Jurisprudencia

Cabecera: 45 años de prisión para el acusado de la muerte de dos agentes rurales en Aspa (Lleida). Tendrá que indemnizar a los familiares de las dos víctimas a un pago de entre 15.000 y casi 300.000 euros
Jurisdicción: Penal
Origen: Audiencia Provincial de Lleida
Fecha: 11/02/2019
Tipo resolución: Sentencia
Número Sentencia: 61/2019 Número Recurso: 1/2017
Numroj: SAP L 48:2019
Ecli: ES:APL:2019:48
Voces sustantivas: Agravaciones específicas, Animus possidendi, Atenuante de confesión, Circunstancia atenuante, Circunstancias modificativas, Delito de asesinato, Delito de atentado, Delito de homicidio, Delitos contra el medio ambiente, Depósito, Eximente completa, Funcionarios públicos, Ius puniendi, Legítima, Pena de multa, Prescripción, Prima facie, Responsabilidad criminal, Reaseguro, Responsabilidad civil, Seguro de responsabilidad civil, Amenazas, Atentados, Accidente de circulación, Acción directa, Acción directa contra el asegurador, Anomalías o alteraciones psíquicas, Asociaciones, Caducidad, Centros penitenciarios, Conducta típica, Contrato de seguro, Cooperación necesaria, Cooperador necesario, Culpa o negligencia, Cómplice, Daño moral, Daños y perjuicios, Delitos imprudentes, Derecho de sufragio pasivo, Dolo, Edad, Empleo de fuerza, Equidad, Especies protegidas de fauna silvestre, Exención, Eximente incompleta, Extrema gravedad, Fauna silvestre, Función social, Garantías constitucionales, Guardia civil, Indemnización procedente, Inhabilitación absoluta, Inhabilitación especial para el ejercicio, Intimidación grave, Lesión, Licencia de armas, Mala fe, Mutuas de seguros, Non bis in idem, Nacimiento, Objeto social, Obligados al pago, Privación del derecho a la tenencia y porte de armas, Pena de inhabilitación, Pena superior en grado, Personas responsables, Primer grado, Pólizas de seguros, Relación causal, Relación de causalidad, Resistencia grave, Responsabilidades pecuniarias, Responsable civil directo, Restitución, Trastorno mental, Tenencia de armas, Trastorno psíquico, Agentes de la autoridad, Agresión, Antijuridicidad, Acusación popular, Alevosía, Alteraciones psíquicas, Animus domini, Animus necandi, Capacidad económica, Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, Compañías de seguros, Cuota diaria, Derecho de repetición, Daños morales, Delitos contra la fauna, Dolo eventual, Embargo, Homicidio, Hijos menores, Insolvencia, Marcas

RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Lleida ha condenado uno de los acusados, Ismael R., a un total de 45 años de prisión por dos delitos de asesinato en concurso con delito de atentado a agentes de la autoridad y un delito de tenencia ilícita de armas, y a una multa por u delito contra la fauna. También tendrá que indemnizar a los familiares de las dos víctimas a un pago de entre 15.000 y casi 300.000 euros.
En relación al otro acusado se le condena a 9 meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas y privación de llevar armas durante 1 año y 9 meses.
El magistrado, de acuerdo con el veredicto del jurado popular, considera que uno de los acusados, encontrándose en una zona de caza sin la correspondiente licencia al haber esta caducado, fue sorprendido por los dos agentes rurales que le pidieron que descargara el arma y este, de forma sorpresiva, disparó contra ellos causándoles la muerte.
En relación al otro acusado se le atribuye el delito de tenencia ilícita de armas como cooperador necesario pues consintió que el otro acusado pusiera a su nombre la licencia del arma sabiendo que este la tenía caducada y así no la tuviera que devolver.

ENCABEZAMIENTO:

ENTENCIAAUDIENCIA PROVINCIAL DE LLEIDA.
- SECCIÓN PRIMERA -

Jurado - Ley Orgánica 5/952/2018

PREVIAS 89/2017

JUZGADO INSTRUCCIÓN 4 LLEIDA (ANT.IN-9)

**************

S E N T E N C I A NUM. 61/19

Ilmo. Sr.Magistrado -Presidente:

Victor Manuel Garcia Navascues

En Lleida, a once de febrero de dos mil diecinueve.
La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los señores indicados al margen, ha visto en juicio oral las presentes diligencias previas número 89/2017, Procedimiento de Jurado 1/17, instruidas por el Juzgado Instrucción 4 Lleida (ant.IN-9), por delito Asesinato, Atentado contra la autoridad, Tenencia de armas sin licencia o permiso, en el que son acusados:

- Epifanio , con DNI NUM000 , nacido el día NUM001 de 1988 en Terrassa, hijo de Hilario y de Macarena , detenido el día 21/01/2017 y decretada la prisión provisional por auto de fecha 24/01/2017, actualmente interno en en Centro Penitenciario Ponent de Lleida, sin antecedentes penales, declarado insolvente y representado por la procuradora CARMEN GLORIA CLAVERA CORRAL y defendido por la letrada MONTSERRAT TORRES MASSOT.
- Gregorio , con DNI NUM002 , nacido el día NUM003 de 1979 en Martorell, hijo de Jacinto y de Mercedes , declarado insolvente, con domicilio en C. CARRETERA000 a Martorell NUM014 de Abrera (Barcelona) y representado por la procuradora BLANCA CARDONA CALZADO y defendido por el letrado IGNASI MASES ESTANY.
Y MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A.P.F F representada por la procuradora EUGENIA BERDIE PABA y defendido por la letrada MARIA JOSÉ AYLLON MONTEAGUDO.
Es parte acusadora el Ministerio Fiscal y formula Acusación Particular Teresa , Valle , Vicenta , José , Landelino , Marí Luz , Leoncio , María Milagros , María Inmaculada , Ana María , Adelina y Alicia , todos ellos representados por la procuradora MARIA JOSE ALTISENT CAMARASA y defendidos por el letrado PAU SIMARRO DORADO; la Generalitat de Catalunya ; la Assoc. Prof. d'Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) y Asoc.Española de Ag.Forest.y Med. (AEAFMA), representadas por la procuradora SUSANA BELLOSTA LACAMBRA y defendidos por el letrado ALBERT REQUENA MORA; la Asoc.Oficina Nacional de Caza y Federación Catalana de Caza , representada por la procuradora EULALIA CULLERE LAVILLA y defendida por el letrado SANTIAGO BALLESTEROS RODRIGUEZ.
Es Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Victor Manuel Garcia Navascues.

ANTECEDENTES DE HECHO:

ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO .- El Ministerio Fiscal, en conclusiones definitivas, entendió que los hechos constituían:

-Dos delitos de asesinato cometidos con alevosía y para evitar el descubrimiento de otro delito de los arts. 139.1, 1 ª y 4ª CP en relación de concurso ideal ( art. 77.1 CP ) con un delito de atentado a agentes de la autoridad de los arts. 550.1 y 2 y 551.1º CP

- Delito de tenencia ilícita de armas del art. 564.1.2º CP

- Delito contra la flora y la fauna previsto y penado en el art. 335.2 CP.
De los cuales responde Epifanio en concepto de autor de dos delitos de asesinato, en relación de concurso ideal con un delito de atentado y de un delito de tenencia ilícita de armas ( arts. 27 y 28 a) CP ), siendo Gregorio responsable en concepto de cooperador necesario del delito de tenencia ilícita de armas, ( art. 27 y 28 b) CP ), concurriendo en Epifanio , respecto del delito de asesinato y del delito de atentado, la circunstancia atenuante de haber procedido a confesar los hechos antes de que se siguiera el procedimiento frente a él ( art. 21.4 CP ), procediendo imponer a Epifanio , por cada uno de los dos delitos de asesinato en relación de concurso ideal con un delito de atentado, concurriendo la circunstancia atenuante de confesión, la pena de 23 años y 8 meses de prisión con igual plazo de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art. 55 y 41 CP ), por el delito de tenencia ilícita de armas la pena de 1 año de prisión con igual plazo de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio passivo y por el delito contra la flora y la fauna la pena de 8 meses de multa a razón de una cuota diària de 12 euros y privación del derecho de caza por un periodo de 3 años.
Respecto a Gregorio procede imponer como cooperador necesario al delito de tenencia ilícita de armas la pena de 1 año de prisión con igual plazo de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
En concepto de Responsabilidad Civil, el acusado, Epifanio , deberá indemnizar a:

Dña. Vicenta :

Por perjuicio personal básico en la cantidad de 90.450,56 euros

Por daño emergente en la cantidad de 402 euros

Por lucro cesante en la cantidad de en la cantidad de 103.149,18 euros

A José :

Por perjuicio personal básico en la cantidad de 90.450,56 euros

Por daño emergente en la cantidad de 402 euros

Por lucro cesante en la cantidad de en la cantidad de 133.701,18 euros

A Dña. Teresa :

Por perjuicio personal básico en la cantidad de 90.450,56 euros

Por daño emergente en la cantidad de 402 euros

Por lucro cesante en la cantidad de en la cantidad de 102.941,145 euros

A Valle

Por perjuicio personal básico en la cantidad de 90.450,56 euros

Por daño emergente en la cantidad de 402 euros

Por lucro cesante en la cantidad de en la cantidad de 141.830,625 euros

Asimismo, deberá indemnizarse a cada uno de los progenitores de los fallecidos, si vivieren, en la cantidad de 40.200,25 euros.
Estas cantidades se han calculado conforme a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, de manera que, dado que nos encontramos ante delitos doloso, interesamos que por razón del daño moral sufrido, la cantidad que finalmente el Tribunal establezca como perjuicio patrimonial básico, se incremente en un 30%.
Tales cantidades se incrementarán en el interés legal del dinero desde que se dicte la primera sentencia definitiva ( art. 576 LEC ).
De las cantidades anteriormente referidas será responsable civil directa de acuerdo con lo previsto en el art. 117 CP , la entidad aseguradora MUSSAP , Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

SEGUNDO.- En el mismo trámite, la Acusación Particular ejercida por el letrado Sr.Simarro, entendió que los hechos constituían:

- Dos delitos de Asesinato, tipificados y penados en el artículo 139 CP, concurriendo las circunstancias primera y cuarta ( 139.1 ª y 139.4ª CP ),

- Dos delitos de Atentado contra los agentes de la autoridad, tipificados y penados en el artículo 550 CP.
- Un delito de Tenencia Ilícita de armas, tipificado y penado en el art. 564.1.2º CP.
- Un delito Contra la fauna ( art.335.2 CP ).
De los mencionados delitos responde, en concepto de autor, Epifanio , por ser el sujeto activo de las conductas delictivas objeto de este proceso.
En cuanto al delito de tenencia ilícita de armas, también debe responder, con la misma pena que el autor material, D. Gregorio en calidad de cooperador necesario ( art. 28.b CP ), no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, procediendo imponer al acusado Epifanio la pena de 51 años de prisión, multa de 20 meses con una cuota de 50euros/dia e inhabilitación especial para el ejercicio de la caza durante 5 años desde la finalización del cumplimiento de la pena de prisión, así como la privación del derecho de tenencia y porte de armas por tiempo superior en 3 años a la pena de prisión que finalmente se imponga, según lo dispuesto por los art. 139.1 ª y 4 º, 564 ,570 , 550 y 335.2, todos ellos del CP . Asimismo procede imponer la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena ( art. 55 CP ).
Respecto al acusado Gregorio la pena de 1 año de prisión y la privación del derecho de tenencia y porte armas por tiempo superior en 3 años a la pena de prisión que finalmente se imponga.
Todo ello con la expresa imposición de las costas de este proceso a los acusados, incluidas las de abogado y procurador, según art. 123 CP.
En concepto de Responsabilidad Civil derivada del delito, el acusado deberá indemnizar a los familiares de los Agentes Rurales asesinados como perjudicados de los delitos en la cantidad de 1.077.473,28euros, al ser ésta la cantidad calculada en base al baremo de accidentes de tráfico, según el detalle que se indica a renglón seguido:

- Indemnizaciones familiares de Jesús Carlos :

Teresa (viuda) la cantidad de 143.045,56euros, Valle (hija) la cantidad de 206.723,20euros, Ana María (madre) la cantidad de 50.752,81euros, Adelina (hermana) la cantidad de 15.477,09euros, Alicia (hermana) la cantidad de 15.477,09euros, siendo el total de 431.475,75euros.
- Indemnizaciones familiares de Aureliano :

Vicenta (viuda) la cantidad de 240.577,56euros, José (hijo) la cantidad de 277.784,20euros, Landelino (padre) la cantidad de 40.602,25euros, Marí Luz (madre) la cantidad de 40.602,25euros, Leoncio (hermano) la cantidad de 15.477,09euros, María Milagros (hermana) la cantidad de 15.477,09euros y María Inmaculada (hermana) la cantidad de 15.477,09euros, siendo el total de 645.997,53euros.
Total indemnización 1.077.473,28 euros.
En el acto de vista oral esta parte modificó sus conclusiones añadiendo a la compañia aseguradora Mussap en el sentido de tener por reclamado contra dicha aseguradora, en calidad de responsable civil directo (hasta el límite del capital asegurado en la póliza )el pago de las indemnizaciones que por responsabilidad civil dimanante de los delitos enjuiciados corresponda a mis representados.
TERCERO.- En el mismo trámite, la Acusación Particular ejercida por el letrado de la Generalitat de Catalunya, entendió que los hechos constituían para el acusado Epifanio :

- Un delito de asesinato tipificado por el artículo 139.1 .1 y 4 en relación al 139.2 del CP en concurso medial del art. 77.1 con un delito de atentado del art. 550.1 y 2 y art. 551.1 y 2 del CP

- Un delito de tenencia ilícita de armas tipificado por el artículo 564.1.2 del CP.
- Un delito contra la fauna y la flora del artículo 335.2 del CP

Y para el acusado Gregorio :

- Un delito de tenencia ilícita de armas del art. 564.1.2 del CP.
De los delitos que responde en concepto de autor Epifanio y en concepto de cooperador necesario de conformidad con el art. 25.b del CP responde Gregorio , concurriendo la circunstancia atenuante del art. 21.4 del CP en relación al acusado Epifanio , no concurriendo circunstancias modificativas respecto a la responsabilidad del acusado Gregorio , procediendo imponer al acusado Epifanio por los dos delitos de asesinato en relación de concurso ideal con un delito de atentado 23 años y 8 meses de prisión por cada uno de ellos y la pena accesoria de inhabilitación absoluta de 23 años, por el delito de tenencia ilícita de armas 1 año de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 3 años y 6 meses y por el delito contra la fauna y la flora multa de 4 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la caza durante 3 años y al acusado Gregorio la pena de 6 meses de prisión.
CUARTO.- En el mismo trámite, la Acusación Particular ejercida por el letrado Sr. Requena, entendió que los hechos constituían:

- Dos delitos de asesinato con la concurrencia de alevosía y con el fin de eviar que se descubra la comisión de otro delito, previsto y penado en el art. 139.1 ª y 4ª del CP en relación con el subtipo agravado del art. 139.2 CP.
- El subtipo agravado por uso de objeto peligroso de un delito de atentado a agente de la autoridad, previsto y penado en el art. 550.1 del CP en relación con el art. 551.1 y 2.
- Tenencia ilícita de armas previsto y penado en el art. 564.1.2º del CP

