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Título: La cláusula laboral en los acuerdos de libre comercio
Fecha: 01/01/2019

Número epígrafe: 3
Título epígrafe: Las medidas de protección laboral y el desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio

TEXTO:

1. LA CAUSA O FUNCIÓN ECONÓMICA DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

No es casualidad que los procesos de negociación de los Acuerdos Regionales de Libre Comercio se intensifiquen durante los ciclos económicos profundamente recesivos del funcionamiento de las economías occidentales. En la teoría económica, el impulso del sector exterior es uno de los principales resortes para superar una crisis económica1. Así ha sucedido en repetidos momentos históricos en que la aparición de los acuerdos de libre comercio, junto a otras medidas de naturaleza financiera encomendadas a los Bancos Centrales, pretenden convertirse en un elemento dinamizador del intercambio de bienes, servicios e inversiones en aquellos territorios que padecen una recesión de sus economías.
Durante esos momentos recesivos de la economía, los gobiernos y los interlocutores sociales siguiendo las tesis keynesianas, mediante la legislación y el uso del gasto público, aprobado en los presupuestos de las cuentas públicas, adoptan todas las medidas posibles para favorecer el crecimiento económico y reducir los efectos de la destrucción del empleo y, asimismo, se aumenta la deuda pública que permitan amortiguar la caída de los ingresos procedentes del sistema tributario2.
Desde luego, no se agotan ahí las actuaciones de los poderes públicos. Los Estados o las organizaciones supranacionales pueden desarrollar el marco normativo para que inicie o se acelere el crecimiento económico mediante la eliminación o la reducción de los obstáculos que dificultan o entorpecen el intercambio de bienes o servicios. Estas medidas son las que se incorporan, precisamente, en los Acuerdos de Libre Comercio que persiguen el aumento de las exportaciones de las empresas o la localización de las inversiones extranjeras en un determinado territorio3.
En efecto, desde una óptica liberal de la economía, existe una generalizada creencia que eliminando las barreras de naturaleza arancelaria las empresas pueden mejorar sus condiciones económicas acudiendo a otros mercados en los que puedan vender sus productos o servicios; ese intercambio económico requerirá, en teoría, una intensificación de la contratación de trabajadores y de creación de puestos de trabajo que, por ende, derivará en un incremento del crecimiento económico mediante la mejora de las exportaciones y de la recepción de inversiones al conjunto de la economía4.
En definitiva, la superación con éxito de las repetidas crisis económicas se encomienda, además de la reforma de la legislación interna, a una combinación de diversas decisiones en materia, por un lado, de incremento del gasto público y, por otro, adoptando medidas de estímulo dirigidas como último destinatario las empresas para que puedan incrementar sus exportaciones mediante la eliminación de barreras comerciales, cualquiera que sea su naturaleza, esto es, ya sean regulatorias o arancelarias, eliminación que se incorpora en los Acuerdos de Libre Comercio, facilitando que se pueda alcanzar niveles de crecimiento económico más elevados que, indudablemente, trae causa del intercambio de mercancías y servicios, en definitiva, de la expansión del mercado y de maximizar el número de transacciones comerciales.
Así pues, es preciso cuestionarse cuál es el fundamento de la presencia en estos Acuerdos Regionales de Libre Comercio de una regulación que se adentra en la regulación de aspectos laborales o "cláusula social", siendo su objetivo, en la mayoría de las ocasiones, el impulso del crecimiento económico para superar más rápidamente las crisis económicas que aparecen cíclicamente en las economías regidas por la ley del mercado5.
En el marco de los principios generales, a fin de recabar el máximo apoyo institucional para la adopción de este Acuerdo, consideraron que uno de los principales focos de atención en este tipo de Tratados, además de fomentar el crecimiento de las inversiones y del comercio internacional, debía ser asegurar el respeto de las condiciones laborales y que, en ningún caso, el propio Acuerdo de Libre Comercio se convierta en la base jurídica que dé cobertura a una reversión o modificación "in peius" de la regulación existente en la legislación laboral6. Además de ello, haciendo uso de la adecuada técnica jurídica, se elimina absolutamente la posibilidad de que las Partes del Tratado se compelan recíprocamente al desarrollo de reformas en la regulación del Derecho del Trabajo, en cumplimiento de los objetivos sobre incremento del libre comercio y de las inversiones, que pudiera deteriorar la protección de sus trabajadores de las Partes firmantes. Desde luego, una acción concertada de esa naturaleza, como técnica económica, conduciría hacia una vertiginosa reversión de condiciones laborales de inciertos resultados.
En resumen, en el tenor literal de los Acuerdos no se declara, cualquiera que sea el Acuerdo de Libre Comercio, que éste se convierta en el fundamento técnico-jurídico para favorecer el crecimiento de los intercambios de bienes y servicios con cargo a una carrera hacia abajo de las legislaciones laborales recortando derechos de los trabajadores y su protección social como principal argumento para superar la situaciones de crisis económica.
Esto último, no se debe interpretar como una garantía jurídico-formal que sea equivalente a una prohibición de afrontar aquellas reformas "in peius" del ordenamiento laboral que puedan suponer una mejora o empeoramiento de las condiciones del mercado de trabajo. En corto, los Acuerdos de Libre Comercio permiten las reformas laborales que cada parte estime necesarias según cuál sea la situación de su mercado de trabajo, a condición de que la reforma se justifique para buscar el nivel apropiado de protección y no para ganar competitividad a costa de incumplir sus respectivos compromisos internacionales7.
Todo lo contrario, el objetivo principal de esta actuación está inspirada en la voluntad de no interferir en el devenir de las regulaciones del mercado de trabajo, cualquiera que sea el sentido de éstas, salvo que tales modificaciones vulneren la normativa de Derecho Internacional del Trabajo previamente adoptada por cualquiera de las partes firmantes.
En este sentido, la llamadas cláusulas laborales o previsiones laborales se inspiran en lo que se podría denominar "principio de neutralidad" respecto a la posible evolución de las condiciones reguladas en el mercado de trabajo, esto es, cada parte firmante conserva su absoluta soberanía para fijar sus prioridades relacionadas con la regulación de las condiciones laboralesy, libremente, establecer cuáles son los niveles de protección apropiados en cada momento. Esta regla general dispone de una relevante excepción de difícil aplicación porque entra a enjuiciar intenciones: no están autorizadas aquellas modificaciones del diseño o la intensidad de la protección social con la finalidad de convertirse en un elemento ventajista para quién reduce la protección social que pretenda favorecer el fomento del comercio internacional o la localización de nuevas inversiones8.
Como se dijo anteriormente, la cláusula laboral parte de niveles de protección laboral que, aunque de alcance muy diverso por la variedad de los ordenamientos jurídicos existentes, de una u otra manera, mantienen un punto de partida semejante en cuanto al reconocimiento de un nivel de derechos laborales homogéneo en relación con los principales compromisos o derechos básicos reconocidos en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Por consiguiente, a diferencia de lo que sucedía con las versiones tradicionales de la cláusula laboral en los tratados de libre comercio en las que, como se recordará, constituía un verdadero catalizador de mejora de las condiciones de los trabajadores que prestaban servicios en los países en vías de desarrollo. Aquí, en los Acuerdos de Libre Comercio suscrito entre economías desarrolladas, las propias partes reconocen que no desean establecer un cláusula laboral o previsiones laborales invasivas para ninguna de las partes firmantes, esto es, el ALC no ha de imponer contenidos específicos para la legislación laboral de las Partes firmantes más allá de los compromisos internacionales ya existentes al momento d entrada en vigor del ALC9.
Probablemente, los contenidos de la cláusula laboral se hayan de conformar, en el mejor de los escenarios, con garantizar el "status quo" anterior y, por tanto, establecer una prohibición expresa que prohíba que el crecimiento del comercio y de las inversiones se pueda asociar, en sentido técnico jurídico, con una reversión de las condiciones laborales. Por ello, en algunas ocasiones, existe una declaración en los Tratados de Libre Comercio, como una declaración de intenciones más programática que efectiva, en la que el ALC pretende estimular la mejora de las condiciones de empleo y permite teóricamente la regulación de normas laborales con mayores niveles de protección en el trabajo que los existentes actualmente10.
2. LOS EFECTOS LABORALES DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

