Doctrina

Títol: Tributación del crowdfunding
Data: 24/07/2017

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La crisis económica por la que hemos atravesado en los últimos años ha puesto de manifiesto que nuestro sistema financiero adolece de serias deficiencias. Entre las mismas, debe destacarse la dificultad para la obtención de crédito por los ciudadanos, que afecta a cuestiones tan fundamentales como el derecho a la vivienda, al trabajo o a la vida en sociedad. La condición necesaria para el disfrute de estos derechos es, sin duda, el acceso a los servicios financieros, que se deviene además indispensable para el inicio de cualquier proyecto, empresa o actividad. En efecto, para poder llevar a cabo una actividad emprendedora una vez que ha nacido la idea, el primer obstáculo que debe solventarse es el relativo a su financiación. Tanto la creación de un proyecto como su consolidación, requiere de unos recursos económicos no siempre disponibles por parte de su promotor, lo que obliga a la búsqueda de fuentes de financiación ajenas. Las fuentes tradicionales de crédito han sido las entidades bancarias. Sin embargo, la financiación a través del crédito bancario se ha visto restringida considerablemente en los últimos años. Tal restricción se ha acompañado, además, de un aumento de las exigencias establecidas para los solicitantes de crédito, lo que ha supuesto todavía mayores obstáculos a la financiación.
Ante esta problemática, se observa una tendencia al alza en relación a la búsqueda de fuentes de financiación alternativa tanto de particulares como de empresas. Aquellas pueden ser múltiples, desde colaboraciones de familiares o amigos hasta fórmulas innovadoras que van más allá de la finalidad meramente económica, incorporando también objetivos sociales. Si el crédito queda restringido por las entidades tradicionales, y el crecimiento económico se basa, entre otros factores, en el emprendimiento, será imprescindible la apertura a formas de financiación innovadoras a través de las cuales puedan desarrollarse los proyectos.
Estos sistemas pueden incluirse dentro de la llamada innovación social, que implica la creación de valor social mediante una nueva forma de abordar los retos de la sociedad, brindando alternativas originales a los problemas planteados. La singularidad de los nuevos instrumentos de financiación es la colaboración ciudadana, pues estos tienen su origen en movimientos sociales que, ante el agotamiento de los sistemas tradicionales, han asumido un nuevo papel de participación en los proyectos.
Así, se produce una desintermediación de los actores tradicionales de financiación que, en la mayoría de los casos, han sido los bancos. La innovación no consiste en que la entidad que concede el préstamo lo haga con condiciones más favorables como es el supuesto, por ejemplo, de los microcréditos. En la financiación alternativa los actores son los propios ciudadanos, personas que no actúan a través de entidades financieras, sino que participan directamente en la financiación del emprendedor, por su propia cuenta y riesgo, por lo que nos encontramos ante auténticos modelos de innovación social.
Entre estas figuras pueden destacarse los business angels, (que además de una cantidad dineraria aportan conocimientos, redes o patrocinios), también el mecenazgo y micromecenazgo, las incubadoras de empresas, el venture capital (capital riesgo corporativo) o las sociedades de garantía recíproca, entre otros. Todos estos instrumentos se han ido creando en torno a las necesidades de financiación existentes en nuestra sociedad contemporánea, tomando como base fundamental el apoyo de los ciudadanos, ya actúen estos como persona física o en calidad de empresarios o comunidad.
Ahora bien, el instrumento de financiación alternativa que mayor repercusión ha tenido, tanto a nivel mundial como en nuestro país, ha sido el denominado crowdfunding, término que puede traducirse como financiación colectiva o financiación en masa. En principio, la configuración de este nuevo medio es sencilla: un sujeto que necesita financiación, publica su proyecto en una plataforma electrónica a través de la cual la colectividad puede conocer tal proyecto y financiarlo mediante sus aportaciones. Teniendo en cuenta estas premisas, puede afirmarse que el crowdfunding ha de enmarcarse dentro de la innovación social. Si la innovación social constituye una nueva fórmula de resolución de problemas, que no tienen por qué ser de índole exclusivamente económica, el crowdfunding cumple, sin duda, todos los requisitos para ser considerado innovación social. Se trata de una reformulación de los medios de financiación para un proyecto, financiación que, de otra forma, no podría haberse logrado.
La relevancia social de esta figura queda constatada por el aumento exponencial que el uso del crowdfunding ha tenido en los últimos años, tanto en nuestro país como en el ámbito europeo e internacional. Sin embargo, pese a la importancia que el crowdfunding ha ido adquiriendo en los últimos años, e incluso una vez afianzado como método de financiación en un contexto post- recesión como el actual, son pocos los países que han desarrollado normativas específicas en la materia. Solo algunos Estados, conocidos como early adopters (Estados Unidos, Francia o Italia), han aprobado legislaciones reguladoras del crowdfunding. En nuestro país, no ha sido hasta la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (en adelante Ley 5/2015), cuando se ha regulado el crowdfunding por primera vez. Nuestra norma, al igual que hacen sus homólogas, solo incluye dentro de su ámbito de aplicación las tipologías de crowdfunding con remuneración para el inversor, es decir, la modalidad de préstamos (lending) y de participación en el capital (equity). Se excluyen así las modalidades de donaciones y recompensas, lo que puede dar lugar a la inseguridad jurídica de los agentes participantes, incluso de las propias plataformas de financiación participativa, pues el trato será, evidentemente, diferenciado.