- Delito relativo a la protección de la flora,fauna y animales domésticos previsto y penado en el art. 335.2 del CP.
De los mencionados delitos es responsable en concepto de autor de conformidad con los art. 27 y 28 del CP Epifanio y del delito de tenencia ilícita de armas Gregorio en calidad de cooperador necesario de conformidad con los art. 27y 28.b del CP , no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, procediendo imponer al acusado Epifanio por cada uno de los delitos de asesinato la pena de prisión de 25 años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de atentado la pena de prisión de 4 años y 6 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de tenencia ilícita de armas la pena de 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 4 años, por el delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos la multa de 8 meses a razón de 20 euros diarios con un total de 4.800 euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por tiempo de 3 años e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximarse a los padres, hermanos e hijos de los fallecidos o de cualquier miembro de la familia, en cualquier lugar donde se encuentren, así como de acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ellos, en una distancia inferior a quinientos metros y la prohibición de comunicarse con los mismos por cualquier medio hasta el total cumplimiento de la condena.
Respecto al acusado Gregorio como cooperador necesario del delito de tenencia ilícita de armas la pena de 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 4 años e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximarse a los padres, hermanos e hijos de los fallecidos o de cualquier miembro de la familia, en cualquier lugar donde se encuentren, así como de acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ellos, en una distancia inferior a quinientos metros y la prohibición de comunicarse con los mismos por cualquier medio hasta el total cumplimiento de la condena.
Respecto a la responsabilidad civil derivada del delito, prevista en el art. 109 y siguientes del Código Penal , los acusados Epifanio y Gregorio como responsables civiles, quedan obligados a abonar de manera solidaria a los perjudicados de ambos delitos.
Indemnizaciones Familiares Jesús Carlos :

- Teresa (viuda) la cantidad de 143.045,56euros, Valle (hija) la cantidad de 206.723,20euros, Ana María (madre) la cantidad de 50.752,25euros, Adelina (hermana) la cantidad de 15.477,09euros y Alicia la cantidad de 15.477,09euros, siendo el total de 431.475,75euros.
Indemnizaciones familiares Aureliano :

- Vicenta (viuda) la cantidad de 240.577,56euros, José (hijo) la cantidad de 277.784,20euros, Landelino (padre) la cantidad de 40.602,25euros, Marí Luz (madre) la cantidad de 40.602,25euros, Leoncio (hermano) la cantidad de 15.477,09euros, María Milagros (hermana) la cantidad de 15.477,09euros y María Inmaculada (hermana) la cantidad de 15.477,09euros, siendo el total de 645.997,53euros.
Las cantidades reclamadas deberán ser incrementadas con el importe de los intereses legales previstos en el art. 576 LEC.
QUINTO.- En el mismo trámite, la Acusación Particular ejercida por el letrado Sr. Ballesteros, entendió que los hechos constituían:

- Dos delitos de asesinato del art. 1391 y 4 del CP

- Un delito de tenencia ilícita de armas del art. 564.1.2ª del CP

- Dos delitos de atentado de los art. 550.2 y 551.1 y 2 CP

- Un delito contra la flora y fauna del art. 335.2 CP

De los que resulta como autor el acusado Epifanio el cual reconoce los hechos ( art. 27 y 28 CP ) y por el delito de tenencia ilícita de armas como cooperador necesario responde Gregorio , concurriendo las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal del art. 22.2 CP respecto de Epifanio , debiendo imponer al acusado Epifanio por cada uno de los delitos de asesinato la pena de 25 años de prisión por cada uno de ellos; por el delito de tenencia ilícita de armas la pena de 1 año de prisión, por cada delito de atentado la pena de 4 años de prisión; por el delito contra la flora y la fauna la pena de multa de ocho meses e inhabilitación para cazar y pescar por tres años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. Se piden las penas máximas en el caso de los asesinatos en atención a las circunstancias concurrentes y la especial gratuidad del crimen, la imposibilidad de defensa y auxilio; el remate a bocajarro de uno de ellos.
Respecto al acusado Gregorio como cooperador necesario por el delito de tenencia ilícita de armas un año de prisión.
SEXTO.- En el mismo trámite, La Defensa ejercida por la letrada Sra.Torres se mostró disconforme con la correlativa del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares solicitando la inimputabilidad de Epifanio por concurrir la eximente completa o de forma subsidiaria la incompleta y aplicar, no la pena del art. 138.2.b, sino las medidas de seguridad del art. 95 y siguientes del CP.
SÉPTIMO.- En el mismo trámite, La Defensa ejercida por el letrado Sr.Mases se mostró disconforme con la correlativa del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares procediendo la libre absolución de su representado con todos los pronunciamientos favorables.
Tras la emisión del veredicto las partes solicitaron las penas y la Responsabilidad Civil que firguran en el acta.
HECHOS PROBADOSResulta probado, con arreglo al veredicto del Jurado, y así se declara:

PRIMERO.- El acusado, Epifanio , mayor de edad y sin antecedentes penales, se desplazó la mañana del día 21 de enero de 2017 al municipio de Aspa, acompañado por otras personas, con la finalidad de cazar en el coto privado núm. NUM004 , gestionado por el Ayuntamiento de dicha localidad.
Una vez allí, el acusado y sus acompañantes se dirigieron inicialmente al bar El Casal, en el que se abonan y recogen los permisos que autorizan la caza en dicho coto privado, que previamente el propio acusado había solicitado por teléfono, si bien él no llegó a abonar ni a recoger el citado permiso.
SEGUNDO.- El acusado desarrolló la actividad de caza en dicho coto privado con una escopeta marca "Benelli", modelo "Raffaello", con número de serie NUM005 , con sistema semiautomático de tiro, de percusión central, con una capacidad de disparo de dos cartuchos y uno más en la recámara del calibre 12/76, llegando a lograr cazar algunas piezas.
Dicha escopeta es un arma larga reglamentada para cuya tenencia y uso se requiere una licencia de armas tipo E, de la que el acusado carecía porque la tenía caducada desde el día 17 de noviembre de 2016.
Para evitar tener que depositar la citada escopeta en el Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil, como consecuencia de la caducidad de la indicada licencia, el acusado Epifanio , que tenía conocimiento de dicha obligación de depósito, pactó con el también acusado, Gregorio , poner a nombre de éste la guía de pertenencia de la citada escopeta, permitiendo así que continuara teniéndola a su disposición, a pesar de conocer que aquél tenía caducada la licencia requerida.
TERCERO.- Aproximadamente a las 10.50 horas del día indicado, se acercaron al acusado Epifanio , encontrándose éste solo, los Agentes Rurales Aureliano y Jesús Carlos , que iban uniformados y se encontraban en el ejercicio de sus funciones, procediendo a presentarse como tales agentes y solicitando al acusado que descargara el arma; en ese momento, el acusado Epifanio se giró hacia ellos y, con ánimo de acabar con su vida y de menoscabar su autoridad, de forma sorpresiva y sin que tuvieran ninguna posibilidad de reacción defensiva, les apuntó y disparó con la citada escopeta a los dos, procediendo seguidamente a acercarse a ellos, volviéndoles a disparar, para lo que tuvo que recargar el arma.
Aureliano falleció por la destrucción de centros vitales causada por los disparos efectuados por el acusado Epifanio , que le impactaron en la muñeca derecha y la cara y en la zona laterocervical izquierda.
Aureliano en el momento de su fallecimiento tenía 43 años de edad, estaba casado con Vicenta y sus parientes más cercanos eran su hijo, sus padres y tres hermanos.
Jesús Carlos falleció por la destrucción de centros vitales causada por los disparos efectuados por el acusado Epifanio , que le impactaron en la región paraesternal derecha y en la zona parietal posterior derecha.
Jesús Carlos en el momento de su fallecimiento tenía 39 años de edad, estaba casado con Teresa y sus parientes más cercanos eran su hija, su madre y dos hermanas.
CUARTO.- Acto seguido, el acusado Epifanio se desplazó al lugar en el que estaba estacionado el vehículo con el que había llegado al coto de caza, poniendo en conocimiento primero de uno y después de los demás acompañantes lo que había ocurrido y procediendo el citado acusado, a las 11.39 horas del mismo día, a efectuar una llamada al Servicio de Emergencias 112 en la que comunicó que había disparado a dos agentes rurales y estaban muertos, proporcionando también su identidad y el lugar en el que se encontraba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Los hechos que se declaran como probados en la presente resolución, que permiten considerar al acusado Epifanio autor criminalmente responsable de dos delitos de asesinato, previstos y penados en el artículo 139.1.1ª, en concurso ideal con un delito de atentado a los agentes de la autoridad, previsto y penado en los artículos 550.1 y 2 y 551.1º, un delito de tenencia ilícita de armas, previsto y penado en el artículo 564.1 2º y un delito contra la fauna, previsto y penado en el artículo 335.2, todos ellos del Código Penal , así como considerar al acusado Gregorio , cooperador necesario del delito de tenencia ilícita de armas, son fruto del veredicto del Jurado que deliberó, resolvió y decidió sobre los extremos contenidos en el objeto que se les sometió a su consideración, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la LOTJ , y que contenía los hechos que fueron objeto de alegación y prueba durante el plenario tanto por parte de la acusación como por la defensa de los acusados. La declaración de culpabilidad que contiene el veredicto unido a la presente resolución se asienta en la valoración de la prueba practicada durante las sesiones de juicio oral y adecuadamente explicitada, aún cuando de forma sucinta, con la expresión de los elementos de convicción tenidos en cuenta por los Jurados para estimar como probados los hechos que constan en el objeto del veredicto que les fue presentado. Esta motivación valorativa de la prueba contenida en el veredicto ha de complementarse con lo que ha venido a denominarse "motivación reforzada", que es la que ha de llevarse a cabo con arreglo a lo establecido en el artículo 70.2 de la LOTJ , en el que se exige que la sentencia que vaya a dictarse en el caso de veredicto de culpabilidad se concrete la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia, exigencia que a su vez responde a la necesidad constitucional de motivación de la sentencias que, en el caso de Tribunal del Jurado, deberá realizarse a partir de la valoración, sucinta aunque suficiente, que aparezca expresada y contenida en el veredicto. Con arreglo a ello, el resultado de la prueba practicada aboca irremediablemente al pronunciamiento condenatorio de Epifanio y Gregorio por los delitos de los que fueron acusados.
SEGUNDO.- Debemos examinar cronológicamente cada uno de los hechos que han sido declarados probados para una mayor claridad expositiva.
La madrugada del día 21 de enero de 2017, el acusado Epifanio , se desplazó junto a Cornelio , Damaso , David , a la localidad de Aspa, con la finalidad de desarrollar la actividad de caza en el coto privado núm. NUM004 , procediendo a dirigirse inicialmente al bar El Casal de dicha localidad, en el que había quedado con Horacio , al que no conocía personalmente sino a través de un grupo de "facebook", que a su vez iba acompañado de Justo ; así lo declaró probado el Jurado tomando en consideración las manifestaciones tanto del citado acusado como de sus compañeros de caza, que declararon en calidad de testigos.
Según declaró probado el Jurado y expuso el perito Leonardo , Jefe en Lleida de la Sección de Actividades Cinegéticas y Pesca Continental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, el citado coto de caza, ubicado en el término municipal de Aspa, es un área privada de caza conformada por diferentes propiedades, siendo su titular el Ayuntamiento de dicha localidad que se encarga de gestionar su aprovechamiento, y está sometido a un régimen cinegético especial, es decir, que no se puede cazar en dichos terrenos si no se dispone de permiso del titular.
La testigo Loreto , encargada de los temas relacionados con la caza en el Ayuntamiento de Aspa, y cuya declaración también fue tomada en consideración por el Jurado, manifestó que el procedimiento habitual para expedir las autorizaciones de caza en el coto privado es que los cazadores llaman por teléfono para proporcionar sus nombres y sus documentos de identidad, indicando igualmente el día que van a cazar, procediendo ella a guardar en un sobre las autorizaciones y a entregarlas en el Bar El Casal, que es donde se abonan y recogen.
El Jurado consideró probado que el acusado Epifanio no llegó a abonar ni recoger la autorización pertinente para cazar en el coto privado, a pesar de que fue él quien se encargó de llamar previamente por teléfono al Ayuntamiento para proporcionar los datos necesarios para que expidieran los pases de caza a su nombre y al de dos de sus compañeros; el citado acusado reconoció que no llegó a recoger la autorización, a pesar de que accedió al establecimiento, llegando a decir a la responsable, Marcelina , que no estaba allí cuando ésta preguntó si Epifanio había llegado; asimismo, la ya mencionada testigo Loreto , expuso que cuando una autorización no se recogía, la encargada del bar El Casal la devolvía al Ayuntamiento, lo que en este caso ocurrió, como también confirmó la testigo Marcelina , siendo recogida por los Mossos d'Esquadra y adjuntada como folio 135 de las actuaciones.
A pesar de no disponer de la autorización para cazar en ese coto privado y siendo plenamente consciente de que era preceptiva, desarrolló la actividad de caza ese día 21 de enero de 2017, como lo había hecho en otra ocasión anterior también sin dicha autorización, tal como el acusado Epifanio reconoció en el acto del juicio oral, llegando a lograr cazar algunas piezas, tal como declaró acreditado el Jurado atendiendo a la declaración del testigo Pio , que lo acompañó durante un rato esa mañana, encargándose de recoger las piezas de caza, así como a la declaración del agente de los Mossos d'Esquadra con TIP NUM006 , encargado de recoger los indicios que pudieran aparecer en el arma, que halló restos de sangre en ésta, si bien pudo determinarse a posteriori que no se trataba de sangre humana.
En otro orden de cosas, el Jurado declaró probado que ese mismo día el acusado desarrolló la actividad de caza en dicho coto privado con un arma larga reglamentada, concretamente, una escopeta marca "Benelli", modelo "Raffaello", con número de serie NUM005 , con sistema semiautomático de tiro, de percusión central, con una capacidad de disparo de dos cartuchos y uno más en la recámara del calibre 12/76, para cuya tenencia y uso se requiere una licencia de armas tipo E, de la que el acusado carecía porque la tenía caducada desde el día 17 de noviembre de 2016; todo ello deriva del propio reconocimiento efectuado por el propio acusado, de la declaración del agente de los Mossos d'Esquadra con TIP NUM007 , quien indicó que efectivamente esa arma requiere una licencia de armas tipo E, y de la documentación obrante en las actuaciones, concretamente, la licencia de caza (folio 163), en cuyo reverso puede comprobarse que el acusado tenía caducada en concreta esa licencia; además los agentes de los Mossos d'Esquadra con TIP NUM008 y NUM009 , autores del informe pericial de balística, estudiaron el arma, los cartuchos y las vainas y perdigones que les remitieron, después de recogerlos del lugar de los hechos, y pudieron comprobar que todas las vainas habían sido disparadas por la escopeta que llevaba el acusado.
Según también consideró probado el Jurado, el acusado Epifanio pudo disponer ese día de la escopeta, a pesar de que tenía caducada la licencia requerida para su tenencia y uso, porque después de recibir una comunicación de la Guardia Civil que le conminaba a depositar el arma en sus dependencias en el plazo de 24 horas, según reconoció, habló con el otro acusado, Gregorio , para poner a su nombre la guía de pertenencia de dicha arma, evitando así su depósito; por su parte, Gregorio reconoció también haber aceptado que Epifanio pusiera a su nombre el arma y si bien inicialmente manifestó desconocer el motivo, después indicó que fue porque a Epifanio le habían retirado la licencia, lo que evidencia que tenía conocimiento de que Epifanio tenía caducada la licencia de armas obligatoria para la tenencia de dicha escopeta, máxime cuando incluso el propio acusado Gregorio expuso en el juicio que la escopeta se la entregó directamente la Guardia Civil, es decir, que necesariamente debía conocer la obligación que tenía Epifanio de depositar el arma en las dependencias de dicho cuerpo policial y el motivo; por otro lado, si bien ambos acusados expusieron que la escopeta la tuvo en todo momento Gregorio , que supuestamente se la guardaba a Epifanio , y que se la dejó en el coche de éste cuando fueron a cazar unos días antes de los hechos que nos ocupan, lo cierto es que Epifanio tenía plena disponibilidad de la escopeta con la que cometió los hechos que ahora nos ocupan, pues además llevaba también encima la guía de pertenencia del arma, a nombre de Gregorio , cuando éste ni siquiera se desplazó a Aspa ese día para cazar; por ello no resultaron convincentes para el Jurado las explicaciones que los acusados dieron sobre el motivo por el que, si ciertamente Gregorio se dejó la escopeta unos días antes de los hechos en el vehículo de Epifanio , después de que ambos fueran a caza, aquél no la recuperó inmediatamente o al cabo de unos días cuando resulta que residen en poblaciones muy próximas; todo ello evidencia que realmente la escopeta la tenía Epifanio y que sin la intervención del acusado Gregorio , que se prestó a figurar como titular de la escopeta en la guía de pertenencia del arma, con pleno conocimiento de que lo hacía para evitar que Epifanio tuviera que depositar el arma en las dependencias de la Guardia Civil con motivo de la caducidad de su licencia tipo E, éste no hubiera podido tener a su entera disposición la escopeta con la que cometió los hechos enjuiciados, máxime cuando consta que no la tuvo sólo el día de los hechos sino durante varios días antes, tal como ambos vinieron a reconocer, disponiendo igualmente de la guía de pertenencia del arma, cuando ni siquiera Gregorio estaba presente en el día de los hechos.
Así pues, Epifanio se encontraba la mañana del día 21 de enero de 2017 cazando en el coto privado de Aspa sin la autorización requerida del titular y con una escopeta para cuya tenencia y uso carecía de licencia, porque la tenía caducada desde hacía dos meses, siendo el titular formal del arma el otro acusado, que no estaba presente; además Epifanio ya había sido sancionado en dos ocasiones por motivos relacionados con la actividad de caza, en una ocasión por circular por un camino público con la escopeta cargada y dispuesta para disparar y en otra por cazar una especia de fauna salvaje protegida, en este último caso a raíz de una denuncia interpuesta por Agentes Rurales, según deriva de la documentación obrante en las actuaciones y del propio reconocimiento del acusado.
También declaró debidamente acreditado el Jurado que, fue aproximadamente a las 10.50 horas de ese día, cuando llegaron al lugar en el que Ismael se encontraba cazando, Aureliano y Jesús Carlos , reconociendo el acusado en el juicio que se presentaron como Agentes Rurales y le pidieron que descargara el arma, como suele ser habitual, según manifestó uno de los que acompañaban ese día en la actividad de caza, Justo ; el acusado en el propio acto del juicio oral manifestó sin embargo con posterioridad que él recordaba que se trataba de agentes del Seprona, pero lo cierto que no sólo expuso anteriormente que se trataba de agentes rurales sino que incluso dijo que cuando se giró pudo ver los escudos de sus uniformes, que necesariamente debe conocer pues llevaba varios años ejerciendo la caza; a ello debe añadirse además que en su llamada posterior al servicio de emergencias 112 manifestó expresamente que eran agentes rurales; en cualquier caso se trataba de agentes de la autoridad.
Igualmente declaró probado el Jurado que los agentes que se aproximaron al acusado Epifanio iban debidamente uniformados, tal como puede comprobarse en las fotografías efectuadas por los Mossos d'Esquadra de los cuerpos de los fallecidos en el lugar de los hechos, y estaban en el ejercicio de sus funciones, lo que el acusado pudo advertir plenamente, pues no sólo iban uniformados sino que incluso reconoció que se presentaron como agentes rurales pidiéndole que descargara el arma.
El acusado Epifanio reconoció igualmente que, en el momento en que los Agentes Rurales se acercaron estando él de espaldas, presentándose y pidiéndole que descargara el arma, él se asustó y, sin saber por qué les disparó, lo que recuerda es verlos en el suelo y marcharse al lugar en el que estaba estacionado el vehículo en el que había llegado al coto de caza, donde explicó inicialmente a David que había disparado a dos personas, aunque no sabía si estaban o no vivos, comunicándoselo seguidamente a sus otros acompañantes y procediendo a llamar al servicio de emergencias 112 al cabo de unos cuarenta minutos cuando llegó el último de ellos, Damaso.
Sobre el reconocimiento de los hechos, dice la STS núm. 512/2017, de 5 de julio , con cita de la STS de 27 de noviembre de 2007 , que según doctrina reiterada y constante la confesión obtenida con las debidas garantías legales constituye prueba idónea y suficiente para estimar enervada la presunción de inocencia, a lo que sigue diciendo que "es cierto que son numerosas las sentencias en la que el Tribunal Supremo exige la necesidad de practicar otras pruebas distintas de la confesión que corroboren la veracidad de la misma ( STS. 26.12.89 ), pero ello no significa que la confesión por sí sola carezca de valor probatorio y que deba acreditarse por medio de otras pruebas distintas. Es significativa al respecto la STS. 18.1.89 , que distingue entre la prueba de la existencia del delito (cuerpo del delito), y la prueba de la autoría y en la que se afirma expresamente que "si la Ley impone al Juez el deber de verificar la existencia del delito confesado para adquirir la convicción respecto de la verdad de la confesión, es porque sola (la confesión) no es prueba suficiente de la existencia misma del delito. (.). El art. 406 LECrim . exige distinguir entre la prueba de la existencia del delito (cuerpo del delito) y de la prueba de la autoría. Solo la primera no puede ser probada exclusivamente por la confesión. Con respecto a la autoría, por el contrario, la confesión es por sí misma suficiente". Igualmente la STS. 20.12.91 recuerda cierto que el art. 406 LECrim . establece que la mera confesión del procesado no dispensará al Juez Instructor de practicar todas las diligencias necesarias para adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito", pero la STS. 30.4.90 precisa el valor pleno de las declaraciones de los acusados, acreditada la existencia del delito o falta, la confesión del acusado puede ser prueba suficiente de su autoría. En efecto el art. 406 LECrim . no puede ser interpretado como una negación del carácter del medio de prueba que a la confesión indudablemente corresponde, sino como una afirmación del mismo. Por tanto, la confesión, en un correcto entendimiento de dicho precepto, no será idónea, en principio para probar el cuerpo del delito que no consta por otros medios de prueba. Pero constando el cuerpo del delito, la confesión puede, por sí misma, ser prueba suficiente de la autoría."

