Doctrina

Título: Aspectos principales de la responsabilidad penal de los partidos políticos (Revista Penal, n.º 42. - Julio 2018)
Fecha: 07/2018

NOTAS PREVIAS:

Ficha Técnica

Autor: José León Alapont

Código ORCID: orcid.org/0000-0002-0537-6563

Title: Main aspects of the criminal responsibility of political parties

Adscripción institucional: Investigador Predoctoral (FPU). Departamento de Derecho Penal. Universidad de Valencia.
Resumen: la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, incluía dentro del ámbito subjetivo de aplicación del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos, haciéndoles extensivo un régimen (el de los arts. 31 bis y ss. CP) ideado, originariamente, para empresas. De ahí que, en el trabajo que aquí se presenta, se haya pretendido abordar algunos de los aspectos más controvertidos del mismo, tales como la propia sujeción de los partidos a responsabilidad criminal dada la relevancia constitucional de sus funciones, los delitos que pueden atribuírseles o los tintes de inconstitucionalidad de algunas de las penas que pueden imponerse a este tipo de organizaciones. Sin dejar de cuestionar la idoneidad de este mecanismo de responsabilidad para atajar la lacra de la corrupción política. Por último, haremos mención a una cuestión trascendental de dicho sistema como es el establecimiento de planes de prevención de delitos en el seno de los partidos políticos.
Palabras clave: partidos políticos, relevancia constitucional, responsabilidad penal de las personas jurídicas, corrupción política, planes de prevención de delitos.
Abstract: organic Law 7/2012, of December 27, included within the subjective scope of application of the system of criminal responsibility of legal persons to political parties, making them extend a regime (the one provided for in articles 31 bis et seq. of the Spanih Penal Code) devised, originally, for companies. Hence, in the work presented here, it has tried to address some of the most controversial aspects of it, such as the subjection of parties to criminal responsibility given the constitutional relevance of their functions, the crimes that can be attributed to them or the dyes of unconstitutionality of some of the penalties that can be imposed on this type of organizations. While questioning the adequacy

of this responsibility mechanism to tackle the scourge of political corruption. Finally, we will mention a transcendental issue of this system, such as the establishment of crime prevention plans within political parties.
Key words: political parties, constitutional relevance, corporate criminal liability, political corruption, compliance programs.
Rec: 9-03-2018 Fav: 24-04-2018

TEXTO:

I. Introducción

El primer intento por instaurar un sistema de responsabilidad criminal para las personas jurídicas se producía en España en 1995, con las medidas previstas en el antiguo art. 129 del Código Penal1, sin embargo, éstas no constituían un auténtico modelo de responsabilidad penal de los entes colectivos, pues, se trataba de "consecuencias accesorias" cuya imposición se hacía depender de la existencia de un fallo condenatorio previo de la persona física2. Tal precepto llegó a ser de aplicación en el caso de los partidos políticos Herri Batasuna/Euskal Herritarok/Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas, al acordarse sobre ellos la suspensión general de sus actividades3. Si bien, dichas formaciones políticas fueron finalmente disueltas en aplicación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos4. Posteriormente, la LO 15/2003, de 25 de noviembre, establecía la responsabilidad directa y solidaria de la persona jurídica respecto de la multa impuesta al administrador de hecho o de derecho que hubiera actuado en su nombre, aun cuando no concurriesen en él --y sí en la entidad-- las condiciones, cualidades o relaciones requeridas por la correspondiente figura de delito o falta (art. 31.2 CP)5. Y, en lo relativo al delito de tráfico organizado de drogas, preveía (junto a las medidas del art. 129 CP) la imposición de multa a las sociedades u organizaciones involucradas en los hechos, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social (art. 369.2 CP).
Finalmente, el legislador español, siguiendo la estela de otros países, decidía con la LO 5/2010, de 22 de junio, introducir por vez primera en nuestro país un régimen de responsabilidad penal "directa"6 para las personas morales, sin precisar de una previa declaración de culpabilidad de las personas físicas, de forma que ambas responsabilidades "corriesen autónomamente y en paralelo"7. En cambio, el entonces art. 31 bis 5 CP excluía de su ámbito subjetivo de aplicación a los partidos políticos8. No obstante, cabe señalar que con anterioridad a la exclusión y tras ésta hubiera podido recaer sobre un partido político la calificación de asociación ilícita u organización criminal (también en la actualidad)9. Sin olvidar la vía de la LOPP, de marcado corte punitivo, que permite acordar, entre otras medidas, la disolución de un partido político10. De igual modo, también debe tenerse en cuenta la posibilidad de que recaiga sobre una formación política la condición de responsable civil subsidiario (art. 120.4 CP) o de partícipe a título lucrativo (art. 122 CP)11.
Con todo, la decisión de excluir a los partidos políticos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas fue corregida en 2012 por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Desde entonces, lejos de quedar sujetos a un sistema de responsabilidad penal propio adaptado a sus "peculiaridades", pasaban a tener el mismo tratamiento que el resto de personas jurídicas. Para algún autor, se trataba de un "verdadero gesto de valentía política" del Gobierno12. Paradojas de la vida, esa "valentía" del Partido Popular hizo posible la imputación, precisamente, de este partido por un delito de daños informáticos, siendo la primera organización política imputada en nuestro país en virtud de los arts. 31 bis y ss. CP13.
La última de las modificaciones legislativas se producía en 2015. Así, de un lado, la LO 1/2015, de 30 de marzo, establecía como causa exoneradora de responsabilidad el haber adoptado e implementado un plan de prevención de delitos idóneo (arts. 31 bis 2 y 4 CP) y, de otro, el art. 9 bis de la LOPP14 "obligaba" a dichas formaciones a dotarse de dichos modelos de organización y gestión.
II. La extensión del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos: valoración político-criminal

Una de las principales razones esgrimidas, sino la de mayor enjundia, en pro de la exclusión de los partidos políticos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es la relativa a la relevancia constitucional de las funciones que éstos desarrollan15. Como algunos autores han indicado, "el desempeño de funciones públicas cuasi estatales" hace que los partidos "puedan considerarse Estado"16.
Dicho argumento ha sido desarrollado por BAL FRANCÉS quien sostiene que "el artículo 6 de la Constitución Española les otorga un papel relevante dentro del Estado democrático en que se constituye España, dado que son estructuras que contribuyen decisivamente a la consecución de los intereses públicos y políticos, esenciales para el Estado, en la conformación de la opinión pública, vertebrando grupos y tendencias en la sociedad y estableciendo canales de participación, en la toma de decisiones que afectan al conjunto de los ciudadanos, en el legítimo ejercicio del derecho a la crítica a la acción de gobierno como oposición, en el ejercicio del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos, etcétera"17.
Otros, como ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, han aducido que "la posibilidad de ser objeto de persecución política aconseja sustraer estas entidades de interés público de la posibilidad de la imputación penal a los efectos de clausurar o cerrar un partido político"18. Mientras que, para URRUELA MORA, la finalidad de la exclusión no es otra que "garantizar la libertad ideológica"19. Por su parte, DEL MORAL GARCÍA entiende que "la posibilidad de exigirles responsabilidad penal es una fácil tentación para judicializar la vida política"20.
Una explicación distinta (aunque igualmente favorable a la exención) es la aportada por el Consejo de Estado quien, con ocasión de su pronunciamiento sobre la reforma del Código Penal aprobada en 2010, basaba su posición "en las vías específicas existentes en nuestro ordenamiento jurídico para exigir las responsabilidades en que pueden incurrir en cuanto organizaciones de acción política, como son los ilícitos penales que pueden afectar a su existencia como tales organizaciones o las vías específicas recientemente reguladas para declarar su ilegalización por no responder a los fines constitucionales que deben servir"21.
Sin embargo, para otro sector de la doctrina, aun reconociendo que los partidos son "agentes institucionales básicos", ello no debe suponer directamente su exclusión habida cuenta del sistema sancionador ya contemplado en la legislación sectorial de éstos22. En este sentido, se señala que "en la propia Ley de Partidos Políticos se prevén auténticas penas --con independencia de matices nominalistas de escasa significación real-- y que en cierta manera, ha sido precursora directa de la introducción en nuestro ordenamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas"23.
DÍEZ RIPOLLÉS, quien vuelve a incidir sobre la naturaleza "cuasi-pública" y la "relevante función constitucional" de los partidos políticos, alega que, en todo caso, "deben prevalecer los intereses de tutela de bienes jurídicos relevantes". En consecuencia, el Derecho penal debe actuar también sobre estas organizaciones24. Por su parte, MORILLAS CUEVA apunta como posible causa para su exclusión "la importante presencia, constitucionalmente recogida, en el sistema político", pero sostiene que "precisamente por ello además de una especial protección, posiblemente requieran también un especial control"25.
Otros autores han centrado su atención en cuestiones más prácticas, para justificar la necesidad de que los partidos respondan penalmente, como pueda ser el amparo de prácticas delictivas en el seno del partido. Así, CONDE-PUMPIDO FERREIRO muestra su asombro por la exclusión de los partidos "que con tanta frecuencia se ven envueltos en procedimientos de los que podría derivarse la responsabilidad penal de la persona jurídica"26. O VALLS PRIETO quien hace referencia a la cada vez más indisociable conexión entre corrupción y partidos políticos27.
Una posición más matizada es la sostenida por DOPICO GÓMEZ-ALLER, advierte este autor que la adopción de determinadas penas como la suspensión de actividades o la disolución "plantean no pocos problemas de adecuación y legitimidad" por lo que optar por la imposición de multas hubiere sido suficiente. Invoca, no obstante, para sustentar su postura a favor de la responsabilidad penal de estos entes, el "conocido historial de graves irregularidades en materia electoral y de financiación"; reclamando "medidas sancionadoras más serias que las que hoy se aplican", o aludiendo al limitado sistema represivo de la LOPP28.
Por otro lado, BAUCELLS LLADÓS ha remarcado la idoneidad del derecho penal y especialmente del control de la actividad de los partidos por los jueces penales basándose en la idea de que "la relación privilegiada que los partidos en España mantienen con el poder legislativo y la Administración sitúa al poder judicial como el más independiente, imparcial y eficaz para el control de su actividad"29. Además, como señala GÓMEZ TOMILLO, no resulta racional que los partidos políticos queden exceptuados de las necesidades preventivas a las que se dirige el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas30.
Ahora bien, de todos los alegatos aquí expuestos, puede que el más singular de ellos sea el defendido por ZUGALDÍA ESPINAR. Según éste, la exclusión de los partidos tiene sentido cuando actúan "hacia el exterior", por tanto, cuando cumplen con su fin constitucional. Como expresa el autor "si se les llegara a exigir responsabilidad criminal en estos casos se pondría en peligro la división de poderes (imperaría el gobierno de los jueces) y se privaría a la sociedad de su cometido constitucional". Por el contrario, la solución no debiera ser la misma cuando actuaran "hacia el interior", es decir, en aras a "hacer posible su propio funcionamiento y financiación31. En consecuencia, siguiendo su argumentación, no podría imputársele (de ser típica tal conducta) el hecho de promover un referéndum ilegal; pero, sí debería serlo cuando se tratara de un delito contra los trabajadores.
A nuestro juicio, la relevancia constitucional de las funciones ejercidas por los partidos políticos podría constituir el único impedimento para adoptar sobre éstos cualquier tipo de consecuencia jurídico-penal32. No así su naturaleza jurídica, que no es pública33. En este sentido, podría sostenerse que la imposición de penas a los partidos constituiría una restricción ilegítima del ejercicio de sus funciones constitucionales. Por ello, lo decisivo para concluir si los partidos políticos pueden ser responsables penalmente, será determinar si las funciones asignadas a los mismos en el art. 6 CE son (en términos de BRICOLA34 límite o fundamento de la sujeción a responsabilidad criminal de estos entes.
En nuestra opinión, la intervención penal en este ámbito queda justificada, precisamente, por la finalidad que con ella se pretende y que no es otra que preservar que los partidos cumplan con las funciones encomendadas por el art. 6 CE. O, dicho de otra forma, que el Derecho penal actúe en este campo como garantía de las funciones constitucionalmente relevantes que son propias de los partidos políticos. En este sentido, no podrá un partido político expresar el pluralismo, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política, si se atenta ilícitamente contra bienes jurídicos. En estos casos el partido político estaría desatendiendo, en última instancia, con estas actitudes reprochables, las funciones asignadas en el art. 6 CE35.
III. La responsabilidad penal de los partidos políticos: ¿instrumento idóneo para la lucha contra la corrupción "política"?

