Jurisprudencia

Cabecera: El TSXG avala la aprobación de las bases de provisión por el sistema de concurso de puestos que se hallaban vacantes en la Diputación Provincial de Lugo.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Fecha: 01/04/2024
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 218/2024 Número Recurso: 509/2022
Numroj: STSJ GAL 2237/2024
Ecli: ES:TSJGAL:2024:2237
Voces sustantivas: Corporaciones locales, Consignación, Enriquecimiento injusto, Fraude de ley, Función pública, Inspección tributaria, Legítima, Principios constitucionales, Recurso de reposición, Buena fe, Comisiones de servicios, Comité de empresa, Complemento de destino, Complemento de productividad, Complemento específico, Concurso de méritos, Corrección de errores, Desviación de poder, Delegados sindicales, Expediente administrativo, Empleados públicos, Empleo público, Funciones públicas, Honorarios profesionales, Ley de bases, Provision de puestos de trabajo, Personal laboral, Personas naturales, Plantillas de personal, Representación del presidente, Resoluciones administrativas, Retribuciones complementarias, Acto administrativo, Atribución temporal de funciones, Clasificación profesional, Comisiones de servicio, Criterios organizativos, Denominación, Errores materiales, Grupo profesional, Intervalos de niveles, Interés legítimo, Junta de gobierno, Legitimación, Legitimación activa, Merito y capacidad, Marcas, Plazos, Puestos de trabajo, Relaciones de puestos de trabajo
Voces procesales: Abuso de derecho, Costas procesales, Legitimación procesal, Procedimiento abreviado, Recurso de apelación, Recurso de reposición, Representación y defensa, Tasación de costas, Acción popular, Avales, Condena en costas, Conexión, Legitimación para impugnar, Pronunciamiento sobre costas, Resoluciones judiciales, Representación procesal, Resolución del recurso de reposición, Órgano competente, Efecto positivo, Principio pro actione


RESUMEN:

El demandante carece de interés legítimo para la impugnación global de la relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Lugo, resultando que su legitimación únicamente queda restringida y limitada de forma exclusiva a su concreto y específico puesto de trabajo, no estando, en consecuencia, habilitado en norma alguna a defender la legalidad objetiva de la actuación administrativa.

ENCABEZAMIENTO:

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1
A CORUÑA
SENTENCIA: 00218/2024
Ponente: D. Luís Ángel Fernández Barrio.
Recurso: Recurso de Apelación 509/2022.
APELANTE: D. Maximo
APELADOS:
D. Narciso , DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. COMITÉ DE EMPRESA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
LUGO, JUNTA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, D. Oscar , D. Pedro , Dª Dolores ,
D. Rafael , D. Roberto , Dª Encarnacion , D. Salvador , D. Saturnino , D. Sergio , D. Simón , D. Teodosio , Dª
Gabriela , D. Valentín , D. Jose Manuel , D. Jose Pedro , D. Segismundo , D. Carlos Manuel , D. Carlos Daniel ,
Dª Marcelina , D. Luis Miguel , D. Jesús Carlos , D. Juan Carlos , D. Juan Antonio , D. Juan Alberto , D. Pedro
Enrique , D. Marco Antonio , D. Pablo Jesús , Dª Pilar , D. Alfonso , Dª Rosa , Dª Rosario , D. Apolonio , Dª Sonia
D. Basilio , Dª. Vanesa , D. Blas , D. Bruno , D. Candido , Dª Ascension , D. Cesar , D. Daniel , D. Demetrio
, Dª Agueda , D. Doroteo ,D. Eleuterio , Dª Ángeles , D. Estanislao , D. Eulalio , D. Evaristo , D. Faustino
, D. Felicisimo , Dª Camino , Dª Caridad , D. Gerardo , D. Gervasio , D. Héctor D. Herminio , D. Hugo , D.
Imanol , Dª. Elisenda
Dª. Isidora , Dª. Estefanía
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS CSI-CISF, Dª. Eulalia , Dª. Felisa , Dª. Florinda , Dª.
Gloria , Dª. Inocencia , D. Miguel , Dª. Josefina , Dª. Juliana , D. Obdulio , D. Pascual , Dª Lucía , Dª Macarena
, D. Prudencio D. Maximiliano , D. Rogelio . Santos , D. Paulino Dª. Paloma , D. Teodoro , D. Ricardo ,
D. Víctor D. Victorio , D. Jose Francisco , D. Jose Ángel , Dª Socorro , D. Carlos Miguel , D. Luis Alberto ,
D. Abilio , D. Alejandro , Dª Amalia , Dª Concepción , Dª Debora , Dª Benita , D. Bartolomé , D. Bernabe ,
D. Bienvenido , D. Ángel , Dª. Lourdes , D. Arsenio . Cirilo , D. Cornelio , COMISIONES OBRERAS (CC. OO.),
D. Benjamín , Dª Encarna , Dª Julia , D. Enrique , D. Cipriano , D. Eutimio , Dª Manuela , D. Feliciano , Dª.
Gregoria , Dª Milagros , D. Gabino.
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as.
D. Fernando Seoane Pesqueira, presidente.
D. Luís Ángel Fernández Barrio.
Dª. Mónica Sánchez Romero.
A Coruña , a 1 de abril de 2024.
El recurso de apelación número 509/2022, pendiente de resolución ante esta Sala, fue promovido por D.
Maximo , representado por el Procurador D. CARLOSDANIEL VILA VÁRELA y dirigido por el Abogado D.
MIGUEL RIVERARODRÍGUEZ, contra la sentencia núm. 71/ 2022 de fecha 31 de marzo de 2022, dictada en
el procedimiento abreviado núm. 24/2019 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Lugo,
sobre función pública, siendo partes apeladas D. Narciso , representado por la Procuradora Dª. EVA MARÍA
TOMÉ SIEIRA y dirigida por el Abogado D. FERNANDO MARTÍNEZ ARRIBAS; DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
LUGO, representada y dirigida por el SERVICIO JURÍDICO DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO; COMITÉ DE EMPRESA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, JUNTA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO,
representado por el Procurador D. JOSE ANGEL PARDO PAZ y dirigido por la Abogada Dª. MARÍA TERESA
NÚÑEZ FERREIRO; D. Oscar , D. Pedro , Dª Dolores , D. Rafael , D. Roberto , Dª Encarnacion , D. Salvador ,
D. Saturnino , D. Sergio , D. Simón , D. Teodosio , Dª Gabriela , D. Valentín , D. Jose Manuel , D. Jose Pedro
, D. Segismundo , D. Carlos Manuel , D. Carlos Daniel , Dª Marcelina , D. Luis Miguel , D. Jesús Carlos , D.
Juan Carlos , D. Juan Antonio , D. Juan Alberto , D. Pedro Enrique , D. Marco Antonio , D. Pablo Jesús , Dª
Pilar , D. Alfonso , Dª. Rosa , Dª Rosario , D. Apolonio , Dª Sonia , D. Basilio , Dª Vanesa , D. Blas , D. Bruno
, D. Candido , Dª Ascension , D. Cesar , D. Daniel . D. Demetrio , Dª Agueda , D. Doroteo , D. Eleuterio , Dª
Ángeles , D. Estanislao , D. Eulalio , D. Evaristo , D. Faustino , D. Felicisimo , Dª Camino , Dª Caridad , D.
Gerardo , D. Gervasio , D. Héctor , D. Herminio , D. Hugo , D. Imanol , representados por la Procuradora Dª.
ANA MARIA FERNANDEZ SANTOS y dirigidos por el Abogado D. Xosé Manuel Fernández Varela; D. Fausto
, representado por la Procuradora Dª. Ana Tejelo Núñez; Dª Elisenda , Dª Isidora , Dª Estefanía , CENTRAL
SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS CSI-CISF, representados por Procuradora Dª Mª ANGELES
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y dirigidos por el Abogado D. JESÚS FOUZ HERNÁNDEZ; Dª. Eulalia , Dª Felisa , Dª
Florinda , Dª Gloria , Dª Inocencia , D. Miguel , Dª Josefina , Dª Juliana , D. Obdulio , D. Pascual , Dª Lucía , Dª
Macarena , dirigidos por la Abogada Dª. EUGENIA GOMEZ ANDRÉ; D. Prudencio , D. Maximiliano , D. Rogelio
, D. Santos , representados por el Procurador D. ANDRÉS CORRAL ÁLVAREZ y dirigidos por la Abogada Dª.
BELEN RODRIGUEZ ÁLVAREZ; D. Paulino , Dª Paloma , D. Teodoro , D. Ricardo , D. Víctor , D. Victorio , D.
Jose Francisco , D. Jose Ángel , Dª Socorro , D. Carlos Miguel , D. Luis Alberto , D. Abilio , D. Alejandro ,
Dª Amalia , Dª Concepción , Dª Debora , Dª Benita , D. Bartolomé , D. Bernabe , D. Bienvenido , D. Ángel
, Dª Lourdes , D. Arsenio , D. Cirilo , D. Cornelio , Representados por la Procuradora Dª LETICIA FILOMENA
CASTRO FERNÁNDEZ y dirigidos por la Abogada Dª MARÍA DEL MAR PÉREZ VEGA; COMISIONES OBRERAS
(CC. OO.), D. Benjamín , Dª Encarna , Dª Julia , D. Enrique , D. Cipriano , D. Eutimio , Dª Manuela , D. Feliciano ,
Dª Gregoria , Dª Milagros , D. Gabino , representados por el Procurador D. MARCIAL PUGA GÓMEZ y dirigidos
por el Abogado D. XOSÉ RAMÓN PÉREZ DOMÍNGUEZ.
Es Ponente el Ilmo. Sr. D . Luís Ángel Fernández Barrio.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte
dispositiva dice: "Que debo DECLARAR y DECLARO INADMISIBLE el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de D. Maximo frente a la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
LUGO, seguido como PROCESO ABREVIADO número 24/2019 ante este Juzgado, con la intervención en calidad
de codemandadas de las 180 partes que se han reseñado en el encabezamiento de este Sentencia, contra los
actos administrativos impugnados: el Acuerdo Plenario de 30 de octubre de 2018 que desestima el recurso de
reposición formulado contra: el Acuerdo de 29 de mayo de 2018, que aprueba definitivamente la MODIFICACIÓN
PARCIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO de la Excma. Diputación de Lugo, así como el SISTEMA
DE CARRERA HORIZONTAL; y el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 2018, publicado
en el BOP de Lugo nº 257 de 9 de noviembre de 2018 y su corrección de errores, por el que se aprobaron las
BASES DE PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO de una serie de puestos que se hallaban vacantes;
por falta de legitimación activa del demandante.
Las costas procesales se imponen al demandante, hasta el límite máximo de trescientos cincuenta euros,
más impuestos, en concepto de honorarios del Letrado de la Diputación Provincial de Lugo, así como de los
restantes Letrados/as por cada una de las partes codemandadas (180 partes).
SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el
resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para
resolver por el turno que corresponda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, y
PRIMERO .- Del objeto de apelación
Se recurre en apelación la sentencia dictada el 31 de marzo de 2022 por la Magistrada-Juez del Juzgado de
lo contencioso-administrativo nº 1 de Lugo que se declaró inadmisible, por falta de legitimación activa del
demandante, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Maximo
frente a la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, con la intervención en calidad de codemandadas
de las 180 partes que se reseñan en el encabezamiento de esa Sentencia, contra los actos administrativos
impugnados: el Acuerdo Plenario de 30 de octubre de 2018 que desestima el recurso de reposición formulado
contra el Acuerdo de 29 de mayo de 2018 que aprueba definitivamente la modificación parcial de la relación
de puestos de trabajo de la Diputación de Lugo, así como el sistema de carrera horizontal; y el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 2018, publicado en el BOP de Lugo nº 257 de 9 de noviembre de
2018 y su corrección de errores, por el que se aprobaron las bases de provisión por el sistema de concurso
de una serie de puestos que se hallaban vacantes.
Las costas procesales se impusieron al demandante, hasta el límite máximo de trescientos cincuenta euros,
más impuestos, en concepto de honorarios del Letrado de la Diputación Provincial de Lugo, así como de los
restantes Letrados/as por cada una de las partes codemandadas (180 partes).
En la demanda rectora de litis, se había solicitado se dictase sentencia por la que:
Primero. Se declare la nulidad absoluta, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración, del punto
2º de acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada
el 29 de mayo de 2018, por el que se aprobó con carácter definitivo el contenido íntegro de la Propuesta
presentada en sesión plenaria del 27 de marzo de 2018 de aprobación definitiva del Acuerdo de la Mesa General
de Negociación de 1 de diciembre de 2017, sobre sistema de evaluación del desempeño, procedimiento
de revisión de la evaluación individual y creación de la Comisión Técnica de revisión de la evaluación,
consolidación del sistema de carrera horizontal y revisión y modificación parcial de la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) de la Diputación Provincial de Lugo, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración.
Segundo. Se declare la nulidad del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Lugo, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2018, publicado en el BOP Lugo número 257 de fecha 9 de
noviembre de 2018, modificada en sesión celebrada en fecha 16 de noviembre de 2018, publicado en el BOP
de Lugo nº 269 de fecha 23 de noviembre de 2018, por el que se aprueba:
1º Las bases para la provisión de los puestos de trabajo de personal funcionario de la Diputación Provincial
de Lugo que se relacionan.
2º Convocar a los funcionarios/as que reuniendo los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria
deseen participar en el procedimiento de provisión de los puestos de trabajo de la Diputación que se relacionan
seguidamente y que constan en el Anexo I de las mencionadas Bases con las especificaciones concretas en
cada uno de ellos.
SEGUNDO .- De la sentencia dictada en la instancia
Como se ha indicado, la sentencia declara la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación activa ad
causam del demandante (a la sazón, funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Lugo, que ocupa
desde el 01/11/2015 el puesto denominado: "Técnico Administración Xeral" en el destino de Servicio Xestión,
Recaudación e Inspecciones Tributarias, con un Complemento de Destino 23 y Complemento Específico de
1063,14 euros, Grupo A1), explicitando un argumento de base, que consiste en que las discrepancias del
demandante sosteniendo que la Administración incurre en una desviación de poder, por haber elaborado la
RPT cometiendo irregularidades flagrantes, vulneradoras de ordenamiento jurídico, en la estimación de costes
relacionadas con los Presupuestos de la entidad -que no 17 han sido previamente impugnados-, y/o en los
intervalos de niveles que afectan a los grupos-subgrupos A2, C1 y C2, ajenos al suyo (A1), y/o a la hora de
modificar aspectos del sistema de carrera horizontal implantado en el año 2008 cuya materialización lejos de
perjudicarle mejora su nivel y por ende sus retribuciones, al haberse reducido la espera de 20 a 17 años para
alcanzar el nivel "Experto", no son argumentos consistentes para fraguar el necesario derecho o interés legítimo
necesario para estar legitimado para impugnar una actuación que afecta a 787 puestos de trabajo, enmarcada
en la potestad autoorganizativa de la Diputación, donde prima el interés general, cuya representación no
ostenta el recurrente, sin que en el caso rija la acción pública o popular en defensa de la legalidad, siendo
más que significativo el elevadísimo número de empleados que se han personado en este pleito, así como