En este caso, el acusado Ismael confesó haber disparado a los agentes rurales, manifestando que no sabía por qué lo hizo, hallándose los cuerpos de los agentes en el lugar de los hechos; además las declaraciones testificales de las personas que acompañaban ese día al citado acusado ponen de manifiesto que inmediatamente, nada más llegar al vehículo, comunicó a David que había disparado a dos agentes rurales, de modo que éste fue a buscar a su padre, Cornelio , procediendo el acusado a decirles que les había disparado y que estaban muertos, extremo sobre el que insistieron, respondiéndoles el acusado que les había disparado en la cabeza; no fue hasta que llegó el último de sus acompañantes, Damaso , que tardó en llegar al vehículo unos cuarenta minutos aproximadamente, según expuso en el juicio, cuando el acusado Epifanio llamó al servicio de emergencias 112, constando en las actuaciones la grabación de dicha llamada, durante la que el acusado, después de indicar el lugar en el que se encontraba e identifcarse, manifestó que los agentes rurales estaban muertos y que había sido él.
Por su parte, el agente de los Mossos d'Esquadra con TIP NUM010 manifestó en el juicio que les avisaron desde la Sala de que había llamado una persona para decir que había matados a dos personas, de modo que se dirigieron a Aspa y durante el trayecto llamaron al acusado, quien les manifestó que había matado a dos personas, recalcando el acompañante con el que también habló por teléfono que el acusado les había dicho que estaban muertos.
Además, según los agentes de los Mossos d'Esquadra con TIP NUM008 y NUM009 , autores del informe pericial de balística, que estudiaron el arma, los cartuchos y las vainas y perdigones que les remitieron los agentes policiales encargados de la inspección ocular, después de recogerlos del lugar de los hechos, pudieron comprobar que todas las vainas encontradas habían sido disparadas por la escopeta que llevaba el acusado.
Todo ello evidencia sin género de dudas que, según declaró probado el Jurado por unanimidad, el acusado disparó a los agentes rurales, siendo su motivación suficiente, tratándose además de un hecho que no fue objeto de controversia, por cuanto el acusado y su defensa siempre han venido admitiendo tal extremo.
Pero es que dicho reconocimiento de los hechos por el acusado, viene además corroborado por el resto de la prueba practicada en el plenario, debidamente valorada por el Jurado.
Por su parte, los Médicos Forenses encargados de realizar las autopsias expusieron en el acto del juicio oral que Aureliano recibió un primer disparo que impactó en el antebrazo derecho y en la cara, lo que sugería que había puesto el brazo delante de la cara porque intuyó que le iban a disparar y un segundo disparo que entró por la parte retroauricular izquierda, atravesó la base del cráneo y salió por la zona cervical, lo que evidenciaba que ese disparo fue efectuado cuando la persona ya estaba en el suelo, según la trayectoria del proyectil; que éste último fue el segundo disparo lo confirmaba el hecho de que era mortal de necesidad y resultaba imposible que después hubiera levantado un brazo, expusieron igualmente los citados Médicos Forenses; concluyeron por todo ello que Aureliano presentaba heridas por arma de fuego en la zona cervical, cara y muñeca derecha, sufriendo fractura mandibular, fractura de la base del cráneo, lesión encefálica y fractura de vértebras cervicales, falleciendo como consecuencia de la destrucción de centros vitales por arma de fuego, tratándose de una muerte violenta de etiología médico-legal homicida.
Y relación a Jesús Carlos manifestaron los Médicos Forenses que presentaba una herida a nivel de la zona parietal posterior derecha y una herida en región paraesternal derecha, es decir, que recibió también dos disparos, tratándose en ambos casos de lesiones vitales; concretamente, expusieron que el disparo que impactó en la zona pectoral fue el realizado a más distancia, por lo que sería el primero, atravesó el esternón y produjo el estallido del corazón, y que el segundo disparo el efectuado a menos distancia, impactando en la cabeza, por todo lo que concluyeron que la víctima falleció a consecuencia de la destrucción de centros vitales por disparo de arma de fuego.
Para alcanzar dichas conclusiones, los Médicos Forenses analizaron el resultado de los distintos informes elaborados por la Sección de Histopatología y los Servicios de Criminalística, Química y Biología del Instituto de Toxicología, concluyendo, según manifestaron igualmente en el acto del juicio oral los facultativos núm. NUM011 y NUM012 , autores del informe de criminalística, que Aureliano recibió un disparo a una distancia de entre 3 y 6 metros y otro a una distancia entre 2 y 3 metros y Jesús Carlos recibió un disparo a una distancia de entre 3 y 4 metros y medio y otro a una distancia de 1,2 metros, y así lo declaró probado el Jurado; todo ello sugiere, tal como expusieron los Médicos Forenses, que el acusado disparó un primer tiro a cada uno de los agentes, siendo en ambos casos mortales, pues impactaron en el antebrazo y la cara de uno de ellos y en la zona pectoral del otro, después se acercó y volvió a disparar una vez a cada uno de ellos, a uno en la cabeza y a otro en la zona cervical, afectando a la base del cráneo, causándoles heridas mortales de necesidad.
Tales conclusiones médico-legales ponen asimismo de manifiesto, tal como declaró probado el Jurado, que se trató de disparos certeros, tal como también expuso igualmente el Subinspector de los Mossos d'Esquadra, TIP NUM013 , que impactaron en zonas vitales, lo que evidencia el ánimo de causar la muerte a los agentes, corroborado además porque el acusado se acercó y disparó por segunda vez a ambos, cuando ya estaban en el suelo, además en zonas vitales.
Asimismo, declaró probado el Jurado, teniendo en cuenta la declaración del Subinspector de los Mossos d'Esquadra, TIP NUM013 y la prueba pericial balística, ya antes referenciada, que el acusado, para efectuar los dos disparos a cada agente, el segundo de ellos a menor distancia que el primero, tuvo necesariamente que recargar el arma, pues ésta sólo admite dos cartuchos y uno más en la recámara.
Acreditada la autoría del acusado Epifanio en relación a la muerte homicida de los agentes rurales, el Jurado también consideró probado que actuó de forma sorpresiva y que las víctimas no tuvieron posibilidad de defenderse; así deriva inicialmente de la propia declaración del acusado, al confesar que escuchó que los agentes se presentaban como tales y le pedían que descargara el arma y, en ese momento, él se giró y les disparó, impactando los dos primeros disparos ya en zonas vitales; además, en contra de lo que el acusado sostuvo en el acto del juicio oral, al indicar que se asustó ante las voces de los agentes rurales porque no lo se esperaba y por ello se giró y les disparó, lo que además carece de toda lógica, pues el comportamiento de los agentes rurales que se expuso por el acusado se ajustó a su procedimiento rutinario, el acusado ya había advertido la presencia de los agentes desde que éstos aún se encontraban en el bancal situado encima del lugar en el que él se hallaba, y así lo explicó en la reconstrucción de los hechos que fue visionada en el acto del juicio oral; es decir, que la llegada de los agentes rurales no fue sorpresiva para el acusado sino que ya pudo advertir su presencia cuando aún estaban en el desnivel superior a su posición, procediendo a dispararles inmediatamente después, pues muestran las fotografías del lugar de los hechos efectuadas por los Mossos d'Esquadra que los cuerpos de los agentes fallecidos se encontraban muy próximos al citado desnivel; asimismo, tal como declaró probado el Jurado, el acusado, que lleva cazando desde los 18 años, necesariamente debía conocer que los Agentes Rurales no llevan armas en el desempeño de su labor, exponiendo dos de los cazadores que le acompañaban ese día, Horacio y Justo , que era algo notorio para los cazadores habituales como el acusado, lo que evidencia que las víctimas no tuvieron posibilidad alguna de defenderse, máxime tratándose de unos disparos certeros y precisos, tal como anteriormente hemos expuesto, que afectaron inicialmente a zonas vitales; y finalmente, abunda en la idea de que el acusado disparó de forma sorpresiva a los agentes, de modo que éstos no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse, que no pudieron siquiera activar la alarma de sus "walkie-talkies", para lo que simplemente debían presionar un botón en apenas un segundo, tal como declaró probado el Jurado atendiendo a la declaración del Subinspector de los Mossos d'Esquadra, TIP NUM013 , quien indicó que corroboraron con el Cuerpo de Agentes Rurales que los agentes fallecidos no habían activado la alarma ese día.
Así pues, podemos concluir que el acusado Epifanio disparó de forma sorpresiva e imprevista a los agentes rurales, justo después de que éstos se presentaran como tales, primero un disparo a cada uno de ellos, que impactaron en ya zonas vitales y causaron heridas mortales, sin que tuvieran ninguna posibilidad de defenderse, pues el acusado además estaba a unos metros y no llevaban armas, no pudiendo siquiera activar el botón de alarma del "walkie-talkie", procediendo seguidamente el acusado a acercarse y a disparar un segundo tiro, a uno de ellos en la cabeza y al otro en la zona cervical, asegurándose así su fallecimiento; y además todo ello lo hizo siendo perfectamente consciente de que se trataba de agentes de la autoridad, pues iban uniformados y se presentaron como tales, con evidente ánimo de menoscabar el principio de autoridad, pues el acusado había sido anteriormente sancionado por dicho cuerpo por infracciones de caza, y además tenía la licencia de caza caducada y carecía de permiso para cazar en ese coto privado.
Así pues, todos estos hechos que el Jurado declaró probados han resultado debidamente acreditados a través de la prueba desplegada en el acto del juicio oral.
TERCERO.- Los hechos declarados probados por el Jurado constituyen en primer lugar dos delitos de asesinato, previstos y penados en el artículo 139.1.1ª del Código Penal.
En primer lugar, el delito de homicidio requiere los siguientes presupuestos: 1º) la destrucción de una vida humana mediante la actividad del sujeto activo, 2º) la existencia de una relación de causalidad entre conducta y resultado y, 3º) la presencia de un dolo de muerte, tanto directo, determinado o indeterminado, como eventual.
Y en segundo lugar, en relación a la alevosía como circunstancia que transmuta el homicidio en asesinato, como dice la STS núm. 183/2018, de 17 de abril , "sobre la apreciación de la alevosía se ha pronunciado este Tribunal Supremo (entre otras en Sentencia 775/2017 de 30 Nov. 2017, Rec. 10425/2017 ) señalando que "conviene recordar que el art. 22.1ª del C. Penal dispone que la alevosía concurre "cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido".
Partiendo de esa definición legal, la jurisprudencia de esta Sala viene exigiendo los siguientes elementos para apreciar la alevosía: 1. En primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un delito contra las personas, 2. En segundo lugar, como requisito objetivo que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. 3. En tercer lugar, en el ámbito subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél; y 4. En cuarto lugar, que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades ( SSTS 907/2008, de 18-12 ; 25/2009, de 22-1 ; 37/2009, de 22-1 ; 172/2009, de 24-2 ; 371/2009, de 18-3 ; 541/2012, de 26-6 ; y 66/2013 , de 25- 1)".
En lo concerciente a las modalidades de la alevosía, dice la misma STS citada, por lo que ahora nos interesa, que la alevosía sorpresiva viene caracterizada por el ataque súbito, inesperado, repentino e imprevisto, añadiendo la STS de 19 de octubre de 2001 que "en estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible."