La atención de la doctrina sobre este nuevo medio de financiación ha sido también escasa. Los trabajos sistematizadores de la materia provienen fundamentalmente del ámbito de la Sociología o, en su caso, de la Economía. Son muy reducidos los estudios realizados desde un punto de vista jurídico, y casi inexistentes aquellos que abordan sus aspectos financieros y tributarios. Ante la carencia de investigaciones centradas en las implicaciones tributarias del crowdfunding, es imprescindible realizar un estudio de estas características para aportar una visión de conjunto, que permita conocer, tanto a los operadores jurídicos como a los ciudadanos, los posibles gravámenes o beneficios a los que se enfrentan cuando hacen uso de este instrumento. En efecto, en no pocas ocasiones, tanto los emprendedores que buscan financiación para sus ideas, como los posibles aportantes que buscan proyectos en los que colaborar, e incluso las plataformas dedicadas a la puesta en contacto de los sujetos participantes, carecen de la información precisa sobre la tributación de las diferentes operaciones que pueden realizarse en el seno del crowdfunding.
La inclusión del crowdfunding en el más amplio género de la innovación social, obliga a comenzar con un primer capítulo en el que se analiza esta nueva perspectiva de la innovación, que ha pasado de ser un concepto exclusivamente yuxtapuesto al ámbito técnico y empresarial para convertirse en una noción aplicable en el terreno de lo social. También merece nuestra especial atención, en este primer capítulo, el análisis de la problemática actual de la restricción del crédito, cuya consecuencia puede llegar a ser la exclusión, no solo financiera, sino también social. La respuesta de la comunidad a este inconveniente ha sido la innovación, a través de nuevas fórmulas de financiación basadas en redes de personas. Por ello, tratamos estas nuevas figuras, prestando especial consideración al microcrédito, como punto de inflexión hacia los nuevos medios de financiación alternativos.
En la segunda parte de este primer capítulo se aborda ya el estudio del concepto de crowdfunding, destacándose los elementos que lo conforman: la plataforma electrónica y la acción comunitaria. Pero, sin duda, una de las cuestiones más importantes es la relativa al análisis de la naturaleza jurídica de las diferentes operaciones que pueden surgir en el seno del crowdfunding. La clasificación de las distintas modalidades viene determinada por las relaciones que se originan entre los promotores y los aportantes, que delimitan las consecuencias jurídicas de las operaciones, tanto en el ámbito civil y mercantil como, consecuentemente, en el tributario. En virtud de la incardinación de cada uno de los negocios en una u otra figura jurídica, los efectos tributarios serán diferentes. En esta perspectiva era imprescindible la delimitación de la naturaleza jurídica de este tipo de actividades.
Para acometer esta tarea, se procede al análisis de las diferentes tipologías de crowdfunding, comenzando por aquellas que no implican una remuneración para el aportante (donaciones y recompensas), para, posteriormente, realizar el estudio de las que sí suponen una inversión (préstamos y participación en el capital).
Con la pretensión de lograr una correcta sistematización de las consecuencias tributarias del crowdfunding esta misma estructura se sigue en los ulteriores capítulos. En ellos se abordan las implicaciones tributarias que, en virtud del ordenamiento jurídico español, tiene cada una de las modalidades de crowdfunding para los distintos sujetos implicados: promotores, aportantes y plataformas de financiación participativa.
El capítulo segundo se dedica a la determinación de los efectos tributarios que el crowdfunding tiene para la persona que impulsa el proyecto, comenzando por la tipología de las donaciones, posteriormente la de recompensas, después el crowdfunding basado en préstamos y, por último, el relativo a la participación en el capital. En cada una de las modalidades debe procederse también a la distinción entre los promotores personas físicas y los promotores personas jurídicas, ya que los impuestos que gravan las operaciones que realizan son diferentes.
Este análisis permitirá comprobar si, en efecto, la normativa actual incentiva este tipo de actuaciones o, por el contrario, supone una desmotivación para las personas que impulsan los proyectos de crowdfunding. Ya podemos adelantar que nos decantamos por esta última opción, sobre todo respecto de las modalidades que no encuentran una regulación específica en la Ley 5/2015.
El objeto del tercer capítulo lo constituye el estudio del régimen jurídico de los aportantes en los proyectos de crowdfunding. Como ocurre en el caso de los promotores, los estudios doctrinales sobre este tema son escasos, por lo que resulta verdaderamente interesante establecer cuáles son las consecuencias tributarias para las personas que aportan financiación. Se distinguirá también en este punto entre personas físicas y jurídicas, por la misma razón anteriormente mencionada, y se pondrá de relieve el caso específico de los incentivos al mecenazgo, toda vez que las donaciones realizadas por los aportantes pueden conllevar determinadas deducciones.