los sindicatos, comité de empresa, Junta de Personal etc. en defensa precisamente de los actos impugnados,
respecto de los que un solo funcionario, el aquí recurrente, considera nulos.
A continuación, la Magistrada detalla los motivos por los que el actor no cuenta con legitimación para impugnar
cada uno de los actos que pretende atacar:
a) Por lo que se refiere a la carrera profesional, pese a que parece deslizar que le perjudica el sistema, el
recurrente se olvida de que dicho sistema ya fue instaurado en la Diputación en el año 2008, momento a partir
del cual se fueron dictando toda una serie de resoluciones firmes y consentidas, y la nueva RPT lo que ha hecho
ha sido mejorar el sistema reduciendo los tiempos de espera para progresar en las categorías superiores.
Precisamente, en el caso del demandante, la eliminación del sistema le perjudicaría, pues le impediría haber
obtenido el nivel denominado de "Experto" -con la consiguiente subida de sus retribuciones- en el año 2019,
año en el que alcanzó la antigüedad exigida de 17 años, resultando que con anterioridad se requerían 20. En
particular, el sistema que ahora pretende anular le ha reportado un beneficio, pasando de un nivel 23 con un
complemento específico de 10.84,51 euros a un nivel 24 con un CE de 1.320,61 euros.
b) En cuanto a la estimación de costes: el incremento efectivo de los costes reales es materia presupuestaria,
y el presupuesto para el año 2018 fue aprobado por el Pleno en fecha 21/12/2017 y publicado en el BOP de
Lugo el 19/01/2018, por lo que no habiendo sido objeto de recurso no es dable ahora tratar de efectuar una
impugnación referente a un acto que sirvió de base para la cuantificación de las retribuciones.
c) Respecto al complemento de productividad, el Acuerdo donde se establece la medida de reducción de
dicho complemento (que afectó a todos por igual y que también tuvo repercusión en los complementos
específicos que experimentaron incrementos en a RPT y en el concepto de gratificaciones) se adoptó a
posteriori de la aprobación definitiva de la RPT, y no consta que el demandante hubiese impugnado ese
acuerdo, como tampoco ha ampliado su recurso frente a él. Lo que sí consta al respecto es que la Mesa General
de Negociación celebrada el 29 de julio de 2018 manifestó unánimemente su conformidad con la propuesta
de la Presidencia sobre la aplicación del incremento del 75% del incremento previsto para el complemento
específico, la reducción de un 25% de la cuantía por el concepto de productividad, y la reducción de la cuantía
en el concepto de gratificaciones; constando igualmente informe favorable de la Interventora General de 20
de septiembre de 2018.
Se trata de una medida obligatoria que vino dada por los límites de la Ley de Presupuestos del año 2018.
d) Respecto de la argumentación que gira en torno a los puestos que necesitaban de nueva provisión,
nuevamente hay que decir que el actor carece de legitimación para cuestionar la legalidad de los cambios
producidos en otros puestos ajenos al suyo, tanto en la vertiente del cambio de denominación como en la
nueva valoración otorgada a dichos puestos, con los consiguientes aumentos retributivos.
Y lo mismo cabe predicar respecto de todas las críticas atinentes a los puestos ocupados de modo provisional,
cuando ello únicamente responde a criterios organizativos; debiendo hacerse notar que pese a la crítica
manifestaba, el propio recurrente a lo largo de su carrera profesional ha ocupado diferentes puestos en varias
modalidades de adscripción.
e) En cuanto al intervalo de niveles, en nada afecta al demandante pues todas las criticas están dirigidas a los
otros grupos profesionales, y no al suyo (Grupo A1).
f) Respecto a la impugnación de las Bases, podría hallarse un interés legitimador si al Sr. Maximo se le hubiese
vedado la oportunidad de participar en el concurso, lo que obviamente, no es el caso, pues pudiendo haber
participado (podría haber optado a 13 o 14 puestos), no lo ha hecho.
TERCERO .- Del recurso de apelación
Recurre en apelación el funcionario demandante, manteniendo las pretensiones deducidas en la demanda,
sobre la base las siguientes de argumentaciones:
La sentencia de instancia parte de un error de base, al expresar que la resolución del recurso de reposición
interpuesto en vía administrativa había sido rechazado por carecer de legitimación activa y afectación efectiva
en su círculo de intereses, cuando lo cierto es que ese recurso fue desestimado en el fondo del asunto, ya
que se consideró en tal resolución que no resultaba de aplicación la normativa que invocó el Sr. Maximo en
defensa da su propuesta.
La administración demandada le otorgó la condición de interesado en la vía administrativa, pues estimó
parcialmente las alegaciones por él presentadas tras la aprobación inicial de la Propuesta de modificación de
la RPT, según consta en el expediente en el Acta del Acuerdo Plenario de fecha 29 de mayo de 2018.
La administración demandada requirió en vía administrativa al actor para que acreditase su legitimación;
atendió tal requerimiento y finalmente el recurso fue admitido y desestimado.
La Administración no puede desconocer en sede jurisdiccional la legitimación activa que ella misma ha
admitido en vía administrativa, porque en tal caso no solo se vulnera el principio de los actos propios sino
también el de buena fe recogido en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En relación con la legitimación activa para la impugnación de los concretos actos a que se refiere el litigio, y
siguiendo el orden establecido en la sentencia de instancia, opone lo siguiente:
a) El sistema de carrera horizontal no le ha reportado perjuicio ni beneficio alguno, ya que el sistema de
carrera horizontal exige el cumplimiento de varios requisitos, no solo el cumplimiento de una antigüedad
determinada. El acto recurrido incurre en desviación de poder que le ha perjudicado en su carrera profesional
vertical. Indica que puso de manifiesto que de los 55 funcionarios que habían obtenido el nombramiento
definitivo para el desempeño del puesto en la convocatoria impugnada, en 53 casos el funcionario ya venía
desempeñando el puesto de trabajo de forma temporal mediante nombramiento discrecional; y de los 39
funcionarios que obtuvieron el nombramiento definitivo para el desempeño de un puesto de trabajo abierto
a varios subgrupos profesionales, en 35 ocasiones, lo que representa un 89,74 %, el nombramiento definitivo
recayó en funcionario que pertenecía a un subgrupo de clasificación profesional que no es el superior; no
incluyó en el procedimiento de provisión de puestos de trabajo cuatro de nueva creación, singularizados,
vacantes dotados, y cuyas funciones estaban siendo desempeñadas temporalmente en el momento de
aprobar la convocatoria impugnada, el 19 de octubre de 2018, por funcionarios que no cumplían los requisitos
para su cobertura de forma definitiva.
Tanto de la modificación y revisión de su RPT, como la convocatoria para la cobertura de los puestos vacantes,
no venía orientada a la promoción del interés público y a ineludibles principios de moralidad, sino que su
motivación real era la de que funcionarios predeterminados, que ya venían ocupando temporalmente las
funciones de los nuevos puestos de trabajo ofertados en la convocatoria impugnada, en muchos casos en
atribución temporal de funciones antes incluso de su creación, pasasen a ocuparlos definitivamente mediante
un concurso de méritos viciado, vulnerándose así el derecho del demandante a la carrera profesional vertical,
perjuicio que le concede un interés legítimo en el proceso contencioso que le fue negado.
b) En cuanto a la estimación costes que acompaña a la Revisión y Modificación parcial de la RPT, y los anexos
de personal que acompañan a los Presupuestos de la entidad de los ejercicios 2018 y 2019, no lo impugna por
considerarlo ilícito, sino que lo identifica como indicio de desviación de poder que predica del acto definitivo
resultante, pues en ese cálculo se observa que, cuando se trata de un puesto de nueva creación, el método
utilizado es calcular la diferencia entre el coste que representarán las retribuciones del nuevo puesto y las
retribuciones del puesto que ocupa el funcionario que predeterminadamente está destinado a ocuparlo de
forma definitiva. Ese estudio -subraya- se realiza once meses antes de que se apruebe la convocatoria para la
cobertura de los nuevos puestos, y en él ya se está anticipando el resultado del concurso.
c) Respecto al complemento de productividad, señala que la no disposición de una parte del crédito existente
en la aplicación presupuestaria dotada para atender el abono del complemento de productividad, en concreto
259.723,75 euros, viene causada por la aplicación de uno de los acuerdos impugnados, cual es la Relación
de Puestos de Trabajo aprobada en sesión plenaria de 29 de mayo de 2018, que modifica de las cuantías del
complemento de destino y el complemento específico de determinados puestos. En el caso del demandante,
habiendo obtenido la evaluación de "satisfactorio", el complemento de productividad que le correspondía
percibir era el 2,5%. Por el contrario, debido a la minoración de la dotación para atender este complemento, el
porcentaje que percibió realmente fue 1,45 %, con lo que vio disminuido su complemento de productividad a
un 60% respecto a lo que debería haber percibido.
La reducción en un 25% de la dotación económica para atender el abono del complemento de productividad
tiene como origen la aprobación de la Revisión y modificación parcial de la RPT; de ahí que la aplicación de
la Revisión y modificación parcial operada en la Relación de Puestos de Trabajo impugnada repercutió de
modo efectivo y acreditado en la esfera jurídica del demandante, causándole un perjuicio patrimonial, al verse
reducido su complemento de productividad derivado de su aprobación.
Mientras que en el caso de los empleados que ocupan puestos de trabajo singularizados la disminución en
su complemento de productividad se ve compensada por el aumento de su complemento específico, que
se derivaba de la revisión y modificación parcial operada en la RPT, en el caso del demandante, que ocupa
puesto no singularizado, no existe tal compensación, de modo que lo único que opera en sus retribuciones en
términos absolutos es la disminución del abono en concepto de complemento de productividad por causa del
incremento operado en el complemento específico de los puestos singularizados aprobado con ocasión de la
modificación de la RPT impugnada.
d) Respecto de la argumentación que gira en torno a los puestos que necesitaban de nueva provisión, en
el recurso de apelación se expresa que esta cuestión figuraba en la demanda como un indicio y como
medio probatorio que acreditaba la desviación de poder. El recurrente no mantiene que los nombramientos
provisionales sean de por sí actos ilícitos, sino que sostiene que son actos ilícitos cuando no están motivados,
o cuando obedecen a intereses distintos a los legalmente establecidos, y se convierten en instrumentos de
los que la administración demandada se sirve para incurrir en un ilícito de desviación de poder.
e) En cuanto al intervalo de niveles, en el escrito de apelación no se introduce ninguna referencia acerca de la
carencia de legitimación activa apreciada en la instancia.
f) No cabe que la sentencia establezca la falta de legitimación para impugnar las Bases por no haber
participado en el concurso en el que podría haber optado a 13 o 14 puestos; por el contrario, el que el recurrente
hubiese participado en el concurso hubiese supuesto su consentimiento a unos actos de la administración
que él ya consideraba incurrían en un ilícito de desviación de poder.
Sobre el fondo, insiste en la desviación de poder. En la demanda que dio inicio a este recurso contencioso
administrativo se exponían una serie de indicios que llevaban a afirmar que la administración demandada en su
actuación incurría en desviación de poder. Tales indicios concluían en la predeterminación en favor de un grupo
de funcionarios, para que ocupasen puestos de trabajo singularizados de forma definitiva una vez convocado
y resuelta su provisión definitiva. Son 30 de 32 supuestos, los puestos en los que ha habido coincidencia entre
el funcionario predeterminado en la demanda y el funcionario que finalmente ha obtenido el nombramiento
definitivo. Una vez resuelto el concurso de méritos, 53 de los 55 funcionarios que fueron nombrados para
ocupar el puesto de forma definitiva previamente habían tenido un nombramiento provisional relacionado
con el puesto, bien teniendo atribuidas temporalmente sus funciones, bien habiendo sido designados para su
desempeño en comisión de servicios.
Por último, impugna la condena en costas procesales definida en la sentencia de instancia, por los siguientes
motivos:
- el proceso se sustanció mediante un procedimiento abreviado en un juzgado de primera instancia
desarrollándose de forma verbal.
- fueron diez el número de los letrados que representaban a las partes personadas en el procedimiento, y todos
ellos adoptaron la misma posición procesal.
- las intervenciones de los letrados que representaban a varias partes codemandadas consistieron
fundamentalmente en adherirse a las alegaciones realizadas por el letrado que representaba a la
administración demandada y los letrados que les precedían en el turno de intervención, en algunos casos
reiterando alegaciones ya hechas, si bien es cierto, que también en el algún caso se realizó alguna nueva
alegación o matización.
- el importe total de las minutas que podrían llegar a presentar los letrados, y que el condenado tendría que
soportar, alcanzaría la cifra de 73.265,50 € (considerando 172 partes y no 180, más los honorarios del Letrado
que representaba a la administración demandada).
- cada uno de los letrados realizó una defensa conjunta y no individualiza de sus representados.
-teniendo en cuenta que los honorarios del Letrado de la Diputación de Lugo se establecieron, moderada y
prudencialmente, hasta el límite máximo de 350 euros más impuestos, habiendo intervenido siempre este
Letrado en el primer turno, con exposiciones más extensas y completas (totalizaron 2 horas y 20 minutos) , el
límite máximo de los honorarios de cada uno de los restantes Letrados no debería superar el límite máximo
establecido para el Letrado de la Diputación de Lugo; de lo contrario, se estaría quebrando el principio de la
proporcionalidad y supondrían un enriquecimiento injusto.
-Los personados comparecieron en el proceso voluntariamente, ya que la demanda se dirigió únicamente
contra la administración, sin acreditar derecho subjetivo alguno que se viera afectado individualmente en
cada uno de sus representados; por tanto, no cabría la imposición de costas al demandante respecto a estos
personados.
Como colofón, solicita la revocación de la sentencia impugnada y que se resuelva sobre el fondo estimando
íntegramente la demanda, con expresa condena en costas a los demandados.
CUARTO .- De la oposición al recurso por parte de la Diputación de Lugo
Sostiene la falta de legitimación activa apreciada en la sentencia de instancia:

- Sobre el reconocimiento de legitimación en vía administrativa, que derivaría en su afirmación en sede judicial,
se trata de una cuestión nueva, que no fue alegada por el recurrente en primera instancia y que la introduce
por primera vez en apelación, incurriendo en desviación procesal.
Además, no es cierto que se haya reconocido en vía administrativa su legitimación activa, sino que consta
justamente lo contrario: dicha legitimación le
fue expresamente denegada, tal y como se declara en el acuerdo plenario de fecha 30/10/2018 que rechaza
el recurso de reposición interpuesto, por entender que carece de legitimación activa y de afectación directa
y efectiva en su círculo de
intereses.
Por otra parte, existen terceros afectados que comparecieron como codemandados y alegaron esa falta de
legitimación, sin que ni ellos ni el órgano judicial estén vinculados por la resolución administrativa.
- Sobre la estimación de costes, a fin de prever consignación suficiente en los Presupuestos anuales de la
Corporación, a Diputación tuvo que realizar un cálculo estimativo de los mayores costes presupuestarios
que supondría la modificación de la RPT respecto a la RPT anterior una vez que dichos puestos fuesen
desempeñados de modo provisional o definitivo por algún trabajador provincial.
Dicha estimación y previsión de costes en materia de personal fueron finalmente consignadas en los
Presupuestos de la Entidad, aprobados por acuerdo
Plenario de fecha 21/12/2017, acuerdo que no fue objeto del presente litigio y que constituye un acto firme
y consentido.
La RPT impugnada es una mera ejecución de lo establecido en esos Presupuestos.
-La Diputación no hace una estimación de costes ad personam, sino que se aplican dos reglas: la general
que consiste en que, cuando el puesto de trabajo está vacante, el cálculo estimativo se realiza tomando en
consideración el Subgrupo inferior de los que dicho puesto de trabajo esté abierto, pues constituye lo que
supondría un incremento mayor de gasto, ya que es necesario reflejar en los correspondientes Presupuestos
consignación suficiente; la segunda estriba en que, cuando el puesto de trabajo está ya ocupado, no estamos
realmente ante una "estimación", y para el cálculo se utiliza el coste real que supone dicha modificación.
- La carrera horizontal se implementó en el Diputación Provincial de Lugo en el año 2008, a través de una serie
de actos administrativos que nunca fueron objeto de ningún tipo de recurso ni administrativo ni jurisdiccional,
por lo que han devenido firmes y consentidos. La novedad que sobre este particular representa el acto
administrativo objeto del presente recurso consiste simplemente en una mejora, que consistió en acortar los
períodos mínimos exigidos de desempeño del puesto para pasar de una categoría a otra, en beneficio de todos
los funcionarios: para el Nivel I, se exige ahora un año de antigüedad, frente a los 6 años que se necesitaban
con anterioridad; para el Nivel II, pasa de 12 a 8 años; y para el Nivel "Experto", se reduce de 20 a 17 años.
La desaparición de la carrera horizontal provocaría un claro perjuicio al propio recurrente, pues le impediría
obtener la condición de "Experto" con la consiguiente subida de sus retribuciones; y si no accedió a esa
categoría de "Experto" (la afirmación que al respecto se contiene en la sentencia es un mero error material)
fue porque no presentó solicitud para ello.
-A pesar de recurrir en el presente contencioso las bases de la convocatoria del proceso de provisión de
puestos (Acuerdo de 19/10/2018), el actor no se presentó al referido proceso selectivo, por falta de interés en
la obtención de los puestos convocados, no porque se exigiera algún requisito impeditivo.
Estas bases, en las que no se valora el tiempo en comisión de servicios, son reproducción casi literal de las
anteriores, publicadas en el BOP de Lugo el 29.5.2014, cuya legalidad fue respaldada judicialmente ( sentencia
de 15.2.2017 de esta Sala).
-En relación a puestos que supuestamente necesitaban de nueva provisión, corresponden todos a "mandos
intermedios", abiertos tan solo a los Grupos A2 y C1 y, por lo tanto, ajenos a sus intereses, pues pertenece
al Grupo A1.
-En relación con que la Administración no sometió a provisión cuatro puestos de trabajo de nueva creación,
se incurre en desviación procesal porque fue un motivo introducido con ocasión de la formulación de
conclusiones en la primera instancia, no figurando en el escrito de demanda, vulnerándose el artículo 65.1
LJCA; además, se trata de una cuestión cuya decisión no corresponde al recurrente, sino a la Administración,
conforme a su potestad de autoorganización.
-Respecto a que se le causa perjuicio por reducirse el complemento de productividad, también se incurre
en desviación procesal, porque se introdujo en fase de conclusiones, sin que se hubiese hecho mención a
ese motivo de impugnación en la demanda. No recorrió ni el Presupuesto, que es firme, ni tampoco el acto
administrativo por el que se le asignó el complemento de productividad (que también es firme).
-Dado que en el recurso de apelación no se discute la cuantía máxima que el Letrado de la Diputación puede
girar en concepto de honorarios profesionales por la imposición de costas, tampoco en este escrito se adentra
en esta cuestión, al considerar que carece de legitimación propia para valorar la cantidad que por este concepto
se establece con respecto a los codemandados.
En definitiva, considera que el recurrente incurre en fraude de Ley procesal y en un ejercicio antisocial de sus
derechos como funcionario provincial, con un claro abuso de derecho.
QUINTO .- De la oposición de las representaciones procesales de los codemandados
Todas ellas abogan por la confirmación de la sentencia de instancia, abundando en la falta de legitimación
activa del recurrente.
Singularmente:
I) El Letrado Sr. Fernández Varela, en representación de 61 funcionarios municipales:
-El demandante reconoce en su escrito que el sistema de carrera horizontal no le ha reportado perjuicio ni
beneficio alguno.
- El actor pudo participar en este proceso y en cualquier otro que se convoque para progresar en su carrera.
-La cuantía máxima establecida en sentencia en concepto de honorarios de Letrado es pertinente atendiendo
a la complejidad del recurso (casi 180 demandados, un expediente de 15.000 folios, una demanda de
extraordinaria complejidad y desmesurada extensión, varias sesiones de juicio, la necesidad de un profundo
estudio jurídico), la directa afectación que se producía a los intereses de todos los demandados, la
extraordinaria temeridad en que se incurre en el sostenimiento de este recurso jurisdiccional; además,
esa representación contestó pormenorizadamente a los hechos y fundamentos de la demanda; que el
procedimiento fuese el abreviado y se sustanciase de modo verbal no resta un ápice a su complejidad; el
criterio cuantitativo adoptado no aparece como desproporcionado a las circunstancias del caso (350 euros
por cada uno de los codemandados).
II) El Letrado Sr. Martínez Arribas, en representación de un funcionario:
-El recurrente no actúa en defensa de sus derechos estatutarios, como lo acredita el hecho de que se le
requiriese por el Juzgado para que designase Letrado y lo aceptase; en otras palabras, su recurso trascendía
de un acto personal (para el que no sería necesaria la actuación con abogado).
-La condición de funcionario de carrera de la Diputación de Lugo no le confiere un interés real y actual para
impugnar todo acto de la propia Diputación, ni tampoco el recurrente concurrió a la convocatoria referida en
su demanda.
-La formulación de los criterios retributivos derivada de la aprobación de la RPT se realiza por Decreto de 21
de septiembre de 2018, que no ha sido impugnado, por lo que no puede en el acto del juicio o en el recurso de
apelación fundamentar un hipotético perjuicio basado en un acto administrativo que ha consentido.
-En ningún momento se le ha impedido su presentación a ninguno de los puestos A1 del concurso, por lo que
no ha sufrido perjuicio en su carrera profesional vertical.
-Carece de legitimación para cuestión los cambios producidos en otros puestos ajenos al suyo, tanto en
la vertiente del cambio de denominación como en la nueva valoración otorgada a dichos puestos, con los
consiguientes aumentos retributivos, o en lo relativo a los puestos ocupados de modo provisional.
-Este apelado no tuvo intervención alguna en la vía administrativa, por lo que ninguna legitimación ha podido
reconocer al recurrente en tal fase y es el acto del juicio el primer momento en que puede objetar la
inadmisiblidad de la pretensión del señor Maximo y su falta de legitimación.
-Con relación a las costas procesales, indica que la condena en costas tiene un carácter indemnizatorio, siendo
su imposición imperativa legalmente ( art. 139.1 de la LJCA) salvo que se aprecie que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho (cosa que, como puede observarse en la Sentencia de instancia, no
acontece aquí); el apelante ha impugnado no solo unas bases, sino que la nulidad interesada en su demanda
del punto 2º del acuerdo adoptado el 29.5.2018, tendría un carácter general, al referirse tanto a los intervalos
de complemento de destino como a los grupos y subgrupos de clasificación para el desempeño de los puestos