En estos casos, hay una mayor peligrosidad y culpabilidad en el autor del hecho, que revela con estos comportamientos un ánimo particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero (elemento subjetivo) y también una mayor antijuricidad por estimarse más graves y más lesivas para la sociedad este tipo de conductas en que no hay riesgo para quien delinque (fundamento objetivo).
Además, como dice la STS de 14 de julio de 2014 , "para apreciar la alevosía que convierte en asesinado el homicidio hay que atender al marco global de la acción. La alevosía, es decir la elección de un medio o forma de ejecución que tienda directamente a eliminar las posibilidades de defensa, ha de referirse a la agresión contemplada como un todo y no a sus últimos eslabones; ha de valorarse el episodio en su conjunto y no solo en los avatares que preceden inmediatamente a la muerte de la víctima, dado que la experiencia nos indica que no es frecuente que los asesinatos se ejecuten ante testigos. Por ello, es necesario valorar el conjunto de la acción, y de un modo muy especial, la preparación por el acusado de la acción agresiva para constatar si éste ha organizado su actuación escogiendo expresamente medios que tiendan directa y especialmente a asegurar el resultado perseguido, eliminando las posibilidades de defensa de la víctima."

Y finalmente, como dice la STS núm. 165/2017, de 14 de marzo , "en efecto la doctrina de esta Sala señala que en la indefensión es de apreciar no sólo cuando el ataque ha sido súbito e inesperado, sino también, siempre que en la situación concreta el sujeto pasivo no haya podido oponer una resistencia mínimamente eficaz de la que pudiera surgir algún riesgo para el agresor. Por eso, la defensa que ha de confrontarse para evaluar el grado de desvalimiento del ofendido, no es la meramente pasiva, como huir o esconderse del atacante, sino la activa que procede de los medios defensivos con los que cuente ( SSTS 316/2012 de 30 de abril , 25/2009, de 22 de enero ), de suerte que la eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima, ha de ser considerada desde la perspectiva de su real eficacia, siendo compatible la alevosía con intentos defensivos nacidos del propio instinto de conservación pero sin eficacia verdadera contra el agresor y la acción homicida."

Aplicando toda esta doctrina jurisprudencial al supuesto que ahora nos ocupa, como ya hemos adelantado, nos encontramos ante dos delitos de asesinato, partiendo inicialmente de que el acusado Epifanio causó la muerte de los dos agentes rurales como consecuencia de una acción desplegada con un evidente ánimo de matar, pues les disparó con una escopeta una primera vez a cada uno de ellos, impactándoles ya en zonas vitales y causándoles heridas mortales, procediendo seguidamente a acercarse a ellos y a dispararles por segunda vez, después de recargar el arma, a uno de ellos en la cabeza y al otro en la zona cervical afectando a la base del cráneo; resulta por ello evidente la concurrencia tanto del "animus necandi" o intención específica de causar la muerte de una persona como del "dolo homicida" de carácter directo, como dice la STS núm. 12/2019, de 17 de enero , también denominado de "primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva.", el cual, también indica la citada sentencia, "por pertenecer a la esfera íntima del sujeto, solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho", siendo así que en este caso las circunstancias concurrentes en la acción homicida evidencian la concurrencia de dicho dolo directo, pues el acusado, sabedor de que estaba cazando sin el permiso específico del coto privado y con la licencia del arma caducada, cuando están llegando a su posición los agentes rurales, les dispara con una escopeta que por sus características resulta totalmente idónea para matar, y además, les apunta con tanta precisión que ya inicialmente les alcanza en zonas vitales, acercándose y disparándoles en la cabeza y en la base del cráneo, asegurándose su muerte y marchándose inmediatamente del lugar; ninguna duda cabe por tanto de que se trató de dos homicidios, tal como el Jurado declaró probado, siendo igualmente reconocido por la defensa del acusado en sus conclusiones definitivas, aunque después sostenga como veremos que tenía sus facultades intelectivas y volitivas anuladas.
Acreditados los elementos típicos del homicidio, las circunstancias en las que se produjo la agresión y su mecánica comisiva encajan perfectamente en la alevosía sorpresiva, pues el acusado Epifanio , encontrándose desarrollando la actividad de caza con una escopeta, advirtió la presencia de los agentes rurales cuando se acercaban hacia él en un campo de olivos, mientras se presentaban como tales y le pedían que descargara el arma, y procedió a dispararles de forma totalmente sorpresiva y súbita, cuando estaban a unos 3 ó 4 metros de él, impactando los disparos en zonas vitales, lo que eliminó absolutamente las posibilidades de defensa de las víctimas, que no podían esperarse una conducta tan inesperada, cuando ellos se limitaban a realizar su función sin ninguna circunstancia extraña que pudieran advertir, ni podían huir ni contaban con medios para su defensa, pues ni siquiera pudieron activar el botón de alarma del "walkie-talkie", lo que les hubiera llevado apenas un segundo, siendo el acusado perfectamente consciente de que eran agentes rurales y de que no utilizan armas cuando prestan servicio, de modo que se aseguró así plenamente el resultado, hasta el punto de que, tras los primeros disparos, volvió a disparar a los agentes, cuando éstos ya estaban en el suelo, para lo que tuvo que recargar el arma, que sólo admite tres cartuchos.
Así pues, el ataque no sólo fue traicionero y sorpresivo sino también completamente inesperado para las víctimas, que no tuvieron ninguna oportunidad de oponer una resistencia eficaz al ataque, lo que en palabras de la citada STS núm. 175/2017 , ocurre por regla general cuando el atacante está armado y el sujeto pasivo está desarmado.
Por último, el Jurado no declaró probado que el acusado Epifanio hubiera cometido los dos delitos de asesinato para evitar que fueran descubiertos los delitos de tenencia ilícita de armas y contra la fauna, estimando que sólo él sabe por qué lo hizo.
Además, los hechos constituyen un delito de atentado a los agentes de la autoridad, previsto y penado en los artículos 550.1 y 2 y 551.1º del Código Penal , debido a que los agentes rurales estaban realizando las funciones propias de su cargo, debidamente uniformados, de lo que el acusado era perfectamente consciente, pues no sólo manifestó que se presentaron como tales agentes rurales y le pidieron que descargara el arma, sino que pudo advertir perfectamente que iban uniformados, pudiendo incluso ver el escudo de sus uniformes antes de dispararles.
De conformidad con el artículo 550.1 del Código Penal , "son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas."

Como se extrae de la doctrina jurisprudencial ( SSTS 1010/2009, de 27 de octubre y 265/2007 de 9 de abril ), "los elementos objetivos y subjetivos de este delito están perfilados por la doctrina debiendo destacarse, respecto de los primeros, el carácter de autoridad, agente de la misma o funcionario público en el sujeto pasivo, que se halle en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, y "un acto típico constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave. Acometer equivale a agredir y basta con que tal conducta se dé con una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad, (a sus agentes o a los funcionarios), advirtiendo la jurisprudencia que el atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llega a consumarse. Lo esencial es la embestida o ataque violento; desde el punto de vista subjetivo, deben concurrir el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad y el conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo.
En el presente caso, ninguna duda cabe de la concurrencia de todos los elementos típicos del delito de atentado, pues las víctimas se encontraban en el ejercicio de sus funciones, debidamente uniformados, de lo que el acusado era perfectamente consciente, pues reconoció que se presentaron como tales agentes rurales, pidiéndole que descargara el arma, e incluso pudo ver el escudo del uniforme, procediendo a dispararles de forma súbita e inesperada, con un evidente ánimo de menoscabar el principio de autoridad, pues se trató de una conducta directamente relacionada con la labor de los agentes rurales como agentes de la autoridad, encargados de velar por el desarrollo correcto de la actividad de caza, constando que el acusado tenía caducada la licencia de armas necesaria para detentar la escopeta que llevaba y que ni siquiera tenía permiso del titular del coto privado, todo lo que ha sido declarado probado por el Jurado y constituye la agresión que integra una de las acciones típicas previstas en el artículo 550.1 del Código Penal.
Además, según sostienen todas las acusaciones, concurre la agravación específica prevista en el artículo 551.1º del Código Penal , que obliga a imponer la pena superior en grado cuando el atentado se cometa haciendo uso de armas, constando acreditado en este caso que el acusado hizo uso de una escopeta para desplegar su agresión contra los agentes de la autoridad; no obstante, la misma circunstancia de uso de armas no puede servir, so pena de incurrir en una infracción del principio "non bis in idem", para integrar la agravación específica prevista en el apartado 2º del citado artículo 551 del Código Penal , cuya concurrencia sostienen alguna de las acusaciones, es decir, "cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos."

Por otro lado, según expusimos en la SAP Lleida núm. 66/2014, de 3 de marzo , cuando nos encontramos ante una unidad de acción en el acometimiento de dos agentes de la autoridad, como ocurre en este caso, lo correcto es penar por un solo delito de atentado, indicando la STS de 19 de abril de 2011 , que cita dicha sentencia, que "en estos casos el número de víctimas no supone una pluralidad de atentados, sino una sola infracción, porque el bien jurídico es uno y único, aunque sean varios los agentes afectados."

Finalmente, concurre entre los delitos de asesinato y el delito de atentado a los agentes de la autoridad un concurso ideal del artículo 77.1 del Código Penal , pues un solo hecho, disparar a los agentes de la autoridad, constituye dos delitos distintos, asesinato y atentado; así lo apreció la STS núm. 183/2018, de 17 de abril.
Concurre además un delito de tenencia ilícita de armas, previsto y penado en el artículo 564.1 2º del Código Penal.
En la sentencia del Tribunal Supremo núm. 200/08 de 11 de abril , recogiendo el criterio ya asentado en la Sala, se configura dicho delito señalando:

a) El elemento dinámico estriba en la mera posesión, bastando una relación entre la persona y el arma que permite una disponibilidad de ésta y su utilización a la libre voluntad del agente para los fines propios de tal instrumento. La tenencia debe superar lo que es un pasajero contacto, a efectos de examen, o la ocupación fugaz propia de un servidor de la posesión, como sucede en el caso de reparador o transmisor. Puede distinguirse en la posesión el componente físico o "corpus possessionis" y el subjetivo o "animus possidendi" o "detinuendi", sin que sea exigible el "animus domini" o "rem sibi habendi".
b) El elemento material u objetivo consistirá en el arma de fuego, caracterizado como instrumento apto para disparar proyectiles, mediante la deflagración de la pólvora. Requisito necesario del elemento es que el arma se halle en condiciones de funcionamiento, no apreciándose tal capacidad en aquellas armas que por su antigüedad, ausencia de piezas fundamentales o cualquier otra causa, carecen de aptitud para disparar proyectiles. Se ha estimado que el arma funciona si puede hacer fuego o ser puesta en condiciones de hacerlo. La idoneidad del arma para el disparo permite que el peligro abstracto que comporta el arma se traduzca en peligro concreto y es elemento fáctico esencial que debe ser acreditado por la Acusación.
c) El elemento jurídico extrapenal consistirá en la falta de habilitación administrativa de la posesión del arma; y

d) El elemento subjetivo estribará en el conocimiento de que el arma poseída es de fuego, con idoneidad para disparar y de que no puede poseerse lícitamente sin guía de pertenencia y licencia de armas."