Con el término "corrupción" se alude, formalmente, a una serie de conductas delictivas que quedarían abarcadas por figuras como el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la prevaricación; así como a otras figuras más residuales como pueden ser las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en su función, fraudes y exacciones ilegales y, la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Existiendo otros "delitos conexos", como los de blanqueo de capitales, delitos fiscales y contra la Seguridad Social o, las falsedades documentales36. A éstos últimos, relacionados intrínsecamente con la corrupción, pertenece también la financiación corrupta de partidos, entendida como aquella financiación ilegal de los partidos políticos "a través de actos de corrupción"37.
En este sentido, aunque la actividad delictiva en que puede incurrir un partido político no quede relegada únicamente al ámbito de la "corrupción", lo cierto es que el conjunto de delitos asociados a esta categoría presenta estrechas conexiones con el habitual escenario sobre el que los partidos proyectan, principalmente, su actuación: el poder institucional38. Por tanto, estamos refiriéndonos aquí a una modalidad muy concreta de corrupción: la corrupción política39.
Hechas estas matizaciones, trataremos de dar respuesta, en las líneas que siguen, al interrogante que planteábamos más arriba. Esto es, si el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas permite atribuir al partido, precisamente, aquellos delitos asociados al ámbito de la corrupción estricto sensu.
En virtud del art. 31 bis 1 CP, los partidos políticos serán penalmente responsables: a) de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de éstos, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano del partido, estén autorizados para tomar decisiones en nombre de éste u ostenten facultades de organización y control dentro del mismo; y, b) de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de los mimos, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas anteriormente, hayan podido realizar los hechos al haberse incumplido gravemente por aquéllas los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
Sin embargo, el problema se plantea cuando quien lleve a cabo la conducta delictiva sea representante legal del partido, persona con potestad decisoria, con facultades de organización o control, o subordinado y, a su vez, ostente la cualidad de autoridad o funcionario público, ¿podrá decirse que éstos hayan cometido el delito en nombre o por cuenta del partido cuando actúen bajo tal condición? Más concretamente, ¿podrá imputársele en estos casos al partido los delitos de cohecho y tráfico de influencias? A nuestro juicio, entendemos que no, ya que esas personas (cargos electos o no40 encarnan en tales circunstancias a la Administración Pública, y no al partido político. Dicho de otro modo, cuando aquellos sujetos ejercen sus competencias en el seno de la Administración no lo hacen como cargo del partido41. Ello, en cambio, no obsta para que un partido político pueda ser finalmente condenado por cohecho (arts. 419 y 420 CP) o tráfico de influencias (art. 428 CP), pues, en la expresión "delitos cometidos" no sólo caben los supuestos de autoría sino también los de participación42. Lo cual significa que sólo podrán atribuirse al partido tales delitos cuando alguna de las personas físicas del art. 31 bis 1 CP intervenga en ellos como inductor, cooperador necesario o cómplice. No obstante, en nuestra opinión, tratándose de delitos especiales, tales conductas deberían quedar impunes por no darse las condiciones exigidas por el tipo43. Ello conduciría inexorablemente a que no se pudiera atribuir al partido esos delitos. Por el contrario, el delito del art. 429 CP (tráfico de influencias cometido por particular) siempre podrá ser imputado a un partido cuando quien ejerza la influencia que exige el tenor del precepto no sea autoridad o funcionario público.
De lo aquí dicho puede extraerse una clara conclusión: la discutible efectividad de la responsabilidad penal de los partidos políticos como mecanismo jurídico contra la corrupción "política". Además, recuérdese que ni las prevaricaciones de los arts. 320 y 404 CP ni la malversación de caudales públicos (art. 432 CP) están incluidos en el catálogo de delitos que pueden imputarse a una persona jurídica.
Otro debate, en el que no podemos extendernos, es el relativo a si los cargos del partido pueden ser considerados "a efectos penales" funcionarios públicos, como sostiene MAROTO CALATAYUD44. Sin embargo, no creemos que ello sea posible, pues, el art. 24.2 CP exige que éstos lo sean "por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente". Y tampoco que aquéllos participen en el ejercicio de funciones públicas, como así ha sido defendido también por este autor45, lo cual habilitaría al menos a la aplicación del art. 423 CP (en relación con el delito de cohecho). En este sentido, compartimos la reflexión que hace al respecto OLAIZOLA NOGALES cuando afirma que "la posible influencia que los partidos puedan ejercer en la actividad administrativa no constituye una función pública"46.
IV. Delitos atribuibles: numerus clausus. Especial referencia a la financiación ilegal