de trabajo incluidos en la RPT, por lo que una eventual estimación de la demanda tendría consecuencias
sobre el conjunto de empleados públicos de la Diputación; el procedimiento contaba con multitud de motivos
de impugnación alegados por el demandante en su recurso de 89 folios, la extensión de los expedientes
administrativos superaba los 15.000 folios y el juicio necesitó de dos sesiones en jornadas diferentes; la
intervención de este Letrado fue plenamente individualizada; la limitación de la cuantía de las costas es, en
ese caso, especialmente prudencial y garantista con el recurrente, teniendo en cuenta la dedicación empleada
por el letrado suscribiente.
III) La Letrada Sra. Pérez Vega, actuando en nombre y representación del SINDICATO UNION GENERAL DE LOS
TRABAJADORES (UGT) y de un grupo de funcionarios provinciales:
- La legitimación activa es una cuestión de orden público procesual, y cabe su apreciación incluso de oficio, por
lo que carece de transcendencia que la Administración le reconociera o no legitimación en la vía administrativa
previa; además, esta causa de inadmisibilidad fue alegada por prácticamente todos los demandados.
-En los supuestos que versan sobre función pública no se encuentra reconocida legalmente la acción popular
o la legitimación pública como eventual título de legitimación activa bastante en el marco de lo previsto por
el art. 19.1.h) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
-La impugnación de la RPT no es una acción pública y el demandante no acredita en qué medida se ve afectado
personalmente como consecuencia de la misma.
-En lo que respecta a la carrera profesional, admite el recurrente que el sistema de carrera horizontal no le ha
reportado perjuicio ni beneficio alguno. No explica en qué consiste concretamente un hipotético perjuicio y, en
particular, a qué puesto podría ascender y encuentra dificultades para conseguirlo, teniendo en cuenta que se
trata de un funcionario del grupo A1 y que la resolución que se pretende anular es la aprobación definitiva del
sistema de evaluación del desempeño y consolidación del sistema de carrera horizontal, no vertical.
-La estimación de costes fue llevada a la práctica en los Presupuestos aprobados en sesión del 21/12/2017,
no siendo objeto de impugnación tras su publicación en el BOP Lugo 19/01/2018.
-Respecto al complemento de productividad, no precisa en qué cantidad se redujo en su caso y si se vieron
incrementados otros conceptos retributivos que ya venía percibiendo.
-En torno a los puestos que necesitaban de nueva provisión, el actor carece de legitimación para cuestionar la
legalidad de los cambios producidos en puestos ajenos.
-Respecto a la cuantía de las costas, estamos ante una vista oral que se desenvolvió en dos sesiones de juicio
celebradas en jornada completa, un recurso de 89 folios y un expediente administrativo de más de 15.000
folios.
IV) La letrada Sra. Núñez Ferreiro, en nombre del Comité de Empresa y de la Junta de Personal de la Diputación:
- La legitimación para impugnar la RTP no se adquiere por la simple condición de funcionario, sino que resulta
necesario acreditar un beneficio concreto, real y cierto, sin que sea admisible la defensa de la generalidad de
los funcionarios, ni tampoco el interés en la defensa de la legalidad.
-En lo que respecta a la carrera profesional, la única modificación se efectúa en resolución recurrida radica
en una reducción del tiempo de espera para obtener un progreso en dicha carrera, por cuyo motivo, lejos de
ocasionarle un perjuicio, en la realidad le supondría un beneficio, pues le permitiría adquirir la condición de
"experto" con una menor antigüedad.
- El recurrente ni siquiera participó en el concurso de méritos para acceder a otro puesto de trabajo, lo que
ratifica la ausencia de interés particular en la impugnación de los actos recurridos.
-Los costes constituyen materia presupuestaria y, como tal, fueron incluidos en los Presupuestos aprobados
por la Diputación en pleno de 21-12-2017, deviniendo el acuerdo firme al no haber sido impugnado, y carece
de legitimación para la defensa de la legalidad de los criterios empleados para la valoración de los puestos
de trabajo.
-Por lo que se refiere a la disminución del complemento de productividad -única cuestión que repercutiría o
afectaría de forma directa al recurrente-, el Acuerdo donde se establece la reducción de ese complemento es
de fecha posterior a la RPT y no fue recurrido por el demandante. Además, dicha reducción vino impuesta por
los límites de la Ley de Presupuestos para el año 2018, existiendo un acuerdo unánime de la Mesa General de
Negociación celebrada el 29 de julio de 2018 respecto de tales modificaciones.
-Sobre las costas procesales: el hecho de que el recurrente hubiese interesado la nulidad de toda la RPT ha
generado que todos los funcionarios del Ente recurrido pudiesen verse afectados por el resultado del presente