El acusado Epifanio reconoció estar en posesión de un arma de fuego reglamentada, con la que cometió los hechos, reconocimiento que ha sido valorado así por el Jurado; así pues, el acusado Epifanio desarrolló la actividad de caza con una escopeta marca "Benelli", modelo "Raffaello", con número de serie NUM005 , con sistema semiautomático de tiro, de percusión central, con una capacidad de disparo de dos cartuchos y uno más en la recámara del calibre 12/76, catalogada como arma larga reglamentada, para cuya tenencia y uso se requiere una licencia de armas tipo E, de la que el acusado carecía porque la tenía caducada desde el día 17 de noviembre de 2016, llevando además la guía de pertenencia de dicha arma no a su nombre sino al del otro acusado; el hecho de que el acusado hubiera solicitado la renovación de esta licencia con anterioridad a la comisión de los hechos que nos ocupan, tal como deriva de la documentación obrante en las actuaciones (folios 168 y 171) no hace desaparecer el delito pues la licencia estaba caducada y no había sido autorizado provisionalmente a usarla.
Por tanto, es claro que el acusado tenía disponibilidad del arma en cuestión, sin disponer de licencia para ello, pues la tenía caducada, discutiendo únicamente su defensa si estar en posesión del arma con la licencia requerida caducada constituye el delito por el que se ejercita acusación.
La conducta atribuida al acusado, según se acaba de exponer, es penalmente típica, en contra de lo que sostuvieron las defensas de ambos acusados, y así deriva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues dice al respecto la STS núm. 474/2004, de 13 de abril , que "conforme al criterio de la tenencia lícita, cometería delito quien, aún teniendo derecho a la concesión del permiso, no hubiere obtenido previamente la autorización requerida ( STS 28-9-1950 ). Igualmente quien sigue detentando el arma una vez caducada la licencia o guía, salvo que solicitada nueva concesión, se hubiere autorizado temporalmente su uso."

Por su parte, la STS núm. 556/2006, de 31 de mayo , indica que "sólo cabrá añadir, puesto que pone su acento el recurrente en que el tema de la caducidad de las licencias sería meramente administrativo y no estaría encuadrado en ningún tipo penal, que como recordábamos en nuestra STS de 13-4-2004, nº 474/2004 , "el tipo objetivo comprendido en el art. 564 CP requiere, además de la tenencia de armas de fuego reglamentadas, que la tenencia sea ilícita, esto es, que el tenedor carezca de las licencias o permisos necesarios. Conforme a la técnica típica utilizada, cualquier autorización de la que dependa la legalidad de la tenencia y uso condiciona prima facie su relevancia penal, sin perjuicio de las matizaciones que se efectúen. Por ello, quien sigue detentando el arma una vez caducada la licencia o guía, salvo que, solicitada nueva concesión, se hubiere autorizado temporalmente su uso, comete el delito"; en igual sentido, la STS núm. 196/2015, de 6 de abril , que contempla un supuesto en el que la licencia de armas también estaba caducada.
Finalmente, en relación al acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de fecha 25 de noviembre de 2008, que fue alegado por la defensa de uno de los acusados para sostener la atipicidad de la conducta de tenencia ilícita de armas, no resulta aplicable al presente supuesto, pues nos encontramos ante la circunstancia de que el acusado Epifanio tenía la licencia de armas tipo E caducada, y el supuesto de atipicidad que contempla el citado acuerdo es aquél en que falta la guía de pertenencia del arma pero se dispone de licencia o permiso, máxime cuando incluso consta que la guía de pertenencia del arma no estaba a nombre de dicho acusado sino del otro.
Por otro lado, existiendo delito de tenencia ilícita de armas, del que es autor el acusado Epifanio , el también acusado, Gregorio , es cooperador necesario en dicho delito.
Como dice la STS núm. 174/2015, de 14 de mayo , "la doctrina y la jurisprudencia han exigido en el cooperador un doble dolo. Debe abarcar, de un lado, el hecho que realiza, o que va a realizar, el autor, cuyo propósito debe conocer en sus aspectos esenciales, y de otro, que su aportación supone una colaboración, lo que implica que el cooperador ha de conocer la finalidad con la que aquélla va a ser utilizada por el autor, siendo consciente de que con ella se facilita de alguna forma relevante la ejecución de aquel hecho, al menos mínimamente determinado. Se ha admitido que, en este sentido, es bastante el dolo eventual, de forma que no es preciso que el cooperador oriente su conducta de modo directo a la facilitación del hecho del autor principal cuyo propósito de ejecución conoce.
(...) Cuando se trata de un cooperador, el dolo eventual deberá manifestarse en el conocimiento, de un lado, de la probable intención del autor principal, y además, de otro lado, en el de las probables consecuencias de su aportación respecto a la ejecución por el autor principal de un hecho mínimamente determinado. Es esta identificación del hecho del autor, directamente relacionada con la aportación del cooperador, lo que permite considerar que se trata de peligro concreto. Por lo tanto, el cooperador debe conocer que existe el peligro concreto de realización del tipo por parte del autor principal, y que su aportación significa un incremento de tal riesgo. La importancia de su aportación, reflejada en el nivel de incremento del riesgo, determinará la imputación como cooperador necesario o, en un estrato inferior, como cómplice."

En el supuesto que ahora nos ocupa, la conducta desplegada por el acusado Gregorio encaja a la perfección en la cooperación necesaria pues, como declaró probado el Jurado, tenía perfecto conocimiento de que Epifanio carecía de la licencia de armas tipo E, y a pesar de ello, consintió que éste pusiera a su nombre el arma con la finalidad de evitar que la tuviera que depositar en las dependencias de la Guardia Civil y poder así seguir utilizándola, pues realmente el arma siguió a la entera disposición del acusado Epifanio , que la utilizó el día de los hechos que nos ocupan, teniendo en su poder además la guía de pertenencia del arma a nombre de Gregorio , cuando éste ni siquiera acudió ese día a cazar en el coto de Aspa; así pues, el acusado Gregorio conocía que el propósito de Epifanio al ceder la titularidad del arma era tanto evitar su depósito en la Guardia Civil con motivo de la caducidad de su licencia, pues incluso aquél dijo que fue este cuerpo policial el que le entregó el arma, como poder seguir teniendo y utilizando el arma con el beneplácito de su nuevo titular, meramente formal, pues como decimos Epifanio tenía su disposición el arma y la guía de pertenencia el día de los hechos; asimismo Gregorio era consciente de que permitiendo que Epifanio pusiera a su nombre el arma estaba facilitando de forma relevante que éste pudiera seguir teniéndola y utilizándola, como de hecho ocurrió, sabiendo que carecía de la licencia necesaria para hacerlo, es decir, que conocía el propósito del autor principal y también al menos mediante dolo eventual que su conducta incrementaba sustancialmente el peligro concreto de ejecución del hecho delictivo por aquél.
Y finalmente, concurre igualmente un delito contra la fauna, previsto y penado en el artículo 335.2 del Código Penal.
Dice dicho artículo, modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con entrada en vigor en fecha 1 de julio de 2015, que "el que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo."

Con la anterior redacción del citado precepto, dada por la Ley Orgánica núm. 15/2003, de 23 de noviembre, después de que la STC núm. 101/2012, de 8 mayo , declarara inconstitucional la redacción original de este artículo, generaba dudas respecto a las especies que constituían su objeto material y por tanto sobre cuál era el alcance de la conducta típica, pues el artículo 335.2 se remitía a las especies a las que se refería el apartado anterior, que a su vez se remitía a las especies distintas de las indicadas en el artículo anterior (art. 334), es decir, especies amenazas, añadiendo el artículo 335.1, "cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca"; tal situación generó un debate doctrinal, dando lugar a dos interpretaciones distintas, tal como expone la SAP Guadalajara núm. 140/2018, de 21 de septiembre , "para la primera, el objeto protegido por el art. 335.2 se integraba por especies no amenazadas -a las que se refiere el art 334- cuya caza estuviera expresamente prohibida (lo que trasladaba a este precepto el debate abierto con respecto al 335.1, entre quienes entendían que tipificaba la caza de especies absolutamente prohibidas sin posibilidad de autorización, y quienes defendían que lo protegido era la caza de especies en época de veda o cuando su caza estuviera prohibida aunque fuera posible obtener autorización) y, para la segunda, estábamos ante un delito autónomo, cuyo objeto protegido eran las especies no amenazadas, no siendo preciso que su caza estuviera prohibida, siempre que no se contara con la autorización del titular de la explotación cinegética -lo que consagraba el llamado delito de furtivismo-.
Entre las Audiencias Provinciales que excluían del ámbito de aplicación del art. 335.2 la caza sin autorización de especies cinegéticas, pueden citarse, a título de ejemplo, el AAP Toledo, sección 1.ª de 14 de junio de 2007 , las SSAP Madrid, sec. 7.ª n.º 841/2010, de 4 de octubre , Tarragona, secc. 2.ª n.º 26/2010, de 21 de enero y Burgos, sec. 1.ª n.º 259/2009, de 20 de noviembre . En sentido contrario, otras Audiencias consideraban típica tal conducta, y así pueden mencionarse las SSAP Cáceres, secc. 2.ª de 3 de diciembre de 2008 , Badajoz, secc. 1.ª n.º 81/2010, de 6 de julio , Huelva, secc. 2.ª n.º 153/2008, de 14 de diciembre , y Huelva, sec. 2.ª n.º 57/2009, de 14 de abril ."

Ahora bien, todas estas sentencias citadas se refieren a la redacción del precepto anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica núm. 1/2015, de 30 de marzo, pues actualmente el artículo 335.2 del Código Penal , vigente en la fecha de los hechos enjuiciados, contempla la caza de "especies distintas de las indicadas en el artículo anterior", es decir, distintas a las que sean especies protegidas de fauna silvestre; así pues, al no remitirse ahora dicho apartado 2 del artículo 335 al apartado 1 del mismo artículo sino al artículo anterior, no contempla el supuesto de caza de especies no protegidas, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre caza, tal como dice el apartado 1, sino a especies distintas de las protegidas, sin que sea necesario que esté expresamente prohibida su caza por las normas específicas; tal redacción ha venido a resolver la cuestión doctrinal que anteriormente se planteaba, pues engloba todas las especies de animales no protegidas o en peligro de extinción, de modo que actualmente lo que caracteriza al citado artículo 335.2 del Código Penal no es tanto su objeto material, es decir, las especies sobre las que debe recaer la acción típica, pues son todas que no estén protegidas, sin necesidad de que esté expresamente prohibida su caza por las normas específicas, sino que centra su esencia en que la caza se desarrolle en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular; además, ello dota de sentido a la norma concursal que incluye el artículo 335.2 del Código Penal , al indicar que las penas establecidas son compatibles con las que pudieran corresponder, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo, es decir, como señala la SAP Córdoba núm. 183/2018, de 8 de mayo , "del mismo modo y por razones similares, se entiende que también resulta típica la conducta del Art. 335.2, ejercicio de la caza o pesca en terrenos sometidos a régimen cinegético especial sin autorización del titular.
El último inciso del art. 335.2 se considera que es una norma concursal que conlleva la sanción de dos ilícitos distintos y que sería de aplicación cuando no solo se cace o pesque en terrenos sometidos a régimen cinegético especial sin autorización expresa sino cuando además se cacen o pesquen especies a las que se refiere el art. 335.1 del Código Penal .".
En el supuesto que ahora se contempla, están presentes todos y cada uno de los elementos típicos del citado delito previsto en el artículo 335.2 del Código Penal , pues el acusado Epifanio ejerció la actividad de caza, logrando cazar efectivamente algunas piezas que no consta que estén protegidas como fauna silvestre, en un coto privado, sometido a régimen cinegético especial, sin contar con el debido permiso de su titular, que en este caso era el Ayuntamiento de Aspa, como gestor del coto formado por distintas propiedades particulares, pues pese a que reservó por teléfono la autorización con antelación y accedió al establecimiento en el que debía abonarla y recogerla, no llegó a hacerlo, como había hecho en otras ocasiones.
Por todo ello, debemos concluir que concurre prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de los acusados y que las conductas que desplegaron son constitutivas de los delitos por los que se ha mantenido la acusación.
CUARTO.- De los dos delitos de asesinato, en concurso ideal con un delito de atentado a los agentes de la autoridad, el delito de tenencia ilícita de armas y el delito contra la fauna, es autor el acusado Epifanio , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal , al haber intervenido en la ejecución de los hechos libre y voluntariamente, de un modo personal y directo; el acusado Gregorio es cooperador necesario del delito de tenencia ilícita de armas, también de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal.
QUINTO.- Concurre en el acusado Epifanio y en relación a los delitos de asesinato y atentado a los agentes de la autoridad la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de confesión, prevista en el artículo 21.4ª del Código Penal.
El Jurado consideró probado que el acusado Epifanio , antes de saber que la investigación de los hechos se dirigía contra él, realizó una llamada al 112 comunicando que había matado a dos Agentes Rurales y el lugar en el que se encontraba, teniendo en cuenta para ello la propia grabación del contenido de dicha llamada telefónica que fue reproducida en el acto del juicio oral.
Como dice la STS núm. 723/2018, de 23 de enero de 2019 , "la jurisprudencia de este Tribunal (SSTS 683/2007 de 17 de julio ; 755/2008 de 26 de diciembre ; 508/2009 de 13 de mayo ; 1104/2010 de 29 de noviembre ; 318/2014 de 11 de abril ; 541/2015 de 18 de septiembre ; 643/2016 de 14 de julio ; 165/2017 de 14 de marzo ; 240/2017 de 5 de abril , o STS 203/18 de 25 de abril , entre otras) exige como requisitos de la atenuante del artículo 21.4 CP que el sujeto confiese a las autoridades la comisión de un hecho delictivo o su participación en el mismo; que la confesión sea veraz, con exclusión de los supuestos en que se sostenga una versión interesada de carácter exculpatorio que después se revela totalmente falsa; y que la confesión se produzca antes de conocer que el procedimiento, entendiendo por tal también las diligencias policiales de investigación, se dirige contra él, lo que ha de relacionarse con la utilidad de la confesión. Quedan al margen aquellos supuestos en los que la aparente confesión se produzca cuando ya no exista posibilidad de ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento por la autoridad.
Recordaba la STS 427/2017 de 14 de junio , con cita de otros precedentes, que esta atenuante encuentra su justificación en razones de política criminal. Al Estado le interesa que la investigación de los delitos se vea facilitada por la confesión -siempre voluntaria y espontánea- del autor del hecho. Con ello se simplifica el restablecimiento del orden jurídico por aquel que lo ha perturbado, se refuerza el respaldo probatorio de la pretensión acusatoria e incluso se agiliza el ejercicio del ius puniendi.
La atenuante de confesión, superada ya su antigua configuración que la vinculaba al arrepentimiento del culpable, encuentra hoy su fundamento en razones de política criminal, en la medida que ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción de la causa. Además del elemento cronológico, se exige de ella que sea sustancialmente veraz, aunque no una coincidencia total con el hecho probado. (...)"