En las exposiciones motivos y en las declaraciones sobre los proyectos de negociación de los acuerdos de libre comercio existe una extendida tendencia a asegurar que el libre comercio propiciado por las Partes negociadoras creará una ingente cantidad de puestos de trabajo y un aumento de la renta disponible para los trabajadores11. Son declaraciones válidas para la sociedad en su conjunto, pero cuál es la respuesta cuando lo que se plantea es el resultado real o efectivo que tienen estos acuerdos sobre los trabajadores.
Con buen criterio, la doctrina más autorizada que ha estudiado esta cuestión no duda en afirmar que los acuerdos de libre comercio, un producto de la economía real, siempre ofrece un balance de ganadores y perdedores como resultado de su aplicación. ¿En qué grupo hay que imputar a los trabajadores de aquellos países que deciden aplicar una política de acuerdos regionales o bilaterales para favorecer el libre comercio? Siguiendo esta sólida corriente doctrinal se afirma "sus efectos sobre los trabajadores es variado y con frecuencia negativos"12.

Con el aval de un riguroso estudio de estos ALC y del seguimiento de sus efectos, en relación con los acuerdos suscritos por Estados Unidos con países en vías de desarrollo, es cierto que se han generado nuevos empleos y de mejora de los salarios en aquellos países donde se ha externalizado las industrias manufactureras de los producto electrónicos y del ensamblaje de la industria automovilística, pero sus efectos sobre los trabajadores norteamericanos fue muy distinto y hay que inscribirlos en el apartado de los perdedores. Desde luego, muchos trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, se redujeron los salarios para quienes no los perdieron y se redujo la protección social.
Estos resultados confirmados por serios estudios de COMPA y TRUBEK, son, en mayor o menor medida, extrapolable al balance de los ALC que se han suscrito a lo largo del siglo XX, cuando las Partes del ALC disponen de un distinto tipo de desarrollo económico. En cambio, se abren más incógnitas cuál será los resultados sociales y el reparto entre ganadores y perdedores cuando las dos Partes sean espacios económicos desarrollados. Quizá, la corrección de esos resultados motivó la necesidad de que los ALC incluyeran un apartado de "desarrollo sostenible" que evite, en la medida de lo posible, la repetición de esos resultados.
3. COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA APUESTA POR LA ARMONIZACIÓN DE INTERESES CONTRAPUESTOS

