, según propone nuestro legislador en la Ley 9/2015, de 25 de mayo (Disposición Final Octava) e insiste en ello en la Ley 1/2019, de 20 de febrero (Disposición Final Tercera).
PALABRAS CLAVE:

Derecho de la insolvencia; concurso de acreedores; derecho concursal; historia del derecho.

TEXTO:

EVOLUCIÓN LEGAL DE LA INSOLVENCIA EN ESPAÑA: DE LA MANUS INIECTIONEM A LA PROPUESTA DE RDL POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL

Killian Beneyto
Abogado

I. REGULACIÓN DE LA INSOLVENCIA EN EL DERECHO ROMANO

Fuente de inagotable influencia en nuestro actual ordenamiento jurídico, también con el derecho romano asistimos a algunas de las primeras fórmulas jurídicas propuestas para el tratamiento de la insolvencia.
Bajo este contexto histórico, en la época arcaica --periodo que abarca desde el año 754 a.C. hasta el año 130 a.C1-- asistimos a la ejecución procesal sobre la propia persona física del deudor insolvente, ello mediante la llamada legis actio per manus iniectionem. Esta potestad del acreedor estaba inicialmente2 limitada para aquellas deudas reconocidas en lo que hoy sería el equivalente a documentos o actos fehacientes. En concreto, bien mediante sentencia mero-declarativa, bien por disposición testamentaria frente a quien no recibió o recibió más de lo estipulado, o bien mediante garantía personal contraída por el propio deudor y otorgada en acto solemne --los conocidos nexum actuantes como modo de sujeción personal del deudor--.
El deudor era llamado --acudiría voluntaria o forzosamente-- ante el magistrado por parte del acreedor, y como la deuda reclamada ya constaba reconocida con la cierta seguridad jurídica dimanante de los referidos escenarios, éste sólo tenía dos opciones: pagar o bien presentar un vindex (defensor) quien podía subrogarse en el pago u oponerse a la ejecución3. Si el deudor no lograba alcanzar alguna de estas dos opciones pasaría entonces a convertirse en esclavo del acreedor, permaneciendo retenido durante sesenta días en casa de este último, quien a su vez quedaba legalmente autorizado para enajenarlo como esclavo en día de mercado o bien darle muerte.
Variante igual de cruenta parecía darse cuando existía una pluralidad de acreedores, para cuyo supuesto la Ley de las XII Tablas establecía una modalidad de ejecución procesal, nuevamente sobre la persona del deudor, conocida como partes secanto, que permitía a los acreedores descuartizar el cuerpo del deudor y repartirlo4.
La severidad de la manus iniectionem, figura a fin de cuentas acorde a su tiempo y contexto histórico-social, se vio atemperada con la promulgación de la lex Poetelia Papiria5 en el año 313 o 326 a.C., según autores. Con ella, se sustituye la figura del nexum como fuente de responsabilidad personal del deudor para con el acreedor, salvo en aquellas deudas con origen delictivo, y es a partir de dicha Ley cuando se entiende el patrimonio como concepto separado de la persona del deudor: los esclavos por deudas evitarían la prisión mediante el juramentum bonae copiae. Un juramento que conllevaba manifestar la existencia de activo suficiente como para poder satisfacer las deudas dentro de un periodo de tiempo cierto, lo que --salvando las distancias-- podría identificarse como un antecedente de la actual espera concursal.
Posteriormente, en torno al año 165 a.C. --aunque su fecha de origen no está clara, se identifica con la época del pretor Publio Rutilio Calvo--, nace la institución procesal de ejecución universal conocida como bonorum venditio, aplicable cuando existiera una pluralidad de acreedores y quedando dirigida sobre todo el patrimonio del deudor6. A instancia de los acreedores, el Pretor autorizaba el nombramiento un curator bonorum, una suerte de administración concursal, quien tenía el cometido de conservar el patrimonio del deudor --missio in possessionem-- y la realización posterior de la venta al bonorum emptor o adquirente; con la peculiaridad de que este último se subrogaría en el pasivo del deudor con el patrimonio que había adquirido y hasta donde éste alcanzase.
Con acierto, la doctrina describe este fenómeno como una especie de sucesión universal del deudor por el comprador7, que llevaba aparejada la ficción de la muerte del deudor para así acarrearle infamia, y que en ningún caso le liberaba de aquella parte no satisfecha por el bonorum emptor8. Por todos estos aspectos, cabe observar que la bonorum venditio actuaba como un verdadero derecho concursal romano, dividido en dos fases: la missio in bona rei servandae causa, con la finalidad de preservar el patrimonio y dar publicidad al proceso de venta a través del magister bonorum o síndico9, y en última instancia la referida venta al bonorum emptor con las singularidades anteriormente descritas. Con posterioridad, el procedimiento de ejecución singular conocido como distractio bonorum, que evitaba una liquidación universal del patrimonio del deudor, acabaría por sustituir a la bonorum venditio por su mayor funcionalidad.
Finalmente, cabría destacar la aparición de la cessio bonorum o cesión de bienes, a través de la Ley Julia del año 17 a.C. Figura ésta regulada hoy en el art. 1175 de nuestro actual Código Civil y que, ya por aquel entonces, establecía el principio de responsabilidad patrimonial universal, que hoy todavía se encuentra patente en el genérico art. 1911 CC y pese a las --cada vez más crecientes-- excepciones (vid. arts. 579 LEC y 178.bis LC) a dicho polémico principio de nuestro ordenamiento.
No debiendo olvidar su coexistencia con las otras instituciones arriba descritas, así como su aplicación únicamente en supuestos de deudor no culpable --favor debitoris o bien calificación fortuita, en términos contemporáneos--, con la cessio bonorum desaparece finalmente el histórico castigo social de la nota de infamia contra el deudor, toda vez que se le permite conservar un mínimo de bienes inembargables para su subsistencia --beneficium competentiae--.
II. DERECHO MEDIEVAL Y MODERNO

La caída del Imperio romano de Occidente, tradicionalmente fechada en el año 476 tras la invasión de Roma por la tribu de los hérulos, supuso la no aplicación en la España visigoda de aquel proceso romano-concursal junto con sus posteriores reformas; éstas últimas recopiladas ya bajo el derecho justinianeo (Corpus Iuris Civilis) al amparo del Imperio romano de Oriente.
Así las cosas, y aunque el ordenamiento jurídico visigodo mantuvo la figura de la cesión de bienes a través de la Lex Romana Wisigothorum (año 506), la ejecución personal recaída sobre el propio deudor insolvente será la práctica más habitual10 no obstante su teórica aplicación subsidiaria, por lo que, ante la falta de bienes suficientes, el deudor era entregado para su prisión y servidumbre perpetua al acreedor.
En el derecho español medieval de la Baja Edad Media, en función de los distintos reinos cristianos en los que por aquel entonces se encontraba dividido el pueblo español, inmerso en plena reconquista, puede observarse la perdurabilidad de la figura de la cessio bonorum e incluso la aparición de una regulación de la insolvencia mercantil propia en aquellas zonas de mayor flujo comercial por su ubicación. En este sentido, cabe destacar el Libro del Consulado del Mar, concedido a la ciudad de Valencia en el año 1283, o la Ley de Cortes de Barcelona, del año 1299.
En cambio, en el derecho castellano, la quiebra como tal no aparecerá regulada hasta la Nueva Recopilación de 1562, en el Libro V, Título 1911, si bien el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio ya contemplaba figuras tales como la cesión de bienes, el convenio preventivo o el alzamiento12. De hecho, el referido Código de las Siete Partidas incluía también, en su Título XV, una cierta positivización del concepto de insolvencia, que taxativamente se ligaba a la incapacidad (non han poderio de fazer la paga [...]) para poder afrontar los pagos, es decir, no por cualquier otro motivo. Asimismo, es de destacar su temprana inteligencia al prever y acoger en su regulación un verdadero mecanismo de condonación de deudas, a través de la Ley 3ª, del Título 15, de la Partida 5ª13. Nótese así su diferencia frente al más estricto régimen contemporáneo del principio de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 CC), así como de la propia Ley Concursal hasta la --bien tardía-- reforma del art. 178.2 LC mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, luego consagrada --mejorada-- en el actual art. 178.bis LC.
Ya en el periodo correspondiente a la Edad Moderna, imprescindible mención merecen dos juristas españoles de excepcional influencia. En tales términos de elogio cabe referirse a Amador Rodríguez y a Francisco Salgado de Somoza14, cuyas respectivas obras, Tractatus de concursu (1616) y Labyrinthus creditorum concurrentium (1646), además de justificar el vocablo actual de concurso, resultaron de gran repercusión dentro y fuera del ordenamiento jurídico español15.
Siendo que la precitada obra de SALGADO DE SOMOZA constituyó la primera sistematización del derecho de quiebra moderno, de dicha obra cabe resaltar el carácter público y formalista que se le confería al concurso, así como la continua intervención del juez, toda vez que solamente contemplaba la vertiente voluntaria del concurso, lo que se traducía en la demanda por el propio deudor insolvente para la iniciación del proceso de cesión de sus bienes.
A diferencia de la obra de SALGADO DE SOMOZA, que no diferenciaba entre sujeto comerciante y no comerciante, las posteriores y pioneras Ordenanzas de Bilbao de 1737 establecían un completo sistema regulador para la quiebra de comerciantes, distinguiendo entre quebrados atrasados, inculpables y culpables o alzados en orden de gravedad. Así, su conceptualización de la insolvencia prosiguió una línea de continuidad con la marcada en el Código Alfonsino de las Siete Partidas Castellanas16, en tanto en cuanto combinó presupuestos objetivos externos (el incumplimiento de obligaciones) con presupuestos objetivos internos del deudor (su situación económica). Mención final, aunque sucinta, merecen las Ordenanzas de Málaga de 1825, pues no llegaron a entrar en vigor, pero sí resultaron de influencia en la elaboración del inminente Código de Comercio de 1829 de SAÍNZ DE ANDINO.
III. CODIFICACIÓN JURÍDICA DECIMONÓNICA