El legislador español optó a la hora de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas por un sistema de numerus clausus, en consecuencia, no todo tipo de infracciones pueden ser imputadas a un partido político. De forma que, tan sólo responden por los siguientes delitos: tráfico ilegal de órganos humanos (art. 156 bis.3 CP); trata de seres humanos (art. 177 bis.7 CP); prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (art. 189 bis CP); descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático (art. 197 quinquies CP); estafas (art. 251 bis CP); frustración de la ejecución (art. 258 ter CP); insolvencias punibles (art. 261 bis CP); daños informáticos (art. 264 quater CP); contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (art. 288 CP); blanqueo de capitales (art. 302.2 CP); financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis.5 CP); contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (art. 310 bis CP); contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis.5 CP); urbanización, construcción o edificación no autorizables (art. 319.4 CP); contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328 CP); relativos a las radiaciones ionizantes (art. 343.3 CP); riesgos provocados por explosivos y otros agentes (art. 348.3 CP); contra la salud pública (art. 366 CP); tráfico de drogas (art. 369 bis CP); falsificación de moneda (art. 386.5 CP); falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP); cohecho (art. 427 bis CP); tráfico de influencias (art. 430 CP); delitos de odio y enaltecimiento (art. 510 bis CP); financiación del terrorismo (art. 576 CP); y, delito de contrabando (art. 2.6 de la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, modificada por la LO 6/2011).
Como destaca QUINTERO OLIVARES, "la idea de «actividad empresarial» ha presidido, con mejor o peor fortuna, la selección y esa selección no resulta muy comprensible trasladada a los Partidos"47. En otras palabras, resultará difícil imaginar que determinados delitos puedan ser "cometidos"48 por éstos. Así sucederá, a título de ejemplo, con los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; aunque nada obste, aun siendo un escenario altamente improbable, para que un partido político sea condenado, por ejemplo, por tráfico de drogas o trata de seres humanos. Ahora bien, no estamos defendiendo aquí la creación de un listado específico de delitos que pudieran cometer los partidos políticos, pues, al fin y al cabo, todas las personas jurídicas tienen sus particularidades y ello obligaría a elaborar tantos catálogos distintos de delitos como tipos de personas jurídicas existan49.
Lo que sí resulta sorprendente es que en el catálogo de figuras delictivas seleccionadas no se encuentren algunas como la prevaricación, la malversación de caudales públicos, los delitos contra los trabajadores, falsedades documentales, apropiación indebida, o delitos contra el honor, entre otras. En este sentido, consideramos que lo más adecuado hubiera sido, para evitar cualquier laguna de punibilidad, optar por un sistema de numerus apertus.
Especial atención ha merecido por la doctrina la necesidad de poder atribuir a los partidos políticos los denominados "delitos electorales", cuya regulación está prevista en los arts. 139 a 150 de la LOREG50. Entre las conductas tipificadas en dichos preceptos cabría destacar las contempladas en los arts. 144.1 y 146.1 a) y b) LOREG51. Por el contrario, entendemos que el delito de falsedad en las cuentas electorales (art. 149 LOREG) debiera quedar constituido en un nuevo delito referido al falseamiento de la contabilidad del partido (en general). Y, en relación con el delito de distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos (art. 150 LOREG), consideramos que debiera reconvertirse en una nueva modalidad delictiva consistente en distraer fondos de cualquiera de las respectivas cuentas del partido político para fines distintos a los constitucionalmente asignados por el art. 6 CE. Así, sería delictivo el hecho de que el partido sufragara las vacaciones de uno de sus integrantes o adquiriera un lujoso ático para éste.
De otro lado, la creación ex profeso de nuevos delitos --de especial trascendencia para los partidos políticos-- como podrían ser los de convocatoria ilegal de referéndum52 o aquel que consistiera en proclamar de forma ilegal la independencia de una parte del territorio nacional, es una cuestión que merecería un debate sosegado53. Al igual que si se pretendiera incluir la financiación extranjera de un partido político, dentro de los "delitos que comprometan la independencia del Estado" (Capítulo II del Título XXIII del Código Penal), por considerarse que bajo determinadas circunstancias se podría poner en peligro la estabilidad democrática o institucional del país.
En cuanto al delito de financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP), las conductas típicas atribuibles a éstos consistirán, principalmente, en la recepción de: 1) donaciones anónimas, finalistas o revocables; 2) donaciones procedentes de una misma persona física superiores a 50.000 euros anuales; 3) donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica; 4) donaciones en especie de bienes inmuebles (superiores a 50.000 euros) en las que no se especifique, además de la identificación del donante, el documento en que conste la entrega del bien y no se haga mención al carácter irrevocable de la misma; y, 5) donaciones de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen los 100.000 euros. Aunque nada impida que una formación política realice esta clase de aportaciones a otro partido, federación, coalición o agrupación de electores (lo cual también se castiga en dicho precepto).
No obstante, cabe advertir, que el art. 304 bis CP no realiza tal descripción típica, sino que remite a los arts. 5.1 y 7.2 LOFPP, los cuales prohíben tales donaciones. Ello no significa, sin embargo, que puedan llegar a plantearse supuestos de bis in idem, pues, las infracciones de la LOFPP sólo son sancionables (ex art. 17.1) en caso de que no constituyan delito.
Por otro lado, no debe olvidarse que la recepción de determinadas donaciones por el partido no sólo puede ser constitutiva de un delito de financiación ilegal, sino que aquéllas pueden, además, erigirse en el objeto material de otros delitos igualmente imputables a una organización política como, por ejemplo, los de blanqueo de capitales, cohecho, estafa o fraude fiscal. Así sucederá, en relación con el delito del art. 301.1 CP, cuando se tenga conocimiento del origen ilícito de las mismas (por ejemplo, que se trate de dinero proveniente del narcotráfico) y se posea, utilice, convierta o transmita para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos54. Cuando la dádiva entregada al funcionario o autoridad, o parte de ella, vaya a parar al partido (en el caso del cohecho). En el supuesto de que se prometiera a una persona su inclusión en una lista electoral a cambio de realizar una generosa donación al partido, cuando desde un principio tal posibilidad nunca se hubiere contemplado (lo que sería incardinable en el delito de estafa). O de no tributar en el Impuesto de Sociedades por aquellas rentas no exentas, como son las donaciones ilegales, de darse las circunstancias exigidas en el art. 305.1 CP.
Con todo, resulta criticable que el legislador sólo se haya centrado, a la hora de configurar el delito de financiación ilegal de partidos, en los fondos o aportaciones que éstos reciben, esto es, únicamente en la vertiente de los ingresos que obtiene el partido y no en el ahorro de costes con los que también se puede financiar (ilegalmente) al partido. De forma que, por ejemplo, será delito que una empresa done 25.000 euros a un partido, pero no que sufrague los gastos de la campaña electoral de esa formación. Además, no distingue el art. 304 bis CP entre donaciones de procedencia lícita o ilícita, por lo que dará igual, por ejemplo, que los 60.000 euros entregados por un particular provengan de una estafa que se trate de dinero que éste haya obtenido lícitamente. Por otro lado, resulta también cuestionable que no quede abarcada por el art. 304 bis CP la obtención de financiación ilícita de origen público. O que no rijan, para las fundaciones o asociaciones vinculadas a los partidos, las restricciones impuestas a éstos respecto de la recepción de donaciones de personas físicas y jurídicas; cuando, con este de tipo fondos (de origen lícito o no) la fundación del partido podría costear los gastos en que incurran éstos (lo cual no es delictivo)55.
Así las cosas, y en atención al bien jurídico protegido en el delito de financiación ilegal de partidos políticos que, a nuestro juicio, no es otro que la igualdad de oportunidades en materia de financiación56, consideramos que las conductas delictivas que debieran quedar integradas en dicho tipo, y por las cuales podría responsabilizarse a una formación política, son las que se mencionan a continuación:

- solicitar, aceptar, o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de financiación de carácter anónimo.
Ejemplo: un determinado partido inicia una campaña de crowdfunding en la que los donantes no tienen la obligación de identificarse. En consecuencia, el partido puede recibir numerosas pequeñas aportaciones tanto de personas bienintencionadas y comprometidas con los ideales de éste como provenientes de una organización criminal (lo cual no sería detectable). De suceder esto último, el partido se vería en una posición competitiva ventajosa respecto del resto de formaciones políticas que deciden no recurrir a este tipo de financiación totalmente opaca.
- solicitar, aceptar, o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de financiación de carácter finalista o revocable de personas físicas, personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica.
Ejemplos: a) un Gobierno extranjero realiza una donación de 10 millones de dólares al partido que sustenta al Ejecutivo para que se apruebe la instalación de una base militar en territorio español; b) una entidad de crédito condona toda la deuda que tenía contraída un determinado partido con aquélla a cambio de que interceda para que se le conceda el indulto al presidente de dicho banco (que ha sido condenado por fraude fiscal); c) un empresario (persona física) promete a un partido pagarle todos los gastos de una concreta campaña electoral si se le adjudica el contrato de gestión de aguas residuales de un importante municipio (el cual debiera licitarse).
- solicitar, aceptar, o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de financiación de origen ilícito de personas físicas, personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica57.
Ejemplos: cualquiera procedente de un delito como pudieran ser los de malversación de caudales públicos, cohecho, apropiación indebida, estafa, robo, tráfico de drogas, prostitución, etc.
- solicitar, aceptar, o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de financiación pública de forma ilegal o fraudulenta.
Ejemplos: a) recibir de forma fraudulenta una subvención para gastos electorales; b) solicitar que se le asigne al partido una subvención para gastos ordinarios de mayor cuantía a la que le correspondería por ley; c) aceptar (en el sentido de acordar o aprobar) que se le conceda al partido una subvención de forma camuflada, por ejemplo, a través de una de sus fundaciones, con el objetivo de que efectivamente revierta finalmente en el partido; d) recibir mayor asignación de espacios en lugares públicos y medios de comunicación pública con ocasión de los comicios electorales; e) acceder a una línea de financiación por parte del Instituto de Crédito Oficial (reservada a empresas).
- solicitar, aceptar, o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de financiación de los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales58.
- Superar en más de un uno por ciento los límites de gastos electorales previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General o, en su caso, en las respectivas leyes electorales autonómicas.
- Distraer fondos del partido destinados a gastos ordinarios para fines electorales, o viceversa. Entendiéndose por gastos ordinarios todos aquellos en los que pueda incurrir una formación política a excepción de los electorales.
Ejemplo: con parte de los fondos electorales se abonan los salarios de los trabajadores del partido.
- Traspasar fondos del partido destinados a gastos ordinarios a cuentas para fines electorales, o viceversa.
Ejemplo: para no incurrir en delito, al distraer fondos destinados a gastos electorales para pagar una reforma de la sede del partido, éste se limita a realizar un traspaso entre cuentas. De forma que, aparentemente, la reforma de la sede fuera sufragada con fondos para gastos ordinarios.
En nuestra opinión, sólo las conductas anteriormente enumeradas debieran ser las que integrasen el delito de financiación ilegal de los partidos políticos y pudieran atribuirse, en consecuencia, a éstos, pues, a nuestro juicio, sólo los tipos aquí descritos otorgarían una adecuada protección al bien jurídico tutelado en este delito. Así las cosas, entendemos que no merecerían la consideración de delictivos una serie de supuestos, como los que a continuación pasamos a mencionar, por tratarse de conductas que no entrañarían desvalor alguno:

1) Una empresa española dona 1 millón de euros a un partido porque lleva en su programa electoral una bajada considerable del impuesto de sociedades59.
2) Una empresa mexicana dona 2 millones de dólares a un partido que apoya un plan de beneficios fiscales para las inversiones extranjeras.
3) El Gobierno de Venezuela financia con 5 millones de dólares a un partido que defiende para España su mismo modelo de estado.
4) Un director de cine dona 100.000 euros a un partido que ha impulsado la aprobación de un mecanismo de financiación para la producción de películas en catalán.
5) Una entidad de crédito condona toda la deuda de un partido que se opone a la creación de un nuevo impuesto específico para los bancos60.
6) Un empresario (persona física) con contrato vigente con la Administración Pública asume los gastos de la campaña electoral de un partido (valorados en 3 millones de euros) porque resulta que su hermano va incluido en las listas electorales.
Sin ánimo de ser exhaustivos, hemos pretendido transmitir la idea de que, incriminar tales tipos de financiación con arreglo a meras presunciones sobre el origen corrupto o finalidad ilícita de cualquier clase de financiación hecha a una organización política sería tanto como configurar no ya un delito de peligro abstracto sino de sospecha (más propio de otros regímenes). Por el contrario, si lo que se tienen son indicios racionales de que ello es así, será entonces cuando deban depurarse las respectivas responsabilidades penales.
A pesar de lo aquí sostenido, en relación a este tipo de conductas, el legislador podría decidir sancionarlas administrativamente o no (cuestión ésta que no va a ser objeto de valoración por nuestra parte en este trabajo). Empero, de hacerlo, esto es, de sancionar por vía administrativa aquellas conductas que estimase conveniente, tal determinación respondería a otros fines seguramente igual de legítimos que el que justifica en este ámbito la intervención penal, pero, a su vez, totalmente distintos a éste. Así, por ejemplo, podría estimarse que la prohibición de efectuar o recibir cualquier tipo de financiación de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica (superados ciertos límites) respondería al deseo del legislador de restringir la financiación de carácter privado de los partidos para que hubiera cierto equilibrio con la de origen público; o prohibirse cualquier tipo de financiación de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica extranjeros porque el legislador ha considerado que los partidos sólo pueden recibir financiación nacional.
V. Sistema de penas: examen sobre la inconstitucionalidad de algunas de ellas y otras reflexiones

Las penas que pueden ser impuestas a un partido político vienen contempladas en el art. 33.7 CP y son las siguientes: a) multa por cuotas o proporcional; b) disolución; c) suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años; d) clausura de locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años; e) prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años; f) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios en incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años; y, g) intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
De todas ellas, la pena de multa es la única que se prevé con carácter obligatorio en la totalidad de figuras que conforman el listado tasado de delitos, no sucediendo lo mismo con el resto de medidas que podrán ser o no acordadas por los jueces y tribunales61. Tal opción nos parece altamente criticable puesto que se confiere al juez una potestad que debiera competer en exclusiva al legislador. De forma que, a título de ejemplo, podrá un juez decretar la suspensión de actividades del partido por estimar su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos, conforme al art. 66 bis 1ª a) CP, y otro decidir lo contrario al valorar las consecuencias sociales que conllevaría tal suspensión, conforme al art. 66 bis 1ª b) CP, con la enorme inseguridad jurídica que ello generaría. Además, por si no fuera suficiente con lo anterior, los jueces y tribunales pueden imponer cualquiera, varias o todas las penas previstas en las letras c) a g) del art. 33.7 CP, por un plazo de hasta de dos años, sin restricción alguna62.
En otro orden de cosas, como tuvimos ocasión de manifestar más arriba63, la sujeción de los partidos políticos a responsabilidad penal tenía como fin legítimo la salvaguarda de las funciones recogidas en el artículo sexto de la Constitución frente a actuaciones de los partidos que pudieran comprometer el correcto desarrollo de éstas. Ahora bien, que se haya defendido la constitucionalidad de tal decisión en abstracto, esto es, que la actuación del Derecho penal en este ámbito puede concebirse como otro mecanismo más de preservación o defensa de las esenciales funciones encomendadas a los partidos en nuestra Carta Magna, no significa que algunas de las penas que pueden imponerse a una organización política tengan un difícil encaje constitucional (como seguidamente veremos).
En primer lugar, respecto de la disolución del partido, entendemos que ésta debería excluirse del catálogo de penas a imponer a una formación política, pues, con ella se estaría privando a los ciudadanos de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido como es el de la participación política (art. 23.1 CE), en nuestro caso, canalizada a través de los partidos64. Además, téngase en cuenta que con esta medida se estaría truncando cualquier expectativa de resocialización/rehabilitación de la formación política, posibilidad de la cual no debería despojarse a los partidos. A lo cual podría añadirse, en virtud del principio de igualdad, que si no se prevé la pena de muerte para el caso de las personas físicas no se entiende por qué se contempla esta opción cuando se trata de una persona jurídica. Por último, consideramos que la disolución de un partido político sólo podría llevarse a cabo cuando éste fuese considerado una organización criminal, en cuyo caso cobraría sentido65.
En cuanto a la suspensión de sus actividades y la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, su imposición en el caso de un partido político debe ser igualmente rechazada (por afectación, principalmente, del derecho de participación política66 cuando la suspensión fuese generalizada (de todas sus actividades) --como parece apuntar el tenor del art. 33.7 c) CP--, o cuando la prohibición de realizar en el futuro actividades fuere definitiva --lo cual supone una disolución de facto--67.
Sin embargo, a nuestro juicio, podría acordarse la suspensión o prohibición de determinadas actividades del partido siempre y cuando pasaran un triple filtro: 1) que no pusieran en riesgo el derecho de participación política de los ciudadanos; 2) no constituyeran en la práctica nuevas sanciones para el partido (previstas o no en el art. 33.7 CP); y, 3) se circunscriban, en la medida de lo posible, al ámbito territorial del partido donde se llevó a cabo la actuación delictiva68. Así, por ejemplo, no se podrá acordar que el partido no pueda financiarse o solicitar subvenciones, que no pueda presentarse a las elecciones o que no pueda hacer uso de las redes sociales en las que tenga presencia (se trataría de nuevas sanciones encubiertas); o que no pueda celebrar mítines (por afectar al art. 23.1 CE). Por el contrario, nada debería obstar para que se prohibiera al partido, por ejemplo, que llevara a cabo prácticas de merchandising de haber sido condenado por un delito contra la propiedad industrial.
En relación con la intervención judicial, que es otra de las penas que plantea serias dudas de constitucionalidad, cabe recordar que ésta se prevé para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. Por tanto, sólo cuando fuera dirigida a tales fines quedaría justificada. En este sentido, no podrá el interventor asumir el control de los órganos directivos del partido (salvo en las decisiones que pudieran afectar a los derechos de los trabajadores o de los acreedores), confeccionar las listas electorales, tomar la determinación de no presentarse a unos comicios electorales, conformar el programa electoral, dar instrucciones a los parlamentarios, etc. En definitiva, se tratará de una intervención dirigida principalmente, o casi en exclusiva, al control económico-financiero.
Téngase en cuenta, además, que en virtud del art. 33.7 in fine CP la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial del partido pueden ser acordadas como medida cautelar durante la instrucción de la causa. En este sentido, consideramos que tanto la suspensión de actividades como la intervención judicial sólo podrían adoptarse como medidas cautelares bajo los presupuestos descritos más arriba.
Por último, y aunque no podamos abordar en este trabajo la posibilidad de ampliar el catálogo de "penas" aplicables a las personas jurídicas, sí quisiéramos referirnos muy brevemente a dos de ellas por la especial trascendencia que consideramos tendrían en el caso de los partidos políticos. Así sucedería, por ejemplo, con la publicación de la sentencia condenatoria en medios de comunicación (por su efecto estigmatizador) y los trabajos en beneficio de la comunidad69.
VI. Los modelos de organización y gestión (compliance programs) en los partidos políticos