En el plano de una declaración de intenciones, sería sencillo admitir que el discurso de la sostenibilidad ha constituido un discurso "amigable"13, que pretende limar los excesos cometidos en otras etapas históricas en nombre del Libre Comercio14. Más recientemente, la defensa del desarrollo sostenible permite incorporar factores como el respeto al medio ambiente, favorecer los avances científicos, la necesidad del crecimiento económico y, especialmente, el respeto de los derechos sociales que se constituyen en condicionantes, de mayor o menor intensidad del crecimiento del comercio internacional, que ha dejado de ser así el único bien jurídico digno de proteger, debiendo ponderarse, junto a los factores de sostenibilidad, la obtención de una regulación equilibrada del fomento del comercio internacional15.
Como es sabido, la fundamentación jurídica de este nuevo modo de promocionar el comercio internacional, ahora inspirado en la exigencia de que ese crecimiento se haga en el marco de un "desarrollo sostenible", pretende asegurar un crecimiento armónico del medio ambiente, de la economía y de los derechos sociales. Su base jurídica es compleja y reside en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992; en la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, y el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, la Declaración Ministerial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la «creación de un entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y sus consecuencias sobre el desarrollo sostenible», de 2006, y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008.
Además, últimamente, se ha añadido como fundamento los acuerdos de la Conferencia para el desarrollo sostenible bajo el título "El futuro que nosotros queremos"16 y la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 203017. En todos estos documentos, se reconoce que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan mutuamente y reafirman su voluntad de promover el desarrollo del comercio internacional, de manera que se contribuya al objetivo del desarrollo sostenible, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras mediante una valoración global de los factores mencionados anteriormente.
4. LA CLÁUSULA LABORAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Seguramente, la presencia de una regulación básica acerca del respeto a un núcleo irrenunciable de derechos de los trabajadores y, específicamente, de los procedimientos necesarios para garantizar la protección de dichos derechos laborales, constituye un asunto nada sencillo de resolver para las partes negociadoras de los Acuerdos de Libre Comercio sin que afloren tensiones antes de alcanzar un punto de encuentro, dadas las enormes diferencias existentes entre las regulaciones y la tabla de derechos sociales "básicos" que cada ordenamiento jurídico considera como estructura institucional de su sistema normativo, algunos con relevancia en el terreno de los derechos humanos.
Quizá por ello, a fin de reducir el impacto y el protagonismo de las cuestiones laborales, se ha apostado por una regulación en que los aspectos laborales del libre comercio aparezcan integrados, como uno más, entre los elementos integrantes de los términos "Desarrollo Sostenible", incluso sirve como rúbrica del capítulo general que contiene la regulación de los estándares laborales en los Acuerdos de Libre Comercio18.
Entrando en el análisis de este tipo de previsiones laborales más evolucionada, esto es, aquélla que contiene lo que podríamos denominar cláusulas laborales de "segunda generación". Éstas, se caracterizan por un tratamiento del factor "trabajo" que lo consideran como una más de las variables que debe tomar en consideración la regulación sobre el crecimiento del comercio internacional. En concreto, ese concepto aglutinador, como se acreditó más arriba19, es lo que se denomina "el desarrollo sostenible" de la actividad humana en distintos órdenes de su actividad económica y social. Esa concepción de sostenibilidad se ha extendido en diversos órdenes de la actividad económica hasta el punto de que se ha convertido en un parámetro decisivo para mantener, o no, la continuidad el modo en que se desarrolla la propia actividad económica o condicionar el alcance en que ésta se desarrolla, permitiendo efectuar juicios técnicos acerca de si puede, o no, continuar el ejercicio de las mismas por los Estados o las empresas en función de que se garantice o perjudique ese crecimiento armónico o sostenible20.
En efecto, siguiendo esa evolución expansiva del significado y alcance del "desarrollo sostenible", como filtro que ha de superar todas las normas que regulan el desarrollo de las actividades de los poderes públicos, incluidos los Acuerdos o Tratados Internacionales que animan el fomento del comercio internacional, se podría afirmar que estos Acuerdos no precisan la alícuota parte de relevancia de los factores integrantes del concepto de "desarrollo sostenible", iniciando un recorrido expansivo en el que cada ronda de negociaciones en distintos Acuerdos de Libre Comercio se va incorporando nuevo compromisos de sostenibilidad en atención a criterios difíciles de explicar, o, quizá dando satisfacción a la variable sensibilidad de la población o de los gobiernos que promueven estas negociaciones.