El fenómeno jurídico de la codificación no debe entenderse como la simple acción de recopilación legislativa, sino que constituye una cosmovisión mucho más profunda, debiendo partir de la premisa de que su fin último fue plasmar la ideología ilustrada, garantista y liberal a los códigos. Suscribiendo las palabras del jurista alemán WIEACKER, frente a la caótica legislación de los antiguos regímenes, los códigos no podían ser sino anteproyectos de un futuro mejor17.
Tristemente, el sistema procesal-mercantil español llegó además al siglo XIX con numerosas deficiencias; a destacar, su separación del proceso civil y la infinidad de consulados con distintas regulaciones, lo que provocaba una indeterminación procesal y consiguiente arbitrariedad18. Bajo este contexto sociopolítico es cuando aparece, en 1829, el primer Código de Comercio español unificado.
Dentro del mismo, encontramos la llamada regulación De las quiebras en su Libro IV, cuyo articulado combina preceptos materiales y procesales, toda vez que estos mismos aspectos procesales, mediante la deficiente técnica de la remisión, aparecerán igualmente recogidos en el Título V de la Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio de 183019. Posteriormente, esta última Ley fue derogada mediante el Decreto de Unificación de Fueros de 6 de diciembre de 1868, evento de gran trascendencia, pues supuso finalmente la unión de los procesos civil y mercantil, quedando en pie el peor de los dos procesos: el proceso mercantil, con todos sus años de experiencia, fue directamente suprimido20.
Cerrado este breve paréntesis histórico-procesal, en lo que a la conceptualización de la insolvencia se refiere y tomando como referencia las citadas Ordenanzas de Málaga de 1825, el art. 1003 del C de C de 1829 estableció el concepto de quiebra de primera clase, de modo que aun no llegando todavía a constituirse como un proceso autónomo, asistimos al nacimiento en nuestra tradición jurídica de la idea de un convenio preventivo o suspensión de pagos.
Asimismo, en consonancia con la línea distintiva marcada por las citadas Ordenanzas de Bilbao de 1737, el art. 1014 del C de C de 1829 mantuvo con claridad dicha distinción: el que no tenga la calidad de comerciante no puede constituirse ni ser declarado en quiebra. En cuanto a dicho presupuesto subjetivo, cabe hacer mención sucinta a la normativa paraconcursal por entonces emergente, como la contenida en la Ley Orgánica de la Bolsa de Madrid, de 8 de febrero de 1854, y el Reglamento de 11 de marzo de 1854, para la ejecución de la Ley de Bolsa de Madrid, relativa a la quiebra de agentes de bolsa y corredores de comercio.
Uno de los grandes hitos que trajo consigo esta primera codificación del derecho mercantil fue la regulación de los tres tipos clásicos de sociedades contemporáneas (art. 265 del C de C de 1829): colectivas, en comandita y anónimas, siendo que en esta última tanto los socios como los administradores no responden con su patrimonio personal, sino hasta la cantidad del interés que tengan en ella o por el buen desempeño de sus funciones, respectivamente (arts. 277 y 278 del C de C de 1829).
Se produjo así, a través de la sociedad anónima y empero su ínfima regulación --trece artículos discontinuos--, la limitación de la responsabilidad personal del sujeto persona física, con motivo de la utilización de este tipo de sociedad como forma peculiar de empresa capitalista21. De igual modo, también se limitó la responsabilidad de los socios comanditarios sin dirección de la sociedad (art. 273 del C de C de 1829).
Sin embargo, a pesar de la importancia que supuso el nacimiento de este derecho de sociedades, cabría realizar las siguientes matizaciones en lo que se refiere al fenómeno de la limitación de la responsabilidad personal, cuestión a la postre ligada con el potencial riesgo exponencial de insolvencia y sus manifestaciones:

i. Que no existió precepto declarando expresamente la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles hasta el Código de Comercio de 1885. Antes bien, lo relevante era la persona individual y no la social, toda vez que la limitación de responsabilidad, siguiendo el sistema francés, quedaba íntimamente ligada a la concesión de personalidad jurídica22, que se otorgaba caso por caso23, hasta su sustitución por un sistema descentralizado de inscripción registral para las sociedades de capital.
ii. En consonancia con lo precisado en el punto anterior, más de un distinguido autor24 destaca que la regulación de la quiebra del C de C de 1829, a través de su citado Libro IV, parecía estar pensada únicamente para el empresario individual (art. 1 del C de C de 1829), no siendo hasta la promulgación del C de C de 1885 cuando se incluyó una mención a las compañías mercantiles o industriales (art. 1.2 del C de C de 1885), así como se introdujeron normas especiales para la quiebra de las sociedades mercantiles (arts. 923 y ss. del C de C de 1885).
iii. Finalmente, tampoco cabe ignorar la figura legal de los socios colectivos, quienes no evitaban su responsabilidad ilimitada, y, por tanto, soportaban un importante riesgo en devenir insolventes ellos mismos, según reza el art. 923 del C de C de 1885, en conexión con los arts. 127 y 148 del mismo cuerpo legal, aunque su responsabilidad ostentase un carácter subsidiario25.
Prosiguiendo con nuestro análisis, hemos de avanzar hacia el ya citado Código de Comercio español de 1885, el cual, desde una desafortunada técnica legislativa, no supuso la íntegra derogación de los preceptos de la quiebra recogidos en el C de C de 182926, hito éste que desencadenó el posterior caos normativo que precede a la Ley Concursal.
En el C de C de 1885 se mantuvo la cualidad de comerciante como presupuesto subjetivo de la quiebra (art. 870 del C de C de 1885), cuya regulación procesal se recogió en el Título XIII de la LEC 1881, a raíz del ya citado Decreto de Unificación de Fueros de 1868, si bien ello bajo la pobre técnica del simple volcado del Título V de la suprimida Ley rituaria mercantil27. Todavía más, debía estarse supletoriamente a las normas procedimentales que todavía contenía vigentes el C de C de 1829, y, en última instancia, a aquellas otras previstas para el concurso de acreedores civil (arts. 1156 a 1317 LEC 1881)28.
La declaración de quiebra podía formularse por parte del deudor o por cualquiera de sus acreedores, constituyéndose como una carga procesal para el primero que debía cumplir en el somero plazo de tres días hábiles desde que hubiere cesado en el pago corriente de sus obligaciones; toda vez que, de resultar la quiebra instada de contrario, en tal caso procedía el arresto (domiciliario de prestar fianza) del quebrado29. En todo caso, procedía el nombramiento de un comisario (hoy administración concursal) y la convocatoria de la junta de acreedores de cara a la posible aprobación de una propuesta de convenio.
A través del citado C de C de 1885 se creó una completa y autónoma distinción de la figura de la suspensión de pagos, dedicando así setenta y dos artículos de su Título I, Libro IV, a ambas instituciones, con seis secciones para la quiebra y ocho para la suspensión de pagos. Aparece así la suspensión de pagos como un estado preliminar al de la quiebra30, consistente en el simple retraso de los pagos obligados, en lugar de un sobreseimiento definitivo de las obligaciones del deudor insolvente.
De cara a evitar una utilización abusiva de esta última figura, con la Ley de 10 de junio de 1897 se añadió el requisito de la suficiencia de bienes para cubrir todas las deudas, en consonancia con el concepto de simple iliquidez del quebrado atrasado de las Ordenanzas de Bilbao de 1737, que no implicaba la existencia de desbalance --activo menor que pasivo--.
IV. SIGLO XX: DIVISIÓN NORMATIVA ENTRE COMERCIANTES Y NO COMERCIANTES

1. El deudor comerciante: la aparición de la LSP

La Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, originariamente fruto del proyecto de Bertrán y Musitu, acabó viéndose sometida a la ardua empresa de corregir la crisis del Banco de Barcelona31, para lo cual incluso llega a establecerse su aplicación retroactiva, en contra del precavido principio general de irretroactividad que al tiempo ya proclamaba el art. 3 del Código Civil.
Se produjo así su nacimiento a la vida jurídica de un modo ciertamente defectuoso, pues la resolución de un caso concreto no debe ser nunca el origen de una Ley. Consecuencia de todo ello es que la LSP se excediera en las funciones que le ordenaba el propio C de C de 1885, no limitándose a establecer normas procesales de desarrollo, sino también aspectos materiales contenidos en dicho Código.
En cualquier caso, es de notar la tendencia liberalizadora32 con la que la LSP se proyectó. Concretamente, se regresó a la situación anterior a la promulgación de la (antes citada) antiabusiva Ley de 10 de junio de 1897, pudiendo así aplicarse la suspensión de pagos tanto en supuestos de insolvencia provisional (iliquidez), así como de insolvencia definitiva (desbalance) ex art. 8 LSP. En consecuencia, daba igual que la insolvencia del deudor resultara desmedida, pues salvo que dos quintas partes del pasivo (art. 10 LSP) de acreedores solicitase que se declarase la quiebra, el proceso de suspensión de pagos continuaría su curso33.
Otro ejemplo visible de dicha liberalización se observa respecto del posible contenido de la propuesta de convenio, admitiéndose no solamente quitas y esperas sin limitación34, sino cualquier otra solución posible, lo que en la práctica generalmente se traducía a la liquidación del patrimonio, sólo que evitando --normalmente-- el deudor acciones de retroacción o una calificación culpable, a diferencia del escenario de la quiebra y más gravoso de por sí35.
Tal y como destaca DE LA CUESTA RUTE36, el carácter a favor de la libertad de pactos en la LSP era tal que, incluso, la consecución de un convenio no se vinculaba a la continuidad de la actividad mercantil como sería lógico, siendo que quedaba al amparo de las partes --deudor y acreedores-- marcar su finalidad dentro de los límites de libertad de pactos que con carácter general ordena el art. 1255 CC.
Tal vez por su defectuoso nacimiento a la vida jurídica, anteriormente señalado, la cuestión es que la LSP originó un intenso debate doctrinal por la falta de regulación de su presupuesto objetivo, pues cabía la interpretación de que los arts. 870 a 873 del C de C de 1885, que exigían la suficiencia de bienes como presupuesto objetivo, debían darse por derogados implícitamente37.
Por su trascendencia, también cabe hacer mención a las múltiples y conocidas dificultades interpretativas que se han producido sobre los efectos procesales del art. 9 LSP, regulador de los efectos sobre las ejecuciones singulares y plagado de lagunas legales; comenzando así por su propia delimitación temporal, donde la interpretación mayoritaria se decantó por marcar el inicio de sus efectos a partir de la declaración de suspensión de pagos mediante providencia, y no desde la admisión a trámite de la demanda del deudor.
Cuestión igual o más grave se suscitaba en torno a la posible existencia de efectos paralizadores, que impidiesen iniciar nuevas acciones judiciales ordinarias y ejecutivas con posterioridad a la declaración de suspensión de pagos y por deudas anteriores a ésta, ante el silencio de la norma38.
Al margen de esta polémica quedaban, por lo menos, aquellos acreedores con privilegios propios de su crédito --a modo de ejemplo, el derecho de ejecución separada tradicionalmente aparejado a una garantía real--. En cuanto a aquellas acciones judiciales iniciadas ex ante a la suspensión de pagos, de igual modo que la regla general del actual art. 51 LC, el art. 9 LSP también permitía su continuación hasta la finalización de tal proceso declarativo, impidiéndose en cambio su posterior ejecución y por ende también el devengo de cualesquiera intereses desde la declaración concursal; así se ha recordado, precisamente, en la Sentencia núm. 312/2016, de 12 de mayo, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª-39.
Finalmente, también es digno de resaltar el peculiar derecho de elección40 con el que contaba el deudor insolvente, a quien se le otorgaba la facultad de elegir entre instar un proceso de suspensión de pagos o de quiebra. Esta permisibilidad no era baladí en sus efectos, pues entre otras consecuencias, suponía abandonar cualquier distinción procesal ex ante por conducta fraudulenta culpable, impedía a los acreedores conocer la situación de insolvencia provisional o definitiva en el inicio del proceso, y ralentizaba considerablemente el curso de las actuaciones, para mayor frustración de los acreedores.
No es de extrañar pues que, todas las consideraciones anteriores y tantas otras que durante la larga existencia de la LSP ha venido advirtiendo la doctrina, terminasen por provocar la necesidad de acabar con el solapamiento entre suspensión de pagos y quiebra, principalmente por la referida falta de presupuesto objetivo de la primera41.
2. Regulación legal sobre el deudor no comerciante