Como se dijo al principio de este trabajo70, el legislador español aprovechó la reforma del Código Penal operada en 2015 para incorporar, al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la aclamada figura de los compliance programs, aludiendo a ellos con el nombre de "modelos de organización y gestión". Si bien, y a pesar del tenor literal de los arts. 31 bis 2 y 4 CP --que se refiere a ellos como causa de exención de la responsabilidad--, el Tribunal Supremo ha entendido, en contra de nuestro criterio, que se trata de un elemento del tipo y, en consecuencia, su inexistencia o ineficacia deberá probarse por parte de la acusación71. Por otro lado, los planes de prevención de delitos pueden actuar como atenuante en caso de que las circunstancias exigidas por los preceptos arriba citados sólo quedaran acreditadas parcialmente. De igual forma, en virtud del art. 31 quater CP, se considerará circunstancia atenuante de la responsabilidad penal del partido haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura del mismo.
Pues bien, en el caso concreto de los partidos políticos, el art. 9 bis LOPP72 dispone que "deberán adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos del artículo 31 bis del Código Penal". Ello ha llevado a la mayoría de autores a señalar que los partidos tienen la obligación de dotarse de dichos compliance programs73. Sin embargo, no podemos compartir tal afirmación, pues, en el momento en que dicho "mandato" no lleva aparejado una sanción en caso de incumplimiento, éste carece realmente de carácter obligatorio. Cuestión distinta sería, cosa que no sucede en la actualidad, que la LOPP obligara, por ejemplo, a depositar el plan de prevención de delitos (como así sucede con los Estatutos) ante el Registro de Partidos so pena de sanción en caso de no hacerlo en el plazo que se estipulase. Por tanto, más que tener la "obligación" de adoptar dichos mecanismos de cumplimiento normativo, diremos que a los partidos les convendrá implantarlos si quieren tener al menos la posibilidad de intentar quedar exentos de responsabilidad criminal.
De lo que no cabe duda es del efecto reputacional que la implementación de estos modelos de organización y gestión tendría en el seno de los partidos políticos, pero, no sólo eso sino que podrían ser utilizados como elemento de regeneración democrática y de relegitimación de estas organizaciones74. En este sentido, los compliance pueden y deberían ser considerados como un elemento más del programa de democratización de su funcionamiento corporativo interno75. Ahora bien, la clave del éxito de tales sistemas de prevención de delitos residirá en si los partidos adquieren un compromiso auténtico para erradicar conductas delictivas en su ámbito, esto es, que asuman o tomen conciencia de la denominada "cultura de cumplimiento de la legalidad" o si, por el contrario, sólo se conciben como escudo frente a eventuales responsabilidades penales (lo cual puede degenerar en la aprobación de compliance programs meramente "cosméticos"76.
Por otro lado, si bien es cierto que bastaría al partido político con adoptar un modelo de organización y gestión dirigido a prevenir únicamente aquellos delitos por los cuales puede ser condenado (sistema de numerus clausus), en nuestra opinión, tal circunstancia debería ser aprovechada por las formaciones políticas para incluir también otras posibles conductas que, aunque no pudieran ser atribuidas a una organización política, sí pudieran cometerse igualmente en beneficio de éstas. Y, en igual sentido, los planes de prevención deberían ir encaminados asimismo a tratar de evitar la realización de conductas delictivas de miembros del partido llevadas a cabo bajo el amparo o cobertura de éste aun cuando sólo se generara un beneficio para aquéllos. Además, los planes de cumplimiento normativo en los partidos deberían extenderse a otra serie de aspectos que pasamos a enumerar, a título ilustrativo, a continuación: 1) extensión del régimen sancionador a miembros del partido condenados por delitos no sólo relacionados con la corrupción (piénsese, por ejemplo, en delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género); 2) inclusión en el catálogo de infracciones la realización de conductas o comportamientos que, aun no siendo delictivos, se considerasen poco éticos o reprobables; y, 3) desarrollo de las obligaciones impuestas, principalmente, en materia económico-financiera77, trasparencia78 y de contratación79. En otro orden de cosas, los famosos "códigos éticos" de los que, en menor o mayor medida, han hecho gala los partidos políticos, tan sólo constituirán una parte (tan necesaria como insuficiente) del compliance program.
Respecto de las condiciones que deben concurrir para la exención de responsabilidad del partido, el Código Penal distingue dos supuestos. Así, cuando el delito sea cometido por las personas indicadas en la letra a) del art. 31 bis 1 CP, se exige: 1) que el órgano de "administración" haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 2) que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendadas legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica; 3) que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención; y, 4) no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la segunda condición (art. 31 bis 2 CP). Por el contrario, cuando el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra b) del art. 31 bis 1 CP, sólo se requiere, para que el partido quede exento de responsabilidad, que éste haya adoptado y ejecutado eficazmente, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir significativamente el riesgo de su comisión (art. 31 bis 4 CP).
En cuanto al contenido mínimo de los planes de prevención de delitos, éste viene establecido por el art. 31 bis 5 CP, de forma que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1) identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos; 2) establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos; 3) dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos; 4) impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención; 5) establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo; y, 6) realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.
No obstante, a la hora de dotarse de estos planes de prevención de delitos, los partidos se enfrentan a una problemática muy singular, cual es, su estructura territorial. Téngase en cuenta, a este respecto, que el art. 31 bis del Código Penal refiere a un concepto de persona jurídica estrictamente formal80 y ello significa, en el caso de los partidos políticos, que éstos sólo adquieran personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos (art. 3.4 LOPP). De forma que cuando se impute o condene a una formación política se hará a aquella que como tal conste en el mencionado registro y no a aquella "subunidad" del partido (local, provincial, autonómica...) en la que se cometa el delito81. Esta idea trasladada al ámbito del compliance comporta que será imprescindible tener en cuenta los distintos niveles territoriales en los que se organice el partido para su elaboración, implementación y gestión del mismo. En consecuencia, la creación de un sistema de cumplimiento normativo para grandes partidos como pueden ser el PP, el PSOE, Podemos o Ciudadanos, se erige en una costosa y laboriosa tarea.
Ahora bien, cuando se trata de una organización política, la prevención de delitos no puede confiarse sólo a la adopción de un buen compliance program, sino que debe ser completada con otros mecanismos igual de necesarios en un partido como son mayores cuotas de participación de los afiliados (incluso simpatizantes o votantes) en la toma de decisiones y mayores niveles de trasparencia (en su vertiente de derecho al acceso a la información)82.
VII. Otros aspectos

Para concluir, nos referiremos brevemente a tres instituciones como son la conformidad, la acción popular y el indulto, por las peculiaridades que éstas presentan en el ámbito de la responsabilidad penal de los partidos políticos.
Respecto de la conformidad, el art. 787.8 LECrim prevé que también las personas jurídicas puedan acogerse a esta posibilidad. Sin embargo, la duda que nos aborda es si los partidos harán uso y abuso de este mecanismo a imagen y semejanza de lo que sucede, en la práctica, en el caso de las personas físicas83. Téngase en cuenta que con la conformidad lo que se produce es un allanamiento a la petición de pena, y esto, traducido en términos políticos, supone de cara a la ciudadanía dar el mensaje de que el partido ha aceptado su "culpa" (si se me permite la expresión). Lo que queremos decir con ello es que, tratándose de una organización política, y sabedores del estigma que puede conllevar para el partido la aceptación de un acuerdo de conformidad, posiblemente ésta no sea una herramienta a la que las formaciones políticas recurran con asiduidad, máxime cuando pueden obtener, sin duda, mucho mayor rédito político de defender a escapa y espada su presunción de inocencia durante el interminable periodo de tiempo en el que se sustancie el proceso. Por otro lado, piénsese en las sospechas que podrían recaer sobre aquel partido que suscribiere una "benevolente" conformidad cuando sea del mismo signo que el partido que sustenta al Gobierno (por aquello de las posibles "instrucciones" dadas a la Fiscalía). Aunque, también podría pensarse en un caso opuesto, esto es, que el Ministerio Público no estuviere por la labor de llegar a conformidad cuando se trate de determinados partidos políticos. Con todo, también cabe reconocer que no tendría la misma repercusión mediática el pacto alcanzado por un partido de ámbito nacional, como pueda ser el PP, que uno con presencia sólo en una localidad o región (salvo que se trate de partidos sobre los que recaiga una especial atención o seguimiento).
En relación a la posibilidad de que los partidos políticos puedan ejercer de acusación popular en un proceso penal dirigido contra otro partido político, se han esgrimido en su contra, básicamente, dos argumentos84: 1) que los partidos no pueden absorber espacios participativos constitucionalmente diseñados para su ejercicio directo por los ciudadanos85; y, 2) el riesgo de judicialización de la política86. En cuanto al primero de los motivos, simplemente señalar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor del ejercicio de la acción popular por parte de las personas jurídicas87; y, respecto al segundo, si bien es cierto que los partidos pueden utilizar este mecanismo como arma arrojadiza contra el adversario político88, convendría tener presente que lo que se dirime en un proceso penal no son responsabilidades políticas, sino que el debate se centra en la posible existencia de hechos delictivos. Por tanto, si se observa que la querella presentada por una formación política (como acusación popular) responde en exclusiva a fines políticos, esto es, la misma no se sustenta en unos mínimos indicios racionales de criminalidad, lo que deberá hacerse por parte del juez o tribunal es inadmitirla (práctica, al parecer, poco extendida).
De forma que, aunque constitucionalmente no exista obstáculo alguno para privarles (en un futuro) de tal posibilidad, pues, no existe como tal un derecho fundamental al ejercicio de la acción popular89, tal pretensión debería ser desatendida por las razones aquí expuestas. Máxime si se tiene en cuenta el protagonismo que adquiere esta institución en casos en los que ni el ofendido ni la Fiscalía ejercen la acusación90. Cuestión distinta es que, en estos supuestos, se pueda decretar el sobreseimiento de la causa en aplicación de la denominada "doctrina Botín".
Por último, haremos alusión a la cuestionada figura del indulto, prevista en el art. 130.1.4º CP como causa de extinción de la responsabilidad criminal. Obviamente, dada su regulación decimonónica, el indulto fue concebido para extinguir la pena de quienes en aquellos momentos eran capaces de soportarla, esto es, las personas físicas. Y lo mismo cabe decir respecto del resto de causas de extinción previstas en el Código Penal. Sin embargo, si el legislador hubiera pretendido impedir que alguna de ellas fuera aplicable a las personas jurídicas lo hubiera expresado con ocasión de la reforma operada en 2010, y no fue así91. En consecuencia, podrá acordarse el indulto de un partido político por razones de equidad, justicia o utilidad pública (ex art. 11 de la Ley de 18 de junio de 1870, de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto).
Como sabemos, la única justificación que sustenta esta vetusta institución es la de corregir los excesos derivados de la estricta aplicación de la ley penal. En este sentido, sería de gran utilidad en casos como los de disolución, suspensión o prohibición de actividades del partido (por lo manifestado anteriormente)92. Ahora bien, preferiríamos (como también hemos sostenido) que tales penas quedaran vedadas o acotadas cuando se trate de aplicarlas sobre organizaciones políticas. Piénsese, además, que la potestad para conceder o denegar el indulto de un partido recaería en el Consejo de Ministros del Gobierno de turno, con las suspicacias (seguramente fundadas) que se generarían según se tratase de una formación de signo distinto a éste o del propio partido que sustenta al Gobierno. O, todo lo contrario, que esta circunstancia condujera directamente a la impunidad de los partidos políticos dado el "corporativismo" que podría generarse.
VIII. Consideraciones finales