Recurso, lo que provocó su comparecencia en el procedimiento para hacer valer sus derechos. El importe se
ajusta a la complejidad de la cuestión debatida, la extensión del expediente y de la demanda, y la duración
de la vista.
VI) El Letrado Sr. Amarelo Fernández, en representación de dieciséis funcionarios:
-Es evidente la falta de interés real y concreto, y manifiesta ausencia de beneficio para el demandante
en relación al recurso frente al acuerdo del Pleno Provincial de 30 de octubre de 2018 aprobatorio de la
modificación parcial de la RPT, ya que nada le afecta al recurrente personalmente. Ninguna de sus condiciones
laborales se ven afectadas por la modificación en la RPT aprobada y que ahora impugna.
-La legitimación de un funcionario se reduce a cuestiones relacionadas íntimamente con la Escala y Grupo al
que pertenece.
-La RPT no es un acto con eficacia presupuestaria, ni de costes, ya que ello queda limitado a los presupuestos
de la Diputación Provincial, que para el año 2018 fueron aprobados y no impugnados por el recurrente, ni por
ninguna otra persona. No se puede utilizar la vía de impugnar la RPT para discutir el acuerdo presupuestario
previo, que es firme.
-Carece de legitimación para impugnar la RPT por supuesta ilegalidad de los intervalos de nivel, por cuanto
no afectan al recurrente, que pertenece al Grupo A1, y únicamente denuncia supuestas irregularidades de los
grupos A2, C1 y C2.
-Lo mismo acontece acerca de la carrera horizontal, ya que la impugnación nuevamente se formula por un
supuesto interés por la legalidad, sin que sea permisible substituir el criterio de la Administración por el
suyo propio en materia de la futura carrera de funcionarios terceros. Lo único que se introduce en el acto
administrativo recurrido es una mejora en la carrera horizontal, consistente en una reducción de los plazos
para acceder a la categoría superior. Pero el recurrente no denuncia la ilegalidad de dicha mejora, sino todo el
sistema de carrera horizontal que devino firme e inatacable desde 2008.
- Respecto a la aprobación de las bases de la provisión de puestos, esa falta de legitimación se define desde
el momento en que el actor no se presentó a ninguno de los puestos convocados a los que podía concurrir.
-Con relación al pronunciamiento sobre costas procesales, itera lo manifestado por los anteriores
codemandados, añadiendo que el recurrente actuó de forma temeraria, pretendiendo la nulidad de
determinados actos, cuando carece de legitimación para ello por falta de interés legítimo, como apreció la
sentencia.
VII) La Letrada Sra. Rodríguez Álvarez, en representación de cuatro funcionarios:
-Se desconoce en qué afectan positiva o negativamente las resoluciones impugnadas al puesto del grupo A1
ocupado por el recurrente.
-Los intervalos de niveles impugnados afectan al os grupos A2, C1 y C2, no al grupo A1; las modificaciones
de aspectos de la carrera horizontal implantada en 2008, lejos de perjudicarle, mejora su nivel y, por ende, sus
retribuciones, ya que reduce la espera de 20 a 17 años para alcanzar el nivel de "Experto".
-No se concreta en qué modo se limita su ascenso gradual en la estructura de puestos jerárquicamente
ordenada o de qué modo se conculca su derecho a la igualdad de oportunidades para acceder a un
determinado puesto por concurso o libre designación.
-Si lo que se está atacando son los méritos alcanzados por los concurrentes a un puesto de designación
provisional, lo que tendría que impugnar en su momento serían esos nombramientos provisionales, no la RPT
que determina los puestos.
-En cuanto a estimación de costes, el presupuesto para el año 2018 fue aprobado por el pleno de la Diputación
de fecha 21/12/2017 y publicado en el BOP de Lugo el 19/01/2018, no siendo objeto de recurso y se trata de un
acto firme, y sobre él se efectuaron las cuantificaciones de las retribuciones, y las valoraciones de los puestos
de trabajo se hicieron con plena adecuación las cantidades consignadas en los presupuestos; el recurrente no
está legitimado para cuestionar la fijación de las cuantías de puestos ajenos a suyo, salvo que introduzca un
motivo de discriminación, que no ha hecho.
-Sobre la disminución del plus de productividad, el acuerdo de la modificación no fue impugnado ni en la
demanda ni en su ampliación en acto de juicio; la disminución afectó a todos los funcionarios por igual y se
trató de una medida obligatoria dada por los límites de la Ley presupuestaría del año 2018, según consta en
el informe favorable de la Interventora General de 20 de septiembre de 2018.
-El recurrente no participó en el concurso, cuando nada se lo impedía y podía optar a trece o catorce puestos
de trabajo.
-Se alinea con las tesis del resto de codemandados en relación con las costas procesales impuestas en la
instancia.
VIII) El Letrado Sr. Fouz Hernández, en representación del Presidente Provincial, Delegadas Representantes de
los Trabajadores y Delegada Sindical de CSIF en la Diputación Provincial de Lugo:
-De la lectura de la demanda rectora no se extrae ni un solo motivo o argumento que, bien le reporte un beneficio,
bien resuelva un perjuicio en la esfera personal del actor, ni siquiera respecto de la valoración de su puesto
en la RPT.
-La pretensión del demandante es, en abstracto: un "interés por la legalidad", al entender e impugnar que existe
un incumplimiento del intervalo de niveles en determinados puestos, al entender que existe una desviación de
poder por una presunta preparación y orientación de personas concretas al desempeño de puestos concretos
para ser desempeñados por estos y al entender que el sistema diseñado y aprobado en la carrera profesional
horizontal se adelanta al diseño reglamentario futuro.
-Su postura es de rechazo a la demanda- y al recurso de apelación- por entender que el actor no ostenta
legitimación, motivo de impugnación que solo ha podido oponer en sede judicial, máxime teniendo en cuenta
que los acuerdos recurridos derivan del acuerdo con las representaciones sindicales firmantes (como la
presente); lo que le erige en parte interesada y legitimada en defender la legalidad del texto/s recurridos; en
cambio, el recurrente no es un Sindicato, ni miembro de la Junta de Personal, careciendo de la representatividad
en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que se le reconoce a los Sindicatos.
IX) La Letrada Sra. Gómez André, en representación del Presidente Provincial de CSI.F en la Provincia de Lugo
y de dieciséis funcionarios:
-De la lectura de la demanda rectora no se extrae ni un solo motivo o argumento que, bien le reporte un beneficio
(como sería el desempeño de un puesto en concreto que hubiera sido reconocido a otro participante), bien
le ocasione un perjuicio en la esfera profesional del actor. Más bien del contenido de la demanda se viene a
poner en tela de juicio no ya sólo la actuación de la Administración, sino de la práctica totalidad de empleados
públicos, compañeros del actor.
- El actor tuvo oportunidad de haber impugnado los nombramientos provisionales en su día realizados, pero no
consta que lo haya hecho; como tampoco consta que haya participado en la provisión de puestos de trabajo
cuyas bases impugna.
X) El Letrado Sr. Fernández García, en nombre de un funcionario municipal:
-El recurrente no presenta argumentos consistentes para fraguar el necesario derecho o interés legítimo
necesario para estar legitimado para impugnar una actuación que afecta a 787 puestos de trabajo, enmarcada
en la potestad autoorganizativa de la Diputación, donde prima el interés general, cuya representación no
ostenta el recurrente, sin que en el caso rija la acción pública o popular en defensa de la legalidad, siendo
más que significativo el elevadísimo número de empleados que se han personado en este pleito, así como
los sindicatos, comité de empresa, Junta de Personal etc.; todos ellos en defensa, precisamente, de los actos
impugnados, respecto de los que un solo funcionario, el aquí recurrente, considera nulos.
-Por lo que se refiere a la carrera profesional, dicho sistema ya fue instaurado en la Diputación en el año 2008,
momento a partir del cual se fueron dictando toda una serie de resoluciones firmes y consentidas, y la nueva
RPT lo que ha hecho ha sido mejorar el sistema, reduciendo los tiempos de espera para progresar en las
categorías superiores.
-En cuanto a la estimación de costes, se trata de materia presupuestaria y el presupuesto para el año 2018
fue aprobado por el Pleno en fecha 21/12/2017 y publicado en el BOP de Lugo el 19/01/2018, por lo que no
habiendo sido objeto de recurso no es dable ahora tratar de efectuar una impugnación referente a un acto que
sirvió de base para la cuantificación de las retribuciones.
-El funcionario recurrente no está habilitado para cuestionar la fijación de las cuantías de los complementos
específicos de puestos ajenos al suyo, a no ser, que introduzca un motivo de discriminación retributiva respecto
de su puesto concreto, lo cual no ha sido el caso.
-En la demanda nada se ha fundamentado en cuanto al complemento de productividad, lo cual es lógico toda
vez que ese Acuerdo donde se establece la medida de reducción de dicho complemento (que afectó a todos
por igual y que también tuvo repercusión en los complementos específicos que experimentaron incrementos
en la RPT y en el concepto de gratificaciones) se adoptó a posteriori de la aprobación definitiva de la RPT, y