Hablar en este epígrafe --y no en el anterior-- de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, como así se pretende, podría parecer una omisión o salto cronológico. No obstante, ello se ha considerado necesario por motivos de claridad, al haber reservado el anterior epígrafe al nacimiento de la codificación mercantilista.
Así pues, ha de tomarse como punto de partida la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, por su novedosa introducción de un proceso de concurso de acreedores civil, es decir, diferenciado del previsto para los comerciantes, y el cual además ya preveía la distinción entre un carácter voluntario o necesario del mismo.
El análisis de dicho cuerpo procesal, por lo común menos estudiado frente a los códigos mercantilistas, es analizado en detalle por DÍAZ GONZÁLEZ y CALDERÓN ORTEGA42. Siguiendo a los precitados autores, la configuración decimonónica del concurso de acreedores civil puede definirse en su constitución como proceso universal sobre los bienes del deudor, destinado a saldar las deudas de éste con sus acreedores, cuando se ve incapaz de cumplir con sus obligaciones. Como igualmente se destaca en dicho trabajo, el libro de práctica jurídica del escribano real FEBRERO43 nos revela la existencia de hasta cuatro procedimientos: cesión de bienes (concurso voluntario), pleito u ocurrencia (concurso necesario), espera o moratoria y remisión o quita de acreedores.
Con anterioridad a la promulgación de la LEC 1855, y todavía a falta de un Código Civil unificado, la solución legal existente consistía en aplicar, a sensu contrario, el art. 1014 del C de C de 1829: el que no tenga la calidad de comerciante no puede constituirse ni ser declarado en quiebra. Entendiéndose, por comerciante, una dedicación al tráfico mercantil continuada en el tiempo; labor calificativa ésta a la que tuvo que enfrentarse la jurisprudencia hasta la promulgación de nuestra actual LC, determinando una casuística caso por caso44. Piénsese, a modo de visualización, la variedad de posibles supuestos que podían darse: sociedades irregulares, sociedades civiles, profesionales liberales, sociedades con capital público, agrupaciones de interés económico, artesanos y así un largo etcétera.
Las bondades de una primera regulación positivizada del concurso de acreedores civil no tardaron en destacarse por parte de la doctrina de la época45, pues a falta de otra que la precediese, difícilmente podía suponer un paso atrás o desmejora de la no-regulación anterior, que daba pie a un sistema de normas impredecible y arbitrario.
Posteriormente, tras la promulgación del actual Código Civil, la regulación del concurso de acreedores de carácter civil se recogerá en los arts. 1912 a 1920 CC, así como en el Título XII de la LEC 1881, todo ello de manera conjunta con el previo expediente de quita y espera.
Es de notar la evocación de los arts. 1919 y 1920 CC en el debate jurídico concursal más contemporáneo, ello a la vista de su notable examen en la exposición de motivos contenida en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. En efecto, con el fin de intentar maquillar la no poco tardía aparición del art. 178.bis LC (otrora art. 178.2 LC) en materia de condonación concursal de deudas, nuestro legislador actual viene a criticar, casi excusándose, cómo aquel art. 1920 CC tampoco establecía ningún sistema de condonación de deudas. Se ha buscado recalcar, así, la diferencia de criterio ideológico de aquel art. 1920 CC frente a la más antigua Ley 3ª, del Título 15, de la Partida 5ª, de Las Partidas de Alfonso X46, sobre la cual parece inspirarse el legislador concursal contemporáneo al tiempo de introducir la regulación de un sistema de condonación de deudas (actual art. 178.bis LC), a modo de invocación de un principio ya existente en nuestro derecho histórico.
En lo que se refiere al mencionado Título XII de la LEC 1881, y estando limitado su presupuesto subjetivo únicamente a todo deudor que no sea comerciante, se confería la posibilidad a éste --como único legitimado-- de solicitar judicialmente una quita y espera de sus acreedores (art. 1912 CC en relación con los arts. 1130 y ss. LEC 1881). Por su parte, el art. 1913 CC específicamente imponía al deudor la carga de demandar el concurso de acreedores cuando el pasivo fuese superior a su activo (desbalance). En cualquier caso, no cabe duda de que la existencia de dos escenarios distintos: aquel primero de la quita y espera como una suerte de expediente de jurisdicción voluntaria, potestativo para su único legitimado que era el deudor, y además sólo disponible ex ante a incoar el concurso; y este último, como verdadero proceso.
Ciertamente, cabe preguntarse si la referida quita y espera se erigía como un expediente de jurisdicción voluntaria, o de lo contrario, también como un verdadero proceso, puesto que en puridad se hallaba desubicado de los arts. 1811 y ss. LEC 1881 destinados a la jurisdicción voluntaria. No obstante, pese a dicha desubicación, su regulación e incluso efectos (vid. art. 1135 LEC 1881) recuerdan a las actuales instituciones preconcursales (art. 5.bis LC), que también participan de la naturaleza de la jurisdicción voluntaria. Junto con ello, la propia figura de la quita y espera ex ante al concurso se asemeja notablemente a la actual del acuerdo extrajudicial de pagos (Título X de la LC), véase así la existencia de una junta de acreedores y una regulación tasada en materia de impugnación del acuerdo que en su caso allí se alcance (arts. 1144 y 1149 LEC 1881 y 239 LC), así como su ontológica finalidad evitadora del concurso47.
En cuanto al escenario del concurso de carácter necesario, la LEC 1881 pormenorizaba dos posibles escenarios: la falta de cumplimiento del convenio en su caso alcanzado --a través del citado expediente de quita y espera-- (art. 1155 LEC 1881), o bien la existencia de dos o más ejecuciones contra dicho deudor sin haberse podido encontrar bienes suficientes (art. 1158 LEC 1881). En definitiva, podía observarse una extremada concreción de los presupuestos objetivos para la declaración de concurso48.
Pese a esta aparente claridad inicial, no dejaron de nacer interrogantes en torno a toda esta cuestión, susceptibles de una interpretación correctora por la doctrina y jurisprudencia. Se trata además de cuestiones verdaderamente primarias, pues, ¿podía acaso el deudor, cuyo pasivo ya fuese superior a su activo, instar igualmente un expediente judicial de quita y espera? ¿Qué debía imponerse, el art. 1913 CC o el art. 1130 LEC 1881, ambos reguladores de esta cuestión?

Atendiendo al orden de promulgación de una norma y otra, sería inadecuado defender por una interpretación extensiva del art. 1130 LEC 1881. Sin embargo, por criterios más prácticos que jurídicos, la jurisprudencia más contemporánea ha venido entendiendo la primacía de aquel precepto más antiguo en favor del deudor49.
Por otro lado, tal y como apuntan MANRESA Y NAVARRO y GARCÍA VALDÉS50, cuestión distinta es que si el deudor no ejercitaba la petición ex ante de quita y espera regulada en los arts. 1130 a 1155 LEC 1881, entonces para alcanzar un acuerdo con sus acreedores sólo le quedaba sujetarse a las distintas y patrimonialmente más invasivas (arts. 1161 y 1173.1ª LEC 1881) normas reguladoras del convenio concursal (arts. 1303 y ss. LEC 1881), naturalmente siempre que fuera declarado en concurso voluntario o necesario.
En todo caso, del procedimiento de quita y espera cabe destacar un quórum de constitución de la junta de acreedores coincidente --tres quintos-- con el exigido en el acuerdo extrajudicial de pagos (art. 238.1 LC); una doble mayoría para su aprobación, cual es que se reúnan dos terceras partes de votos de los acreedores que tomen parte en la votación, y que los créditos concurrentes representen tres quintas partes del pasivo total; la falta de límites a la espera o quita; y cómo no, cuestiones que hoy resultarían anacronismos, tales como las referencias a las posesiones españolas en África en materia de cómputo de plazos, o que la mujer del deudor no pudiera tomar parte en el debate ni la votación (art. 1141 LEC 1881).
En cuanto al procedimiento de declaración de concurso, encontramos diversas similitudes con el actual proceso, véase así como la dicotomía entre su carácter voluntario o necesario (art. 1156 LEC 1881); la obligación de aportación de determinados documentos junto con la demanda inicial (art. 1157 LEC 1881 y actual art. 6 LC); o el nombramiento de un depositario-administrador en el mismo auto declarativo (art. 1173 LEC 1881 y actual art. 21 LC), figura que, fusionada junto con la del síndico (art. 1210 LEC 1881), hoy se hallan subsumidas en la de la administración concursal (art. 26 LC).
También es de interés destacar la temprana configuración de la pieza de calificación del concurso (vid. arts. 1295 y ss. LEC 1881, y, en contraste, arts. 163 y ss. LC), por la --entonces-- notable incidencia del derecho penal en el supuesto de concurso culpable, pues de acordarse dicho calificativo de culpabilidad automáticamente se ordenaba proceder criminalmente contra el deudor (art. 1300 LEC 1881). Y es que, aun no existiendo precepto expreso que exigiese la previa calificación de culpabilidad en la vía civil, el tribunal penal se veía subordinado a dicho pronunciamiento para determinados delitos producto de una insolvencia punible.
En el ámbito normativo sustantivo del deudor comerciante, al menos, sí aparecía un precepto que así lo establecía (art. 896 del C de C de 1885), como presupuesto procesal para poder instar la vía criminal. En cualquier caso, esta posible intromisión en la competencia o autonomía de otros órdenes jurisdiccionales se vio mitigada, en parte, a partir de la pionera Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 13 de junio de 1959, que establece que dicho enjuiciamiento criminal posterior no se hallaría vinculado a tal calificación de culpabilidad, aun resultando ésta requisito de procedibilidad51. Por su parte, salvo para aquellos delitos de concurso o quiebra punible, la previa calificación de culpabilidad, como presupuesto de procedibilidad, no operaba respecto de otros delitos --véase, la estafa--, que por su naturaleza también hubieren podido ser tratados en el concurso o quiebra. Con el Código Penal de 1995, finalmente, se producirá una absoluta desvinculación procesal con la calificación concursal otorgada en el proceso civil (actual art. 259.6 CP), ello sin perjuicio de la propia y preceptiva declaración de concurso como presupuesto de hecho.
V. ANTEPROYECTOS PRECONCURSORES DE LA LEY CONCURSAL