Concurren sin duda en este caso todos los requisitos que imponen la apreciación de dicha atenuante, tal como entendieron el Ministerio Fiscal y el Letrado de la Generalitat de Catalunya, no así el resto de las acusaciones; el acusado Epifanio , con independencia de que sus compañeros de caza le pidieran que llamara al servicio de emergencias para decir lo que había ocurrido, así como de que lo hiciera o no por arrepentimiento, procedió de forma personal y voluntaria a efectuar una llamada telefónica al 112, unos cuarenta minutos después de ocurrir los hechos, es decir, cuando ni siquiera había sido descubierto el hecho delictivo y por tanto era evidente que la investigación no se dirigía contra él, poniendo en conocimiento tanto el lugar en el que se encontraba y su identidad como lo que había ocurrido, diciendo que había matado a dos agentes rurales, lo que se ajustaba a la realidad, manteniendo dicha confesión en el acto del juicio oral, todo lo que sin duda facilitó la investigación, pues como dijo el Subinspector de los Mossos d'Esquadra, TIP NUM013 , de haberse marchado el acusado Epifanio sin confesar lo ocurrido, aunque hubieran dado con el grupo de cazadores, la investigación habría sido más difícil.
No procede aplicar la atenuante de confesión a los delitos de tenencia ilícita de armas y contra la fauna, pues la confesión no se extendió a los hechos integrantes de estos ilícitos, que surgieron de la investigación policial desplegada y fundamentalmente de la documentación que fue incautada al acusado en el lugar de los hechos.
SEXTO.- En otro orden de cosas, la defensa del acusado Epifanio solicitó la aplicación de una eximente completa o, subsidiariamente incompleta, de la responsabilidad criminal de conformidad con los artículos 20.1 y 21.1 del Código Penal , es decir, sosteniendo que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de una anomalía o alteración psíquica, no pudo comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
Como dice la STS núm. 271/2018, de 6 de junio , "La jurisprudencia de este Tribunal (SSTS 1170/2006 de 24 de noviembre ; 455/2007 de 19 de mayo ; 258/2007 de 19 de julio ; 939/2008 de 26 de diciembre ; 90/2009, de 3 de febrero ;983/2009 de 21 de septiembre ; 914/2009 de 24 de septiembre ; 29/2012 de 18 de enero o 473/2017 de 26 de junio entre otras) tiene reiteradamente declarado, en relación a la apreciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad por afectaciones mentales con reflejo en la capacidad de culpabilidad, que ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que el sistema del Código Penal vigente exige no sólo un diagnóstico que aprecie una anomalía o alteración psíquica como elemento biológico o biopatológico, sino que a él debe añadirse la comprobación de que tal déficit impide al sujeto, o le dificulta en mayor o menor medida, la comprensión de la ilicitud de la conducta o bien la actuación conforme a esa comprensión (elemento psicológico- normativo). La jurisprudencia anterior al vigente Código ya había declarado que no era suficiente con un diagnóstico clínico, pues era precisa una relación entre la enfermedad y la conducta delictiva, "ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo" ( STS 51/2003 de 20 de enero y STS 251/2004, de 26 de febrero ).
En la práctica se analiza y examina el material probatorio atinente al elemento biopatológico, se establece el grado y la intensidad del padecimiento psíquico, y después se extrae operando con tal base biopatológica la conclusión pertinente sobre si el autor de la conducta delictiva actuó en el caso concreto comprendiendo la ilicitud del hecho y con posibilidad de actuar conforme a esa comprensión, o, en su caso, con una comprensión o una capacidad de actuación limitadas o excluidas ( SSTS 914/2009, de 24 de septiembre ; 983/2009 de 21 de septiembre ; 90/2009 de 3 de febrero ; 649/2005 de 23 de mayo ; 314/2005 de 9 de marzo ; 1144/2004 de 11 de octubre ; 1041/2004 de 17 de septiembre ; y 1599/2003 de 24 de noviembre , entre otras muchas). Esta conclusión -expresada con una nueva dicción legal que viene a sustituir a lo que antes, con menor rigor técnico, se cifraba en la merma o anulación de las facultades intelectivas o volitivas- suele estar en relación simétrica directa con el grado de limitación psíquica del sujeto."