no consta que el demandante hubiese impugnado ese acuerdo, como tampoco ha ampliado su recurso frente
a dicho acuerdo. Lo que sí consta al respecto es que la Mesa General de Negociación celebrada el 29 de
julio de 2018 manifestó unánimemente su conformidad con la propuesta de la Presidencia sobre la aplicación
del incremento del 75% del incremento previsto para el complemento específico, la reducción de un 25% de
la cuantía por el concepto de productividad, y la reducción de la cuantía en el concepto de gratificaciones;
constando igualmente informe favorable de la Interventora General de 20 de septiembre de 2018. Se trata de
una medida obligatoria que vino dada por los límites de la Ley de Presupuestos del año 2018.
-Respecto de la argumentación que gira en torno a los puestos que necesitaban de nueva provisión, el actor
carece de legitimación para cuestionar la legalidad de los cambios producidos en otros puestos ajenos al suyo.
-La ocupación de puestos de modo provisional responde a criterios organizativos.
-En cuanto al intervalo de niveles, en nada afecta al demandante pues todas las criticas están dirigidas a los
otros grupos profesionales, y no al suyo (Grupo A1).
-Podría hallarse un interés legitimador si al Sr. Maximo se le hubiese vedado la oportunidad de participar en
el concurso, pero no lo hizo, por lo que carece de legitimación para impugnar las Bases.
XI) El Letrado Sr. Pérez Domínguez, en nombre del Sindicato Nacional de CC.OO. y otros:
-El apelante pudo participar en cualquier procedimiento que se convoque para progresar en su carrera,
ya vertical ya horizontalmente, por lo que no puede sostener una supuesta falta de tutela efectiva o una
vulneración de los principios constitucionales de mérito y capacidad.
-La legitimación activa viene ligada a la existencia acreditada de un interés legítimo, que se traduce
necesariamente en la demostración de un efecto en la situación del demandante, lo cual aquí no acontece.
-Sobre el pronunciamiento de costas procesales, destaca la complejidad del recurso (por el número de
afectados, envergadura del expediente, extensión de la demanda, varias sesiones de juicio, necesidad de un
profundo estudio jurídico), la directa afectación para todos los demandados, incluyendo a este Sindicato y
afiliados, y la absoluta carencia de argumentos de fondo del apelante.
SEXTO .- De la naturaleza jurídica de la Relación de Puestos de Trabajo
Es doctrina consolidada que la Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través del cual se
realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios.
La elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo es un acto de contenido discrecional cuya elaboración
sólo puede corresponder a la Administración competente, sin que su voluntad sea, en ningún caso, sustituible
por el control judicial en cuanto a dicho contenido. Y no sólo por el carácter discrecional de dicho contenido,
sino también porque tal sustituibilidad supondría obviar el carácter esencial que tiene también el propio
proceso de elaboración de la mencionada RPT.
El párrafo primero del artículo 90.1 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 establece que corresponde
a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral o eventual.
En orden a diferenciar los conceptos de plantilla y relación de puestos de trabajo, es significativa la sentencia
TS de 12 de diciembre de 2003 que señala: "El examen de los preceptos legales contenidos en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto (Medidas de Reforma de la Función Pública ) - artículos 14, 15 Y 16-, de la LBRL -artículo 90- y
TRDRL -artículos 126 y 127- permite configurar en efecto las relación de puestos de trabajo y así lo ha venido
haciendo la jurisprudencia como el instrumento técnico a través del cual se realiza por la Administración -sea
la estatal, sea la autonómica, sea la local- la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los
servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de modo que en función de ellas se
definen las plantillas de las Administraciones Públicas y se determinan las ofertas públicas de empleo. Por
ello, corresponde a la Administración la formación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo lo
que, como es natural, es extensivo a su modificación. Por tanto, la confección de las relaciones de puestos
de trabajo por la Administración y la consiguiente catalogación de éstos se configura como un instrumento
de política de personal, atribuido a la Administración al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas
de derecho administrativo, que son las que regulan tanto el proceso de confección y aprobación como el de
su publicidad. Así pues, la relación de puestos de trabajo, incluyendo las modificaciones que en ella pueden
efectuarse, es un acto propio de la Administración que efectúa en el ejercicio de sus potestades organizatorias.
Por su parte las plantillas de personal se pueden configurar como un instrumento de carácter más bien
financiero o presupuestario de ordenación del gasto que constituye una enumeración de todos los puestos
-o mejor plazas- que están dotados presupuestariamente, debiendo incluir tanto a los funcionarios como al

personal laboral y eventual, cuya finalidad es delimitar los gastos de personal al relacionar todos los que prevé
para un ejercicio presupuestario siendo la base para habilitar la previsión de gastos en materia de personal
y consignar los créditos necesarios para hacer frente a las retribuciones en materia de personal, hasta el
extremo de que su aprobación y modificación está estrechamente ligada a la aprobación y modificación del
presupuesto de la Corporación en el ámbito local.
Ciertamente que la clasificación de puestos que se lleva a cabo por medio de la relación de los mismos en ese
aspecto de ejercicio de la potestad organizatoria puede hacerse con toda la libertad que posibilita el ejercicio
de esta facultad ampliamente discrecionalidad, ya que la Administración goza como hemos visto de un gran
poder, pero la vinculación con la plantilla es en el caso de las Corporaciones uno de sus límites ya que ello
permitirá el control de la adecuación de la política de personal a los fines expuestos.
En definitiva, la confección y la modificación de las RPT por parte de las Corporaciones Locales son
consecuencia de la potestad de autoorganización de Ayuntamientos y Diputaciones, la cual constituye -como
señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1998- una de las manifestaciones más
características de la autonomía municipal, que comprende el establecimiento y regulación de las relaciones
de ámbito interno, funcionalmente requeridas para el desenvolvimiento de la actividad cuya gestión autónoma
se encomienda al Ente en este caso provincial, dentro siempre del marco que diseñan los principios de
competencia y legalidad. En conclusión, nada impide al Pleno modificar anteriores acuerdos respecto de
la composición de sus órganos: el acuerdo es plenamente válido, pues se está ejercitando una potestad
administrativa incoercible.
En consonancia con estos principios, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
recoge en el artículo 4.1.a) que, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de
la esfera de sus competencias, corresponde en todo caso a las provincias la potestad de autoorganización.
Y el artículo 33.2 señala que corresponden, en todo caso, al Pleno de la Diputación las siguientes atribuciones:
f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de
las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal
eventual.
Trasladando esta doctrina al caso enjuiciado, hallamos una modificación de la RPT por parte de la Diputación
Provincial de Lugo que se halla ínsita en las facultades organizativas de la Corporación, que ha sito tramitada
conforme al art. 90 de la LBRL, y es respetuosa con lo dispuesto en el art. 69 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, por lo que no se ha vulnerado el procedimiento legalmente establecido.
Por último, procede hacer mención al art. 38 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, que, en lo que
aquí interesa, dispone:
1. La relación de puestos de trabajo es un instrumento técnico de carácter público que incluye todos los
puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y laboral existentes en cada una de las administraciones públicas
incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.
2. A través de la respectiva relación de puestos de trabajo, las administraciones públicas incluidas en el ámbito
de aplicación de la presente ley estructuran su organización, clasifican los puestos de trabajo existentes en
su ámbito y determinan su contenido para la selección y provisión de los mismos, procurando organizar,
racionalizar y ordenar el personal en orden a facilitar una eficaz prestación de los servicios públicos.
4. Las relaciones de puestos de trabajo incluirán, como mínimo, por cada puesto:
a) El código alfanumérico, denominación y naturaleza jurídica.
b) La clasificación profesional.
c) El sistema de provisión.
d) La adscripción orgánica.
e) El complemento retributivo del puesto.
f) Los requisitos y, en los casos en que proceda, las áreas funcionales, méritos, capacidades, experiencia o
categoría profesional para su provisión.
g) Cualesquiera otras circunstancias relevantes para su provisión en los términos previstos
reglamentariamente.
SÉPTIMO .- De la falta de legitimación activa