La caótica regulación existente antes de la Ley Concursal ha venido denunciándose por la doctrina desde tiempo atrás52. Algo comprensible a la luz de la insostenible coexistencia de hasta cuatro procesos concursales, integrados, para mayor confusión, entre los citados C de C de 1829 y 1885, la LSP, el Código Civil y la LEC 1881, plagados de embarazosos arcaísmos a sortear por el jurista contemporáneo e incluso algunos de ellos procedentes de la tan lejana época de Fernando VII53.
Así las cosas, se hace necesario realizar una retrospectiva mirada al proceso de maduración doctrinal reflejado en los principales anteproyectos anteriores a la Ley Concursal, pese a que no llegaran a culminarse legislativamente. Téngase en cuenta asimismo que este espíritu de unificación legislativa, finalmente operado por la Ley Concursal, se remonta tan atrás como al II Congreso Nacional de Derecho Procesal54 celebrado en Madrid en 1954, por tanto, existiendo una opinión unánime entre la doctrina incluso con anterioridad a la plasmación de los anteproyectos a continuación comentados.
1. Anteproyecto de 1959

Elaborado por el Instituto de Estudios Políticos, en el Anteproyecto de 1959 se retomó el principio de unidad legislativa perdido, inevitablemente, desde la distinción entre deudor comerciante y no comerciante creada por las Ordenanzas de Bilbao de 1737. Este hito será el de mayor aplauso por parte de la doctrina más reconocida55.
Por su notable similitud con la actual regulación en la LC56, cabe destacar su regulación de la liquidación de la masa activa del concurso sobre la base de un proyecto de liquidación, elaborado por los administradores y disponiendo igualmente de un conjunto de normas supletorias (art. 76 ALC 1959, y, en contraste, vid. actual art. 149 LC). Se observa en esta fase un menor control judicial, en tanto que la aprobación de dicho proyecto de liquidación correspondería a la junta de acreedores.
En cuanto al orden de pagos de los créditos (art. 91 ALC 1959 y, en contraste, actual art. 154 y ss. LC), la tendencia doctrinal de la época ya preveía la satisfacción de unos gastos pre-deducibles --en términos actuales, créditos contra la masa--, con anterioridad al pago de los créditos concursales reconocidos.
Tratándose del primero de los anteproyectos que aparecerían, no podían faltarle evidentes insuficiencias, tales como la ausencia de una regulación sobre los posibles conflictos de derecho internacional privado, o la armonización entre el concepto de calificación culpable, también previsto en el ALC 1959, así como en la legislación penal de la época.
2. Anteproyecto de 1983

El ALC 1983 fue elaborado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación y se compuso de un articulado de 401 normas materiales y procesales.
En dicho anteproyecto ya se hacía hincapié en el objetivo de la conservación frente a la liquidación del patrimonio, siendo así el convenio la solución normal del concurso --finalidad hoy en día reflejada en el Exponendo VI de la LC--.
Con respecto al presupuesto objetivo para la declaración de concurso, que tradicionalmente ha generado un acalorado debate doctrinal, extendido también a la actual LC, el ALC 1983 introdujo el novedoso concepto de estado de crisis económica, criticado por la doctrina por su carácter sumamente abstracto e impreciso, sin que guardase tampoco tradición en nuestro ordenamiento57.
Para atenuar esta imprecisión, se concretaron una serie de supuestos a efectos ilustrativos, con el fin de permitir adelantar la declaración de concurso sin esperar a una situación de insolvencia sobre el deudor, todo ello para intentar aumentar el principio de satisfacción de los acreedores, que de este modo presumiblemente verían aumentadas sus posibilidades de cobro.
Una vez más, cabe observar los antecedentes doctrinales de algunos de los actuales preceptos de la LC. Así, por ejemplo, la acción de enervación del desahucio (art. 70 LC) ya aparecería regulada en el art. 180 ALC 1983.
Puede también constatarse aquello de que la historia se repite, por cuanto la polémica sobre el presupuesto subjetivo de la pluralidad de acreedores --todavía latente entre parte de la doctrina contemporánea--, también era por entonces objeto de debate. En este sentido, a diferencia de su antecesor el ALC 1959, en el ALC 1983 directamente desaparece la mención expresa al presupuesto subjetivo de la pluralidad de acreedores58.
Al cabo de unos años, este anteproyecto fue recuperado y volvió a escena mediante el Anteproyecto de Ley de Bases de 1987, que pretendía delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre el concurso de acreedores y que tampoco terminó por fraguarse.
3. Anteprocyeto de 1995

Con un contenido de 298 artículos, la propuesta de anteproyecto de Ley Concursal redactada por el profesor ROJO suprimía la distinción del carácter civil o mercantil del deudor, dejando pues como única diferenciación los expedientes de suspensión de pagos y el concurso de acreedores.
El primero de estos procedimientos se configuraba de un modo prácticamente desjudicializado, debiendo ser calificado más bien como un cauce de tramitación registral59, que se instrumentalizaba a través del Registro Mercantil. Dicha configuración inevitablemente nos recordará, en su estudio más adelante, a la actual herramienta del acuerdo extrajudicial de pagos, introducida por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. En la propuesta del profesor ROJO, para poder acceder a dicho cauce, y en aras de evitar su abuso, debía cumplirse con su sistema de merecimientos60.
Uno de los aciertos más plausibles que traía consigo el PALC 1995 era su voluntad de terminar con una de las prácticas más perniciosas, y pese a ello arraigadas, en la regulación vigente por aquel entonces, conocida como el mercado de créditos61. Dicha práctica consistía en la adquisición inter vivos de créditos reconocidos en el concurso, para así poder alcanzar o imponer un determinado convenio en el concurso. Es por ello que el PALC 1995 consideraba imprescindible privar del derecho de voto en el convenio a los adquirentes de créditos concursales, cuando su adquisición se produjera con posterioridad al auto declarativo de concurso.
Esta privación sobre el derecho de voto, heredada del PALC 1995, fue incorporada en el art. 122 LC hasta su supresión por el Real-Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre (confirmado por la Ley 9/2015, de 25 de mayo), dando así la razón al profesor ROJO, quien ya advirtió que su justificación en la actual Ley Concursal era prescindible, puesta ésta ya regula taxativamente el contenido y límites que puede contener un convenio concursal frente a la total autonomía de las partes ex art. 1255 CC.
Tal vez inspirado por la novedosa formulación del presupuesto objetivo regulado en el ALC 1983, el PALC 1995 también buscó que la institución concursal pudiese ser utilizada por deudores que todavía no hubieran devenido en insolventes, o siquiera en una cesación de sus pagos por obligaciones vencidas. A tal fin, se estableció un amplio concepto de insolvencia, acompañado de una serie de presunciones, que a su vez facilitaban al acreedor poder instar el concurso de su deudor solamente probando el incumplimiento duradero en el impago de su crédito, y no mediante lo que no conoce o es prácticamente imposible que conozca --la insolvencia acaecida o el sobreseimiento generalizado en los pagos--.
La obra del profesor ROJO será tomada para la Propuesta de Anteproyecto de 1996, la cual tampoco acabó culminando legislativamente. En cualquier caso, nuevamente se observa cómo el desarrollo procesal del concurso, con independencia de su entrada o no en vigor, iba adquiriendo una constitución cada vez más próxima a la Ley Concursal actualmente vigente.
4. Anteproyectos de 2000, 2001 y Proyecto de Ley Concursal de 2002