La extensión del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos ha supuesto, en nuestro ordenamiento jurídico, una importante innovación legislativa debido al elevado grado de "autoproteccionismo" que tradicionalmente venía caracterizando a este tipo de formaciones. A este hito se sumó en 2015 la creación ex novo del delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Con todo, el legislador español optó por introducir un modelo de responsabilidad penal limitado, pues, como se apuntó, no todos los delitos pueden ser atribuidos a una persona jurídica. Por otro lado, como también se puso de manifiesto, la aplicación de determinadas penas en el caso de un partido político es una cuestión que debiera ser objeto de una futura reflexión por la especial proyección de algunas de ellas sobre el derecho fundamental a la participación política.
No obstante, aun con los defectos que presenta el sistema de los arts. 31 bis y ss. CP, consideramos que el sometimiento a responsabilidad penal de los partidos merece una valoración altamente positiva, pues, no debe olvidarse que de lo que aquí se trata es de sancionar actuaciones ilícitas "de" los partidos. De ahí que no baste con exigir responsabilidad política a éstos, o que tales responsabilidades se dirimieran con un simple "castigo electoral". Ahora bien, también sería un error creer que la intervención penal en estos casos es más que suficiente. Por ello, consideramos que para acabar con este tipo de "prácticas" de los partidos se debiera avanzar en mayor democracia interna, más participación de sus bases y, por qué no, de la ciudadanía en general.
Por otro lado, la introducción de la figura de los compliance programs (tan ovacionada como criticada) entendemos puede ser concebida como una oportunidad para propiciar la implantación de esa "cultura de cumplimento normativo" en los partidos (lo cual cobraría un especial significado) y, muy particularmente, la de sus repercusiones en materia de prevención de riesgos penales. A pesar de lo anterior, los modelos de gestión y organización pueden ser utilizados como una vía directa hacia la impunidad (también en el caso de los partidos), aunque ello dependa de la interpretación que de los mismos haga la jurisprudencia en tiempos futuros y sobre todo de la aplicación práctica por parte de los tribunales. Por el momento, de lo que debiéramos preocuparnos es que los partidos políticos se tomen en serio este tipo de mecanismos con independencia de sus beneficios, esto es, la posible exención de responsabilidad penal.
Llegados a este punto, para concluir, insistiremos en la exigencia impuesta por nuestro Código Penal de que para condenar a un partido político (como persona jurídica) tendrán que quedar acreditados, más allá de presunciones y automatismos, los requisitos establecidos en el art. 31 bis 1 CP. Y lo mismo cabe decir, en su caso, respecto de los criterios previstos para exonerarles de responsabilidad (arts. 31 bis 2 y 4 CP). Sin embargo, esto que, en principio, no necesitaría ser recordado --por tratarse de una exigencia legal-- no siempre parece ser respetado (como puede comprobarse a la luz de alguna primera experiencia)93. E igual de importante será, en el trascurso del proceso penal, velar por que los derechos fundamentales de los que goza toda persona jurídica (también los partidos) sean respetados --especialmente los de presunción de inocencia y no autoincriminación--.

NOTAS:

1 El Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en el Código, y previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales, podía imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias: a) clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo; b) disolución de la sociedad, asociación o fundación; c) suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación; d) prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquéllos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; y, e) la intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores (art. 129. 1 CP). Pudiéndose acordar también por el Juez Instructor, durante la tramitación de la causa, la clausura temporal y la suspensión de actividades (art. 129.2 CP).
2 De ahí que, como algún autor expresara, tal regulación constituía el germen de un verdadero sistema de responsabilidad penal de los entes colectivos. Vid., TAMARIT SUMALLA, J. M.: "Las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal: un primer paso hacia un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas", en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.; et al. (Eds.): La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor Doctor Don José Cerezo Mir, Madrid, Tecnos, 2002, p. 1170.
3 Vid., sobre esta cuestión y la problemática que se suscitó con la posterior exclusión de los partidos políticos del régimen de responsabilidad penal del art. 31 bis CP, MARTÍNEZ GARAY, L. y MIRA BENAVENT, J.: "La responsabilidad penal de las organizaciones terroristas con personalidad jurídica. Especial referencia al caso de los partidos políticos", Revista General de Derecho Penal, núm. 14, 2010, pp. 1-11.
4 Vid., respectivamente, sentencia de la Sala Especial (del art. 61 LOPJ) del Tribunal Supremo, de 27 de marzo de 2003 y sentencias de la Sala Especial (del art. 61 LOPJ) del Tribunal Supremo, de 22 de septiembre de 2008.
5 Ahora bien, como afirmaban SILVA SÁNCHEZ y ORTIZ DE URBINA GIMENO, se trataba simplemente de una forma de asegurar el pago de la multa. Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J. M. y ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: "El artículo 31.2 del Código Penal. ¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas o mero aseguramiento del pago de multa?, InDret, núm. 2, 2006, p. 8.
6 En el sentido de que permite dirigir la acción penal directamente contra la persona jurídica. Vid. QUINTERO OLIVARES, G.: "Art. 31 bis; art. 31 ter; art. 31 quater; y, art. 31 quinquies", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Comentarios al Código Penal español. Vol. 1 (artículos 1 a 233), Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016, p. 387.
7 En expresión de GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.: "El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas", en GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S. y CALDERÓN CUADRADO, P. (Coords.): El Derecho Procesal español del siglo XX a golpe de tango, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, p. 1037.
8 El grupo parlamentario popular presentó una enmienda al entonces proyecto de Ley Orgánica (la número 337), que abogaba por la extensión del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos. La justificación de la enmienda (que no recibió el apoyo de ningún otro grupo) rezaba así: "se considera adecuada la exclusión del régimen penal de las personas jurídicas respecto a todas aquellas que suponen poder público. Sin embargo, no es adecuado incluir en este bloque a los partidos políticos -que ya tienen en la Ley de Partidos y en el Código Penal sanciones dirigidas contra ellos directamente-". Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 52-9, de 18/03/2010, p. 150.
9 Vid., sobre este particular, LEÓN ALAPONT, J.: "La responsabilidad penal de los partidos políticos en España: ¿disfuncionalidad normativa?", Revista General de Derecho Penal, núm. 27, 2017, pp. 1-42.
10 A pesar de que el Tribunal Constitucional en su sentencia 48/2013, de 12 de marzo, no entendiera que la LOPP fuere una norma penal, autores como FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ así lo han considerado. Vid. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A.: Ley de partidos políticos y derecho penal: una nueva perspectiva en la lucha contra el terrorismo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 321. El autor entiende que la disolución sí debiera entenderse como una manifestación del ius puniendi (aun como una suerte de nueva modalidad al margen de las ya existentes: el Derecho sancionador administrativo y el Derecho penal); o, al menos, deberían gozar de aplicabilidad las garantías y principios constitucionales limitadores del ius puniendi.
11 Así sucedió con el partido Unió Democràtica de Catalunya, en el conocido como Caso Pallerols (SAP Barcelona 53/2013, de 21 de enero). Vid. ampliamente sobre el mismo, SANDOVAL CORONADO, J. C.: "La financiación corrupta de los partidos políticos. A propósito del caso Pallerols", en PUENTE ABA, L. M. (Dir.): La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción. Doctrina y análisis de casos, Hospitalet de Llobregat, Bosch, 2014, pp. 341-344.
12 Así, JAÉN VALLEJO, M.: "Características del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas", en ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. y MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E. B. (Coords.): Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2010, p. 110.
13 Vid., al respecto, LEÓN ALAPONT, J.: "La primera imputación de un partido político en España ex artículo 31 bis del Código Penal", Diario La Ley, núm. 9107, 2017.
14 Introducido por la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
15 MIR PUIG, S.: Derecho Penal. Parte general (9ª edición a cargo de Víctor Gómez Martín), Barcelona, Reppertor, 2011, p. 203. Ésta es también la tesis acogida por la Fiscalía en la Circular 1/2011, de 1 de junio, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010, p. 22.
16 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del código Penal", Diario La Ley, núm. 7534, 2010, p. 2.
17 BAL FRANCÉS, E.: Regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: exclusión de las personas jurídicas públicas; examen de la relación de penas a imponer; así como las de las circunstancias modificativas de su culpabilidad, Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, XXXII Jornadas de Estudio de la Abogacía, "El nuevo Código Penal", 17 y 18 de noviembre de 2010, p. 2/11. Disponible en: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292342419997?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPonencia_de_Edmundo_Bal_Frances.PDF [Consulta: 28 de diciembre de 2017].
18 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L.: "El sistema de sanciones penales aplicables a las personas jurídicas", en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. (Coord.): Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal. Tomo I, Madrid, Iustel, 2010, p. 319.
19 URRUELA MORA, A.: "La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en derecho español en virtud de la LO 5/2010: perspectiva de lege data", Estudios penales y criminológicos, vol. 32, 2012, p. 449.
20 DEL MORAL GARCÍA, A.: "Regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal español", en PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J.: Proceso penal y responsabilidad penal de personas jurídicas, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2017, p. 63.
21 Dictamen del Consejo de Estado 1404/2009, de 29 de octubre, relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
22 MORALES PRATS, F.: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): La reforma penal de 2010: análisis y comentarios, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2010. p. 61.
23 CARBONELL MATEU, J. C. y MORALES PRATS, F.: "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Coords.): Comentarios a la reforma penal de 2010, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 78.
24 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación española", InDret, núm. 1, 2012, p. 11.
25 MORILLAS CUEVA, L. "La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Anales de Derecho, núm. 29, 2011, p. 26.
26 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. y SÁNCHEZ-JUNCO MANS, J.: "Art. 31 bis", en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (Dir.): Código Penal comentado, Hospitalet de Llobregat, Bosch, 2012, p. 223.
27 Cfr. VALLS PRIETO, J. "Las exenciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Son responsables los partidos políticos y sindicatos?". Cuadernos de Política Criminal, núm. 104, 2011, p. 127.
28 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J.: "Responsabilidad penal de personas jurídicas", en ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (Coord.): Reforma penal de 2010, Madrid, Francis Lefebvre, 2010, p. 15.
29 BAUCELLS LLADÓS, J.: "Autorregulación y prevención del delito en los partidos políticos", Revista General de Derecho Penal, núm. 28, 2017, p. 23.
30 GÓMEZ TOMILLO, M.: Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, pp. 61-62.
31 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M.: "La responsabilidad criminal de los partidos políticos y sindicatos", Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 11, 2014, pp. 367-368.
32 De hecho, como se ha afirmado por parte de algunos autores, "las consecuencias jurídicas que la mera imputación puede tener para un partido político son especialmente intensas, no solo para el funcionamiento normal de los partidos, sino para el mantenimiento de la estructura institucional de nuestro país". Vid. CAMACHO VIZCAÍNO, A. y CORTÉS LABADÍA, J. P.: "Partidos políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas", Diario La Ley, núm. 8586, 2015, p. 6.
33 SSTC 3/1981, de 2 de febrero; 10/1983, de 21 de febrero; 18/1984, de 7 de febrero; 75/1985, de 21 de junio; 85/1986, de 25 de junio; 56/1995, de 17 de julio; 48/2003, de 12 de marzo; 5/2004, de 16 de enero; 31/2009, de 29 de enero y 226/2016, de 22 de diciembre.
34 BRICOLA, F. Teoría general del delito, Buenos Aires, B de F, 2012, pp. 29-30.
35 En sentido parecido, DE PABLO SERRANO, A. L.: "La responsabilidad penal de los partidos políticos: delitos, penas y Compliance programms", en MATIA PORTILLA, F. J. (Dir.): Problemas actuales sobre el control de los partidos políticos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, p. 358.
36 GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.: "El tratamiento en el Código Penal de los tipos relacionados con la corrupción", Cuadernos Digitales de Formación (CGPJ), núm. 8, 2013, p. 2.
37 SANDOVAL CORONADO, J. C.: "Aportación a una reflexión político criminal sobre la corrupción en la financiación de los partidos políticos", Revista General de Derecho Penal, núm. 22, 2014, pp. 1-2.
38 Vid., sobre la instrumentalización de las instituciones por los partidos, PORTERO MOLINA, J. A.: "Crisis del Estado de Partidos e instrumentalización de las instituciones", en GARRIDO LÓPEZ, C. y SÁENZ ROYO, E. (Coords.): La reforma del estado de Partidos, Madrid, Marcial Pons, 2016, pp. 116-119.
39 VILLORIA MENDIETA la califica como aquélla que llevan a cabo los políticos (para diferenciarla de la de los funcionarios y particulares); referida a "las actuaciones dirigidas a la adquisición y mantenimiento del poder político por medios ilegítimos"; excluyendo las actividades que tan sólo conduzcan al enriquecimiento personal; y, ésta es la nota característica, que lesiona un bien como la "legitimidad de la política". Vid. VILLORIA MENDIETA, M.: La corrupción política, Madrid, Síntesis, 2006, pp. 98 y 102-103.
40 Piénsese no sólo en cargos públicos como un alcalde, un concejal, un diputado, un presidente de Comunidad Autónoma, etc., sino también en cualquier funcionario que tenga una responsabilidad en el partido.
41 Ello a pesar de que en el caso de los cargos electos su posición se deba a que han sido incluidos en unas listas electorales cerradas elaboradas por el partido. Adviértase, no obstante, que en ambos casos (cargos públicos o funcionarios) la independencia de éstos respecto del partido se manifiesta en el momento en que la remoción de los mismos de sus responsabilidades en el partido no conlleva la de su puesto en la Administración Pública.