Se ha hecho necesario afrontar la naturaleza jurídica de la Relación de Puestos de Trabajo para comprender que
la decisión adoptada por la Juzgadora de instancia, de declarar inadmisible el recurso contencioso formalizado
por el actor, es jurídicamente irreprochable.
Acontece que, frente a esa facultad discrecional de autoorganización, no existe en nuestro ordenamiento
jurídico una suerte de acción pública que pueda emprenderse para postular una anulación de la modificación
de la ordenación de los puestos de trabajo decidida por el órgano competente.
Ni siquiera el hecho de ostentar la condición de funcionario de la Administración afectada es suficiente para
reconocer legitimación en orden a la impugnación de ese acuerdo; lo relevante es que, con ocasión de la
aprobación de ese instrumento (o con su modificación), resulte afectado el grupo de clasificación profesional
a que pertenece el recurrente.
No es factible accionar meramente en defensa de la legalidad, como con insistencia se plasma en la sentencia
impugnada e iteran las representaciones procesales de los apelados.
Del mismo modo, la legitimación para la impugnación de las bases de los procesos selectivos se circunscribe
a quien participa en los mismos, o está en condiciones de participar pero se lo impide alguno de los requisitos
de la convocatoria y, precisamente por la existencia de ese óbice, se impetra la tutela jurisdiccional en aras
a removerlo.
En todo caso, el interés en esa participación ha de ser presente, no futurible construido sobre meras hipótesis
o haciendo supuesto de la cuestión; ha de ser un interés real y actual, no pudiendo impugnar la RPT toda
persona, natural o jurídica, que alegue simplemente poder hallarse en el futuro en las condiciones previstas,
precisándose actualidad, personalidad y concreción del interés que se invoca ( STS de14-3-1997, referida en
la Sentencia de esta Sala de 21.5.2088, citada por buena parte de los apelados), por lo que la condición de
funcionario por sí misma es insuficiente para defender la legalidad frente a la publicación de una regulación
funcionarial cuando no le es aplicada y no le suponga efecto alguno, actual y concreto; se puede reconocer
legitimación en lo atinente al Cuerpo o Escala al que pertenece el funcionario recurrente, pero ello no le permite
accionar frente a la pura legalidad en lo referente a la generalidad de los funcionarios, para lo que carece,
además, de representación.
Expresado en otros términos, el demandante carece de interés legítimo para la impugnación global de la
relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Lugo, resultando que su legitimación únicamente
queda restringida y limitada de forma exclusiva a su concreto y específico puesto de trabajo, no estando, en
consecuencia, habilitado en norma alguna a defender la legalidad objetiva de la actuación administrativa.
Conforme destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2005, para averiguar si la parte
recurrente ostenta legitimación activa ha de partirse de la consideración inicial de que la legitimación es
un presupuesto inexcusable del proceso, que implica en el proceso contencioso- administrativo, como ha
señalado la doctrina de dicho alto Tribunal ( sentencia de 11 de febrero de 2003), así como en la jurisprudencia
constitucional (por todas, la Sentencia 65/94), una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de
la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente
un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto (como indica esta última
jurisprudencia en Sentencias 105/1995, de 3 de julio; 122/1998, de 15 de junio y 1/2000, de 17 de enero).
Para que exista interés legítimo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución impugnada (o la
inactividad denunciada) debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al
proceso y este criterio lo reitera la jurisprudencia constitucional ( Sentencias números 197/88, 99/89, 91/95,
129/95, 123/96 y 129/2001, entre otras).
En efecto, la doctrina jurisprudencial de dicha Sala ha señalado:
a) Por interés, que la normativa vigente califica bien de "legítimo, personal y directo", o bien, simplemente,
de "directo" o de "legítimo, individual o colectivo", debe reputarse toda situación jurídica individualizada,
caracterizada, por un lado, por singularizar la esfera jurídica de una persona respecto de las de la generalidad
de los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la Administración Pública, y dotada, por otro,
de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias, independientes de su conexión o derivación con
verdaderos derechos subjetivos.
b) Ese interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional es una
situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración de lo que doctrinalmente se ha llamado
el propio círculo jurídico vital y en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado
precisamente con este concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda
presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones legales y

naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o como cuando la persistencia de la
situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo ocasionaría un perjuicio como resultado
inmediato de la resolución dictada.
c) Ese "interés legítimo", que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la estimación de la
pretensión ejercitada (siempre que no se reduzca a un simple interés por la legalidad), puede prescindir, ya,
de las notas de "personal y directo", pues tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal
Constitucional (en Sentencias, entre otras, de este último, 60/1982, de 11 octubre, 62/1983, de 11 julio,
160/1985, de 28 noviembre, 24/1987, 257/1988, 93/1990, 97/1991 y 195/1992, y Autos 139/1985, 520/1987
y 356/1989) han declarado, al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, que éste no sólo es superado
y más amplio que aquél sino también que es, por sí, autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución
administrativa o jurisdiccional a dictar ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un
modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera
jurídica de quien se persona.
d) Salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación para ejercer la acción pública, no
basta como elemento legitimador bastante el genérico deseo ciudadano de la legalidad, pues es necesaria
una determinada relación con la cuestión debatida ya que la legitimación "ad causam " conlleva la necesidad
de constatar la interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión; se parte
del concepto de legitimación "ad causam " tal cual ha sido recogido por la doctrina como atribución a un
determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional, que le permite impugnar una actuación administrativa
que él considera ilegal, y que ha incidido en su esfera vital de intereses y la defensa de ese derecho requiere,
como presupuesto procesal, que el acto impugnado afecte, por tanto, a un interés del recurrente.
e) La legitimación no ampara el puro interés por la legalidad, salvo en los limitados casos de la acción
popular aquí no contemplada porque en ese caso se estaría privando de toda efectividad real el criterio de la
legitimación previsto en el artícu lo 19 de la Ley 29/98, ni comprende un interés frente a agravios potenciales
o futuros.
Es cierto que debe mantenerse un criterio interpretativo de los requisitos de admisibilidad del recurso
contencioso-administrativo acorde al principio "pro actione", de manera no formalista y de forma favorable
a la producción del efecto perseguido por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de derechos
e intereses legítimos sin indefensión a que responde el artícu lo 24.1 de la Constitución; pero no ha de
reconocerse la legitimación indiferenciadamente sobre la base de perseguir fines genéricos acogiendo la
evolución iniciada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y continuada por el Tribunal Constitucional.
No estamos en presencia de una falta de legitimación procesal, sino sustantiva, que afecta al fondo del asunto.
Estamos ante la falta de un presupuesto imprescindible para la obtención de la consecuencia jurídica
impetrada, cual es el interés legítimo, al punto de que tal circunstancia puede ser apreciada incluso de oficio,
conforme a doctrina jurisprudencial resulta unánime, pudiéndose citar a título de ejemplo las Sentencias del
Tribunal Supremo de 4 de julio y 31de diciembre 2001, 10 de octubre de 2002, 20 de octubre de 2003, de 7
de julio de 2004, de 12 de diciembre de 2006, de 28 de diciembre de 2007, de 15 de noviembre de 2011 y de
20 de marzo de 2012.
Así en la de 12 de diciembre de 2006 declaró, con cita de otras anteriores, que constituye jurisprudencia
reiterada la que permite apreciar de oficio la falta de legitimación activa, incluso en casación; y en la de 28 de
diciembre de 2007, que la falta de legitimación activa, que tiene que ver con el fondo del asunto, aunque en
puridad es preliminar al fondo, puede y debe ser apreciada de oficio aunque como tal no la hayan planteado
las partes (en idéntico sentido, STS de 15 de noviembre de 2011). Y la sentencia de 15 de octubre de 2002
establece la diferencia entre la legitimación "ad procesum" y la legitimación " ad causam", para expresar que la
falta de esta última para promover un proceso, en cuanto afecta al orden público procesal, debe ser examinada
de oficio, aunque no haya sido planteada en el período expositivo, ya que los efectos de las normas jurídicas no
pueden quedar a voluntad de los particulares de modo que llegaran a ser aplicadas no dándose los supuestos
queridos y previstos por el legislador para ello.
Precisamente no por tratarse de una cuestión meramente procesal, resulta irrelevante el hecho de que las
resoluciones impugnadas, aunque deslizaran la duda sobre la legitimación del recurrente, llegaran a adentrarse
en el fondo del asunto y optaran por desestimar las alegaciones de este interesado. La legitimación que pudiera
habérsele reconocido en esa sede no vincula a los órganos judiciales en orden a contemplar el cumplimiento
de este presupuesto esencial, máxime cuando buena parte de los codemandados -que no tuvieron oportunidad
de oponer este argumento en vía administrativa- han clamado por la ausencia de legitimación del Sr. Maximo
, lo que exhortaba al Juzgado a arrostrar el examen de esa concurrencia.
Coincidimos con la Magistrada de instancia en la ausencia de esa legitimación, desgranando los acuerdos
administrativos recurridos:
a) Acuerdo plenario de 30 de octubre de 2018 que desestima el recurso de reposición formulado contra el
acuerdo de 29 de mayo de 2018, que aprueba definitivamente la modificación parcial de la relación de puestos
de trabajo de la Diputación de Lugo, así como el sistema de carrera horizontal:
- Por lo que se refiere a la carrera profesional, la modificación operada, consistente en reducir los tiempos
de espera para progresar en las categorías superiores no provoca ningún tipo de efecto perjudicial en las
expectativas, intereses o derechos del recurrente; bien al contrario, le permite obtener (si lo solicita) el nivel
denominado de "Experto", con la consiguiente subida de sus retribuciones, contando con una antigüedad de
17 años, en lugar de los 20 que anteriormente se requerían.
Con relación a la carrera vertical, con independencia de que la resolución que se pretende anular es la
aprobación definitiva del sistema de evaluación del desempeño y consolidación del sistema de carrera
horizontal, no vertical, lo cierto es que en ningún momento se le ha impedido su presentación a ninguno de los
puestos A1 del concurso, por lo que no ha sufrido perjuicio en su carrera profesional vertical.
-Por lo que hace a la estimación de costes, es indudable que la decisión sobre un incremento efectivo de los
costes de la plantilla de personal es materia presupuestaria, no de la Relación de Puestos de Trabajo, y el
presupuesto para el año 2018 fue aprobado por el Pleno en fecha 21/12/2017 y publicado en el BOP de Lugo
el 19/01/2018; además de tratarse de un acto firme, el demandante carece de legitimación para impugnarlo,
como tampoco la tiene para atacar la valoración de los puestos de trabajo ajenos al que desempeña, a no ser
que introduzca un motivo de discriminación retributiva respecto de su puesto concreto, lo cual no ha sido el
caso.
A mayor abundamiento, la representación procesal de la Diputación ha explicado las reglas manejadas para
establecer los cálculos: la general que consiste en que, cuando el puesto de trabajo está vacante, el cálculo
estimativo se realiza tomando en consideración el Subgrupo inferior de los que dicho puesto de trabajo esté
abierto, pues constituye lo que supondría un incremento mayor de gasto, ya que es necesario reflejar en
los correspondientes Presupuestos consignación suficiente; la segunda estriba en que, cuando el puesto de
trabajo está ya ocupado, no estamos realmente ante una "estimación", y para el cálculo se utiliza el coste real
que supone dicha modificación.
No se concreta de qué modo ese modo de proceder, que se anuda a disciplina presupuestaria, provoca un
perjuicio real y palpable en la esfera jurídica del demandante.
-Respecto a la disminución de su complemento de productividad, que en la sentencia se reconoce como único
punto en el que pudiera apreciarse la existencia de esa legitimación, acontece que dos obstáculos esenciales
topan con su impugnación: el primero, la desviación procesal, dado que esa cuestión se introdujo en el debate
con ocasión de la formulación de las conclusiones, en lugar de sostenerla en demanda, como era preceptivo;
el segundo, que el Acuerdo donde se establece la medida de reducción de dicho complemento se adoptó tras
la aprobación definitiva de la RPT, y ese acto administrativo no fue objeto del recurso contencioso.
En todo caso, esa reducción vino impuesta por los límites de la Ley de Presupuestos para el año 2018,
existiendo un acuerdo unánime de la Mesa General de Negociación celebrada el 29 de julio de 2018 respecto
de tales modificaciones.
-En relación con los puestos que necesitaban de nueva provisión y los ocupados de forma provisional, en
la sentencia se razonó que el actor carecía de legitimación para cuestionar la legalidad de los cambios
producidos en otros puestos ajenos al suyo, además de atender a razones puramente organizativas, tanto
en la vertiente del cambio de denominación como en la nueva valoración otorgada a dichos puestos, con los
consiguientes aumentos retributivos. En el recurso de apelación se expresa que esta cuestión figuraba en
la demanda como un indicio y como medio probatorio que acreditaba la desviación de poder, pero que no
mantiene que los nombramientos provisionales sean de por sí actos ilícitos, sino que sostiene que son actos
ilícitos cuando no están motivados, o cuando obedecen a intereses distintos a los legalmente establecidos, y
se convierten en instrumentos de los que la administración demandada se sirve para incurrir en un ilícito de
desviación de poder.
La respuesta, en tal tesitura, consiste en que no es la vía de impugnación de la RPT la adecuada, sino la de
alzamiento -si es que se hayan motivos sustentadores de legitimación- contra el nombramiento eventualmente
sospechoso de ilicitud.
En cuanto al intervalo de niveles, en esta sede de apelación no se reproduce ninguna argumentación atinente
a este motivo de impugnación, de lo que se colige un aquietamiento respecto a la negación de legitimación
activa razonado en la sentencia sobre este extremo.
b) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo, en sesión celebrada el 19
de octubre de 2018, por el que se aprueban las bases para la provisión de los puestos de trabajo de personal
funcionario de la Diputación Provincial de Lugo que se relacionan y se convoca a los funcionarios/as que,
reuniendo los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, deseen participar en el procedimiento.
En la sentencia de instancia se razona que podría hallarse un interés legitimador si al Sr. Maximo se le hubiese
vedado la oportunidad de participar en el concurso, lo que no fue caso, pues pudiendo haber participado (podría
haber optado a 13 o 14 puestos), no lo hizo; en consecuencia, también carece de legitimación para impugnar
ese acuerdo.
Respaldamos esa reflexión jurídica, porque la legitimación queda reducida para la impugnación de los
procesos selectivos a quienes participan en los mismos o a quienes pretenden participar, pero alguno de los
requisitos exigidos en la convocatoria se lo impiden.
El recurrente responde que, si hubiese participado en el concurso, habría supuesto su consentimiento a unos
actos de la Administración que él ya consideraba incurrían en un ilícito de desviación de poder.
Este posicionamiento "ex ante" lo que revela es su postulado como adalid de la legalidad, vedado como
legitimador de impugnación. Y no se trata de que se construyese en su contra una suerte de teoría de los actos
propios por causa de su participación en un proceso selectivo que entendiera viciado, sino que, precisamente,
esa intervención como aspirante le granjearía la posesión del interés real y actual para recurrir las normas
reguladoras de esa concurrencia.
En definitiva, se desestima el recurso.
OCTAVO .- De las costas procesales
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, al desestimarse el recurso de
apelación, procede efectuar expresa imposición de las costas procesales a cargo de la parte apelante, con
el límite máximo de 500 euros en concepto de representación y defensa de la Administración demandada, y
otros 500 euros en concepto de defensa de cada una de las representaciones procesales que se han opuesto
al recurso, en atención al trabajo y dedicación necesarios para dar respuesta a los motivos de impugnación
deducidos por el apelante frente a la resolución judicial recurrida.
Respecto a las costas procesales de la instancia, el Fundamento Quinto de la sentencia aplica correctamente
el criterio objetivo del vencimiento, por lo que se impusieron a la parte actora, respecto tanto de los gastos
judiciales ocasionados a la Administración demandada como a los funcionarios y demás partes que se vieron
abocados a personarse en el procedimiento "por haber interesado el demandante la nulidad de toda la RPT,
así como del proceso selectivo".
Textualmente: "Es obvio que este pleito ha provocado unos gastos procesales que deben ser compensados,
teniendo especialmente en cuenta el esfuerzo desplegado por los letrados/as actuantes para ofrecer
respuesta a la multitud de motivos de impugnación alegados por el demandante en su profuso recurso
(de 89 folios, con letra pequeña), la complejidad y naturaleza del asunto, la extensión de los expedientes
administrativos que supera los 15.000 folios y las dos sesiones de juicio celebrados.
No obstante, se moderan prudencialmente las costas que se imponen al demandante, en el límite de 350 euros
(más los impuestos que resulten repercutibles) en concepto de honorarios y respecto de cada parte personada,
teniendo en cuenta que si bien es cierto que la mayor parte de los letrados ha asumido la defensa conjunta
de varios funcionarios y demás partes, no se puede desconocer que más allá de los motivos comunes, el
recurrente ha impugnado la valoración de todos los puestos de trabajo, de modo general y singular como
resulta de la demanda, y en consecuencia, se estima razonable establecer que las costas se fijen por la defensa
de cada uno de los funcionarios y demás partes personadas.
Así, se establece el límite máximo en 350 euros (más impuestos) en concepto de honorarios del Letrado de
la Diputación Provincial de Lugo y de los Letrados que han defendido a cada parte personada (en total: 180, a
razón de 350 euros de honorarios de defensa por cada parte)."
La parte apelante interpreta que, conforme a ese pronunciamiento, el importe total de las minutas que podrían
llegar a presentar los letrados, y que el condenado tendría que soportar, alcanzaría la cifra de 73.265,50 €
(considerando 172 partes), más los honorarios del Letrado que representaba a la administración demandada).
Ciertamente, esa sedicente incertidumbre podría haberla despejado el demandante interesando una aclaración
de la sentencia en ese extremo, para dilucidar si el importe de 350 euros se refería a cada una de las
representaciones que asumieron el papel de codemandados o a cada uno de los individuos personados en el
procedimiento ocuparon esa posición procesal.
La exégesis de la Sala es que la Juzgadora de instancia estableció el límite cuantitativo de 350 euros por
cada una de las defensas -agrupadas o individualizadas- que contestaron a la demanda y se opusieron a
las pretensiones en ella deducidas; es decir, 350 euros (más impuestos) respecto de cada Letrado, con
independencia del número de representaciones que cada uno hubiere asumido.
Lo cual cohonesta bien con la expresión contenida en la Parte Dispositiva: "...así como de los restantes
Letrados/as por cada una de las partes codemandadas".
Esta interpretación no supone una revocación, siquiera parcial, de la sentencia dictada, sino una simple
solvencia de eventuales dudas de cara la tasación de costas.
Y por lo que atañe al importe cuantitativo del tope máximo de los honorarios (350 euros, más impuestos)
reflejado en la sentencia, no puede sino considerarse morigerado, atendiendo a la que la nulidad interesada en
su tenía un carácter general, al referirse tanto a los intervalos de complemento de destino como a los grupos
y subgrupos de clasificación para el desempeño de los puestos de trabajo incluidos en la RPT, por lo que una
eventual estimación de la demanda tendría consecuencias sobre el conjunto de empleados públicos de la
Diputación; el procedimiento contaba con multitud de motivos de impugnación alegados por el demandante
en su recurso; la extensión de los expedientes administrativos superaba los 15.000 folios y el juicio necesitó
de dos sesiones en jornadas diferentes.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

FALLO:


Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Maximo
contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2022 por la Magistrada-Juez del Juzgado de lo contencioso-
administrativo nº 1 de Lugo que se declaró inadmisible, por falta de legitimación activa del demandante, el
recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, contra
el Acuerdo Plenario de 30 de octubre de 2018 (que desestimó el recurso de reposición formulado contra el
Acuerdo de 29 de mayo de 2018 que aprobó definitivamente la modificación parcial de la relación de puestos
de trabajo de la Diputación de Lugo, así como el sistema de carrera horizontal) y el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 19 de octubre de 2018, por el que se aprobaron las bases de provisión por el sistema de
concurso de una serie de puestos que se hallaban vacantes.
En consecuencia, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la expresada resolución judicial.
Se imponen las costas procesales a la parte apelante en los términos fijados en el Fundamento Jurídico Octavo.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella puede interponerse recurso
de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala correspondiente de este Tribunal Superior
de Justicia, siempre que se acredite interés casacional. Dicho recurso habrá de prepararse ante la Sala de
instancia en el plazo de TREINTA días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que
se recurre, en escrito en el que se de cumplimiento a los requisitos del artículo 89 de la Ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa. Para admitir a trámite el recurso, al prepararse deberá constituirse
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0509/22), el depósito al que se
refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266
de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación
de esta resolución.
Así se acuerda y firma