Así, junto la obligación de respetar "los estándares internacionales del Derecho Internacional del Trabajo"21, se añaden otros, sin duda relevantes y que es preciso tomar en consideración, como la "Diversidad Biológica"22 o "la explotación sostenible de los bosques"23, especialmente visible esta expansión en el último Acuerdo, en vías de negociación, entre la Unión Europea y Japón24, expansión de factores de sostenibilidad del desarrollo, que supone una insuperable dificultad para un tratamiento específico y la previsión de unas consecuencias jurídicas específicas ante la eventual vulneración del contenido de las previsiones laborales en estos Acuerdos de Libre Comercio.
Seguramente, se trata de un problema de falta de visibilidad de la cuestión del respeto de los derechos humanos y del respeto de los derechos de protección social cuando se entremezcla diversos factores de naturaleza tan diversa y se ponen al mismo nivel, por ejemplo que no exista una gradación den las consecuencias jurídicas cuando se incumple la prohibición del trabajo forzoso o el trabajo de los menores en las industrias versus una tala generalizada de árboles que perjudica la biodiversidad. Aparentemente, ambas circunstancias merecen el mismo reproche y, probablemente, semejantes consecuencia jurídicas.
En mi opinión, este tipo de regulación requiere una reconsideración y asignarle una protección específica de los derechos laborales que permita visualizar, en el plano sistemático de los Acuerdos de Libre comercio y en el de las consecuencias jurídicas por su incumplimiento, un tratamiento singular en consonancia con sus repercusiones en el campo de los Derechos Humanos respecto del resto de aspectos que acompañan la sostenibilidad, como el respeto a los bosques o la biodiversidad.
Centrando ahora la atención en la dimensión social de la sostenibilidad, esta dimensión social de la "sostenibilidad" se materializa en la incorporación de previsiones laborales o "cláusula laboral" de los Acuerdos de Libre Comercio a modo de compromisos sociales de las Partes firmantes para entablar intercambios comerciales respetuosos con el derecho internacional del trabajo y, por tanto, constituye el principal objeto de análisis de estas reflexiones. En cambio, no queda claro qué consecuencias jurídicas se derivan si alguna de las partes incumple esos compromisos sociales y, en su caso, la denuncia por la Parte cumplidora del propio Acuerdo de Libre Comercio.
Entre los filtros para asegurar un efectiva presencia de la "sostenibilidad social", la propia Unión Europea presta atención al hecho de que los mencionados Acuerdos de Libre Comercio garanticen el "... respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el compromiso de las Partes a un desarrollo sostenible y la contribución del comercio internacional al desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y medioambiental..., incluyendo pleno y productivo empleo y trabajo decente para todos"25.
Por todo ello, es difícil oponer resistencia alguna a la admisibilidad de la sostenibilidad como soporte conceptual de los Acuerdos de Libre Comercio. En definitiva, lo que se está defendiendo es que la acción exterior de la UE debe perseguir los objetivos que persigue la doctrina del desarrollo sostenible que, en la faceta social, debería significar la asunción de un compromiso para la promoción del pleno empleo y el fomento del empleo decente26.
No obstante, en numerosas ocasiones esa mezcla simultánea de factores para superar los umbrales mínimos de "sostenibilidad" dificulta efectuar una ponderación sobre la importancia, a título individual, de cada uno de esos factores para la obtención de la exigida sostenibilidad.
En efecto, la condicionalidad simultánea de factores tan heterogéneos y nada fungibles como son los medioambientales, la diversidad biológica, la información científica, el desarrollo económico o sociales deja sin aclarar cuál ha de ser la participación o proporción apropiada de cada uno de esos ingredientes para que superen el criterio de la sostenibilidad que se autoimpone el Acuerdo de Libre Comercio y, como se ha dicho anteriormente, se guarda un silencio jurídico sobre los efectos que se derivan de cumplir uno o varios de los factores de sostenibilidad.
En definitiva, la medición de la sostenibilidad sin parámetros objetivos entorpece precisar la adecuada e irrenunciable proporción del componente social de la sostenibilidad y las consecuencias que de ello se derivan27.
Por ello, se puede firmar que el discurso del "desarrollo sostenible" agrupa, en único bloque, el conjunto de materias que, cada una por sí misma, podría considerarse un potencial freno para el crecimiento del comercio y de las inversiones que, precisamente, es lo que pretende promover el Acuerdo de Libre Comercio. Entre esas materias se puede citar el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. A partir de su consideración como parte integrante de un paraguas conceptual de la "sostenibilidad", algunas consideraciones sobre el desarrollo económico, los aspectos medioambientales y, por fin, la promoción de los derechos sociales se incorporan al acervo del libre comercio a modo de "límite" para diferenciarse los postulados del libre comercio de otras etapas históricas que no reconocían la licitud de ninguna interferencia procedente de los poderes públicos que condicionara el libre comercio pero, lamentablemente, sin fijar precisas coerciones comerciales en caso de incumplimiento.