Nos encontramos ante el último de los eslabones que anteceden a la actual LC, elaborado por la Sección Especial para la Reforma Concursal. Concluido su contenido inicial en mayo de 2000, y presentado al Ministerio de Justicia el 17 de noviembre de 2000, en términos antropológicos es el pariente más directo62 del posterior proyecto de Ley Concursal, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 23 de julio de 2002, junto con el proyecto de Ley Orgánica para la reforma concursal.
Existe una versión del ALC 2000 posterior, cuando éste es presentado por el Ministro de Justicia en fecha 7 de septiembre de 2001, y que básicamente consiste en su versión modificada por la Secretaría General Técnica63. Así, no es de extrañar que, entre otros aspectos, en dicha versión posterior se aumentaran los privilegios de clasificación concursal de los créditos de derecho público.
A la vista de que la doctrina64, de manera generalizada, califica el ALC 2000 como el antecedente más directo de la vigente Ley Concursal, así como por la adecuada extensión que ello merecería, no procede pormenorizar en las enmiendas sufridas a través de la citada versión de 2001 o durante su posterior desarrollo hasta llegar al proyecto de Ley Concursal publicado el 23.07.2002 en el BOCG.
Sí parece oportuno matizar, por aclaración, que en el ALC 2000 desaparecieron los innovadores planteamientos sobre el presupuesto objetivo del ALC 1983 y del PALC 1995, exigiendo en cambio, para la declaración del concurso, que el deudor no pueda cumplir con sus obligaciones, con independencia del motivo que origine dicha falta de cumplimiento.
Por su parte, en lo que se refiere al proyecto de Ley Concursal del año 2002, para un detallado resumen de las enmiendas introducidas y otras vicisitudes propias de su desarrollo parlamentario nos remitimos al interesante estudio realizado por PULGAR EZQUERRA65. Someramente, cabe destacar la delimitación que se hace sobre el concepto de insolvencia inminente (art. 2.3 LC); la fijación de un carácter no confesorio a la demanda de concurso voluntario (art. 14 LC); o el establecimiento de un numerus clausus de manifestaciones externas de insolvencia (art. 2.4 LC) sobre las que poder basar la causa petendi del concurso necesario, tal y como tiene a bien resaltar la precitada autora.
Mención obiter dicta merece, por último, la proposición de ley relativa a la prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores, presentada en el Congreso de los Diputados el 30 de abril de 2003, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, rechazada en septiembre del mismo año.
Y es que, aunque dicha proposición de ley guardaba un propósito legislativo ajeno al de la promulgación de una nueva Ley Concursal, en cambio sí cabe advertir la estructuración de un interesante procedimiento extrajudicial para el tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores, con carácter previo al concurso y bajo la técnica de la mediación. Por medio de dicho procedimiento, se proponía la posibilidad de alcanzar --aunque en la forma de laudo arbitral ejecutable-- un acuerdo extrajudicial de pagos vinculante, toda vez que también preveía una suerte de posterior concurso consecutivo en caso de fracasar aquel, incluyendo en dichas especialidades concursales el efecto de una posible condonación de las deudas. A la vista de todo ello, es fácil notar las similitudes de este primigenio esbozo legislativo con el actual Título X de la Ley Concursal y su denominado acuerdo extrajudicial de pagos.
VI. STATU QUO: EL PERIODO REFORMISTA CONCURSAL (2013 a 2015)

El 8 de julio del año 200866 el entonces presidente del poder ejecutivo, D. José Luis Rodríguez Zapatero, tras dejar atrás su todavía recordado eufemismo de desaceleración económica, pronunciaba por primera vez la fatídica palabra crisis. Dicho pronunciamiento tuvo lugar tardíamente, y además dejó patente una cuestionable negativa a reconocer la crisis económica internacional ya existente durante aquella campaña electoral, celebrada apenas unos pocos meses antes, a pesar de que el impacto de tal crisis sobre nuestro país ya había sido advertido por diversos economistas67. El 31 de diciembre de aquel año, 2008, España entraría en recesión.
En el año siguiente, 2009, célebre en el ámbito financiero por la primera intervención del Banco de España sobre una caja de ahorros (Caja Castilla-La Mancha), así como por la creación del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), se introdujo por primera vez un ordenamiento jurídico preconcursal con sustantividad propia. Aparecen, así, la denominada solicitud de preconcurso y la figura de los acuerdos de refinanciación, ambas introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, con el fin de --según rezaba su Exposición de Motivos-- revisar en profundidad la legislación concursal a la luz de la intensa experiencia vivida en los tribunales como consecuencia de la crisis. También se introdujeron otra serie de reformas en el ámbito del convenio concursal, encaminadas a favorecer su flexibilidad y con ello su uso. Sin embargo, aquel Real Decreto-Ley 3/2009 olvidó por completo la perspectiva de la crisis económica desde la posición de la persona física que la padece. La propia exposición de motivos, antes referida, reconocía abiertamente su geocentrismo sobre la figura de la "empresa": las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia.
De hecho, aquel año 2009 sólo reparó en la persona física susceptible de verse en dificultades económicas, derivadas de la crisis, si bien para agilizar el procedimiento que regula la pretensión de desahucio al amparo de la LEC. Primero, con la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y luego mediante la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, bautizada como de agilización procesal del alquiler y cuyo Expositivo II habla por sí solo. Unos años más tarde, pero bajo el mismo espíritu implacable contra el deudor arrendatario, tuvo lugar la promulgación de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, conocida por el apelativo coloquial del desahucio exprés que introdujo68.
El legislador volvería a llamar su atención69 sobre la Ley Concursal mediante su reforma por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, cuya entrada en vigor con carácter general se produjo el 1 de enero del año 2012. Sin embargo, tampoco aquella reforma del año 2011-2012 tuvo a bien reparar en el tratamiento concursal de la persona física y su necesaria adaptación al contexto de crisis económica, pues como ya se señalaba en el Preámbulo III de dicha reforma, ante todo, la ley profundiza en las "alternativas" al concurso o los denominados institutos preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación.
De nuevo, el grueso de las pretendidas mejoras introducidas siguió girando en torno al presupuesto subjetivo de la persona jurídica y pese a la dualidad procesal concursal proclamada en el art. 1.1 LC. Sólo algunas reformas muy concretas (p.ej. arts. 47.1, 84.1 y 145.2 LC) guardaron exclusividad respecto del proceso concursal de la persona física, y, en cualquier caso, resultaron a todas luces insuficientes para su fomento a la luz del contexto social propio de la aguda crisis económica española, incluso tomando en consideración aquellas otras reformas --la creación del art. 5.bis LC promoviendo el preconcurso-- pensadas a priori para la persona jurídica.
Frente a toda esta patente falta de actividad o reacción legislativa inicial, los años venideros del ordenamiento jurídico concursal reflejan el también desconcertante extremo opuesto, esto es, un descontrolado frenesí legislativo de sucesivas reformas de la Ley Concursal, en ocasiones hasta contradictorias entre sí. El listado de reformas esenciales habidas entre los años 2013 y 2015 es, como podrá apreciarse, tan innumerable como doctrinalmente agotador: la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal; el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal; la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social; la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal; la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
Esta inquietante técnica legislativa, cuya incontinencia obliga además a lidiar con numerosas Disposiciones Transitorias, o, cuando no, con la ausencia de éstas, es merecedora de las sabias palabras de VON KIRCHMANN70: dos palabras del legislador echan al cubo de la basura toda una biblioteca jurídica.
Sea como fuere, la primera de esta cadena de reformas concursales, es decir, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, supuso la creación del denominado emprendedor de responsabilidad limitada, de dudoso rigor terminológico y escasa efectividad71. Tanto es así que la simple creación de una sociedad de responsabilidad limitada, o el establecimiento de un régimen matrimonial de separación de bienes, resultan alternativas de protección patrimonial más efectivas. La segunda gran medida que trajo consigo la citada reforma fue la creación de un nuevo Título X de la Ley Concursal, y, con ello, la aparición de la figura del acuerdo extrajudicial de pagos como una nueva alternativa dentro del ámbito preconcursal.
Asimismo, por primera vez, se promovió un sistema concursal de condonación de deudas (vid. art. 178.2 LC en su redacción otorgada por dicha reforma) en detrimento del principio general de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 CC. Repárese en la ilógica circunstancia de que incluso la LEC, norma procesal y desde luego ajena a la lex specialis del derecho de la insolvencia, ya disfrutara de un sistema propio de condonación de deudas (art. 579.2 LEC reformado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo) algo antes de que la Ley Concursal también gozara del suyo propio frente al mentado principio general civilista.
Con todo, también esta segunda medida reformista resultó un despropósito. En el ámbito sustantivo, los requisitos (vid. art. 178.2 LC en aquella redacción) para alcanzar la anhelada condonación concursal de deudas resultaban, precisamente, inalcanzables en la práctica forense común. Por su parte, el ámbito procedimental, no se explicaba que el Título X de la Ley Concursal hubiera sido restringido solamente en favor del empresario persona natural (vid. art. 231.1 LC en redacción originaria), dejando así de lado la tipología de la insolvencia de persona física consumidor, entre otras excentricidades, tales como la prohibición al deudor empresario persona natural de "utilizar" --y además tener que devolver-- sus tarjetas de crédito (vid. art. 235.1 LC en su primera redacción). Asimismo, el acuerdo extrajudicial de pagos en su caso logrado no resultaba vinculante para los acreedores con garantía real, ni el inicio de su procedimiento suspendía el proceso de ejecución de tales garantías.
Tuvo que ser a través del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, cuando verdaderamente se asiste a un cambio significativo en la efectividad práctica del preconcurso: la suspensión de la tutela ejecutiva de los acreedores sobre aquellos bienes o derechos, si bien sólo respecto de aquellos de carácter necesario para la actividad empresarial o profesional del deudor; y no de las ejecuciones frente a su vivienda habitual. Así y todo, el legislador ordenó que dicho efecto de suspensión frente a --ciertas-- ejecuciones se extendiera al procedimiento de preconcurso, pese a su naturaleza propia de la jurisdicción voluntaria y sin existir proceso alguno como tal, bajo la misma fórmula ya seguida en los arts. 55 y 56 de la Ley Concursal.
Por otro lado, la citada reforma también amplió la accesibilidad al procedimiento de refinanciación concursal, rebajando su porcentaje de aprobación al 51% y permitiendo la extensión de sus efectos sobre aquellos acreedores financieros disidentes incluso titulares de garantías reales. En cualquier caso, sobre esta última figura, ha de tenerse en cuenta su utilización dominante por personas jurídicas pese a su potencial aplicabilidad sobre personas físicas. Huelga aclarar que el contenido de la reforma del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, tuvo que ser confirmado --léase reiterado-- mediante la posterior Ley 17/2014, de 30 de septiembre, habida cuenta de la urgente tramitación parlamentaria seguida para aquel y sin perjuicio de otras modificaciones adicionales --en materia de nombramiento y régimen de la administración concursal-- introducidas ex novo mediante la misma Ley.
Transcurría así prácticamente un año desde aquella primera reforma concursal (Ley 14/2013, de 27 de septiembre), a lo que debe sumarse casi un año previo de inactividad legislativa concursal, con la sorprendente constatación de que ninguna de todas estas reformas concursales se destinó a renovar la vetusta herramienta del convenio concursal y pese a resultar ésta --así lo dice el Exponendo VI de la LC-- la supuesta solución normal del concurso. Daba así la razonable sensación de que el legislador prefería optar por promover soluciones de naturaleza preconcursal o bien, directamente, centrarse en regular el particular fenómeno del sobreendeudamiento hipotecario de forma sui generis y temporal (vid. así el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo; el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre; y la Ley 1/2013, de 14 de mayo).
Superado este aparente desdén legislativo inicial, el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, por fin tuvo a bien acordarse de la figura del convenio concursal en aras de su reforma. Así pues, el citado Real Decreto-Ley supuso la anhelada renovación del convenio concursal ante la consabida rigidez de su contenido, así por ejemplo, permitiendo por primera vez la posibilidad de incluir pactos de cesión de bienes o de dación en pago. Bajo el mismo propósito, se eliminó el límite del 50% de quita de la deuda --hasta entonces sólo evitable por empresas con especial trascendencia para la economía-- y se amplió el plazo de espera hasta los 10 años, todo ello aun a costa de incrementar el porcentaje exigido de voto favorable al convenio al 65%. Por último, y mediante la introducción de la técnica conocida como loan-to-value ratio, se puso fin a la peor técnica del ilimitado reconocimiento de créditos con privilegio especial sin tener en cuenta el límite de valor del propio bien que los garantiza, situación agravada en supuestos de pluralidad de créditos garantizados por un mismo bien, y todo ello de nuevo con el fin de fomentar la participación de estos acreedores en el concurso bajo su --más realista-- condición de acreedores total o parcialmente ordinarios (art. 89.3 LC).
Una vez más, ha de advertirse que el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, fruto de su naturaleza parlamentaria, tuvo que ser confirmado mediante la posterior Ley 9/2015, de 25 de mayo, que vino a reiterar su contenido. Esta última Ley trajo también consigo, junto con dicha reiteración, algunas modificaciones (vid. especialmente los arts. 5.bis. 4 y 155.5 LC) ante las carencias o lagunas legales ya advertidas en la regulación anterior apenas vigente unos meses.
Llegamos así a la ulterior reforma concursal operada por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de cuyo contenido se extrae la profunda inadecuación procedimental y sustantiva de aquella primera reforma mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. En este sentido, de una parte, se sustituyó el paupérrimo contenido del art. 178.2 LC en su redacción entonces otorgada en materia de condonación concursal, a cambio de un sistema de condonación reglado bajo un trámite procedimental mucho más detallado, otrora inexistente, así como resultando desde un punto de vista sustantivo mucho más accesible --al menos-- en contraste con aquel inicial.
Por otro lado, el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos también fue objeto de una profunda y necesaria reforma, dada cuenta de las severas críticas que mereció la exclusión de la persona física no empresaria ni profesional de su presupuesto subjetivo. Igualmente, esta reforma supuso la vinculación obligatoria (art. 238.bis LC) de los acreedores con garantía real respecto del acuerdo extrajudicial de pagos alcanzado, bajo unos porcentajes de voto reforzados respecto de aquellos comunes tal y como ya se admitía bajo la figura de los acuerdos de refinanciación concursales. Asimismo, el legislador --por fin-- tuvo a bien incluir (ex art. 235.2.a) LC) la vivienda habitual del deudor como activo susceptible de protección al mismo nivel que aquellos hipotéticos bienes necesarios para la actividad empresarial o profesional, extendiendo así el mandato de suspensión de la tutela ejecutiva de los acreedores con garantía real frente a dicha vivienda habitual.
Fieles, eso sí, a la abusiva utilización de la técnica legislativa del Real Decreto-Ley, de nuevo hubo que aguardar a la posterior reiteración de tal reforma concursal mediante la subsiguiente Ley 25/2015, de 28 de julio, reproduciéndose en esencia --pero también más ampliamente-- aquel texto legislativo inicial, causando así la enésima sensación de inseguridad jurídica y confusión.
VII. QUO VADIS: LA REFUNDICIÓN DE LA LEY CONCURSAL