Así pues, la aplicación de una eximente completa de alteración mental exige una anulación de la capacidad para comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, mientras que la eximente incompleta precisa de una profunda perturbación de las facultades que sin anularlas limite la imputabilidad por disminuir la capacidad de comprender la ilicitud de los actos o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión. Esta grave disminución de lo que es la esencia de la imputabilidad en que se funda el juicio de culpabilidad, es inexcusable para la exención incompleta ( STS 1252/2009, de 13 de noviembre ).
El Jurado descartó que el acusado padeciera en el momento de los hechos algún tipo de alteración o disfunción psíquica que anulara o disminuyera su capacidad intelectiva y volitiva, y lo hizo acertadamente, ajustándose su decisión a las previsiones jurisprudenciales anteriormente indicadas, ya que no concurre la más mínima prueba objetiva que permita tener por acreditado el sustrato fáctico sobre el que se pretende por la defensa sostener una exención o una atenuación de la responsabilidad criminal.
Inicialmente es preciso tomar en consideración que en la fase de instrucción, que duró casi dos años, no se practicó ningún informe pericial sobre si el acusado Epifanio presentaba algún tipo de patología psíquica, pues en principio nada apuntaba a dicha posibilidad, constando únicamente el dictamen del neurólogo doctor Fausto sobre un electroencefalograma efectuado al acusado, que no lo diagnostica de ninguna enfermedad porque, aún presentando ondas epileptiformes en dicha prueba, desconocía si presentaba clínica compatible con epilepsia, todo lo que será analizado seguidamente, pudiendo descartarse que el acusado padezca dicha enfermedad, como también que cause por sí misma una afectación de sus capacidades intelectivas y volitivas; ciertamente en el escrito de defensa de dicho acusado se exponía que había actuado por un impulso irracional e incontrolable pero nada se decía sobre la patología conreta que supuestamente padecía; y así no fue hasta un día hábil antes del juicio cuando se presentó el primer informe por la defensa, presentándose el segundo el primer día de juicio, lo que motivó que por parte del Ministerio Fiscal y una Acusación Particular se propusieran en ese momento otros informes periciales sobre dicho extremo.
En dicho contexto procesal, la defensa sustenta su pretensión en dos informes, uno elaborado por un psiquiatra y otro por un psicólogo, conluyendo el primero que el acusado sufre un trastorno de personalidad orgánico de base epiléptica, mientras que el segundo intentó justificar la conducta desplegada por aquél indicando que presenta compatibilidad con un trastorno explosivo intermitente.
Comenzando por el informe elaborado por el psiquiatra, doctor Luciano , ciertamente este perito tuvo la oportunidad de entrevistarse con el acusado, al que no tuvieron acceso los Médicos Forenses ni los peritos autores de los informes aportados por la Acusación Particular, ante la oposición al respecto de la defensa; no obstante, tal circunstancia no supone en absoluto que los dictámenes periciales elaborados por los profesionales que no pudieron entrevistarse con el acusado carezcan de material suficiente para ofrecer una conclusión médica fundamentada, máxime teniendo en cuenta que no sólo tuvieron acceso a toda la documentación médica del acusado obrante en las actuaciones sino también a los propios informes periciales aportados por la defensa, y considerando igualmente que el resultado de la exploración psicopatológica del acusado que figura en el informe elaborado por el doctor Luciano únicamente puso de manifiesto que padece leves disfunciones objetivables en la comprensión, análisis y capacidad de introspección, con conservación del resto de funciones psíquicas superiores y que presenta rasgos disruptivos en el espectro de la introversión, ansiedad e inmadurez; el doctor Luciano , según expuso en su informe y en el acto del juicio oral, el acusado conocía la ilicitud del acto cometido, comprendía sus consecuencias antes y después de los hechos pero no puede explicar ni justificar una reacción tan desproporcionada, de modo que su conducta se inscribiría dentro de la explosividad incontrolada de una personalidad epiléptica, concluyendo que el acusado no padece un trastorno mental psiquiátrico diagnosticable que anule su capacidad volitiva o cognitiva pero sí un trastorno de la personalidad orgánico de base epiléptica que a su juicio merma su capacidad de análisis y control conductual, siendo un diagnóstico crónico, que compromete parcialmente su capacidad de autogobierno y que pudiera haber sido controlado con abordajes psicofarmacológicos y psicoterapeúticos preventivos desde la infancia.
Como expuso el doctor Luciano en el acto del juicio oral, en el que también descartó que el acusado tuviera abolidas sus capacidades intelectivas y volitivas y que padeciera un trastorno de la personalidad desde el punto de vista psiquiátrico, el trastorno orgánico de la personalidad de base epiléptica que sí consideraba que padecía el acusado, aunque lo calificó como sútil, es una secuela de no haber sido tratado de la epilepsia durante tiempo, si bien añadió también que él no puede diagnosticar la epilepsia, partiendo de que había existido dicho diagnóstico por parte del doctor Fausto ; no obstante, el informe que elaboró el doctor Fausto , especialista en neurología, a petición del Juzgado de Instrucción y a la vista de un electroencefalograma efectuado al acusado en el mes de agosto de 2017, únicamente pone de manifiesto que la actividad eléctrica cerebral era normal durante la mayor parte del registro si bien se apreciaban en situación de reposo varias descargas epileptiformes de dos o tres segundos de duración, sin repercusión clínica evidente, que en el caso de que el paciente presentara episodios de desconexión breve compatibles con ausencias, desde la infancia, hacía altamente probable que padeciera una epilepsia generalizada idiopática; es decir, en dicho informe del doctor Fausto no se efectuó un diagnóstico de epilepsia porque ni había explorado al acusado ni tenía constancia de que presentara una clínica compatible con dicha enfermedad, y así lo corroboró el doctor Fausto en el acto del juicio oral, diciendo que únicamente pudo constatar que aparecían en el electroencefalograma del acusado ondas epileptiformes pero que para saber si era epilepsia tenía que concurrir una clínica compatible, como convulsiones o ausencias, que en este caso desconocía; en el mismo sentido se expresó la doctora Flor , especialista en neurología, al indicar de manera clara que una epilepsia no se diagnostica sólo con un electroencefalograma, que es algo complementario, pues el diagnóstico es clínico, es decir, cuando el paciente sufre convulsiones, caídas al suelo o ausencias.
En relación al efectivo padecimiento de dichas ausencias por parte del acusado no concurre ni una mínima prueba que pueda calificarse como suficiente para su acreditación, máxime teniendo las evidentes discrepancias al respecto entre lo que manifestó el acusado, su pareja sentimental y su padre, indicando el primero que desde que tenía entre cuatro y siete años oía voces pero que no eran claras, que también veía imágenes en relieve de personas y que tenía lagunas de memoria sin poder concretar su duración, si bien nunca había recibido asistencia médica por tal motivo, lo que no resulta en absoluto creíble, como tampoco que actualmente, según manifestó el propio acusado, las ausencias que padece duren varias horas, hasta el punto de que en alguna ocasión se había puesto a trabajar a las siete y a la una se encontraba con la tarea hecha sin haber sido consciente; contrastan absolutamente dichas manifestaciones con las que efectuó en el acto del juicio oral el padre del acusado, quien expuso que lo único que les dijo una profesora de su hijo es que se distraía mucho, recomendándoles que lo llevaran a un psicólogo, si bien no hallaron ninguna evidencia de que le pasara algo, añadiendo que a veces en momentos de presión su hijo se quedaba en blanco pero que nunca han pensado que tuviera nada porque era un niño normal, tratándose en todo caso de ausencias que duraban unos segundos y no horas; y finalmente, la pareja sentimental del acusado dijo que a veces cuando están hablando él se queda en blanco y así está durante unos 15 ó 20 minutos, pero no inmóvil sino haciendo cosas, mientras ella le pide que vuelva a la consciencia.
Todas estas manifestaciones, contradictorias entre sí, carecen de la más mínima credibilidad y no cuentan con ninguna base médica que las corrobore, de modo que en absoluto permiten tener por acreditado que el acusado sufriera ausencias propias de una epilepsia, pues como expusieron los especialistas en neurología, doctor Fausto y doctora Flor , durante las ausencias epilépticas, el afectado no hace nada, se queda inmóvil y desde luego no podría disparar un arma, lo que descarta que pudiera cometer los hechos durante una de esas ausencias, añadiendo además que dichas ausencias apenas duran unos segundos; así pues, de las manifestaciones de los mencionados especialistas en neurología se extrae que, aunque el primer electroencefalograma del acusado, no así el segundo que fue normal, presentaba ondas con las características propias de una epilepsia, es decir, epileptiformes y estaba recibiendo en el centro penitenciario tratamiento farmacológico para dicha enfermedad (indicando el psiquiatra doctor Juan Enrique , después de analizar la documentación remitida por el centro penitenciario, que le habían retirado la medicación para la epilepsia), no habían diagnosticado al acusado de dicha enfermedad, pues no habían podido comprobar si presentaba clínica compatible con dicho diagnóstico, exponiendo la doctora Flor que, examinados los demás informes obrantes en las actuaciones, podía decir que el acusado no tiene epilepsia ni por tanto tampoco un daño cerebral orgánico como consecuencia de crisis epilépticas continuas y no tratadas, lo que calificó de muy difícil, descartándose que tuviera afectada de algún modo su capacidad intelectiva y volitiva, como asimismo indicó el doctor Fausto , al decir que era muy improbable que el acusado tuviera un daño cerebral orgánico; en cualquier caso, como expuso la doctora Flor una persona epiléptica hace una vida normal, siendo muy difícil si no imposible que desarrolle como consecuencia de dicha enfermedad un trastorno psíquico.
Por su parte, los Médicos Forenses, que no elaboraron un dictamen pero sí comparecieron al acto del juicio oral, después de examinar como también lo hizo la especialista en neurología doctora Flor , tanto los demás informes periciales como la totalidad de la documentación médica del acusado obrante en las actuaciones, expusieron que si realmente el acusado hubiera padecido una epilepsia grave que a lo largo del tiempo le pudiera haber provocado una demencia, la sintomatología es evidente y hubiera requerido necesariamente tratamiento y asistencia médica, lo que a su vez vino corrorado por la doctora Flor al señalar que para desarrollar una demencia como consecuencia de una epilepsia debe producirse un daño cerebral orgánico, que también sale en un electroencefalograma, aunque después debería confirmarse con un tac o una resonancia, sin que en este caso pudiera advertirse, siendo necesario para ello que el acusado hubiera padecido múltiples crisis continuas, prácticamente un estado permanente de ausencia, siendo evidente que en este caso no existía tal situación, como lo confirmaron todos los peritos que declararon en el acto del juicio oral.
Todo ello permite descatar por un lado que el acusado padeciera epilepsia en el momento de los hechos, lo que por otro lado tampoco supondría por sí misma una afectación de su capacidad intelectiva y volitiva, tal como expusieron los expertos; asimismo, la prueba pericial que se acaba de exponer permite rechazar lógicamente que el acusado tuviera afectada su capacidad de autogobierno como consecuencia de algún tipo de trastorno orgánico derivado de un daño cerebral producido por no haber recibido durante tiempo tratamiento para dicha epilepsia, pues no sólo no ha sido diagnosticado de esta enfermedad sino que ni siquiera presentaba clínica compatible con ella, es decir, que no pueden acogerse las conclusiones alcanzadas por el doctor Luciano , pues partía en su informe pericial de que el acusado había sido diagnosticado de epilepsia por el doctor Fausto , tal como expuso en el acto del juicio oral, de manera que al no ser así, el citado doctor añadió que si realmente el acusado no padecía epilepsia, no tenía explicación a la conducta del acusado.
En cualquier caso, el propio doctor Luciano , como el resto de los peritos que intervinieron en el acto del juicio oral, descartó por completo que el acusado tuviera abolidas sus capacidades intelectivas y volitivas, de modo que es evidente la imposibilidad de apreciar la eximente completa de alteración psíquica que solicita la defensa, como también una eximente incompleta, según todo lo que se acaba de exponer; a mayor abundamiento, y aunque como acabamos de argumentar en absoluto ha quedado acreditado, y así lo consideró el Jurado, que el acusado padeciera un trastorno orgánico de la personalidad de base epiléptica, que descartaron de forma contundente los especialistas en neurología y los Médicos Forenses, el propio doctor Luciano sostuvo en su informe que sólo afectaría parcialmente, sin especificar en qué grado, a su capacidad de autogobierno, llegando a decir en el acto del juicio oral que se trataba de un trastorno sútil e indetectable a través de la neuroimagen.
Descartado que el acusado sufriera algún tipo de limitación de sus facultades como consecuencia de una epilepsia o de un trastorno orgánico de la personalidad de base epiléptica, la defensa presentó también un informe elaborado por el psicólogo Darío en el que se indica que el acusado padece un trastorno de los hábitos y del control de los impulsos, expresado como trastorno explosivo intermitente, relatando dicho perito en el acto del juicio oral que no existen datos objetivos para alcanzar dicha conclusión sino que se trata de una valoración retrospectiva en el tiempo que le lleva a considerar que el acusado presenta una compatibilidad con dicho trastorno, tratándose de una impulsividad patológica, una disfunción psíquica que no afecta de forma total a su capacidad de autogobierno, sino que es una afectación parcial, y que tiene una base de ansiedad también patológica, con una tendencia a actuar sin reflexión previa, siendo su reacción totalmente azarosa y desproporcionada al estímulo que recibe, que en principio sería inocuo; a ello añadió que dicho trastorno presenta también una raíz de inestabilidad emocional, con un grado de excitabilidad importante, pudiendo desarrollar conductas muy hostiles, tanto a nivel conductual como verbal, reiterando que no existe una afectación total de su capacidad sino una alteración que, según el citado perito manifestó en el juicio, a su parecer no debió ser grave.
Así pues, el propio psicólogo psicólogo Darío autor del segundo informe pericial aportado por la defensa también fue contundente, como el autor del primer informe, a la hora de descartar que el acusado tuviera anuladas sus facultades intelectivas y volitivas, resultando por ello evidente la inconsistencia de la pretensión de aplicación de una eximente completa de alteración psíquica; pero es más este segundo perito propuesto por la defensa alcanzó conclusiones contradictorias con las expuestas en el otro informe pericial aportado por dicha parte, elaborado por el doctor Luciano , pues éste concluía que el acusado padecía un trastorno orgánico de la personalidad y aquél manifestó que el acusado no tenía un trastorno de la personalidad sino un transtorno explosivo intermitente, que según también dijo afectaba sólo parcialmente a su capacidad intelectiva y volitiva, llegando a manifestar inicialmente que no sabía si la afectación era o no grave y después que a su juicio dicha afectación no debió ser grave, según antes ya hemos expuesto.
Al respecto, los Médicos Forenses, después de examinar la documentación médica del acusado obrante en las actuaciones y el contenido de los demás informes periciales, descartaron que el acusado padeciera en el momento de los hechos una anulación ni alteración de sus facultades mentales, exponiendo que cada persona tiene unos determinados rasgos de personalidad que ante determinados estímulos de la vida les pueden hacer reaccionar de una forma u otra, es decir, que son formas de ser, como las que conllevan mayor agresividad o explosividad, pero que en ningún caso afectan a su capacidad intelectiva y volitiva, a lo que añadieron que los trastornos de la personalidad debe diagnosticarse a lo largo de la vida, viendo cómo se ha comportado una persona desde los 17 ó 18 años hasta la actualidad, no tratándose de actos únicos sino de un tipo de conducta que desarrolla a la largo de la vida; asimismo expusieron que el acusado no encajaba tampoco en un trastorno antisocial de la personalidad, reiterando que, tras el análisis de todos los informes periciales, en ningún momento advierten una afectación de la capacidad de autogobierno del acusado.
Y finalmente, el psiquiatra doctor Juan Enrique , propuesto por la Acusación Particular, que además de contar con la documentación médica del acusado obrante en las actuaciones y los demás informes periciales, se entrevistó con la psiquiatra y la psicóloga del centro penitenciario en el que está interno el acusado, tras descartar igualmente que éste padeciera un daño cerebral orgánico y una enfermedad psiquiátrica, indicando que sólo ha sido tratado para el insomnio, relató que se trata de una personalidad impulsiva, que acude al engaño y manipulación, llamándole la atención la frialdad con la que actuó en la reconstrucción de los hechos y llegando a la conclusión que presenta un trastorno antisocial de la personalidad, que en absoluto afecta a su capacidad intelectiva y volitiva sino que sabe en todo momento lo que hace, hasta el punto de que es capaz de controlar sus actos pero su voluntad puede más, añadiendo que los test aplicados por el psicólogo Sr. Darío lo que demuestran es que es una persona impulsiva, y que dichos tests sólo sirven para valorar la evolución de un trastorno y no para diagnosticarlos.
Así pues, todo ello permite descartar que el acusado padeciera en el momento de los hechos algún tipo de enfermedad ni trastorno psiquiátrico que afectara de algún modo a su capacidad intelectiva ni volitiva, debiendo descartarse también que, según manifestaron los Médicos Forenses y el doctor Juan Enrique , actuara como consecuencia de un trastorno explosivo intermitente, máxime cuando como decimos carece de cualquier tipo de base psicopatológica que actuara como desencadenante; pero es que además la prueba testifical, concretamente, la de los acompañantes de cacería del acusado, pone de manifiesto que justo después de disparar a los agentes rurales éste se encontraba lógicamente preocupado y cabizbajo por lo que había hecho pero no nervioso, diciendo que no se explicaba el por qué de su reacción, indicando igualmente que su comportamiento también fue normal durante todas las horas previas; y por otro lado, el agente de los Mossos d'Esquadra con TIP NUM010 , que acudió al lugar de los hechos, indicó igualmente que el acusado estaba normal y le dijo que se había puesto nervioso porque iba con un arma que cuesta mucho dinero y sin la licencia preceptiva y que disparó a los agentes; así pues, el resultado de las demás pruebas también abundan en que el acusado no presentaba una afectación de su capacidad en el momento de los hechos.
Por todo ello, el denominado trastorno explosivo intermitente no pasa de ser una hipótesis médica, profesional y legítimamente barajada por el perito de la defensa, que no puede considerarse debidamente acreditada ni mucho menos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, como absolutamente contrastada, ni siquiera mínimamente, por lo que no puede sino concluirse, tal como hizo el Jurado, asumiendo lo que dijeron los Médicos Forenses y el doctor Juan Enrique en el plenario, que en el momento de los hechos el acusado no presentaba una alteración de sus capacidades intelectivas o volitivas, rechazando por todo ello nuevamente y por este segundo motivo, pues alegó también un trastorno orgánico de la personalidad que tampoco resultó acreditado, la aplicación de una exención o atenuación de la responsabilidad criminal.
Finalmente, no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en el acusado Gregorio.
SÉPTIMO.- En relación con la individualización de las penas, debemos tener en cuenta inicialmente que el artículo 139 del Código Penal sanciona el delito de asesinato con una pena que oscila entre 15 y 25 años de prisión; en segundo lugar, por el delito de atentado a los agentes de la autoridad, agravado por el uso de armas, correspondería aplicar, según los artículos 550 y 551 del Código Penal , una pena de prisión de entre 3 y 4 años y 6 meses; como estamos ante un concurso ideal, conforme al artículo 77.2 del Código Penal , debe aplicarse en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave; y finalmente, al concurrir la atenuante de confesión, conforme al artículo 66.1 1ª del Código Penal , debe aplicarse la pena en su mitad inferior; todo ello nos situaría en un arco punitivo entre 20 y 22 años y 6 meses de prisión, debiendo imponerse ante la extrema gravedad de los hechos una pena de 22 años de prisión por cada delito de asesinato en concurso con el delito de atentado, pues se trató de una acción súbita y totalmente inesperada por las víctimas, a las que, sin ningún tipo de enfrentamiento previo, sabiendo que iban desarmados en el ejercicio de sus funciones, el acusado disparó de forma certera y precisa afectando inicialmente a centros vitales, siendo una reacción totalmente incomprensible que acabó con la vida de dos personas, y procediendo seguidamente el acusado a acercarse a los cuerpos de los agentes cuando ya estaban en el suelo, volviendo a dispararles en la cabeza y en el cuello, después de recargar el arma, para asegurarse su fallecimiento, lo que sin duda incrementa el desvalor de la conducta y exige la imposición de las penas antes señaladas; ante la pena que procede por cada delito de asesinato en concurso con el delito de atentado, conforme al artículo 77.2 del Código Penal , no excede de la que representa la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
Además, debe imponerse la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, conforme al artículo 55 del Código Penal.
En relación al delito de tenencia ilícita de armas, está castigado con una pena de 6 meses a 1 año de prisión, conforme al artículo 564.1 2º del Código Penal ; en este caso, el acusado Epifanio no sólo poseía el arma con la licencia caducada sino que además la puso a nombre del otro acusado para evitar tener que depositarla en las dependencias de la Guardia Civil, para lo que había sido requerido, consiguiendo así tener el arma a su entera disposición, y utilizándola para cometer dos asesinatos, además de haberla utilizado también en otras ocasiones anteriores cuando ya no tenía licencia; por todo ello, procede imponer al acusado Epifanio la pena en su máxima extensión, es decir, 1 año de prisión; por su parte, a Gregorio , como cooperador necesario en el delito de tenencia ilícita de armas, atendiendo a que se prestó a figurar ficticiamente como titular del arma, sabiendo que en realidad iba a continuar en poder del otro acusado, que tenía la licencia de armas caducada, es decir, que no se limitó a una tenencia puntual sino que fue continuada en el tiempo, procede la imposición de una pena de 9 meses de prisión.
Conforme al artículo 56 del Código Penal , procede imponer además la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Y con arreglo al artículo 570.1 del Código Penal , atendiendo a todas las circunstancias antes expuestas, fundamentalmente la gravedad de los hechos, así como que ambos acusados son cazadores desde hace años y disponen habitualmente de armas, evidenciándose así una mayor peligrosidad de su conducta, procede imponer a Epifanio la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de prisión impuesta, es decir, cuatro años, y a Gregorio la misma pena pero por tiempo superior a un año a la pena de prisión impuesta, es decir, 1 año y 9 meses, entendiéndose esta duración más ajustada a la concreta entidad de su conducta.
Finalmente, en relación al delito contra la fauna, el artículo 335.2 del Código Penal establece una pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años; en este caso, el propio acusado Epifanio admitió que no sólo el día 21 de enero de 2017 sino al menos otro día anterior estuvo cazando en el coto privado de Aspa sin el permiso de su titular, constando igualmente que ha sido sancionado ya en otras dos ocasiones por infracciones administrativas relacionadas con la actividad de caza, todo lo que implica la imposición de una pena de multa de 6 meses, estableciéndose la cuota diaria en 6 euros, al desconocerse cuál es su capacidad económica actual y encontrándose hace más de dos años interno en el centro penitenciario, de conformidad con el artículo 50.5 del Código Penal ; asimismo, atendiendo a las circunstancias que se acaban de exponer, procede imponer a dicho acusado la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, no para el resto de actividades previstas en el artículo 335.2, pues ninguna relación tienen con los hechos que nos ocupan, por tiempo de 2 años.
Por último, no procede imponer a los acusados la pena accesoria de prohibición de aproximación a los padres, hermanos, hijos y demás familiares de los fallecidos ni la de prohibición de comunicación, que son solicitadas en exclusiva por la representación procesal de ASPARC y AEAFMA, pues por un lado ni siquiera fueron solicitadas por los familiares de los fallecidos, personados como Acusación Particular y, por otro lado, no resultan necesarias a los fines de protección de las víctimas, ya que ninguno de los acusados conocía con anterioridad a los fallecidos, residiendo además en localidades muy distantes.
El máximo de cumplimiento efectivo de la condena de Epifanio no podrá exceder de 40 años de prisión, de conformidad con el artículo 76 del Código Penal.
OCTAVO.- El artículo 116 del Código Penal establece que toda persona responsable criminalmente lo es también civilmente, integrando el artículo 110 del mismo texto legal el alcance y contenido de tal responsabilidad que comprende la restitución de las cosas, la reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios, tanto materiales como morales. No es preciso argumentar, por ser evidente, la existencia de un daño moral en aquellos familiares más próximos al fallecido, en este caso tanto las esposas y los hijos menores de edad como los padres y hermanos de los fallecidos; a la hora de determinar la cuantía de la reparación, ante la dificultad de objetivizar el dolor causado por la muerte de Aureliano y Jesús Carlos en sus familiares directos, nada impide acudir a los baremos publicados para la valoración de los daños personales ocasionados por accidentes de circulación y considerar su aplicación analógica, si bien las cuantías merecerían ser algo superiores por cuanto el daño moral derivado de los delitos dolosos no tiene por qué ser equiparable al de los delitos imprudentes. Así las cosas, se considera que ante una muerte de naturaleza homicida y por el modo en que acaeció, produce unos daños morales ciertamente aún más si cabe irresistibles e insufribles, tanto para las esposas de los fallecidos como para sus hijos, padres y hermanos.
Los citados perjudicados están personados en las actuaciones como Acusación Particular, habiendo ejercitado la acción civil, de modo que, siendo ellos los directamente legitimados para solicitar la indemnización derivada del fallecimiento de su respectivo familiar, deberá atenderse a su concreta solicitud indemnizatoria y no a la efectuada por las demás partes.
Así las cosas, en el caso enjuiciado y en atención al principio dispositivo y de rogación de parte que rige en materia de responsabilidad civil, se estima procedente que Epifanio indemnice a los perjudicados en las cantidades que reclamaron en sus conclusiones definitivas, no sólo porque son ajustadas a la aplicación orientativa del citado Baremo, sobre parámetros que no han sido discutidos, sino fundamentalmente porque además se adecúan, en la medida de lo posible, al desvalor sufrido; además añadir que la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recoge en los artículos 62 y siguientes quiénes son perjudicados en caso de muerte, incluyéndose a los cónyuges, hijos, padres y hermanos, estimándose además en este concreto supuesto que ante unos hechos tan graves como los perpetrados por el acusado y el modo en que fueron cometidos, deben ser indemnizados todos los citados familiares de las víctimas, sin que a ello suponga ningún tipo de obstáculo el hecho de que el Jurado expusiera únicamente que las víctimas estaban casados y tenían un hijo cada uno, y no que tuvieran padres y hermanos, pues todos ellos están personados como Acusación Particular y ejercitan la acción civil, sujeta a los principios propios de este orden jurisdiccional.
Así pues, el acusado deberá indemnizar a Teresa en la cantidad de 143.045,56 euros, a Valle en la cantidad de 206.723,20 euros, a Ana María en la cantidad de 50.752,81 euros, a Adelina y Alicia en la cantidad de 15.477,09 euros cada una de ellas, a Vicenta en la cantidad de 240.577,56 euros, a José en la cantidad de 277.784,20 euros, a Landelino y Marí Luz en la cantidad de 40.602,25 euros cada uno de ellos y a Leoncio , María Milagros y María Inmaculada en la cantidad de 15.477,09 euros cada uno de ellos.
Dichas cantidades devengarán intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC.
La compañía aseguradora MUSSAP, Mutua de Seguros y Reaseguros a P.F, es responsable civil directa del pago de la indemnización de conformidad con el artículo 117 del Código Penal , en virtud la póliza de seguro de cazador concertada por el acusado Epifanio , que estaba vigente en la fecha de los hechos, y que cubría la responsabilidad civil obligatoria y voluntaria del cazador.
La citada compañía de seguros alega que la citada póliza no cubre los hechos atribuidos a Epifanio porque no derivan de la acción de cazar, tal como viene definida en la Ley de Caza, porque se trató de una conducta totalmente dolosa, que no obedecía al uso legítimo del arma, y porque además el condicionado de la señalada póliza exige que el cazador cumpla los requisitos legales para la tenencia de armas y para el desarrollo de la actividad de caza, cuando en este caso aquél tenía caducada la licencia de caza exigida para la tenencia y uso de la escopeta con la que disparó a los agentes rurales y además no contaba con el permiso preceptivo para cazar en dicho coto privado; subsidiariamente estima que su responsabilidad civil directa debería limitarse a la cantidad fijada en la póliza, es decir, 300.151,82 euros.
En primer lugar, respecto a la primera cuestión planteada, efectivamente el acusado concertó con dicha compañía aseguradora una póliza de seguro del cazador y del pescador, tal como figura en el folio 165 de las actuaciones, sin embargo, cuando cometió los hechos que nos ocupan, el acusado estaba desarrollando la actividad de caza en el coto privado de Aspa y es en este contexto en el que, cuando se acercan los agentes rurales, encargados precisamente de velar porque la caza se ejerza de conformidad con las prescripciones legales, cuando el acusado, utilizando la misma escopeta que estaba usando para cazar, les disparó dolosamente, ocasionando su fallecimiento; es decir, por más que lo que hizo el acusado no se ajuste a las previsiones de la Ley de Caza sobre lo que se considera acción de cazar, no cabe ninguna duda de que los hechos se produjeron en un contexto fáctico de desarrollo de la actividad de caza por el acusado, siendo además las víctimas los agentes de la autoridad encargados del control de dicha actividad; y finalmente, la cobertura del seguro a los hechos que ahora nos ocupan encuentra asimisma justificación en el riesgo creado por la utilización de armas en la actividad de caza asegurada, con la consiguiente mayor posibilidad de daños a personas o en los bienes; por todo ello, ninguna duda cabe al respecto de la cobertura de la póliza de seguros concertada por el acusado.
En segundo lugar, efectivamente, el acusado actuó dolosamente cuando causó la muerte de los dos agentes rurales, sin embargo, ello no excluye la cobertura de la póliza de seguros, tal como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Según la STS núm. 588/2014, de 25 de julio , "la doctrina de esta Sala es clara a este respecto (STS núm. 1137/1998, de 4 de diciembre , 17 de octubre de 2000 , 22 de junio de 2001 , 11 de marzo de 2002 , 127/2004, de 2 de febrero ,384/2004, de 22 de marzo y 2 de junio de 2005 , entre otras muchas). Lo que el artículo 19 de la Ley del Contrato de Seguro excluye es que el asegurador esté obligado a indemnizar al asegurado un siniestro ocasionado por él de mala fe, pero no impide que el asegurador garantice la responsabilidad civil correspondiente frente a los terceros perjudicados.
Precisamente porque los responsables no pueden asegurar su propio dolo, la Ley reconoce al asegurador el derecho de repetir contra el asegurado, a fin de que el coste de la indemnización recaiga finalmente sobre el patrimonio de quién ocasionó el siniestro, pero sin vaciar de contenido la cobertura del contrato y su sentido social y económico, en relación con los perjudicados, los cuales deberán ser indemnizados siempre que la responsabilidad civil garantizada proceda de mala praxis profesional.
El seguro de responsabilidad civil es aquel en el que "el asegurador se obliga a cubrir, dentro de los límites establecidos por la Ley y el contrato, el riesgo de quedar gravado el patrimonio del asegurado por el nacimiento de una obligación de indemnizar, derivada de su responsabilidad civil" ( artículo 73 LCS ), y su función social y económica es ofrecer una garantía en determinadas actividades de riesgo, para que quienes en ella participen tengan garantizado el resarcimiento de los daños que puedan sufrir, que no se deriven de culpa o negligencia por su parte ( art. 117 CP 95)."