Por último, y como pieza fundamental en el crowdfunding, el cuarto capítulo afronta el análisis de las implicaciones fiscales que la realización de la actividad de puesta en contacto de promotores y aportantes tiene para la plataforma electrónica. Para ello, debemos comenzar preguntándonos por la naturaleza de la relación jurídica de la plataforma con los promotores y los aportantes. Una vez determinada, podrán ponerse de manifiesto las obligaciones tributarias que surgen para la plataforma, teniendo en cuenta la regulación establecida para las mismas en la Ley 5/2015. Entre las mismas, deben distinguirse las derivadas de la fiscalidad directa de las que tienen origen en la indirecta, mereciendo especial atención aquellos casos en los que la sociedad gestora de la plataforma no sea residente en España. El análisis de esta cuestión resulta verdaderamente interesante y no exento de dificultades, toda vez que, al tratarse de una actividad realizada en un contexto intangible como es Internet, no tiene por qué materializarse en un determinado territorio.
Son numerosas las cuestiones inconclusas en materia de crowdfunding, tanto en lo que se refiere a su regulación general, como en la específica en relación con cada uno de los sujetos implicados. Además de las problemáticas señaladas, que no son exiguas, y respecto de las que se plantean las soluciones que pueden ser las más adecuadas, debe ponerse de relieve un problema transversal a todas las modalidades: la insuficiencia de la actual normativa sobre el crowdfunding.
Desde esta perspectiva, son imprescindibles algunas modificaciones en pro de una mayor seguridad jurídica para inversores y promotores. Ello redundará, sin duda, en una correcta utilización de la financiación colectiva, convirtiéndola en una alternativa estable a la financiación tradicional.
El fomento de la financiación colectiva a través de beneficios en forma de reducciones o de deducciones en la cuota puede ser considerado una solución óptima. Y es que el incentivo de estas nuevas fórmulas de financiación sería no solo positivo para nuestra economía, sino necesario e incluso, obligatorio por parte de nuestros poderes públicos. Los tributos son también instrumentos de la política económica general, y es indudable, como se ha reiterado a lo largo del presente trabajo, que la necesidad de crédito es uno de los problemas de nuestra actualidad financiera.
Así lo han entendido algunas Comunidades Autónomas, que han establecido algunas reducciones en las adquisiciones lucrativas inter vivos que se destinen a la creación de una empresa. En nuestra opinión, deberían preverse en la normativa estatal este tipo de reducciones, ya que ambas favorecen la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. Ello no tiene por qué suponer una merma de las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas, que podrían seguir regulando ciertos aspectos. Se hace necesaria una reglamentación por parte del Estado. Esta podría ser la solución al problema de discriminación que hemos denunciado, tanto en lo referido a los residentes y no residentes como en relación a los nacionales que residan en una u otra Comunidad Autónoma. Hasta ahora no puede hablarse de un régimen fiscal favorable al crowdfunding que fomente el emprendimiento y su financiación, y en un contexto económico como el actual, nos parece imprescindible la actuación de los poderes públicos estatales en este sentido.
La propuesta de lege ferenda pasa por la elaboración de una norma de carácter estatal cuyo objetivo fuera la generación de una verdadera cultura del mecenazgo en nuestro país. Esta no debe limitar su ámbito de aplicación a las entidades sin ánimo de lucro, sino apoyar y beneficiar este tipo de prácticas entre personas físicas y con objetivos no solo económicos sino también de interés general, como pueden ser la cultura o la investigación. Este tipo de regulaciones, que ya se han planteado en algunas Comunidades Autónomas, son las que deberían aprobarse a nivel nacional.
Una rebaja de la carga impositiva de estas actividades, que fomentase la financiación alternativa, sin duda supondría una mayor participación de los posibles aportantes. Un sistema fiscal favorable resulta, a nuestro entender, imprescindible. De esta forma el Derecho Financiero se convertiría en verdadero instrumento de la política económica, teniendo como objetivo el progreso no solo económico, sino también social.
No hay que olvidar que el Derecho es un instrumento que tiene un poder de transformación social indudable, y en concreto, el Derecho Financiero y Tributario cuenta con los mecanismos necesarios para el logro de tales transformaciones, ya que a través de incentivos y beneficios pueden fomentarse institutos alternativos, como es el caso del crowdfunding. En muchas ocasiones, estos resultan ser más beneficiosos que los medios tradicionales, tanto en la vertiente económica como en la social.
Si realmente pretendemos que estos modelos de financiación constituyan una alternativa factible, quizás lo esencial sea disponer una regulación que pueda potenciar la seguridad jurídica de los agentes implicados y a la vez establecer un sistema de incentivos suficiente. Lo que está fuera de toda duda es que la falta de regulación actual es óbice para la optimización de estos instrumentos, en un contexto en el que la necesidad de financiación, la creación de empleo y la falta de ayudas sociales, resultan acuciantes.