De la lectura que precede, cabe advertir un profuso sinfín de reformas concursales mediante las cuales el legislador viene desarrollando sus legítimas intenciones reformistas, si bien ello de forma exageradamente escalonada, incluso en ocasiones teniendo que proceder a su corrección manifiesta. Sin ir más lejos, tal fue el motivo de la promulgación sobrevenida del art. 155.5 LC en materia de liquidación concursal de garantías reales. Todo ello, además, mediante una utilización abusiva frente al uso excepcional que debería predicarse de un real decreto ley (art. 86 CE), lo cual duplica el número de textos normativos en aras de su convalidación parlamentaria.
Es precisamente todo este marcado desorden de reformas el que motivó al legislador a imponerse el deber, mediante la Disposición Final Octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de elaborar y aprobar un texto refundido de la Ley Concursal con las facultades de "regularizar, aclarar y armonizar los textos legales" (ex art. 82.5 CE).
Aunque para dicho mandato se fijó un plazo de doce meses, su resultado tangible vio la luz el 6 de marzo de 2017 mediante la propuesta de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal ("RDL Concursal"), promulgado por parte de la Comisión General de Codificación72. La interpretación que de aquellas facultades antes mentadas se ha hecho queda reflejada en la exposición de motivos de este RDL Concursal: la leyenda constitucional de "regularizar", "aclarar" y "armonizar" implica, según la citada Comisión, un desarrollo de mayor celo intelectual que "la mera yuxtaposición de artículos".
Bajo esta exégesis, se explica cómo la mencionada propuesta presenta un hipotético texto refundido de la Ley Concursal con nada menos que 751 artículos de extensión, frente a la actual Ley Concursal que sólo alcanza hasta el art. 242.bis, disposiciones adicionales y finales aparte, así como también incluye este RDL Concursal la creación de nuevos "libros" (p. ej. uno entero dedicado al derecho preconcursal) y "títulos" (p. ej. del concurso consecutivo).
Cierto es que el mandato constitucional conferido (art. 82.5 CE), junto con la propia razonabilidad de los argumentos apuntados en el Expositivo II, justifican una revisión --y con ello su posible ampliación-- de la sistemática vigente en la Ley Concursal, así como, dentro de dicha labor de examen crítico, legitiman también a purgar su texto en aras de su más fácil comprensión y coherencia interna. Ahora bien, todo ello dentro de un límite igualmente reconocido en el RDL Concursal: "sin alterar el sistema legal vigente".
Este límite a las facultades de delegación legislativa debería impedir que, bajo el pretexto de regularizar la literalidad de la norma, se opte por introducir una regulación ex novo de cuestiones sustantivas hasta ahora carentes de tratamiento legal. Un ejemplo de ello se observa en el proyectado art. 585 RDL Concursal, el cual señala que la comunicación preconcursal "no producirá por si sola el vencimiento anticipado de los créditos aplazados", así como también en el art. 586 RDL Concursal y destinado a regular los efectos del preconcurso sobre terceros garantes personales (fiadores). Incluso en sede de calificación concursal, pieza procedimental del concurso de una naturaleza semipública con intervención del Ministerio Fiscal, dada cuenta de su potencial carácter sancionador, concurren "innovaciones" unilaterales, tales como querer definir el concepto de déficit concursal de una determinada manera (art. 455.2 RDL Concursal); cuestiones todas éstas huérfanas per se de toda regulación en la actual Ley Concursal.
Otro ejemplo más de esta posible extralimitación de funciones se observa en la propuesta que se contiene en el art. 557 RDL Concursal, el cual amplía muy notablemente el alcance de la publicidad registral del proceso concursal en lo que se refiere a los bienes y derechos inscribibles del deudor concursado. Se olvida así, en primer término, una cuestión puramente práctica como lo es el incremento de los gastos derivados del concurso; piénsese especialmente en lo que tal futuro mandato podría comportar para aquellos sujetos concursados (p. ej. promotoras) cuyas existencias se forman por un considerable activo inmobiliario73. Pero es que, en cualquier caso, lo cierto es que el actual art. 24.4 LC constriñe la publicidad registral mobiliaria e inmobiliaria solamente sobre una serie de resoluciones judiciales concursales, mucho menor a la del listado de resoluciones judiciales concursales del pretendido art. 557 RDL Concursal.
Pues bien, a este respecto, aunque cada uno de estos textos propuestos pueda acaso resultar una aseveración o conclusión pacífica entre la actual doctrina y jurisprudencia, no por ello debe deducirse la facultad de consagrarla ex lege con su "positivización" y así elevarla a rango legal

Supuestos apreciablemente distintos serían aquellos consistentes en colmar lagunas legales de puro orden formal y no sustantivo, como pudiera resultar la acertada propuesta de notificar al cónyuge o pareja del concursado la declaración de concurso de éste (vid. así art. 33.2 RDL Concursal vs la actual problemática patente en el art. 21.1.7º LC y que viene supliéndose al socaire del art. 541 LEC).
En todo caso, será ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo donde deberán dirimirse tales posibles controversias, mediante el control de constitucionalidad por razones formales (exceso ultra vires en el ejercicio de la delegación legislativa), de entenderse que el poder ejecutivo ha sobrepasado tal delegación de funciones legislativas74.
En lo que propiamente se refiere a la política de establecer una refundición normativa concursal, sin perjuicio de estas posibles acotaciones de cara a su texto definitivo, indudablemente el RDL Concursal evidencia un acertado examen y adecuación de las problemáticas propias (largos textos bajo un mismo precepto; ubicaciones sistemáticas dispares; multitud de disposiciones adicionales y finales) de la normativa concursal vigente, y, con ello, justifica su razón de ser ontológica. Sin duda, merece reconocer al RDL Concursal el hito intelectual de haber logrado reunificar --de nuevo-- el derecho de la insolvencia, de igual forma que la Ley Concursal ya fue capaz de hacerlo en su momento, con la beneficiosa trascendencia que ello --también-- puede significar a favor de la promulgación del RDL Concursal.
Al igual que la Ley Concursal consiguió en su momento, la claridad en sí misma lograda por el RDL Concursal, a pesar de la incertidumbre que siempre genera todo cambio, resulta exquisita. Repárese así en la sencillez estructural con la que se divide en tres "libros" (proceso concursal, derecho preconcursal y derecho internacional privado), a su vez desglosados bajo distintos "títulos" nuevamente seleccionados con acertado raciocinio (p. ej. destinando separadamente uno a la "masa activa" y otro a la "masa pasiva") en atención a los distintos ámbitos principales de cada "libro" en cuestión. Especial mención merece la profunda necesidad de reordenación --lograda-- en materia de derecho preconcursal, hoy por hoy regulada mediante un cada vez más extenso art. 5.bis LC, un cambiante Título X de la LC, y una --todavía más inadecuada-- Disposición Adicional Cuarta; nada que ver con el proyectado Libro II del RDL Concursal y que aglutina, pero con diligente orden, las distintas instituciones preconcursales.
Pues bien, el futuro de esta encomiable propuesta del RDL Concursal queda ahora inevitablemente supeditado a resultas del mandato renovado y esta vez dirigido sobre el actual poder ejecutivo, mediante la Disposición Final Tercera de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, la cual --al menos-- ha sido formulada en idénticos amplios términos de facultades (ex art. 82.5 CE) que el anterior mandato, fijándose un plazo en esta ocasión de ocho meses para su elaboración y aprobación.