La misma citada sentencia se remite a otra STS, la núm. 365/2013, de 20 de marzo , que reitera la doctrina de la responsabilidad de la aseguradora frente al perjudicado, incluso en supuestos dolosos, con una abundante argumentación.
"El automático surgimiento del derecho de repetición frente al causante del daño salva el dogma de la inasegurabilidad del dolo: nadie puede asegurar las consecuencias de sus hechos intencionados. Faltaría la aleatoriedad característica del contrato de seguro. Lo que hace la Ley es introducir una norma socializadora y tuitiva... que disciplina las relaciones de la aseguradora con la víctima del asegurado. La aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por ministerio de la ley ( art. 76 LCS ) asume frente a la víctima (que no es parte del contrato) la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa. En las relaciones internas y contractuales con el asegurado no juega esa universalidad: la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir finalmente en el asegurado. Pero el riesgo de insolvencia de éste, la ley quiere hacerlo recaer sobre la aseguradora y no sobre la víctima.
La acción directa otorga a la víctima un derecho propio que no deriva solo del contrato sino también de la Ley. Por tanto no se ve afectado por las exclusiones de cobertura. Al asegurador sólo le queda la vía del regreso. Que el regreso fracase por insolvencia del asegurado es parte de su riesgo como empresa.
Si no se admite ese binomio - inoponibilidad frente al tercero/repetición frente al asegurado - no es posible dotar de algún espacio a la previsión del art. 76 LCS sobre la exceptio doli. El principio de vigencia es una máxima elemental en materia de exégesis de un texto normativo. Obliga a rechazar toda interpretación que prive de cualquier operatividad a un precepto. Una norma querida por el Legislador ha de tener una significación, ha de ser aplicable a algún grupo de supuestos, por reducido que sea. La interpretación abrogante no es interpretación, es derogación por vía no legítima. Recordemos de nuevo el texto del art. 76 LCS : "El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido".
Se desprenden inequívocamente tres premisas: 1º) El tercero perjudicado tiene acción directa frente a la aseguradora también cuando hay una actuación dolosa. 2º) La aseguradora no puede oponer frente a la pretensión del perjudicado la exceptio doli. 3º) Sí tiene derecho para repetir contra el asegurado."

Igualmente, recoge la misma sentencia ya citada, que "el seguro de responsabilidad civil constituye tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros perjudicados. En consecuencia se trata de amparar a las víctimas dando cobertura a las indemnizaciones procedentes con independencia de que el evento generador del daño sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o doloso... se alega, en primer lugar, el principio de no asegurabilidad del dolo. Sin embargo lo que prohíbe dicho principio es que el agente asegure su patrimonio contra las consecuencias negativas que se le pueden derivar de sus propios comportamientos dolosos, pero no que se establezca un sistema obligatorio de protección a las víctimas de una determinada fuente de riesgo que garantice a las mismas un nivel básico de cobertura frente a los daños sufridos, con independencia de que el origen del daño sea un ilícito civil o penal, doloso o culposo. La diferencia no afecta a la víctima, pero sí al autor: si el comportamiento causante del daño fue culposo, el seguro ampara a la víctima sin posibilidad de repetición es decir que también exonera al causante del daño de su responsabilidad civil. Si el acto es doloso, el seguro ampara igualmente a la víctima, pero se puede repetir contra el causante del daño pues al ser doloso el acto la responsabilidad del causante no se elimina con el pago del seguro, sino que se le exige por el asegurador.
(...) Legalmente se asigna al seguro de responsabilidad civil una función que va más allá de los intereses de las partes contratantes y que supone introducir un factor de solidaridad social. La finalidad de la prohibición del aseguramiento de conductas dolosas (art. 19) queda preservada porque el responsable por dolo es en definitiva la persona a la que el ordenamiento apunta como obligado al pago. Pero frente a la víctima, la aseguradora no puede hacer valer esa causa de exclusión. El dogma "el dolo no es asegurable" permanece en pie. Cosa diferente es que modernamente el contrato de seguro de responsabilidad civil haya enriquecido su designio primigenio como instrumento de protección del patrimonio del asegurado. La ley le ha adosado otra función: la protección del tercero perjudicado. Si se quiere, es un riesgo no cubierto. No hay inconveniente en aceptarlo. Pero la ley -art 76- por razones de equidad ha querido expresamente obligar al asegurador al pago frente al tercero. La exclusión del riesgo en este caso, por voluntad explícita de la ley, solo hace surgir el derecho de regreso".
Dicha doctrina jurisprudencial es totalmente aplicable al supuesto que ahora nos ocupa, en el que el acusado, que contaba con un seguro de responsabilidad civil del cazador, no sólo obligatario sino también voluntario, encontrándose desarrollando la actividad asegurada de caza con una escopeta, utilizó este arma para disparar dolosamente a los agentes rurales, que precisamente tienen atribuida la función de controlar dicha actividad; así pues, por un lado resulta irrelevante a los efectos de la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros en el pago de la indemnización a los perjudicados que el acusado actuara de forma dolosa, sin perjuicio de su derecho de repetición contra éste, como también que éste no cumpliera con los requisitos legales para la tenencia del arma utilizada, pues tenía la licencia caducada, ni para el ejercicio legítimo de la caza, porque no tenía el permiso preceptivo para cazar en un coto privado, pues se trata de cláusulas de exclusión que pueden oponerse al acusado pero no a los terceros perjudicados, ya que su ámbito de eficacia ha de circunscribirse a las relaciones internas entre el asegurador y el asegurado, al igual que en el caso de la exceptio doli que contempla la doctrina jurisprudencial expuesta; así lo entendió igualmente la SAP Lleida, núm. 379/2017, de 18 de octubre.
Por todo ello, la compañía de seguros Mussap debe responder de la indemnización a los perjudicados de forma directa, de conformidad con el artículo 117 del Código Penal , al que alude la citada STS núm. 365/2013, de 20 de marzo , que dice: "los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda."; el contenido de dicho precepto supone por tanto que la compañía de seguros no puede responder de la totalidad de la indemnización, como solicitan algunas acusaciones, sino hasta el límite del capital asegurado en la póliza concertada por el acusado, tal como expone la Acusación Particular sustentada por los perjudicados familiares de las víctimas.
NOVENO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal , en concordancia con los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , procede imponer a Epifanio el pago de cuatro quintas partes de las costas procesales causadas, y a Gregorio el pago de una quinta parte de las costas procesales causadas, incluyendo las de las Acusaciones Particulares, lo que constituye la regla general que no necesita de mayor motivación, puesto que es el apartamiento de esta regla el que debe ser especialmente motivado, siendo así que en este caso sus pretensiones han sido casi plenamente acogidas, no habiendo resultado su actuación superflua ni inútil; todo ello en aplicación de la reiterada doctrina jurisprudencial al respecto, concretada en la STS núm. 693/2014, de 28 de octubre , que señala: "En todo caso, hemos declarado que los criterios dispuestos por el legislador para la condena en costas son distintos para las sentencias condenatorias y las absolutorias de la acción ejercitada. Para las primeras, las condenatorias el criterio es el de imposición al condenado, art. 123 Cp y 240.2 de la Ley procesal . En interpretación de ese precepto, hemos declarado que respecto a la inclusión de los gastos procesales de la acusación particular han de ser incluidas entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquél fueran manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas que el Ministerio Fiscal o a las recogidas en la sentencia. El criterio de la relevancia pasa a segundo término, sosteniendo la propia Sala que la exclusión de las costas solamente procederá cuando la actuación de la acusación particular haya resultado notoriamente inútil o superflua, o bien gravemente perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la sentencia o pretensiones manifiestamente inviables."

Y del mismo modo, deben incluirse en la condena en costas las correspondientes a las Acusaciones Populares, atendiendo a que, según la STS núm. 674/2018, de 19 de diciembre , que a su vez se remite a la STS núm. 846/2010, de 27 de octubre , existe la posibilidad de incluir en la condena en costas las causadas por una acusación popular, "cuando la acción se ejercita por entidades privadas que tienen entre su objeto social la defensa de intereses generales, como sucede por ejemplo en las asociaciones de ecologistas respecto de los delitos contra el medio ambiente.", como ocurren en este caso.
Vistos los artículos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

CONDENO a Epifanio :

A) Como autor criminalmente responsable de DOS DELITOS DE ASESINATO , en concurso ideal con UN DELITO DE ATENTADO A LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD , concurriendo la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de confesión, a la pena, por cada uno de los delitos, de VEINTIDÓS AÑOS DE PRISIÓN , con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
B) Como autor criminalmente responsable de un DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS , sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN , con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años.
C) Como autor criminalmente responsable de un DELITO CONTRA LA FAUNA , sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de MULTA DE SEIS MESES, con una cuota diaria de 6 euros, responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por tiempo de dos años.
Y todo ello con imposición al condenado Epifanio del pago de cuatro quintas partes de las costas de este procedimiento, incluyendo las de las Acusaciones Particulares y Populares.
Abónese al condenado todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa, si no ha sido aplicado a otra distinta.
El máximo de cumplimiento efectivo de la condena de Epifanio no podrá exceder de 40 años de prisión.
En concepto de RESPONSABILIDAD CIVIL, Epifanio deberá indemnizar a Teresa en la cantidad de 143.045,56 euros, a Valle en la cantidad de 206.723,20 euros, a Ana María en la cantidad de 50.752,81 euros, a Adelina y Alicia en la cantidad de 15.477,09 euros cada una de ellas, a Vicenta en la cantidad de 240.577,56 euros, a José en la cantidad de 277.784,20 euros, a Landelino y Marí Luz en la cantidad de 40.602,25 euros cada uno de ellos y a Leoncio , María Milagros y María Inmaculada en la cantidad de 15.477,09 euros cada uno de ellos.
Dichas cantidades devengarán intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC.
La compañía aseguradora MUSSAP, Mutua de Seguros y Reaseguros a P.F, responde de forma directa del pago de dichas indemnizaciones hasta el límite del capital asegurado en la póliza de seguros.
CONDENO a Gregorio , como cooperador necesario criminalmente responsable de un DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS , sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN , con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 1 año y 9 meses, así como al pago de una quinta parte de las costas de este procedimiento, incluyendo las de las Acusaciones Particulares y Populares.
Abónese al condenado todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa, si no ha sido aplicado a otra distinta.
Únase esta resolución al acta del jurado.
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la misma no es firme, ya que cabe recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el plazo de los diez días siguientes a la última notificación.
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a la causa de su razón, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- El/la Magistado/a Ponente del presente Rollo ha leído y publicado la resolución anterior en audiencia pública en el dia de la fecha, de lo que doy fe.
La Letrada de la Adm. de Justicia a