NOTAS:


1Como un protocolo que garantiza superar la crisis se recomienda que, "En estas circunstancias, la política más adecuada sería la de liberalizar la economía a todos los niveles (y en especial el mercado laboral) para permitir que los factores productivos (y en especial el factor trabajo) se reasignen rápidamente hacia los sectores rentables. Igualmente es imprescindible la reducción del gasto público y de los impuestos para incrementar la renta disponible de los agentes económicos fuertemente endeudados que necesitan devolver sus préstamos cuanto antes. Los agentes económicos en general y las empresas en particular sólo se sanean reduciendo costes (especialmente abordables) y devolviendo sus préstamos. Y para ello es imprescindible un mercado laboral muy flexible y un sector público mucho más austero". Cfr. HERNÁNDEZ MARTÍN, A; MORALEDA GARCÍA, V.; SÁNCHEZ ARILLA, M.T.: "Crisis económica a lo largo de la historia". Cuadernos de formación. Colaboración 5/11, Volumen 12/2011, especialmente, pág. 18. Se puede consultar en página electrónica #sdfootnote2anc" _mce_href="#sdfootnote2anc" name="sdfootnote2sym">2Sobre un análisis, desde una perspectiva económica, de la dimensión y efectos del gasto público durante la reciente crisis económica de 2008, cfr. STEPHEN T., HALL. D. (Director); LETHBRIDGE, J; LOBINA, E; POPOV, V; CORRAL, V; VAN NIEKER, S: "Por qué es necesario el gasto público". Ferney-Voltaire, (Universidad de Greenwich, Universal de Servicios Públicos), 2010, páginas 7 y 8 en página electrónica #sdfootnote3anc" _mce_href="#sdfootnote3anc" name="sdfootnote3sym">3En este sentido, en un determinado ámbito regional, "podemos afirmar que en general han obtenido pequeños beneficios a costa de postergar "indefinidamente" (al menos así se observa) su desarrollo debido a la creación de una dependencia comercial desigual, y en muchos casos dañina de los países de AL respecto a US. Esta dependencia comercial ha acentuado la lucha entre países vecinos por recibir un acceso preferencial a sus exportaciones a US". Cfr. SOLORZA LUNA, M.: "Consecuencias económicas de los tratados comerciales entre América Latina y Estados Unidos". Análisis, núm. 14, 2013, pág. 16, en página electrónica #sdfootnote4anc" _mce_href="#sdfootnote4anc" name="sdfootnote4sym">4A título de ejemplo, se puede consultar el estudio independiente de los beneficios para el conjunto de la economía que anuncia la Comisión Europea en relación con el Proyecto de Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos de Norte América (TTIP). Allí, se afirmaba expresando más una apuesta que una afirmación demostrada que "Una ambiciosa y completa Acuerdo Transatlántico de comercio e inversiones sociedad podría traer importantes beneficios económicos en su conjunto de la UE (euros 119 billones al año) y los Estados Unidos (euros 95 billones al año) una vez el acuerdo se aplique plenamente. Esto se traduce en promedio a un extra euros545 renta disponible cada año para una familia de cuatro en la Unión Europea". en "Independent study outlines benefits of EU-US trade agreement" de 12 de marzo de 2013, en página electrónica #sdfootnote5anc" _mce_href="#sdfootnote5anc" name="sdfootnote5sym">5En opinión de algún sector doctrinal, "la cláusula social puede considerarse como una respuesta al dilema "eficiencia económica vs protección social" en un mundo globalizado". Cfr. USHAKOVA, T.: "Eficiencia económica vs. Protección laboral: análisis a partir de la cláusula social". Revista de Derecho Social y Empresa, núm. 7, 2017, pág. 115.
6Como se puede observar, el número de contenidos laborales en los Tratados de Libre Comercio ha aumentado considerablemente en los últimos años. Así, ".Se puede comprobar las dos últimas décadas, una consolidada implantación de acuerdos sobre aspectos laborales en los acuerdos de libre comercio desde cero en 1990 hasta setenta y ocho (78) en 2014". Cfr. KRAATZ,S.: "Policy Department A: Economy and Scientific Policy European Parliament PE" 536.315, pág. 3, en #sdfootnote7anc" _mce_href="#sdfootnote7anc" name="sdfootnote7sym">7En este sentido, un claro ejemplo de este posicionamiento se puede encontrar en el art. 23 del Acuerdo CETA entre la Unión Europea y Canadá y el Informe del Impacto sobre el Comercio Sostenible (Informe Final) del Acuerdo de Libre Coemrcio entre la Unión Europea y Japón. En este último documento, se afirma expresamente: "no es la intención armonizar las normas, que cada Parte tiene derecho a establecer sus propios niveles de protección laboral y que la ventaja comparativa de las Partes no debe en modo alguno cuestionarse. El acuerdo también establecería que las normas laborales no deberían utilizarse con fines proteccionistas" página 201-202, en página electrónica #sdfootnote8anc" _mce_href="#sdfootnote8anc" name="sdfootnote8sym">8Es sencillo comprobar la centralidad de este mandato que, en realidad, supone un compromiso de prohibición del "dumping social", esto es, propiciar una desprotección laboral mediante la reforma, el incumplimiento o la inaplicación del ordenamiento laboral, con la finalidad de favorecer el crecimiento económico mediante una intensificación del comercio exterior degradando los costes derivados del uso de la mano de obra por partes de los empleadores. El texto positivo de esta declaración se encuentra recogido en el art. 23.4 CETA, artículo que estipula siguiente: "Artículo 23.4 Respeto de los niveles de protección 1. Las Partes reconocen que no es conveniente fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de los niveles de protección previstos en su legislación y normas laborales. 2. Una Parte no renunciará, ni ofrecerá ninguna excepción, ni ofrecerá la renuncia o derogación de su legislación y normas laborales para estimular el comercio o el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio. 3. Una Parte no podrá, a través de un curso de acción o inacción sostenida o recurrente, no cumplir efectivamente su legislación y normas laborales para fomentar el comercio o la inversión". (Traducción no oficial).
9Cfr. infra, apartado 5.
10En cuanto al CETA, el apartado 2º del artículo 23 del texto consolidado CETA se afirma que ".cada Parte busca asegurar que su ordenamiento jurídico y sus políticas proporcionan una mejora de altos niveles de protección laboral y deberá seguir la senda de mejora de las políticas que presenten como objetivo proporcionar altos niveles de protección laboral." (Traducción no oficial). En similares términos, el art. 2 de la Propuesta de la EU para el Acuerdo México-Unión Europea de Abril de 2017