NOTAS:

1 BETANCOURT SERNA, F., Derecho romano clásico, ed. Universidad de Sevilla, 2007, pág. 45.
Ante las diversas interpretaciones doctrinales sobre la periodificación jurídica de la historia de Roma, se ha tomado como referencia la clasificación otorgada por el citado autor, discípulo del maestro romanista D'ORS Y PÉREZ-PEIX, A., quien también suscribía dicha misma periodificación. Por su parte, en lo que se refiere a la recepción y consiguiente influencia del derecho romano en España, y sin perjuicio de las recopilaciones codificadoras promovidos en siglos posteriores, dentro de esta época arcaica huelga recordar la fecha histórica del desembarco romano en Ampurias (218 a.C.).
2 BETANCOURT SERNA, F., en AA.VV., Annaeus: anales de la tradición romanística, ed. Tébar, 2007, pág. 184. Así se refiere a su configuración en la época de las XII Tablas. Posteriormente, la manus iniectio se extenderá a otros supuestos, sirva de ejemplo, en los casos de responsabilidad extracontractual.
3 Lo que sin duda precisaba de valentía, pues si no lograba la estimación de su oposición, aquel vindex sería condenado por el doble de deuda. BETANCOURT SERNA, F., Derecho romano clásico, ed. Universidad de Sevilla, 2007, pág. 155.
4 GUERRERO LEBRÓN, M., "Una muestra de la crudelitas creditoris: la privación de sepultura del deudor", en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 6, 2002, págs. 419 y ss.
5 Según la narración de Tito Livio, la citada Ley toma su nombre del usurero Lucio Papirio. Lucio tomó a un joven llamado Cayo Publilio como esclavo, por una deuda contraída por su padre frente al primero. El usurero intentó obtener favores sexuales del joven, y ante su negativa, ordenó que lo desnudaran y torturaran. La reacción en masa del pueblo romano fue acudir al Foro en clamor popular por la abolición de estas prácticas.
AA.VV., El modo de producción esclavista, ed. Akal, S.A., 1986 y Tito Livio, Ab urbe condita, VIII, 28, 2-7.
6 PÉREZ ÁLVAREZ, M.P., en AA.VV., Reflexiones para la reforma concursal, ed. Editorial Reus, S.A., 2010, págs. 116 y ss.
7 ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho concursal, ed. Thomson Reuters, 2012, págs. 36 y ss.
8 MARTÍNEZ FLÓREZ, A., "Las técnicas para limitar el ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado desde el derecho Romano a la codificación", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 4/2005.
9 PÉREZ ÁLVAREZ, M.P., "El procedimiento concursal romano-clásico", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 24/2011.
10 MARTÍNEZ FLÓREZ, A., Op. cit.
11 RAMÍREZ LÓPEZ, J.A., La quiebra, ed. Bosch, 1998, págs. 153 y ss. No obstante, la tardía fecha de la Nueva Recopilación debe matizarse, ya que ésta recopila, entre otras, Pragmáticas de los Reyes Católicos del año 1480 así como de Carlos I, también de fechas precedentes: años 1528, 1532 y 1548.
12 PULGAR EZQUERRA, J., El concurso de acreedores: la declaración, ed. La Ley, 2009, págs. 70 y ss.
13 Así la cita el legislador contemporáneo en la Exposición de Motivos de la Ley 25/2015, de 28 de julio.
14 Tal es así que nuestra actual Ley Concursal no se olvida de rendir tributo a ambos jurisconsultos, citándoles y reconociéndoles expresamente sus méritos en su Exponendo II.
15 La citada obra de Salgado de Somoza constituyó la base del derecho de quiebra alemán durante los siglos XVII a XIX. PULGAR EZQUERRA, J., La declaración del concurso de acreedores, ed. La Ley, 2005, pág. 66, quien a su vez toma como base la obra de ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, N., Un español mal comprendido. Salgado de Somoza en la literatura alemana sobre el concurso de acreedores, ed. Javier Morata, 1932.
16 ALEMÁN MONTERREAL, A., La insolvencia. Una cuestión de terminología jurídica, ed. Andavira, 2010, págs. 236 y ss. Para la calificación de quebrado atrasado, la menos gravosa de todas ellas, se exigía un patrimonio superior a la masa de deudas.
17 WIEACKER, F., Historia del Derecho Privado de la Edad Moderna, ed. Aguilar, Madrid, 1957, págs. 293 y ss.
18 Para una concentrada síntesis sobre el recorrido procesal previo a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, así como el análisis de ésta, vid. MONTERO AROCA, J., "Cien años de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española", Revista de la Facultad de derecho de Méjico, nº 142-143-144, 1985.
19 Por ejemplo, el art. 171 de la citada Ley rituaria se limitaba a remitirse a los arts. 1017 a 1022 del C de C de 1829.
20 MONTERO AROCA, J., Op. cit.
21 PRIETO GONZÁLEZ, C., "Los orígenes de la sociedad de responsabilidad limitada en España: el proyecto de Fabra", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 108/1968.
22 GIRÓN TENA, J., "Sociedades mercantiles: distinción y relaciones en derecho español", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 10/1947.
23 En este sentido, a modo de ejemplo, baste con recordar que el régimen normativo de la sociedad anónima estuvo regulado por un estricto intervencionismo en cuanto a su proceso de constitución: "intervención de los Tribunales de Comercio, sometimiento a la Real aprobación de sus estatutos y reglamentos, y la inserción obligatoria a la letra de los mismos en la inscripción o publicaciones de la sociedad". MOTOS GUIRAO, M., y BLANCO CAMPAÑA, J., Centenario del Código de Comercio, ed. Gráficas Arias Montano, 1991, pág. 51.
24 GARCÍA VILLAVERDE, R., en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, Volumen I, ed. Tecnos, 2004, pág. 30. En el mismo sentido, PARRA LUCÁN, M.A., en AA.VV., Aspectos civiles de derecho concursal, ed. Editum, 2009, pág. 69. Finalmente, cabe destacar que esta misma crítica tuvo gran peso a la hora de inspirar el PALC 1995, del profesor ROJO, A., como se desprende de la Exposición de Motivos del mismo.
25 De conformidad con el art. 237 del C de C de 1829, que se superpone frente al art. 923 del mismo cuerpo legal, ante la evidente contradicción entre ambos preceptos, el patrimonio particular de los socios colectivos será ejecutado cuando se haya efectuado la entera excusión del haber social, lo que lógicamente no puede suceder al tiempo de declaración de quiebra de la sociedad. Sobre estas cuestiones, resulta especialmente interesante el análisis de URÍA, R., en "Problemas y cuestiones sobre quiebra de las sociedades", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 4/1946.
26 La omisión de una cláusula general derogatoria en el C de C de 1885, junto con la dificultad de determinar qué preceptos debían entenderse derogados y cuáles no, y, finalmente, las referencias que se mantuvieron en la LEC 1881 al C de C de 1829, perpetuaron la vigencia de éste hasta la aparición de la Disposición Derogatoria Única de la Ley Concursal. En este sentido, destacando el buen hacer del legislador contemporáneo por suprimir expresamente el C de C de 1829, DE LA CUESTA RUTE, J.M., "Las normas de transición sobre el convenio concursal", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 3/2004.
27 Esto es, la ya citada Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y Causas de Comercio, de 24 de julio de 1830.
28 Advierte con crítica dicho caos normativo PULGAR EZQUERRA, J., La declaración del concurso de acreedores, ed. La Ley, 2005, pág. 127.
29 Ambos extremos son advertidos por LASTRES, F., Procedimientos civiles y criminales, ed. Victoriano Suárez, 1884, págs. 444 a 446.
30 ROMERO SANZ DE MADRID, C., Derecho concursal, ed. Thomson Reuters, 2012, pág. 39.
31 La forzada función teleológica a la que se vio sometida la LSP es ampliamente conocida.
En este sentido, vid. SARDÁ CALOMARDE DE CAMBRA, J., "La nueva Ley Concursal", Actualidad Jurídica Aranzadi, ed. Aranzadi, núm. 531, 2002, o el propio BERTRÁN Y MUSITU, J., La suspensión de pagos del Banco de Barcelona, 1924, págs. 40 y ss.
32 CARRERAS LLANSANA, J., Estudios e informes en materia concursal, ed. Marcial Pons, 2012, págs. 44 y ss.
33 Lo que en la práctica convertirá a la suspensión de pagos en procedimiento prioritario sobre la quiebra.
ROJO, A., "Notas para la reforma de la legislación concursal", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 138/1975.
34 ALCOVER GARAU, G., "Quiebra versus suspensión de pagos", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 223/1997.
35 CARRERAS LLANSANA, J., Ídem.
36 DE LA CUESTA RUTE, J.M., "A propósito de la función del convenio en el concurso", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 4/2005.
37 Decantándose la mayoría de la doctrina por entender dichos preceptos como implícitamente derogados.
Así, vid. la excelente recopilación de doctrina favorable a ello, recogida por GUASCH MARTORELL, R., en "Aproximación crítica a la protección de la integridad del patrimonio concursal en la Ley de Suspensión de Pagos", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 216/1995. Se citan a tal fin, entre otros autores, a TORRES DE CRUELLS, J., La suspensión de pagos, ed. Bosch, 1957, págs. 20 y ss., y a GONZÁLEZ DE ECHAVARRI VIVANCO, J.M., y MIGUEL ROMERO, M., Comentarios a la Ley de suspensión de pagos, Valladolid, 1932, pág. 150.
38 En lo referente a la interposición de acciones declarativas, el Tribunal Supremo ha sido favorable a su admisibilidad: "(...) en todo caso es manifiesto que aún con posterioridad a la suspensión de pagos pueden ser entablados juicios ordinarios contra el suspenso, por lo mismo que el interesado no pierde la administración de sus bienes, artículo seis, aunque su situación quede afectada por la intervención judicial con arreglo al artículo cuatro, párrafo segundo". Sentencia de 9 de abril de 1985, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (RJ 1985\1686). Por su parte, a falta de un criterio jurisprudencial unánime para el supuesto de interposición de demandas de juicio ejecutivo, resulta interesante la reflexión realizada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 3ª, en su Auto núm. 611/2000, de 13 de septiembre (AC 2000\1902), que se decanta a favor del ejercicio de tal derecho, "sin perjuicio de que los efectos de la Sentencia que en tal proceso pudiera recaer quedaran en suspenso (...)".
39 CENDOJ 28079110012016100306.
40 GUASCH MARTORELL, R., Op. cit.
41 Necesidad que recogía BELTRÁN SÁNCHEZ, E., "Solicitudes concurrentes de quiebra y suspensión de pagos", Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, ed. Aranzadi, 1999.
42 DÍAZ GONZÁLEZ, F.J., y CALDERÓN ORTEGA, J.M., "El concurso de acreedores en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 29/2013.
43 FEBRERO, J., Librería de escribanos, abogados y jueces, ed. Fermín Villalpando, 1829, pág. 57.
"Considerado en toda su estension el concurso de acreedores es de cuatro maneras, á las cuales corresponden nombres diversos, á saber (...)".
44 Con carácter general, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de marzo de 1857, recordaba que la persona que efectúa una operación mercantil --en aquel caso, compra de bienes con ánimo de lucro mediante su reventa--, quedaba sujeta a la jurisdicción mercantil.
Sentencia citada en DIAZ GONZÁLEZ, F.J., y CALDERÓN ORTEGA, J.M., Op. cit.
45 Por su claridad, transcribimos la siguiente cita: "En vista de la falta de reglas en el derecho común escrito, y de los abusos que la ignorancia, el empirismo, la avaricia curial y la mala fe habían introducido, comenzaba a levantarse una jurisprudencia racional que indicaba cuál era la opinión respecto a la reforma, y señalaba al legislador el camino que debía seguir".
GÓMEZ DE LA SERNA, P. Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil, Madrid, 1857, Título Undécimo.
46 Igualmente citada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, y que reproducimos: "El desamparamiento que faze el debdor de sus bienes (...) ha tal fuerza que después non puede ser el debdor emplazado, nin es tenido de responder en juyzio a aquellos a quien deuiesse algo: fueras ende si oviesse fecho tan gran ganancia, que podría pagar los debdos todos, o parte dellos, e que fincasse a el de que podiesse vivir".
47 "Por cuyo medio se liberta de ser declarado en concurso", según palabras de LASTRES, F., Procedimientos civiles y criminales, ed. Victoriano Suárez, 1884, pág. 411.
48 SOTO VÁZQUEZ, R., Quiebras y concurso de acreedores, ed. Comares, 1994, págs. 67 y ss.
49 Así repasa su interpretación histórica el Auto núm. 63/2001, de 20 de marzo, de la Audiencia Provincial de Gerona, Sección 1ª (JUR 2001\17821).
No obstante, el Tribunal Supremo mantuvo la interpretación histórica de sus resoluciones de principios del siglo XX, dando preferencia al art. 1913 CC sobre el art. 1130 LEC 1881, al menos hasta su Sentencia núm. 971/1994, de 4 de noviembre (RJ 1994\8370).
50 MANRESA Y NAVARRO, J.M. y GARCÍA VALDÉS, R., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo V, ed. Reus, 1946, p. 294.
51 Ya en periodo constitucional, la STS de 18 de abril de 1990 (RJ 1990\2730) disipa cualquier duda sobre la posible vulneración de los arts. 24 y 117.3 CE, relativos a la presunción de inocencia y la predeterminación legal del juez, respectivamente.
52 Llegándose a afirmar que el derecho concursal era la "pieza más ineficiente de cuantas componen nuestro derecho mercantil". BISBAL MÉNDEZ, J., "La insoportable levedad del derecho concursal", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 214/1994.
53 Sirva de ejemplo el art. 1046 del C de C de 1829, relativo a la ocupación de los bienes y papeles de comercio del quebrado, nada menos que a través de un arca con dos llaves.
54 Proponiéndose, a tal fin, su unificación dentro de los arts. 1318 a 1396 LEC 1881, tal y como recuerda e igualmente suscribía VACAS MEDINA, L., "El supuesto fundamental de la quiebra en los derechos inglés y norteamericano y en el derecho español", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 57/1955, quien asimismo menciona a los autores RIVES Y MARTÍ y MANRESA como precursores en proclamar dicha unificación (años 1899 y 1901, respectivamente).
55 ROJO, A. "Notas para la reforma de la Legislación Concursal", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 138/1975.
56 Como apunta GUTIÉRREZ GILSANZ, A., "La liquidación concursal anticipada", Revista de Derecho Mercantil, ed. Civitas, núm. 274/2009.
57 ROJO, A., La reforma de la legislación concursal, ed. Marcial Pons, 2003, pág. 117 y ss.
58 VELA TORRES, P.J., "La pluralidad de acreedores como requisito del concurso", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 11/2007.
59 BELTRÁN SÁNCHEZ, E., "Jornadas sobre las nuevas fronteras del derecho de la insolvencia", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 21/2010.
60 Que exigía al deudor, por ejemplo, la inexistencia de deudas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, así como que --con carácter general-- no tuviera obligaciones vencidas. A este respecto, se pronuncia el Magistrado-Juez GONZÁLEZ NAVARRO, B.A., "En torno al nuevo artículo 5.3 de la Ley Concursal", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 19/2010.
61 ROJO, A., "La pérdida del derecho de voto en caso de adquisición de crédito concursal", Anuario de Derecho Concursal, ed. Civitas, núm. 12/2007.
62 YANES YANES, P., en AA.VV., Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003 para la Reforma Concursal, ed. Dilex, 2003, págs. 179 y ss.
63 Como destaca LINACERO DE LA FUENTE, M., Las acciones de reintegración en la Ley Concursal, ed. Reus, 2005, págs. 12 y ss.
64 Por todos, SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., y GUILARTE GUTIÉRREZ V., en AA.VV., Comentarios a la legislación concursal, ed. Lex Nova, 2004, pág. 362.
65 PULGAR EZQUERRA, J., "La aprobación de la reforma concursal en el pleno del Congreso: ¿cambio de sentido de la reforma?", Actualizad Jurídica Aranzadi, ed. Aranzadi, núm. 578/2003.
66 Así lo recoge la noticia publicada en el periódico El Mundo, en edición digital de 9 de agosto de 2012, "Las fechas decisivas en la crisis económica española", noticia de la cual igualmente tomaremos otras citas a continuación referidas. Enlace:

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/09/economia/1339243054.html (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/09/economia/1339243054.html).
67 De imprescindible lectura, por su excelente síntesis, es el artículo publicado por el economista RALLO JULIÁN, J.R., "Los orígenes de la crisis", en el periódico Libertad Digital, en su edición digital de fecha 4 de diciembre de 2007. Enlace:

http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/los-origenes-de-la-crisis-1276234068.html (http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/los-origenes-de-la-crisis-1276234068.html).
68 A este respecto, proclamaba su Expositivo III: "Se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento [...]".
69 La nimia reforma del art. 98 LC, hoy derogado, operada por la Ley 4/2010, de 10 de marzo, no guarda sustancialidad alguna a este respecto.
70 Citado en URBINA MENDOZA, E.J., Análisis e investigación en derecho, ed. Universidad Católica Andrés Bello, 2007, pág. 44.
71 Pues no entraña una limitación de la responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 CC), sino que su función es únicamente exonerar un activo inmueble de la propiedad del emprendedor y que resulte su vivienda habitual, con unos límites de valor económico que no puede superar dicho activo. Además, dicha exoneración no afecta a aquellas deudas no empresariales o profesionales, ni tampoco a las deudas de naturaleza tributaria y con la Seguridad Social, ni por supuesto elimina la ejecución de aquellas garantías reales (p. ej. hipoteca) que pesaren sobre dicho bien inmueble.
72 Disponible en la página oficial del Ministerio de Justicia. Enlace: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428364645?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPropuesta_de_Real_Decreto_Legislativo_por_el_que_se_aprueba_el_Texto_Refundido_de_la_Ley_Concursal.PDF&blobheadervalue2=Docs_CGC_Propuestas.
73 De ello se reflexiona ya, muy acertadamente, en el Auto de 16 de mayo de 2018 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid (autos núm. 139/2013).
74 Acerca de todo este particular, es de interés la lectura de la Sentencia núm. 166/2007, de 4 de julio, del Pleno del Tribunal Constitucional (Tol 1115500).

ÍNDICE:



I. REGULACIÓN DE LA INSOLVENCIA EN EL DERECHO ROMANO.
II. DERECHO MEDIEVAL Y MODERNO.
III. CODIFICACIÓN JURÍDICA DECIMONÓNICA. IV. SIGLO XX: DIVISIÓN NORMATIVA ENTRE COMERCIANTES Y NO COMERCIANTES.
1. El deudor comerciante: la aparición de la LSP.
2. Regulación legal sobre el deudor no comerciante.
V. ANTEPROYECTOS PRECONCURSORES DE LA LEY CONCURSAL.
1. Anteproyecto de 1959.
2. Anteproyeto de 1983.
3. Anteproyeto de 1995.
4. Anteproyectos de 2000, 2001 y Proyecto de Ley Concursal de 2002.
VI. STATUO QUO: EL PERIODO REFORMISTA CONCURSAL (2013 a 2015).
VII. QUO VADIS: LA REFUNDICIÓN DE LA LEY CONCURSAL.