42 Vid., por todos, ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: "Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuestiones materiales", en AYALA GÓMEZ, I. y ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (Coords.): Penal económico y de la empresa 2016-2017, Madrid, Francis Lefebvre, 2016, p. 174.
43 En este sentido, ROBLES PLANAS, R. y RIGGI, E. J.: "El extraño artículo 65.3 del Código Penal", en ROBLES PLANAS, R. (Dir.): La responsabilidad en los "delitos especiales", Montevideo-Buenos Aires, B de F, 2014, pp. 74-76.
44 Cfr. MAROTO CALATAYUD, M.: La financiación ilegal de los partidos políticos: un análisis político-criminal, Madrid, Marcial Pons, 2015, p. 205. Vid., sobre las objeciones que pueden plantearse a esta interpretación, OLAIZOLA NOGALES, I.: La financiación ilegal de los partidos políticos: un foco de corrupción, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 164-168.
45 MAROTO CALATAYUD, M.: La financiación ilegal..., op. cit., p. 205. En contra de esta tesis, la STS 478/2010, de 17 de mayo, señalaba que el cargo de Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana "no suponía el ejercicio de una función pública con independencia de que ello tuviera interés público" (FJ. 6).
46 OLAIZOLA NOGALES, I.: La financiación..., op. cit., p. 168.
47 QUINTERO OLIVARES, G.: "La responsabilidad penal de los Partidos como personas jurídicas", Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 859, 2013, p. 8.
48 Entiéndase, en adelante, que toda referencia hecha a la capacidad de delinquir de los partidos políticos o a la comisión de delitos por parte de éstos (y expresiones similares) lo es en un sentido no técnico-jurídico. Como sabemos, en puridad, los partidos políticos no "delinquen", sino que éstos pueden ser declarados penalmente responsables de darse las condiciones exigidas en el art. 31 bis 1 CP.
49 En esta línea se ha manifestado DE PABLO SERRANO, A. L.: "La responsabilidad penal...", op. cit., p. 361.
50 Así ha sido defendido, a nuestro juicio de forma acertada, entre otros, por BAUCELLS LLADÓS, J.: "Autorregulación...", op. cit., pp. 32-33. DE PABLO SERRANO, A. L.: "La responsabilidad penal...", op. cit., p. 365. Y ZUGALDÍA ESPINAR, J. M.: "La responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el Derecho penal español (análisis de la cuestión tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo)", en ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. y MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E. B. (Dirs.): La responsabilidad criminal de las personas jurídicas en Latinoamérica y en España, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, p. 237.
51 El art. 144.1 LOREG prohíbe la realización de actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral. Y considera delictiva la infracción de las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral. Por su parte, el art. 146.1 a) LOREG prohíbe la solicitud directa o indirectamente del voto de algún elector, o la inducción a la abstención, por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas. Y el art. 146.1 b) LOREG refiere a quien con violencia o intimidación presione sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto.
52 A este concreto posible delito se refieren QUINTERO OLIVARES, G. y FRANQUET SUGRAÑES, M. T.: "Estado, mercado y Constitución: la dimensión penal", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Derecho Penal Constitucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, p. 511.
53 Piénsese no sólo en el acto en sí de convocatoria de referéndum o a la proclamación solemne de una eventual declaración de independencia de un territorio, sino en otras conductas hipotéticamente delictivas como podrían ser promover actos en favor de aquéllos, suscribir declaraciones de apoyo, etc...
54 Para el Tribunal Supremo la voluntad de ocultación o ayuda debe estar presente en todas las modalidades comisivas. Así, SSTS 1080/2010 de 20 octubre y 265/2015 de 29 abril. De forma que, no hay blanqueo de capitales cuando se trata de un mero disfrute o aprovechamiento de los bienes de origen ilícito. Así, STS 515/2015 de 20 julio.
55 A esta cuestión se refiere NIETO MARTÍN, A.: "Corrupción y abuso de poder (I)", en GÓMEZ RIVERO, M. C. (Dir.): Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial, Madrid, Tecnos, 2015, p. 472.
56 En este sentido, consideramos que la financiación ilegal de los partidos debiera concebirse (en este ámbito concreto) como un supuesto de "competencia desleal" entre este tipo de organizaciones, pues, la ventaja económica obtenida ilícitamente por la formación política correspondiente situaría a ésta en una mejor posición competitiva respecto del resto de partidos.
57 Repárese en el hecho de que no hayamos aludido a que dicho origen ilícito deba ser conocido. De darse esto último el delito de financiación ilegal podría entrar en concurso con el de blanqueo de capitales.
58 Actualmente, la LOFPP permite el trasvase de fondos de los grupos parlamentarios al partido, y no impide que asuman los gastos de éstos Vid. sobre esta problemática, LEÓN ALAPONT, J.: "¿Responsabilidad criminal de los grupos parlamentarios?, Revista General de Derecho Penal, núm. 28, 2017, p. 20.
59 Así, por ejemplo, la Supreme Court of the United States permite a las empresas hacer aportaciones ilimitadamente a los partidos bajo el principal argumento de que lo contrario supondría una violación del derecho a la libertad de expresión. Véase, sobre este particular, RODRÍGUEZ-AGUILERA DE PRAT, C.: Manual de partidos políticos, Barcelona, Huygens, 2017, p. 70.
60 Especial reticencia ha generado esta cuestión en la doctrina, mostrándose a favor de su incriminación. Vid., por todos, JAVATO MARTÍN, A. M.: "Artículo 304 bis", en GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir.): Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo 3, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, p. 720.
61 Así se deduce de la cláusula "Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33", prevista en aquellos delitos (no en todos) por los cuales se puede declarar la responsabilidad penal de una persona jurídica.
62 A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la pena de disolución u otras penas cuando se quieren imponer por tiempo superior a dos años (art. 66 bis 2ª CP).
63 Vid. supra, 2.
64 En esta línea se muestra DE PABLO SERRANO, quien se refiere también a la afectación de la libertad ideológica. Cfr. DE PABLO SERRANO, A. L.: "La responsabilidad penal...", op. cit., p. 358. Debiéndose tener en cuenta que la disolución de un partido puede poner en riesgo el pluralismo político (consagrado en el art. 1 CE como valor superior de nuestro Estado social y democrático de Derecho) y tener incluso repercusiones sobre el propio sistema de partidos. No compartimos, pues, la posición que mantiene BAUCELLS LLADÓS a éste respecto, quien no atisba ningún problema en relación a la posibilidad de disolver un partido político. Vid. BAUCELLS LLADÓS, J.: "Autorregulación...", op. cit., p. 23.
65 Vid. detalladamente, sobre esta cuestión, LEÓN ALAPONT, J.: "La responsabilidad penal...", op. cit., pp. 34-35.
66 Pueden también darse por reproducidas las consideraciones hechas en la nota a pie de página 65.
67 En este sentido se ha manifestado QUINTERO OLIVARES. Vid. QUINTERO OLIVARES, G. y FRANQUET SUGRAÑES, M. T.: "Estado, mercado y...", op. cit., p. 509.
68 Idénticas consideraciones cabe hacer respecto a la posibilidad de acordar la suspensión de actividades como medida cautelar (ex art. 33.7 in fine CP).
69 Piénsese en un partido filo-nazi condenado por un delito de odio (al haber llevado a cabo ciertas acciones en contra del colectivo de inmigrantes). Podría imponérsele a dicha formación política, como pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la obligación de realizar una cena benéfica en favor de éstos, u ordenar la recogida de alimentos y ropa para aquél colectivo.
70 Vid. supra, 1.
71 SSTS 154/2016, de 29 de febrero y 221/2016, de 16 de marzo.
72 Introducido por la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
73 Vid., por todos, MAROTO CALATAYUD, M: "Autorregulación y legitimidad corporativa: democracia interna y control social en partidos políticos y empresas", en ARROYO JIMÉNEZ, L. y NIETO MARTÍN, A. (Dirs.): Autorregulación y Sanciones, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, p. 417.
74 Así ha sido defendido por BAUCELLS LLADÓS, J.: "Autorregulación...", op. cit., p. 37.
75 Cfr. MAROTO CALATAYUD, M: "Autorregulación y...", op. cit., p. 412.
76 Un ejemplo de éstos lo constituiría el "Reglamento de control y gestión" del PSOE, en cuyo preámbulo se especifica que "El presente Reglamento de Control y Gestión del Partido Socialista Obrero Español tiene por objeto cumplir el mandato establecido en la Ley orgánica 3/2015, de 30 de marzo, así como en los términos establecidos por el artículo 31.bis del Código penal". Disponible en:  http://www.psoe.es/media-content/2015/04/reglamento-de-control-y-gestion.pdf [Consulta: 8 de enero de 2018].
77 Vid. Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
78 Vid. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
79 Vid. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A este respecto, pueden consultarse las instrucciones aprobadas por el PSOE. Disponibles en: http://www.psoe.es/media-content/2017/01/Instrucciones-de-contrataci%C3%B3n-del-PSOE.pdf [Consulta: 15 de mayo de 2017].
80 Así se ha señalado por la mayoría de autores, entre los que cabe citar a FERNÁNDEZ TERUELO, J.: "Regulación vigente: exigencias legales que permiten la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica y estructura de imputación (CP art. 31 bis 1, 2 inciso 1º y 5º), en JUANES PECES, Á. (Dir.): Responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas, Madrid, Francis Lefebvre, 2015, p. 70.
81 Vid. sobre esta cuestión, LEÓN ALAPONT, J.: "¿A qué partido político imputar y eventualmente condenar?, Revista Penal, núm. 40, 2017, pp. 146-167.
82 Apunta a la importancia de estos dos elementos, FLORES GIMÉNEZ, F.: "Democracia interna y participación ciudadana como mecanismos de control de la corrupción", en NIETO MARTÍN, D. y MAROTO CALATAYUD, M. (Dirs.): Public compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, p. 186.
83 Cabe recordar, no obstante, que en el mencionado Caso Pallerols (Vid. supra, 1) el partido Unió Democràtica de Catalunya fue condenado en virtud de sentencia dictada por conformidad de las partes (SAP Barcelona 53/2013, de 21 de enero), si bien en aquella ocasión lo fue como responsable civil subsidiario y a título lucrativo (y no ex arts. 31 bis y ss. CP).
84 Así, BAUTISTA SAMANIEGO, C. M.: "Partidos políticos y acción popular. A propósito del auto del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2016", Diario La Ley, núm. 9015, 2017.
85 Téngase en cuenta que el art. 125 CE se refiere a que "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular (...)".
86 Así señalado por el Auto del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2016.
87 Entre otras, SSTC 241/1992, de 21 de diciembre; 34/1994, de 31 de enero y 50/1998, de 2 de marzo.
88 Vid., sobre esta cuestión, GARCÍA MORILLO, J.: "Responsabilidad política y responsabilidad penal", Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 52, 1998, p. 102.
89 Vid. ampliamente, sobre este particular, GIMENO SENDRA, V.: "La doctrina del Tribunal Supremo sobre la Acusación Popular: los casos «Botín» y «Atutxa»", Diario La Ley, núm. 6970, 2008.
90 Como así sucedió en la causa contra el Partido Popular por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas (ex tesorero de dicha formación). Vid., sobre esta cuestión, LEÓN ALAPONT, J.: "La primera...", op. cit., p. 7/13.
91 MAYORDOMO RODRIGO, V.: "El indulto de las personas jurídicas. Fundamento en «razones de equidad, justicia o utilidad pública», en DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L. (Dir.): Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2013, p. 286.
92 Vid. supra, 5.
93 Vid., sobre este particular, LEÓN ALAPONT, J.: "La primera...", op. cit., p. 4/13.

BIBLIOGRAFÍA:

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