11Entre la información que proporciona la página oficial de la Unión sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica se afirma: Según estudios independientes, el TTIP partiría de esta base: a) generar crecimiento en nuestra economía; b) crear más puestos de trabajo y mejor remunerados; c) ayudar a las empresas de la UE a competir en el extranjero y d) animarlas a innovar. Cfr. página electrónica #sdfootnote12anc" _mce_href="#sdfootnote12anc" name="sdfootnote12sym">12Cfr. TRUBEK, D.M.; COMPA, L.: "Trade Law, Labor and Global Inequality". Law made in Skyboxex , op.cit, pág. 4.
13Al menos, así había sido hasta la firma del Acuerdo sobre el Cambio Climático de París el 12 de diciembre de 2015, abierto a la firma a partir de abril de 2016. Como se ha afirmado, la negativa a ratificar el Acuerdo de Paris por parte de Estados Unidos de Norteamérica fue "Para muchos es la peor decisión que ha tomado hasta ahora. El anuncio de Donald Trump de apartarse del Acuerdo de París sobre Cambio Climático tendrá -y ya está teniendo- un impacto en el liderazgo de EEUU en el mundo". Cfr. INSTITUTO DE ESTUDIOS ELCANO, en página electrónica https://blog.realinstitutoelcano.org/acuerdo-de-paris-culpable-no-es-solo-trump/ (Visitada, septiembre 2017)

14A lo largo del siglo XIX resultaba difícil admitir la existencia de límites al libre comercio. Así, en relación con esa etapa histórica se afirmaba que "...los países europeos a mediados de siglo XIX se dirigían hacia la búsqueda de nuevos socios comerciales. En efecto, la ya mencionada pérdida de mercados coloniales y la relativa estabilización de las fronteras y aduanas europeas eran dos factores que habían de potenciar el comercio entre antiguos rivales coloniales. Es el momento de la aparición de un nuevo consenso que se plasma en la proliferación de los tratados comerciales liderados por el país más librecambista del momento: el Reino Unido. El liderazgo de este país y el consenso en torno al desarrollo de acuerdos comerciales habría de dar estabilidad al comercio internacional durante algunas décadas". Cfr. TURMO GARUZ, J.: "La política comercial y el comercio internacional El bilateralismo, el multilateralismo y el sistema GATT-OMC en perspectiva histórica". Boletín Económico de ICE, núm. 2880, 2006, pág. 44, en página electrónica #sdfootnote15anc" _mce_href="#sdfootnote15anc" name="sdfootnote15sym">15Una plasmación en los textos aprobados de los más recientes Acuerdos de Libre Comercio dan pleno testimonio de esta incorporación de los condicionantes sociales al fomento del comercio internacional. Cfr. El tenor literal del art. 22.1.1 y 22.1.2 del Acuerdo CETA firmado entre la UE y Canadá en el año 2017: "1. Las Partes recuerdan la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, y el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, la Declaración Ministerial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la «creación de un entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y sus consecuencias sobre el desarrollo sostenible», de 2006, y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008. Las Partes reconocen que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan mutuamente, y reafirman su voluntad de promover el desarrollo del comercio internacional, de manera que se contribuya al objetivo del desarrollo sostenible, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
2. Las Partes subrayan las ventajas de considerar las cuestiones laborales y medioambientales relacionadas con el comercio en el marco de un enfoque global del comercio y del desarrollo sostenible. En consecuencia, las Partes convienen en que los derechos y las obligaciones que se contemplan en los capítulos Veintitrés (Comercio y trabajo) y veinticuatro (Comercio y medio ambiente) deben considerarse en el contexto del presente Acuerdo".

16Cfr. el tenor literal de este Acuerdo de la Conferencia de Naciones Unidas celebrado en Río de Janeiro, Brasil, 20-22 de junio 2012, en página electrónica https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf (Visitada en septiembre 2017).
17Para consultar el contenido del Acuerdo de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, cfr. página electrónica #sdfootnote18anc" _mce_href="#sdfootnote18anc" name="sdfootnote18sym">18Cfr. Capítulo 22 del Acuerdo CETA y texto del art.1 sobre el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Proyecto de Acuerdo ente Unión Europea y Japón "Comercio y Desarrollo Sostenible", en página electrónica #sdfootnote19anc" _mce_href="#sdfootnote19anc" name="sdfootnote19sym">19Cfr. ut supra.
20Una referencia, ya clásica, sobre el concepto de desarrollo económico sostenible en BARBIER, E.B.: "The concept of Sustainable Economic Development". Environmental Conservation, Vol. 14, 2, 1987, Cambridge Journal Online, pág. 101-110. En síntesis, allí se afirma que hay un amplio consenso en que la conservación del medio ambiente y el crecimiento económico no han de mantener una relación conflictiva y de su acción coordinada salen mutuamente reforzados. Sobre el protagonismo que está asumiendo la Unión Europea en el condicionamiento de la política de medio ambiente sobre los aspectos comerciales, especialmente, tras elevado consenso alcanzado con motivo del Acuerdo de Paris de 2016, aunque posteriormente dicho consenso se haya visto empañado por intereses nacionales. También, cfr. RUIZ CAMPILLO, X.: "El papel de la Unión Europea en las negociaciones sobre el cambio climático". Revista UNISCI, núm. 39, 2015, págs. 124-126.
21Cfr. Art. 3 del Proyecto de ALC que se está negociando entre la Unión Europea con Japón. El texto se puede consultar en página electrónica #sdfootnote22anc" _mce_href="#sdfootnote22anc" name="sdfootnote22sym">22Cfr. Ib. ídem, art. 6 del Proyecto de ALC entre la Unión Europea y Japón.
23Cfr. Ib. ídem, art. 7 del Proyecto de ALC entre la Unión Europea y Japón.
24Sobre el texto del Acuerdo de Libre Comercio entre E.U. y Japón, cfr. en página electrónica oficial de la Unión Europea #sdfootnote25anc" _mce_href="#sdfootnote25anc" name="sdfootnote25sym">25Como se puede comprobar, el argumento de la sostenibilidad y su verificación constituye un "protocolo habitual" en el procedimiento de negociación de este tipo de Acuerdos de Libre Comercio. En este sentido, en relación con el TTIP, desde noviembre de 2011, un Grupo de Alto nivel sobre Trabajo y Crecimiento, presidido por el Comisario de Comercio de UE y el homólogo norteamericano prepararon un protocolo sobre el comienzo de oficial de las negociaciones que se inspiraba en estos presupuestos de sostenibilidad. Cfr. UNIÓN EUROPEA: "Final Report High Level Working Group on Jobs and Growth". February 11, 2013, págs. 1-6, en la página electrónica #sdfootnote26anc" _mce_href="#sdfootnote26anc" name="sdfootnote26sym">26En este sentido, cfr. apartado 3 del art. 22.1 CETA que establece lo siguiente: "3. Las partes reconocen la importancia de abordar los temas específicos de desarrollo sostenible mediante la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales potenciales de posibles acciones, teniendo en cuenta las opiniones de las partes interesadas. Por lo tanto, cada parte se compromete a revisar, monitorear y evaluar el impacto de la aplicación de este acuerdo sobre el desarrollo sostenible en su territorio con el fin de identificar cualquier necesidad de una acción que pueda surgir en relación con este acuerdo. Las partes pueden llevar a cabo evaluaciones conjuntas. Estas evaluaciones se realizarán de forma que se adapta a las prácticas y condiciones de cada parte, a través de los respectivos procesos participativos de las partes, así como los procesos establecido bajo este acuerdo." (Traducción no oficial)

27Un simple repaso a la prensa escrita pone de manifiesto la inseguridad jurídica que conlleva el discurso de la sostenibilidad, especialmente, cuando esa calificación jurídica se efectúa de modo unilateral por alguna de las partes interesadas sin ninguna instancia de control externo. A título de ejemplo véase este titular periodístico y su desarrollo. "Grandes empresas venden como "sostenibles" productos con aceite de palma producido por mano infantil. Una investigación de Amnistía Internacional destapa que Nestlé, Colgate-Palmolive o Unilever, entre otras, compran su aceite en plantaciones donde la ONG ha detectado graves casos de abusos contra los derechos humanos. En declaraciones del menor, este afirma: "No voy a la escuela. [.] Transporto yo mismo la bolsa con los frutos sueltos pero sólo puedo llevarla medio llena. Es difícil transportarla, pesa mucho. Lo hago también bajo la lluvia pero es difícil. [.] Tengo las manos doloridas, y me duele todo el cuerpo", asegura un menor de 10 años que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar seis horas diarias para un proveedor de Wilmar." Cfr. Diario "Público" de 30 de noviembre de 2016, Autora de la noticia Lucía Villa, en página electrónica http://www.publico.es/internacional/grandes-empresas-venden-sostenibles-productos.html (Visitada 30/11/2016).

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ABREVIATURAS:

ALC Acuerdo de Libre Comercio

CETA
Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá

FEAG Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

GATT
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

NACE Nomenclatura estadística de actividades económicas

NAFTA Tratado de Libre Comercio de Norteamérica

OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMC Organización Mundial de Comercio

RFEAG
Reglamento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TPP Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

TTIP
Acuerdo Transatlántico para el Comercio y las Inversiones

UE Unión Europea

ÍNDICE:

Índice

Abreviaturas

I. PLANTEAMIENTO GENERAL

II. ANTECEDENTES DE LAS CLÁUSULAS LABORALES EN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

1. En busca de un primer antecedente

2. El desencuentro institucional de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo

3. El reparto de competencias entre las instituciones internacionales en materia de comercio internacional y la regulación sobre protección laboral

III. LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LA CLÁUSULA LABORAL EN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

1. Precisiones terminológicas: cláusula social, cláusula laboral o previsiones laborales

2. El fomento del libre comercio y el respeto al "trabajo decente"

IV. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN LABORAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

1. La causa o función económica de los Acuerdos de Libre Comercio

2. Los efectos laborales de los Acuerdos de Libre Comercio

3. Comercio internacional y desarrollo sostenible: una apuesta por la armonización de intereses contrapuestos

4. La cláusula laboral y la sostenibilidad del crecimiento económico

V. EFICACIA JURÍDICA DE LA CLÁUSULA LABORAL EN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

1. El acuerdo de libre comercio no es una fuente del derecho laboral

2. Los estándares laborales europeos y su eficacia jurídica en la legislación de la Unión Europea

3. La eficacia de los tratados internacionales de la OIT

4. La eficacia jurídica de las declaraciones de derechos sociales de 1998 y 2008 de la OIT

VI. LOS CONTENIDOS DE LA CLÁUSULA LABORAL EN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

1. Generalidades sobre la evolución de las cláusulas laborales

2. Los estándares mínimos del Derecho Internacional del Trabajo

3. Un nuevo modelo de cláusula laboral en el Tratado CETA y el TTIP

4. El principio de libre determinación de los contenidos laborales

5. Excepción al principio de libre determinación de contenidos laborales: el respeto a los compromisos internacionales

6. La prohibición del "dumping social"

VII. EL ENCADENAMIENTO ENTRE CRISIS ECONÓMICAS, ACUERDOS DEL LIBRE COMERCIO Y REFORMAS LABORALES EN LA UNIÓN EUROPEA

1. Planteamiento

2. La secuencia de la regresión de las condiciones laborales y los contenidos laborales del Acuerdo de Libre Comercio

VIII. EL IMPACTO SOCIAL DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

1. Consideraciones generales

2. Efectos jurídicos de los Tratados de Libre Comercio

3. La identificación de "ganadores y perdedores" a resultas de los acuerdos de libre comercio 116

3.1. El clásico desequilibrio en los Acuerdos de Libre Comercio Norte-Sur

3.2. El reparto de los resultados en los Acuerdos Regionales de Comercio celebrados entre países desarrollados

4. Las acciones compensatorias hacia los perdedores del libre comercio. Algunas reflexiones sobre la justa compensación a los perjudicados por la intensificación del libre comercio

4.1. Planteamiento de la cuestión

4.2. Un supuesto de compensación por las consecuencias de la globalización en la Unión Europea

4.3. Aspectos procedimentales de la tramitación de las ayudas del FEAG a los trabajadores

IX. LAS CLÁUSULAS LABORALES EN EL MERCADO INTERIOR DE LA U.E.: MOVIMIENTOS TRASNACIONALES DE TRABAJADORES Y REFORMA DE LA DIRECTIVA 96/71/CE

1. Situación actual y la reforma del año 2014

2. Propuesta de reforma de la Directiva 96/71/CE

3. Los movimientos transnacionales en los Tratados de Libre Comercio suscritos por la Unión Europea con terceros estados

A modo de conclusión

Referencias